Ideología jurídico-política

13.09.2016 21:33

Ideología jurídico-política

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Índice:

 

Prólogo                                                                   

Legitimación constitucional                                    

Potencia social y proceso constituyente                   

Complejidades eco-sociales y eco-institucionales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo

 

Este ensayo, Ideología jurídico-política, es la ponencia para el Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Cuya temática viene definida por el siguiente propósito: El constitucionalismo latinoamericano: Debates y desafíos. Esta ponencia recoge la experiencia social en la historia reciente latinoamericana de los procesos constituyentes, de las Asambleas Constituyentes y de las Constituciones promulgadas. Por otra parte, retoma la evaluación crítica desplegada desde la culminación del proceso constituyente boliviano y la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Se coloca en la posición de la mirada crítica que de-construye mitos políticos, ideologías obstaculizadoras de los procesos de cambio; incluyendo a las llamadas ideologías de “izquierda”, que acompañan en la conducción estatal de estos procesos políticos. Aunque también hace la crítica a los “discursos críticos” del llamado “proceso de cambio” y de los “gobiernos progresistas”, de la pretendida “izquierda radical”. Ambos discursos o perfiles discursivos, el reformista, por así decirlo, y el “radical”, de complementan perversamente, pues ambos comparten el deseo de poder.

 

En el ensayo que presentamos, se busca desplegar el análisis de-constructivo, la hermenéutica crítica, no solamente del discurso jurídico-político, sino también del discurso opuesto, interpelador y de lucha, del discurso histórico-político. Que, a pesar que desgarra el velo del ropaje de legitimación del discurso jurídico-político, a pesar que devela la efectuación de las dominaciones y la violencia, que edifican el Estado, termina siendo un discurso complementario. Aunque no lo quiera, pues no sale del mundo de representaciones, donde ambos discursos concurren. Es otra ideología, ciertamente no de legitimación del poder, sino, mas bien, de interpelación del poder, incluso de contra-poder. Empero, a pesar que opone a la verdad jurídico-política de legitimidad del Estado la verdad de la guerra, de las luchas, de las posiciones; que considera la imposibilidad de la neutralidad, de una verdad universal; se mantiene en el prejuicio de la verdad.   Incluso en la condición de que esta verdad sea relativa a la visión de los sometidos, que se levantan, rebelan y se sublevan.

 

El problema radica en que el discurso histórico-político, no ha salido del esquematismo impuesto por el diagrama de poder estructurado más antiguo; el diagrama de poder de las religiones monoteístas. Diagrama patriarcal, que ha instituido la primera economía política, la del cuerpo; que separa espíritu de cuerpo, valorizando el espíritu y desvalorizando el cuerpo. Esto es el diagrama de poder que establece el esquematismo fiel/infiel; esquematismo, convertido en la modernidad por la política, en sentido restringido, en el esquematismo del amigo/enemigo. Entonces, para decirlo de algún modo comprensible, en la medida que no escapa al prejuicio inaugural de la genealogía del poder, el discurso de lucha, interpelador, de los sublevados contra las formas de poder concretas, que enfrentan, reproduce la estructura inicial de las dominaciones, cayendo en la condena del circulo vicioso del poder.

 

Desde esta certeza, devenida de la experiencia social política,  se ubica al proceso constituyente y sus desenlaces. Se considera al proceso constituyente, por más irradiaciones de la potencia social, del desborde rebelde, que todavía contenga, como la reinserción del desborde de la potencia social o, por lo menos, parte de ella, a las estructuras institucionales del poder establecido; es decir, del Estado. El haber apostado a la Asamblea Constituyente, por parte de los movimientos sociales más vigorosos, en las coyunturas cronogramadas por el siglo XXI, es como haber caído en la ilusión del fetichismo jurídico-político, es decir, en la ideología jurídico-política. Se renuncia a la propia potencia de la movilización social, a los alcances que conlleva, a la capacidad creativa, y se reduce todo esto al ideal constitucional; es decir, de la promesa de la palabra escrita. Las masas movilizadas, las multitudes rebeladas, que desafían con su pasión, afecto colectivo desbordante, con su intuición subversiva,  a la realidad institucionalizada y a la historia narrada oficialmente, terminan como convencidas por las supuestas alternativas, que todavía contiene el sistema de poderes, que es el Estado-nación y la sociedad institucionalizada que lo sostiene.

 

La crítica de este ensayo no solamente va dirigida a las formas del poder, al Estado y a la sociedad institucionalizada, a las fuerzas sociales concurrentes organizadas, unas defendiendo el Estado, otras atacándolo, para construir otro Estado, al discurso jurídico-político de legitimación, sino también al mismo pueblo; pues es el pueblo, esta constelación de multitudes, el que decide el curso de los acontecimientos. En la medida que no continúa la lucha, que se queda a mitad del camino, convencido por la promesa de una institucionalidad mejorada, de un Estado más justo, de gobiernos que lo convocan, termina el pueblo siendo cómplice de sus propias dominaciones.

 

La crítica de la ideología que se ventila no es pesimista, de ninguna manera, pues cree y confía en la potencia social, que contienen los cuerpos y las corporeidades sociales. Esta potencia es desbordante, es la vida misma, la capacidad creativa; solo que, por el camino tomado por las genealogías sociales y las genealogías del poder, ha sido inhibida en las historias singulares de las sociedades humanas. Se trata entonces de liberar la potencia social para liberar a los pueblos de las ataduras y cadenas que ellos mismos se han impuesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimación constitucional[1]

 

 

 

 

 

Las sociedades institucionalizadas humanas han manifestado un apego asombroso a la palabra, no tanto como sonoridad, como pronunciación, si se quiere, como significante, sino como significado, coagulado en la palabra; dormido en el silencio, despertado cuando se habla.  Este apego profiere la creencia en la imagen, la certidumbre en el resguardo de la imaginación; como si los secretos o las claves del mundo se encontraran ahí, cristalizados como diamantes esenciales. Escondidos en lo más profundo del alma o el espíritu; que son las figuras consagradas, producidas por el delirio de la exaltación imaginativa. De esta manera, estas sociedades institucionalizadas, fundan sus formaciones discursivas y enunciativas en estas profundidades insondables del espíritu, que los psicólogos llaman consciencia. La filosofía moderna afinca sus explicaciones laboriosas, que consideran espejo del mundo, en estos substratos perdidos en los recovecos del alma. El diamante luminoso, la piedra filosofal, es el concepto, que habría cristalizado, en su estructura transparente, la composición primera del mundo. Entonces, lo que hay que atender, desde esta mirada encantada, es al concepto; pues esta estructura categorial es la verdad que explica el mundo, sus contingencias; incluso si el mundo, afectado por sus contingencias, se diferencia del ideal de la verdad. La explicación es la siguiente: esta verdad es como el núcleo refulgente, permite explicar el mundo contingente, cuando se compara el mundo contingente con el mundo verdadero. La diferencia es apenas distorsión corregible.

 

Las formaciones discursivas más ilustrativas sobre estos fenómenos sociales, que expresan preponderancia de la imaginación y del apego a las imágenes, son las ideologías. La ideología, que significaría, propiamente, estudio de las ideas; ideología, cuyas connotaciones le atribuyen otros sentidos[2]. Tomando en cuenta las transformaciones semánticas dadas en la modernidad, debido al uso práctico desplegado por  las clases sociales en su lucha, se puede comprender a las ideologías como sistemas interpretativos operativos. A pesar que los que se encuentran dentro de la ideología, consideran que el mundo es eso, lo que la ideología dice y visibiliza del mundo; de todas maneras, por lo menos, en la academia,  se entiende que la ideología no explica al mundo efectivo sino que, más bien, debe ser explicada por el mundo efectivo.

 

La constelación de las ideologías es enorme, además de variada. Se puede encontrar toda clase de ideologías; es más, se las puede estratificar por su incidencia, por su mayor elaboración, extensión y estructuración; además de considerar su temporalidad. En este ensayo, queremos ocuparnos de la ideología jurídico-política, que ocuparía un lugar privilegiado en la jerarquía de la constelación ideológica.

 

El discurso jurídico-político tiene su referente nuclear en la Constitución. En las interpretaciones positivistas, por así decirlo,  la Constitución corresponde al contrato social, que se expresa en el acuerdo fundamental político, que funda a la sociedad y al Estado. En las interpretaciones más románticas, la Constitución viene a ser el corazón mismo de la nación. Allí se encuentra la nación expresada en su composición jurídica, en su realización política, el Estado-nación. El espíritu de la nación o la consciencia nacional  se habría objetivado en la concepción jurídico-política, expuesta en el texto constitucional. Las instituciones del Estado y de la sociedad, nacerían de los postulados constitucionales. Como hemos dicho, en otros escritos, recogiendo la lúcida interpretación de Michel Foucault, el discurso jurídico-político es de legitimación[3].  Para el discurso jurídico-político la Constitución aparece como la tabla de mandamientos del Estado-nación; es la matriz de las leyes, de las normas, de los reglamentos. Una vez promulgada la Constitución, lo que hace el Estado es cumplirla y hacerlo cumplir. Todos los actos que no cumplen con la Constitución, son considerados violaciones y vulneraciones de la misma.

 

En consecuencia, la Constitución contiene algo así como el arjé de las leyes, acompañada por las leyes fundamentales; lo que viene después es el desarrollo legislativo, que se deriva del arjé normativo y de las leyes fundamentales. Como se puede ver, el discurso jurídico-político tiene a la Constitución como la estructura de sentido del Estado; es como el ideal que rige a las instituciones y sus funciones, a la sociedad y su prácticas. Aunque no lo considera ideal, en el sentido como fin a alcanzar, sino como ideal que rige el mundo político; es su motor fundamental. A esta concepción jurídico-política llamamos ideología jurídico-política.

 

Ahora bien, no es sostenible que sea el espíritu el hálito creador del universo; hasta donde nos ha llevado la física relativista y la física cuántica, nos encontramos con cuerdas creadoras de la materia, convirtiendo al universo en una sinfonía. Las vibraciones, las ondas, las tonalidades de las cuerdas, producen la materia en sus distintas composiciones y combinaciones. La sinfonía de las cuerdas crea la materia oscura y la materia luminosa; materia que es transformación de la energía. Energía, que, al parecer, hipotéticamente, se encuentra en constante devenir, mutación y transformación. La conjetura que usamos, al respecto, es que la energía también está contenida en las cuerdas; solo, que quizás, en otras condiciones de posibilidad que desconocemos. En un ensayo sobre el tema, lanzamos la hipótesis especulativa  de que la nada, en sentido absoluto, es decir, en sentido religioso y en sentido filosófico, no existe. La nada en sentido cuántico existe; esta nada correspondería a la inmanencia; algo así como el arjé de la energía misma. Desde esta hipótesis especulativa se llega a la deducción, también especulativa, de que la nada cuántica es la que crea el todo, el multiverso. Quizás el punto de inflexión de la nada cuántica hacia el multiverso sea la explosión inaugural irradiante, el big-bang o muchos big-bang, que explotaron y explotan de manera diferida en el movimiento perpetuo del tejido espacio-tiempo[4]. No es entonces el espíritu, que más bien es un efecto múltiple y masivo de la transformación de la energía en materia y del desplazamiento de la materia, consumiendo la energía; un efecto virtual.

 

No es sostenible la mitología conformada por alegorías de imágenes. Por más elocuentes que fuesen, además de las connotaciones simbólicas, de la narrativa mitológica, enseñándonos, desde los intrépidos recorridos de la hominización, la capacidad inventiva de la imaginación; la imagen es la impresión de la huella en la composición dinámica de la percepción, por lo tanto, del cuerpo. La función ponderable de la imagen radica en su aporte figurativo en la fenomenología de la percepción[5]. Para decirlo en términos trascendentales, la imaginación es una de las facultades indispensables de la intuición, de la experiencia, de la estética, del conocimiento, del pensamiento. Aislarla del conjunto de las facultades corporales, ficticiamente se la convierte en la vinculación primordial con la totalidad, cuando no es más que una de las facultades; solo funciona  si se articula con el conjunto de las facultades, integrando las mismas en un complexo dinámico de la percepción y del cuerpo; que participa en el mundo, al configurarlo, que es condicionado por el mundo, al formar parte de él. La imagen sí, la alegorías de imágenes sí, la imaginación sí, las narrativas figurativas imaginarias sí; pero, formando parte del remolino intuitivo, de la danza de las sensaciones, de las estructuras conceptuales de la razón, incorporada a la percepción y el cuerpo. En consecuencia, no tenemos que buscar la comprensión del mundo en la imagen del mundo, sino encontrar al mundo en su devenir constante, donde las imágenes emergen como flores en primavera.

 

No es sostenible la pretensión filosófica de poseer la verdad al tener en la mano el concepto, como si fuese la sustancia ideal que guarda el saber absoluto. El concepto es una construcción racional, útil para orientar la comprensión, el entendimiento y el conocimiento. Es una herramienta de interpretación, de explicaciones provisionales, también de tesis e hipótesis prospectivas. No se puede convertir al concepto, que es un medio, en el fin mismo del conocimiento, convirtiendo al conocimiento en el fin mismo de la humanidad. Esto es vaciar de contenidos a la vida proliferante y creativa. Esto es disminuir los alcances de la humanidad; desconocer su potencia, restringiendo la plenitud abierta humana al ceñido museo de las esculturas de la verdad. El concepto sí, la teoría sí, la racionalidad sí; pero, sin separar la estructura categorial, la narrativa teórica, la  facultad del juicio, de la lógica, del pensamiento, de las dinámicas creativas del cuerpo. No hay que buscar en el concepto la explicación última del mundo, sino hay que encontrar el devenir del mundo, apoyándonos en las herramientas conceptuales.

 

No es sostenible la teoría jurídica-política, que convierte a la ley en el sentido del Estado, en la norma primera de la sociedad, en la expresión suprema de la nación; obligando a que la sociedad se adecúe al modelo ideal jurídico-político. Declarando ilegal a todo lo que no se adecúe al modelo; descalificando como delitos lo que se contraste con el modelo; condenando como anormalidad, criminalidad, delincuencia, todas las prácticas que no sigan los reglamentos de la ley. La Constitución es la expresión jurídico-política de la correlación de fuerzas, en una coyuntura política intensa.  Expresa, contradictoriamente, por lo menos, dos tendencias, para decirlo fácilmente; los deseos de la gente, en cuanto esperanzas, expectativas, finalidades; los miedos de la gente, que prefiere el orden en vez del desborde.

 

Parece adecuada la interpretación que define a la Constitución como un acuerdo; si se quiere, contrato social. Añadiríamos, también, contrato político. Se trata de una estructura de compromisos, asumidos por todos, por todas las partes, por los involucrados e interesados en seguir adelante juntos. Esta caracterización de la Constitución como estructura de compromisos, puede ayudar a desenvolver el análisis crítico de esta composición escrita jurídico-política.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución como estructura de compromisos

 

La Constitución, el texto jurídico-político, considerado la matriz de las leyes, es una estructura de compromisos, en una sociedad dada y en un momento determinado; momento considerado inaugural. Algo así como el origen del Estado-nación.  Esta atribución a la Constitución es parte del mito jurídico-político. La Constitución no funda nada, no es el parto del Estado-nación; es el conjunto de compromisos, que una sociedad se da a sí misma. Lo hace expresándose en el discurso jurídico, empleando la técnica jurídica, ordenada por la estructura constitucional, por capítulos y en forma de artículos. Esta estructura de compromisos, puede entenderse también como las reglas, que se definen en la partida del juego, y que norman al Estado y a la sociedad, regulando sus relaciones y prácticas.

 

La Constitución no abarca la complejidad de la sociedad, tampoco del Estado. No emerge del conocimiento de la complejidad social y política; sino de la voluntad, si se quiere, general. En consecuencia, del saber del que se trata es del saber jurídico, también del saber político, acompañados por lo aprendido en la experiencia social y asumida como saber institucional. Es posible que también se ventile algún saber no-institucional, incluso crítico; sobre todo, cuando la potencia social desborda, como antecedente y condición de posibilidad histórica-política del proceso constituyente[6]. Pero, no se puede atribuir a la Constitución el conocimiento de la realidad efectiva social y política. Es un instrumento jurídico-político, que transcribe la estructura de acuerdos de una sociedad, además de establecer las reglas del juego de la convivencia institucional de la democracia formal; también de las reglas del juego de las concurrencias de las fuerzas sociales encontradas.

 

La ideología liberal ha convertido a la ley en un fetiche; es decir, ha convertido a la formación discursiva y enunciativa jurídica en una ideología. Podemos hablar, entonces, del fetichismo jurídico, cuando el derecho se convierte en el sentido mismo del Estado.  Regiría al Estado como rigen las leyes físicas a la naturaleza. Esta es la pretensión ideológica del de la razón de Estado, del funcionamiento de sus instituciones. Las mecánicas y dinámicas estatales no se rigen por el derecho, por las leyes, por la razón jurídica. Las leyes están para regular las conductas, para valorar los comportamientos, estableciendo derechos y deberes; así como libertades y prohibiciones. El derecho es un instrumento administrativo-jurídico; un tanto convincente, un tanto disuasivo y un tanto amenazador. El Estado se rige por la disponibilidad de fuerzas, por el monopolio legítimo de la violencia concentrada, por el juego de la correlación de fuerzas, en el campo político, así como también en otros campos sociales, como el campo económico y el campo escolar.   El Estado es una organización de las fuerzas sociales capturadas. Parte de ellas funcionan como burocracia, cumpliendo funciones administrativas; otra parte funciona como aparatos de emergencia, ya sea resguardando el orden, ya sea garantizando la soberanía y cuidando las fronteras. Otra parte funciona cumpliendo funciones en la enseñanza, donde el Estado reproduce los símbolos institucionales, los significados históricos, las narrativas estatales. Las fuerzas sociales capturadas pueden adquirir una distribución mayor, dependiendo de la división del trabajo funcionario. Por otra parte, la sociedad institucionalizada, que es, a la vez, el sostén social del Estado, así como producto mismo de la estatalización, también se encuentra atravesada por las mallas institucionales correspondientes a la sociedad civil. Estas mallas institucionales de la sociedad civil están vinculadas y articuladas a las mallas institucionales del Estado; macro-institución que hace como maquinaria fabulosa del poder; ideológicamente, como síntesis política de la sociedad civil[7]. Esta es otra razón por la que hablamos de ideología jurídico-política.  Se trata de una pretensión  que extiende excesivamente la condición y el carácter del derecho en el funcionamiento, la composición y la mecánica estatal. Además de cumplir plenamente el papel ideológico que le compete; la legitimación del poder

 

Sin embargo, lo que interesa, en este ensayo, no  es tanto el señalar los límites de la formación discursiva y enunciativa jurídico-política,  sino comprender cómo funciona la maquinaria de poder, la maquinaria del Estado, y qué papel cumplen las leyes, el discurso jurídico-político, la ideología liberal, que ha sido heredada por otras ideologías políticas, como las nacional-populares.

 

No se puede decir que el discurso jurídico-político se equivoca, en el sentido práctico de su funcionamiento. El Estado requiere de un discurso que diga que el núcleo del Estado es el derecho; que es como decir que el núcleo del Estado es la justicia. El funcionamiento del Estado requiere de una ideología, que convierta al Estado en una entidad suspendida. Entidad que se encuentra como fuera de la sociedad civil, sobre la sociedad civil, separada, al margen, por así decirlo, de las pugnas, concurrencias sociales, al margen de la lucha de clases. Entonces, se trata de ungir al Estado del simbolismo imaginario de lo sagrado; solo que, en este caso, de lo sagrado político, no religioso. Simbología que le otorga al Estado la figura de estar fuera de la historia; que permite ungir a la ley del carácter de valor absoluto e indiscutible. Que coadyuva en convertir al derecho y a la razón jurídica en la esencia del Estado mismo. Es así cómo los ciudadanos deben concebir al Estado y sus relaciones con esta entidad casi sagrada

 

El constitucionalismo jurídico convierte a la Constitución en un fetiche; despliega todo un fetichismo constitucional. La Constitución no solamente es la Ley Madre, la madre de todas las leyes, sino es la madre misma de la nación, del Estado-nación, así como de la sociedad institucionalizada. Es decir, el acuerdo social y político, si se quiere, el contrato social y político, se convierte en el origen del Estado. El Estado no nace del texto constitucional, como si la racionalidad jurídica-política se realizara, se materializara, en la estructura estatal; este es el idealismo jurídico-político. El Estado nace de la violencia inicial, de la guerra de conquista, de la disponibilidad de fuerzas, que articulan los territorios dispersos, los pueblos distribuidos, las diferentes culturas y las variadas lenguas; concentrándolas en el manto del Estado, homogeneizándolas, diseminando su localismos, sus lenguas y culturas, para convertirlas en un solo pueblo, el pueblo que hace a la nación.

 

La historia efectiva de la genealogía del Estado no puede mostrarse, tiene que ocultarse; pues no sirve para la legitimación del poder. Mas bien, devela las dominaciones desplegadas, las violencias ejercidas, las usurpaciones habidas, la sangre derramada para edificar el Estado. Se sustituye la historia efectiva por la narrativa histórica del Estado. Una narrativa que expone la secuencia de la formación del Estado, la sucesión de la temporalidad política,  en la que se ha desarrollado el Estado. Inclusive cuando la historia abre la mirada a los estragos de la violencia, de las guerras, abarcando a las guerras civiles, lo hace de tal modo, que estos acontecimientos aparecen como contingencias dramáticas en la marcha ascendente de la razón de Estado. De todas maneras, encubre el desenvolvimiento de la violencia como contundencia de la disponibilidad concentrada de las fuerzas, que marca y modula los cuerpos y los territorios.

 

La formación discursiva que se opone al discurso jurídico-político, que lo interpela y lo descalifica, es la formación discursiva y enunciativa histórico-política. Para el discurso histórico-político no hay legitimidad en el Estado, en cuanto Estado impuesto por los conquistadores. Este discurso devela la violencia inicial, así como la violencia desplegada y transmitida en las instituciones y las leyes. El discurso-jurídico-político ventila la memoria de las guerras inconclusas, convierte al acontecimiento de la guerra en un concepto que hace inteligible al Estado y a la formación social. No son pues el derecho, la justicia, la racionalidad jurídica, la esencia del Estado, sino la guerra, la victoria momentánea de la guerra de conquista, la guerra inconclusa para los vencidos, que se preparan para llevar a cabo la batalla final, que los reivindicará y que los librará de su opresión. Que no pueden considerarse esencias, pues el enfoque genealógico del poder no es metafísico, como el que atraviesa a la filosofía y  a las ideologías; son acontecimientos.

 

Como se puede ver, estamos ante el enfrentamiento ideológico de dos formaciones discursivas, en lo que respecta a la interpretación del Estado. Por un lado, se busca la legitimación del Estado; por otro lado, se lo interpela como ilegitimo. Sin embargo, se convoca a la guerra, se declara abiertamente el derecho a la subversión, contra un Estado ilegitimo; legitimando, de esta manera, a través de un discurso histórico-político, la propia acción subversiva y el proyecto propio de Estado.

 

Ahora bien, es el discurso histórico-político el que acompaña, en sus formas concretas y particulares, a las guerras anticoloniales, en el continente americano, y a las insurrecciones antimonárquicas, en el continente euroasiático. La pregunta es: ¿por qué los “revolucionarios”, una vez ganada la guerra anticolonial, una vez haber llegado a la victoria de la revolución, guardan en la baulera el discurso histórico-político de combate y asumen el discurso  jurídico-político para la legitimación del flamante Estado, el Estado liberal?

 

Michel Foucault da una interpretación genealógica en Defender la sociedad. Dice que la revolución triunfante sintetiza las dos formaciones discursivas, la jurídico-política y la histórico-política; el discurso histórico-político queda como historia, enfoca el pasado. En tanto que el discurso jurídico-político es actualizado; se hace cargo de la nueva legitimidad. Para ajustar los dos perfiles discursivos, se dice que la guerra acabada, que llevó a la victoria y al Estado nuevo, es la última guerra; la revolución victoriosa es la última revolución. En adelante no hay historia, sino el presente, que es como el fin de la historia, cuando el Estado y la sociedad se desenvuelven según las leyes[8].

 

Es elegante esta explicación; sin embargo, la historia no acaba. Vuelve a ocurrir algo parecido con las revoluciones socialistas. Otra versión del discurso histórico-político, más moderna, si se quiere, el de la lucha de clases. El discurso histórico-político marxista es el que acompaña las luchas sociales contra la dictadura de la burguesía, con máscara democrática. Cuando la revolución socialista triunfa, los “revolucionarios”, al hacerse cargo del poder, al construir el nuevo Estado socialista, guardan el discurso de la lucha de clases, sirviendo para exponer el pasado o, en el presente, para interpelar a los Estado-nación que no han experimentado la revolución socialista, para interpelar al imperialismo. El discurso vigente, respecto a la legitimación del Estado socialista es el discurso jurídico-político, en la nueva versión socialista. ¿Qué ocurre? ¿El discurso útil cuando se está en el Estado es el discurso jurídico-político, el discurso útil cuando  se lucha contra el Estado es el discurso histórico-político? ¿Es la situación, es decir, la ubicación en un contexto-tiempo, lo que hace al discurso? No es el discurso el que conforma la situación; tampoco se puede decir que le otorga el sentido desde la inmanencia misma del discurso y del enunciado. Para decirlo resumidamente, el sentido emerge del encuentro entre el lenguaje y la experiencia social, en una coyuntura-contexto determinada. Ahora bien, ¿al cambiar de condición política, de subversivos a gobernantes,  el discurso histórico-político se vuelve inadecuado, hasta inútil; no sirve para acompañar a las acciones gubernamentales? ¿Qué implica en términos estructurales, relativos no solo a la ubicación en el mapa del campo político, sino a la predisposición subjetiva?

 

Es difícil responder a estas preguntas, pues hay que aclararse nuevamente la relación del lenguaje en el mundo efectivo. Retomando a Merleau Ponty, el sentido se da en el mundo, en el flujo de relaciones de las composiciones sociales en el mundo[9]. No hay un sentido inmanente en el lenguaje, como expresión de la inmanencia del cogito. El sentido es, entonces, una relación, no del significante con el significado, relación estructurante del signo, en el sistema de la lengua; sentido adquirido en la frase o en el texto. Se trata de la relación social en el mundo y con el mundo; relación social atravesada por el lenguaje. El lenguaje es como una técnica, aunque no es solo eso, sino mucho más, que se compone de signos, signos que se diferencian, se contrastan y conforman composiciones lingüísticas comunicantes. El lenguaje transmite lo que se quiere decir, expresar, describir, señalar; también transmite interpretaciones de la experiencia social. Sin embargo, el lenguaje también es hermenéutica social; flujo constante de interpretaciones. No solo comunica sino al interpretar la experiencia social, al acudir a la memoria social, la relación social con el mundo adquiere la tonalidad de flujos narrativos, donde el sentido es ya una trama. Mediante el lenguaje, aunque, obviamente, no solo, la relaciones sociales en el devenir mundo inventan el mundo en devenir, expresado en el devenir sentido, que, es, al mismo tiempo, devenir trama, devenir narrativa.

 

La semiótica se ha abierto al estudio de una constelación de sistema de signos, más allá de los sistemas lingüísticos; en el ámbito de los sistemas lingüísticos, incluso del sistema lingüístico conocido como lenguaje, la lingüística tiene ante sí una gama de formaciones discursivas[10]. Nos situaremos solo en una, que la denominaremos, como lo hicimos algunas veces, alternando definiciones, formaciones discursivas ideológicas. De estas formaciones discursivas, solo tomaremos las dos aludidas, la relativa al discurso jurídico-político y la relativa al discurso histórico-político.  Intentaremos aclararnos, por lo menos, interpretativamente, recurriendo a hipótesis teóricas, las funciones de estas formaciones discursivas en las formaciones sociales; centrándonos principalmente en las relaciones con las estructuras de poder, primordialmente con el Estado.

 

 

Como substrato de la formación discursiva jurídico-política se encuentra la experiencia social; empero, se trata de una manera de asumir la experiencia social. No se la toma en cuenta como tal, como experiencia, por lo tanto, abierta a la proliferante abundancia de información sensible. Sino reducida a no solamente un recorte sesgado, sino a la memoria institucional; se considera este recorte como historia, que no es otra cosa que memoria institucional, consagrada. A partir de este supuesto, que es tomado como realidad indiscutible, realidad del pasado, se conforma, a lo largo del tiempo, por así decirlo, recurriendo a las metáforas de costumbre, la interpretación casi sagrada del poder, de la legitimidad y la legalidad del poder; interpretación apologética de la soberanía inmaculada, sobrellevada por el símbolo bifurcado, de los dos cuerpos y las dos cabezas del rey. Así como interpretación del sujeto; es decir, del sujeto soberano, del monarca, símbolo corporal del poder. En este cuadro, que no se puede terminar de armar, si no incluimos la interpretación de la verdad, entra pues ésta; que es la que sella la divinidad del poder, la expresión simbólica del poder, la definición jurídica y política de la soberanía, la inmanencia y la trascendencia del sujeto y, haciendo circular todo esto, la manifestación esplendorosa de la verdad.

 

El Estado territorial, la monarquía absoluta y el imperio colonial, construyó un discurso jurídico-político, que es una narrativa de la herencia del poder, de la consanguínea legitimidad, de la soberanía del soberano, de la subjetividad del sujeto solitario,  aposentado en el trono. Narrativa de la verdad solar, que envuelve esta estructura de poder, legitimidad, subjetividad, soberanía, en el halo de la verdad transmitida de generación en generación.

 

A esta naturalidad del poder, a esta simbología institucional del poder, que también es la institucionalidad alegórica de lo simbólico, se opone el discurso histórico-político de los pueblos conquistados por la nobleza guerrera y los aventureros en busca de la ciudad dorada.  Los pueblos conquistados no reconocen la verdad de este discurso jurídico-político; al contrario, lo interpelan, lo denuncian, señalando sus imposturas, sus encubrimientos, su hipocresía. Pues esconde la violencia descarnada del poder soberano. Rememora la historia efectiva de este poder, que, para encumbrarse, para hacerse del poder, para monopolizar la propiedad de la tierra, desencadena la violencia demoledora y, a la vez, como acompañando esta contundencia atroz y devastadora, de manera paradójica, evoca un discurso casi épico del poder.

 

El discurso jurídico-político se elabora en las contingencias de las batallas vencidas; en el aposentamiento de la institucionalidad del poder; en la extensión del poder, que se concentra y se centraliza; que aglutina e incorpora territorios de pueblos conquistados. El interlocutor de preferencia no es la misma corte, ni la nobleza, ni los aventureros, ni lo conquistadores, tampoco solo la burocracia estatal; a todos ellos no tiene que convencer, ya están convencidos.  El interlocutor objeto son los pueblos vencidos, capturados, subyugados; es a ellos que tiene que convencer. Se trata de algo parecido a la búsqueda de hegemonía, aunque de lejos no lo sea; la hegemonía se realiza en democracia, aunque sea institucional y formal. La hegemonía se logra como ideología, en pleno sentido de la palabra; es una cosmovisión compartida socialmente, por todos los estratos sociales, por todas las clases sociales.  Es, supuestamente, la interpretación del conjunto social, sostenido institucionalmente, sobre todo, por el campo escolar. En este caso, la burguesía habla a nombre de toda la sociedad, habla a nombre del pueblo. En cambio, en el caso de la “legitimación” de la monarquía absoluta, del Estado territorial, no se trata de hegemonía, sino, mas bien, de una retórica, que busca convencer, con menos elocuencia y despliegue de lo que ocurre con la hegemonía. Pero, lo hace, de tal modo, que quiere convencer a la víctima enterrada de que lo que ha hecho es por su bien y en nombre de Dios;   a la víctima presa, a la víctima capturada, a la víctima sometida y obligada a pagar tributo, de que lo que hace es por naturaleza, por mandato divino, para gobernar y ordenar a una sociedad descarrilada.

 

El discurso jurídico-político del Estado territorial, entonces, para decirlo retrospectivamente, es como “hegemonía” trucha. Unge a la monarquía absoluta - que se va extender mundialmente, con la conquista y la colonización, convirtiéndose en corona del imperio - de la grandeza del teatro del poder, que transmite la narrativa recogida de la trama de la epopeya. Sin embargo, el discurso jurídico-político de la monarquía absoluta y colonial es ya ideología del Estado. El Estado territorial se atribuye nombres, exaltando su narcisismo, pintado de superioridad y jerarquía; se muñe de un discurso  que da órdenes y ordena administrando, un discurso que dictamina y regula, un  discurso que norma, que prohíbe; pero, también tolera ciertos derechos consuetudinarios.

 

Al dirigirse al interlocutor vencido - empero, peligroso, porque es una constante amenaza; puede volverse a levantar y rebelarse, reclamando sus tierras, sus leyes, su propia soberanía – el discurso jurídico-político no emerge solo desde una elaboración auto-referida, pues se construye en la hetero-referencia, dirigiéndose al enemigo vencido. Tomando en cuenta, en la narrativa, los choques de las batallas, aunque sean, en este caso, hitos del despliegue de la grandeza del Estado. No como en el otro discurso histórico-político, pruebas de la violencia y de la usurpación de un poder ilegítimo. El sentido del discurso jurídico-político no se encuentra en la interioridad del discurso mismo, sino, mas bien, en los lugares que menciona, en la guerra vencida, en el enemigo sometido y convertido en vasallo. El sentido deambula en ese mundo, el del Estado territorial, cantando a dos voces; la de la apología del poder y la de la interpelación al poder por parte del pueblo, la nación, la tierra sometida.

 

No se puede interpretar el sentido de este discurso encerrándose en el mero discurso de los textos oficiales, incluso de los textos de contra-poder, pues el sentido se encuentra en el mundo, no en los textos, porque, además, los textos también se encuentran en el mundo. Se trata de un mundo de las representaciones, no del mundo efectivo, que es mundo social en constante devenir, al que busca capturar la monarquía absoluta y la corona imperial. Mundo desgarrado por sus guerras de conquista; por esto mismo, mundo despedazado, que quiere unificarse, cicatrizar sus heridas, bajo la unidad central del poder soberano.

 

Ahora bien, parece que los dos discursos enfrentados, el  jurídico-político y el histórico-político, aunque opuestos y contrastados, forman parte del mismo mundo de las representaciones; se encuentran en el mismo mundo en el que se ha edificado el Estado territorial. A pesar de sus contradicciones, denuncias e interpelaciones, sobre todo, del discurso histórico-político, que desmiente al discurso jurídico-político; de manera paradójica, ambos discursos parecen complementarse perversamente. Un discurso encuentra su sentido en el otro; aunque su sentido se construya en contraposición con el otro. En consecuencia, parece que el sentido de los discursos, al emerger de la confrontación, es el sentido mismo de los enfrentamientos.  El sentido inmanente es el de la guerra habida, pero, también de la guerra latente; pues para los vencidos la guerra no ha acabado.

 

En relación a esta interpretación de las formaciones discursivas, vamos a proponer una estratificación de los sentidos, por así decirlo. Para no complicarnos todavía, dejando esta tarea para después; en principio, de una manera esquemática, tomaremos en cuenta dos estratos de sentido; el sentido explícito, dicho, manifestado, que es el que propiamente emite el discurso; y el sentido inmanente,  que es el sentido de los discursos en el mundoSentido que emerge en el ejercicio mismo de los discursos en el mundo, acompañados, desde luego, por otros ejercicios operativos, como los relativos al poder; así como, en contraste, desligues de contra-poder, como el de las resistencias. El sentido inmanente corresponde a la trascendencia plural del acontecimiento, trascendencia que se pliega en la inmanencia del sentido, que aparece como si fuera síntesis de esta pluralidad.

 

Retomando las preguntas que nos hicimos sobre el diletantismo de los “revolucionarios”, que al tomar el poder, se convierten en los defensores del nuevo orden, cambiando de discurso; pasando del discurso histórico-político al discurso jurídico-político. Para responder, podemos recurrir a la interpretación que acabamos de exponer. Al parecer no debería sorprendernos este diletantismo, pues ambas formaciones discursivas, la de legitimación del poder y la de interpelación al poder, pertenecen al mismo mundo de representaciones. Esta sería la primera puntualización.  ¿Cómo ocurre esto?

 

No parece explicada esta inversión de papeles, por así decirlo, solo atribuyendo al diletantismo este desenlace. De esta manera se cae en la conjetura religiosa de la debilidad humana, de su vulnerabilidad y su corruptibilidad; que es caer en la tesis del mal. No parece tampoco adecuado describir este fenómeno, de la inversión de papeles, al cambio de discursos, como si se cambiara cartas en un juego de naipes. Lo que ha cambiado es la colocación en el contexto de la estructura de poder, así como, en el contexto de la estructura colonial. El ocupar el trono y agarrar el cetro, da lugar a otra ubicación en  este contexto estructurado del poder, distinta a la ubicación que se tenía cuando no se estaba en el trono; se estaba en inmenso entorno que sitia al trono.

 

Dicho de manera simple, pecando de esquematismo, diremos que no es el discurso el que hace al “revolucionario”, sino su ubicación en el contexto estructurado  del poder. Como tampoco hace el discurso al que ejerce poder, al que lo expresa simbólicamente, al que defiende el poder; sino los constituye su ubicación en el contexto estructurado de poderInterpretando, por de pronto, esta esquemática hipótesis, se puede deducir que  la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, es condicionante en lo que respecta al comportamiento de los gobernantes, también de los gobernados, sobre todo, de los sublevados contra el poder.

 

La hipótesis esquemática sobre la condicionante de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a sugerir, por lo menos, alguna condición de incidencia en lo que respecta a la inducción de los comportamientos políticos; abandonando el prejuicio simplón, convertido en sentido común, de que se trata de la culpa, de la debilidad y la corruptibilidad; atributos condenados de subjetividades inconsistentes. Puede darse todo esto, en la contingencia de las atmósferas embriagantes del poder y en los escenarios ceremoniales del poder; empero, estos derrumbes éticos-morales no explican el diletantismo, salvo si se toma en serio la tesis religiosa del mal. Es menester salir de esta costumbre aterida de juzgar, culpar, señalar; actitudes, que más bien, muestran la consciencia desdichada del sujeto juzgador. La tarea no es juzgar, sino comprender el funcionamiento de las maquinarias de poder, de los procesos inherentes,  cuando se observa el cambio de papeles, el cambio de discursos, en los “revolucionarios” que toman el poder.

 

La tesis esquemática sobre la condicionalidad de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a salir de este acto de juzgar y condenar; sin embargo, se encuentra todavía lejos del comprender, del entender y el conocer, que pueden permitir operar prácticas y técnicas que desarmen y desmantelen las máquinas de poder. Resulta todavía una hipótesis simple, que tampoco puede explicar las mecánicas y dinámicas, que hacen de substrato de estas mutaciones políticas. Es menester, entonces, avanzar a la intuición de la complejidad dinámica del acontecimiento político; abriendo la mirada a otras condiciones y procesos de incidencia, que hacen de entramados, también de inducciones, por así decirlo, que empujan a los sujetos involucrados al encantamiento del poder

 

Sugerimos que la condicionante de la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, viene acompañada por otras condicionantes, con las que se articula, formando el tegumento de las atmósferas y climas de poder, de los escenarios de poder, en los que los “revolucionarios” terminan encandilados. Se trata de recortes de realidad, que son representados como si fuesen efectivamente la realidad social entera;  incluso, considerando un alcance menor, como si fuese efectivamente la realidad política completa. Es desde estas esferas del poder que la clase política contempla el mundo; lo observa y saca sus conclusiones. La perspectiva desde estas esferas, viene definida por el ángulo del enfoque, por así decirlo; ángulo que le da la visión que permite este enfoque y este ángulo. Una consecuencia funesta para la parte de la clase política gobernante, es que recibe información acotada, filtrada, en el mejor de los casos; información distorsionada, en uno de los peores casos.

 

Pero, no es solo la información acotada, en lo que respecta al alcance de la información y en cuanto a su utilidad, por más abundante que sea, así como tampoco es solo la información distorsionada, lo que, al final, coadyuva en las equivocadas decisiones políticas, que alimentan la crisis, como la leña alimenta el fuego. Sino que la clase política, imbuida por la confianza de sus certezas, creyente de las narrativas del poder, confiada en la apología del Estado y la versión de la historia de las dominaciones, confunde la realidad efectiva con la trama de sus narrativas. Entonces, estima que las consecuencias de sus actos son los configurados por la trama ideológica.  Es cuando la clase política manifiesta los síntomas de la decadencia; al confiar en la trama de su narrativa ideológica, desecha toda posibilidad de ponderación objetiva.

 

Volviendo a las dos formaciones discursivas, la jurídica-política y la histórica-política, ambas construyen sus narrativas ideológicamente; es decir, como voluntad investida de ideas. Ambas creen que el mundo efectivo es el mundo de las representaciones; con esto, viven en el mundo de las representaciones, donde actúan, imaginariamente; aunque evidentemente se encuentran en el mundo efectivo. En consecuencia, ambas formaciones discursivas pueden deducir acciones políticas, que funcionan en la ideología, empero, no necesariamente en el mundo efectivo. Al respecto, la ventaja comparativa, la tiene la formación discursiva histórica-política, al abrirse a la realidad efectiva para actuar, aunque lo haga en recortes  adecuados por la ideología.  En cambio la desventaja comparativa se encuentra en la formación discursiva jurídico-política, pues ya se ha encaracolado en sus esferas, en las representaciones recurrentes de su mundo de burbujas.

 

Sin todavía abrirnos a mayor complejidad, tomando, por el momento, esta seleccionada complejidad, que puede considerarse simplicidad integral dinámica, que, sin embargo, ya ayuda a configurar interpretaciones más adecuadas a la complejidad, sinónimo de realidad. Podemos sugerir una hipótesis interpretativa del diletantismo político. La hipótesis es la siguiente: La ubicación en el contexto de la estructura de poder, de las atmósferas y los climas de poder, de los escenarios deslumbrantes del poder, de las narrativas ideológicas, que participan del mismo mundo de las representaciones, aunque se oponen y contrastan, al imbricarse y entrelazarse, conforman un tejido de condicionantes y una textura de procesos, que coadyuvan al diletantismo político. Ciertamente, por lo menos teóricamente, también como excepción de la regla, a pesar de este tejido de condicionantes y esta textura de procesos imbricados, coadyuvantes del diletantismo, la voluntad y la decisión política pueden darse como actitud consecuente,  continuando, en función de poder, las luchas iniciadas. Sin embargo, esta no es la generalidad ni la regularidad; lo que se repite abrumadora es la decadencia, el círculo vicioso del poder.

 

Ciertamente, el diletantismo es una decisión personal o grupal. No se puede atribuir esta conducta política a las condicionantes y procesos de los que hablamos, que coadyuvan; sin embargo, la decisión personal o grupal se da en un contexto propenso. En este sentido, nadie escapa a su responsabilidad. Pero, de lo que se trata no es de constatar la debilidad, la vulnerabilidad, la corruptibilidad, de la clase política, sobre todo, cuando está en condición de gobernante; sino de comprender el funcionamiento de las máquinas de poder.

 

La tercera hipótesis sobre el diletantismo político es la siguiente: Ante los desafíos de los cambios y las transformaciones estructurales e institucionales, ante las abrumadoras dificultades y complejidad saturada, el “gobierno revolucionario” suele optar por el pragmatismo, en su sentido lato, que considera razonable y adecuado para los fines perseguidos. Se comienza así, con este pragmatismo lato; empero, ninguna decisión escapa a las consecuencias inesperadas. Después, el pragmatismo adquiere relevancia, pues hay que atender a la problemática abierta a su propia complejidad. Entonces, el pragmatismo se aplica a un conjunto de problemas concretos, adecuándolo, en cada uno de los casos, al propio perfil especifico singular de cada problema.  Después,  viene, la aplicación generalizada del pragmatismo. Cuando ocurre esto, ya no hay frontera entre el pragmatismo y el oportunismo, entre la cautela y el cinismo. Ya, a estas alturas, se confunde el pragmatismo con la corrupción; con el dar pasos en terrenos que ya no corresponden a los fines políticos perseguidos, por lo menos, en el proyecto y en el programa. Sino, que pertenecen a otros fines, que no son ya políticos, sino que forman parte de la economía política del chantaje.

 

Los desenlaces ya son más asombrosos que cuando el asombro correspondía a la pregunta de por qué se sustituye el discurso histórico-político de lucha por el discurso jurídico-político de legitimación. Los desenlaces desconciertan, sobre todo, porque los “revolucionarios” en el poder adquieren los hábitos y habitus de la clase política derrocada.   Se convierten en una nueva élite, que sustituye a la anterior o, en su caso, una nueva casta de nuevos ricos, que refuerzan a la composición de la burguesía.

 

Entonces, se puede concluir, provisionalmente, que el problema no radica tanto en el cambio de discurso, de un discurso interpelador pasar a un discurso legitimador, sino en el círculo vicioso del poder; en la reproducción del poder por otros caminos, con otros discursos, con otros personajes, incluso con otros guiones. Lo más asombroso es cuando el poder se reproduce, es decir, las dominaciones se reproducen, reiterándose, por el camino de la “revolución”.

 

Esta constatación, puede llegar a ser profundamente desalentadora y desmoralizante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que una interpretación pesimista, como ésta, que considera esta desmoralización y deduce la calamidad, todavía se conforma a partir del mismo mundo de representaciones en el que se encuentran las dos formaciones discursivas mencionadas. Solo que lo hace en el umbral y el límite de este mundo, avizorando ya la complejidad del mundo efectivo. La tarea es lograr interpretaciones que no se elaboren desde el mundo de representaciones heredado, sino desde la experiencia social y la memoria social actualizadas y dinámicas; que son las condiciones de posibilidad de aprendizajes y aprehensiones, de creación de otros mundos posibles.

 

La cuarta hipótesis sobre el diletantismo político es la siguiente: La ofuscación de los pueblos, atrapados también en las ideologías, encerrados en el mismo mundo de las representaciones, obstaculizados, por esto, para acceder a la comprensión del mundo efectivo. No solamente de vivirlo, padecerlo y gozarlo; pues esto es precisamente lo que acontece; sus cuerpos, sus corporeidades sociales, sus ecologías, se encuentran en el mundo efectivo. Sin embargo, no lo asumen hermenéuticamente, en su complejidad dinámica integrada. Al no hacerlo, caen en la recurrencia reiterada de paradigmas obsoletos, en el clientelismo político o, cuando constata la decadencia, en la desmoralización y lasitud nihilista. Al dejar de luchar por sus emancipaciones, delegando a caudillos o, en el mejor de los casos, a “vanguardias”, sus propias emancipaciones y liberaciones múltiples, se hacen cómplices de sus propias dominaciones que los subyugan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia social y proceso constituyente

 

 

 

 

 

Es indispensable volver a analizar los procesos de la crisis, los procesos que convergen en la explosión social, en la decisión colectiva del pueblo sometido a luchar y liberarse de la dominación. La pregunta para reiniciar este análisis es: ¿Cuándo la potencia social desbordada, enfrentada a lo instituido y decidida a destruirlo, retorna al curso de la normalidad institucional, convirtiendo el desborde en un proceso político, que conduce a la Constitución; es decir, a la legitimación de lo instituido,  aunque sea una nueva malla institucional? Hablamos del proceso constituyente.

 

El desborde de la potencia social no es constituyente, en el sentido que el acontecimiento de la potencia social no se encamina a plasmar una Constitución, sino a crear mundos alternativos, otros mundos posibles. Empero, revisando las historias políticas de la modernidad, en un momento determinado o, si se quiere, en un intervalo o lapso de tiempo, el desborde de la potencia social se ajusta, se adecúa, no hacia las posibilidades desencadenadas por la potencia social, sino a una nueva versión institucional, a una nueva versión de lo instituido y lo constituido.  Con esto, la potencia social ha sido limitada, en sus posibilidades creativas, aprisionando sus fuerzas, como en un motor, para conducirlas hacia la reproducción novedosa del poder.

 

¿Por qué entonces sorprendernos ante la evidencia histórica de que las revoluciones cambian el mundo y, después, se hunden en sus contradicciones? ¿Por qué sorprendernos del diletantismo de los “revolucionarios” que toman el poder? ¿Por qué sorprendernos que los gobernantes “revolucionarios” asuman el discurso jurídico-político de legitimación, y opten por prácticas políticas análogas a la clase política derrocada?  Cuando la regresión de la “revolución” parece comenzar ya antes que se manifiesten sus síntomas de la decadencia, cuando la potencia social es atrapada y retenida en el proceso constituyente. Lo que hay que analizar entonces es esta inclinación de las “vanguardias” por orientar la potencia social hacia el proceso constituyente; es decir, a un proceso que plasme la Constitución, sea liberal, nacionalista o socialista. A un proceso que se materialice en un nuevo poder constituido. Lo que hay que analizar es esta inclinación por el fetichismo institucional; en concreto por el Estado; nómbrese este Estado como Estado de derecho, Estado del trabajo, Estado social o Estado socialista. Parece encontrarse aquí otra clave del poder, de la reproducción del poder. Anteriormente dijimos que la clave del poder no se encuentra en la disponibilidad de fuerza de los que ejercen el poder, sino en la renuncia a luchar de los que padecen el poder, de los que tienen la responsabilidad de hacerlo, de luchar, para emanciparse y liberarse de sus dominaciones múltiples. A esta renuncia la hemos identificado con la figura expresiva del deseo del amo.  Ahora añadimos otra clave del poder: la inclinación de los “revolucionarios” a recurrir al poder como medio para lograr los fines de la “revolución”. A esta apetencia “revolucionaria” la identificaremos como deseo de poder.

 

Ahora bien, el análisis del punto de inflexión, cuando el desborde de la potencia social se distorsiona, se limita, y se orienta como proceso constituyente, requiere considerar los campos de correlaciones de fuerzas intervinientes en el momento de la inflexión. Así también, las formas organizativas que adquieren estas fuerzas, haciendo de dispositivos de incidencia. Obviamente también la orientación y proyección de estos dispositivos. El punto de inflexión no se da de por sí, como si el desborde de la potencia social contuviera inherentemente esta posibilidad, la de su propia regresión. Así como el desborde de la potencia social es efectuada masivamente por singularidades que se asocian, que componen formas alternativas de organización, desencadenan acciones de rebelión, ocasionando efectos masivos en las composiciones molares, como las relativas a las mallas institucionales; del mismo modo, estas singularidades asociadas, compuestas y combinadas, en el ejercicio de su potencia, se enfrentan a otras singularidades asociadas y compuestas, que se encuentran ateridas en el tejido de la sociedad institucionalizada, en los tejidos del poder, en sus múltiples formas, en las mallas institucionales del Estado. Así también,  en el desenvolvimiento complejo del acontecimiento político, los dispositivos de la rebelión se enfrentan a sus propios límites. Lo que obliga a superarlos, desatando la invención de nuevas asociaciones y composiciones singulares creativas, más allá de donde la inventiva anterior ha llegado. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido en las revoluciones sociales y políticas de la modernidad. Por decirlo de alguna manera, la suma de las fuerzas conservadoras, que resguardan el antiguo régimen - aunque sea en su estructura funcional, pudiendo renunciar a los nombres y a las formas, pero manteniendo el dominio y el control efectivo de las instituciones -, de las fuerzas reformistas, para decirlo de una manera ilustrativa, aunque no del todo correcta, apoyadas en las limitaciones de los primeros dispositivos de la rebelión, es cuantitativamente mayor que la suma de las fuerzas entregadas a la potencia social.

 

Debemos añadir un obstáculo más, entre otros, por el momento; la inclinación de las “vanguardias” por el fundamentalismo racionalista; esto es, el creer que la astucia de la razón se impone en la historia. Dicho de otra manera, que la razón y la racionalidad se imponen; por tener razón llevan la delantera y se anuncia su victoria venidera. Este fetichismo de la razón revolucionaria es síntoma de una debilidad profunda y de una vulnerabilidad expuesta; se entregan de lleno al goce de autosatisfacción en el mundo de las representaciones, alejándose de las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales y de los procesos inherentes del mundo efectivo.

 

A pesar que la potencia social desbordada va más allá de lo constituido e instituido, incluso de lo por constituir y lo por instituir, las mallas institucionales estatales y sociales, los dispositivos conservadores, reformistas y limitados de la acción rebelde, logran cercenar el impulso de la potencia social y desviar su orientación creativa hacia la redundancia de producciones conocidas y moldeadas. ¿Por qué la potencia social desbordada no logró dar rienda suelta a sus capacidades creativas, transformando sus mismas asociaciones y composiciones primeras, los primeros dispositivos de la rebelión, llegando a hacerlas flexibles, transformables, mejorables, de acuerdo a los desafíos que se enfrentan?

 

No se puede acudir a tesis como las del peso de la tradición, el peso de la historia, la gravitación de las mallas institucionales, inscritas en las conductas y comportamientos, así como en las mentalidades. Las instituciones son movidas por actividades de los sujetos sociales singulares en un presente; la tradición es redituada por los hábitos y habitus de sujetos singulares;  la historia la hacen los sujetos singulares con las acciones singulares desencadenadas en masa. Parece que el problema se encuentra en las maneras como se relacionan con las instituciones; en las relaciones con los habitus y hábitos redituados; en las relaciones que desencadenan las acciones. En Acontecimiento libertario[11],  dijimos que la relación entre “vanguardia” y proletariado es ya una relación de dominación; que la relación entre intelectuales que enseñan y pueblo que aprende es ya otra relación de dominación. Que si las emancipaciones se asientan en estas relaciones, no es sorprendente que las “revoluciones” de estas “vanguardias” y de estos intelectuales conlleven en sus entrañas las nuevas formas de dominación de una nueva forma de poder, con otros discursos y ropajes. Solo tomando en cuenta estas formas de relación del proceso revolucionario, ya tenemos, con anterioridad a las organizaciones, a los dispositivos revolucionarios, el formato o la lógica, por así decirlo, de una proyección de dominación, que, de entrada, limita los alcances de la potencia social.

 

Estas formas de relación no son las únicas que intervienen en el proceso revolucionario; hay otras, que de manera parecida funcionan en el mismo sentido, estableciendo jerarquías duales; donde una parte de la dualidad cumple la función activa y la otra parte de la dualidad cumple la función pasiva. Parece radicar aquí, en estas relaciones de la dualidad jerárquica, el problema del punto de inflexión de la potencia social, de la regresión del proceso revolucionario. Es decir, el problema parece hallarse en la propia forma de la operación de la rebelión social y política.

 

En consecuencia, el gran desafío para evitar la limitación de la potencia social, consiste en cambiar la forma de operar la rebelión. La forma de operar, que permita la liberación de la potencia y su flujo constante creativo, no corresponde al esquematismo dualista de activo/pasivo. Sino a la posibilidad de asociaciones equivalentes, que logren, en su conexión y empatía, activar las potencias singulares, contenidas en los cuerpos. Esta posibilidad parece requerir formas de comunicación social que no sean dualistas, que reproduzcan el esquema de destinador-destinatario, emisor-interlocutor, o la estructura destinador-destinatario-denotación-connotación-codigo-decodificación-referente-mensaje. Sino, ya especulando, formas de comunicaciones plurales, múltiples y simultaneas.

 

Por de pronto, dejaremos en especulación, las formas de comunicación alternativas y alterativas, que puedan mantener la libertad de la potencia social. No queremos ahora detenernos a elucubrar sobre las formas posibles de estas comunicaciones. Interesa anotar sobre este problema, inherente no solo a las formas de organización, a las formas de los dispositivos  de la rebelión, sino al substrato de los mismos, a las formas de relación que los conforman.

 

 

Volvemos al proceso constituyente.  Dijimos que el proceso constituyente ya se encuentra después del punto de inflexión, ya forma parte de la limitación de la potencia social y su reorientación hacia el poder constituido. Lo decimos sin quitarle lo que conlleva el proceso constituyente todavía de la irradiación de la potencia social. A pesar de formar parte de readecuación de las fuerzas desplegadas de la potencia social, de su reencauzamiento conservador, conlleva proyecciones alternativas, aunque solo puedan limitarse a los postulados escritos del texto constitucional; aunque solo adquieran la forma establecida en el texto constitucional; es decir, como mandato jurídico-político.

 

De todas maneras en el proceso constituyente se puede dar la participación social y el entusiasmo popular. La sociedad o parte de la sociedad se siente convocada. Aunque también caiga en el fetichismo constitucional, creyendo que elaborando el mandato constitutivo, puede cambiar el curso de la historia. El hecho que se logre una Constitución, que establezca cambios en la concepción estructural del Estado, es la configuración de un horizonte jurídico-político, que mira más allá de lo instituido. Ciertamente no hay que creer que es suficiente para iniciar las transformaciones institucionales y estructurales requeridas; pero, al estar planteado el deber ser de esa forma, como cambios institucionales y estructurales, ya es un postulado que pone en cuestión lo instituido.

 

Que se haya dado el proceso constituyente y no la continuidad del desborde de la potencia social, no depende de la razón histórica o contra-histórica, no depende de la voluntad ni de los deseos, tampoco de la justeza de la finalidad, sino, como hemos dicho varias veces, de la correlación de fuerzas. Al final, lo que ocurre lo inscribe, en el acontecer del mundo, la resultante de la correlación de fuerzas en la coyuntura. Esto no quiere decir que se tenga que renunciar a la finalidad perseguida, en términos activistas; al contrario, se debe actuar en consecuencia; sin embargo, sin dejar de considerar las formas concretas del acontecer del mundo efectivo. Si no ocurre lo que se busca, atendiendo al campo de posibilidades inherentes, no se trata de refugiarse en algún fundamentalismo aterido ni en ningún dogmatismo político; sino de mejorar la comprensión de la complejidad dinámica del acontecer del mundo efectivo, mejorando también el activismo, las formas, los alcances, la intensidad y la extensidad del activismo. Por otra parte, si la resultante de la correlación de fuerzas es el proceso constituyente, de ninguna manera se trata de descartarlo; al contrario, se trata de intervenir en el proceso, buscando llevarlo a sus límites, a su mayor alcance; siempre teniendo en cuenta las limitaciones histórico-políticas de las que ya forma parte.

 

Los procesos constituyentes en América Latina, desde 1988, en Brasil, hasta 2009, en Bolivia, desplazaron lo que se llama el marco, hasta entonces, del constitucionalismo. Tomando en cuenta estos desplazamientos, se habla de constitucionalismo latinoamericano como un nuevo paradigma del constitucionalismo. Las características que lo distinguen, respecto al constitucionalismo tradicional, son las de la participación social, la ampliación de las generaciones de derechos, incluyendo, además de la ampliación de los derechos sociales, los derechos colectivos y los derechos ecológicos. Todo esto, con la intención de profundizar la democracia formal y hacerla participativa. La característica de forma, que podemos añadir, es que su exposición jurídica-política, se presenta voluminosa y ampulosa, con la intensión de interpretar las consecuencias de los artículos centrales de la estructura constitucional, además del detallismo minucioso.

 

Todo esto es, ciertamente, un avance, en lo que respecta a la convocatoria, a la participación, a la ampliación de los derechos y a la profundización de la democracia institucional; sin embargo, no hay que olvidar que se trata del texto constitucional, no de la plasmación efectiva en la transformación estructural e institucional. Para que ocurra esto hay un gran trecho que vencer; el más difícil, que es el de la transformación de las estructuras y de las instituciones, que rigen la praxis política. No es por arte de magia de la promulgación de la Constitución que se cumple con la misma. Si bien se puede considerar como imperativos categóricos lo establecido en la Constitución, esto no quiere decir que estos imperativos se cumplen automáticamente. La historia del nuevo constitucionalismo latinoamericano nos da un desmoralizador ejemplo al respecto. Están las constituciones promulgadas, son tomadas como ejemplos,  son mencionadas al momento de defender los derechos consagrados, son el marco tanto de legitimación del gobierno como de interpelación de las demandas. A pesar que los demandantes, los movimientos que exigen el cumplimiento de la estructura de acuerdos, que supuestamente inician una nueva época política, están en lo justo, en la adecuada interpretación, que no pueden contrariar los gobernantes, encargados de hacer cumplir la Constitución, salvo la retórica redundante y sinuosa a la que recurren, buscando justificar sus incumplimientos; esto no basta para modificar las condiciones y circunstancias en las que concurre la resultante de la correlación de fuerzas. El caer en el fetichismo constitucional debilita a las fuerzas sociales que tratan de hacer cumplir los mandatos constitucionales, pues sus acciones se ajustan a los límites de la interpretación constitucional, a los límites de las demandas justas, olvidando que las dinámicas del mundo efectivo no responden ni a la razón, ni a la justicia, sino a las resultantes de los campos de correlaciones de fuerzas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas

 

Estas descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas son sucintas, salvo en el caso boliviano, que es el que más conocemos; donde además de la descripción se hace un análisis. En el proceso constituyente del cual hemos tenido experiencia y participado de la Asamblea Constituyente. De alguna manera ampliaremos la descripción sucinta un poco más en el caso de la promulgación de las constituciones más recientes, como es el caso venezolano y el caso ecuatoriano.

 

 

República Federativa de Brasil

 

Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1988. La Constitución constituyó la estructura jurídico-política del Estado-nación. En lo que respecta a la jerarquía política y sus funciones, perseveró la forma presidencialista de gobierno. El presidente, los gobernadores de los Estados, los alcaldes municipales y los representantes del poder legislativo son elegidos por el pueblo, en votación directa y secreta. Por otra parte, se asume la estructura de la república, que tiene que ver con los contrapesos y la división de poderes.  Se ampliaron los derechos sociales, entre ellos, los derechos del trabajo; aunque también se ampliaron las atribuciones de la administración pública. Se garantiza la jubilación para los trabajadores rurales, incluso sin contar obligatoriamente de haber contribuido a la Seguridad Social. Se definió la geografía política del Estado; la cartografía política delimitó veintiséis estados y un distrito federal. El marco económico dispuso la función social de la propiedad, en combinación con la libre empresa, condicionada por la intervención estatal, cuando lo amerite. Regulando las concurrencias electorales en dos vueltas, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Voto facultativo para los ciudadanos de entre 16 y 17 años. Mayor autonomía de los municipios. Instauración del Sistema Único de salud. Establecimiento de la función social de la propiedad privada urbana. Garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de la demarcación de los territorios nativos. Protección del medio ambiente.  Prohibición sobre el comercio de la sangre y sus derivados. Fin de la censura en la radio y de televisión, películas, obras de teatro, periódicos y revistas[12].

 

 

 

Constitución Política de Colombia

 

La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado como República unitaria descentralizada; en consecuencia sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país, así como la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Elimina el Estado de Sitio y lo reemplaza por el Estado de Emergencia, que tiene la característica de ser de naturaleza Económica, Social y Ecológica. El Estado de Emergencia requiere de la firma de todo el gabinete ministerial del gobierno para ser declarado. Cada caso de Estado de Emergencia tiene un límite de vigencia de 30 días; sumados no pueden superar los 90 días en un año calendario. Solo se declara el Estado de Excepción en caso de conmoción interna o de guerra exterior. Se funda el sistema judicial acusatorio, basado en la Fiscalía General de la nación. Se crea la acción de tutela y el derecho de petición, como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos; cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas teniendo como entidad la Defensa del Pueblo. Se instituye la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia; que debe encargarse de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referendos. Además, debe analizar y tomar decisiones en casos de apelación de decisiones judiciales como la acción de tutela. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial en reemplazo del Tribunal Disciplinario[13].

 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 

En lo que respecta a los Principios Fundamentales, se constituye el cambio de nombre del país de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. La Constitución remarca la condición humana, su libertad e igualdad; aclara e institucionaliza esta condición, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos;  reconoce la importancia de la justicia social y del respeto a los derechos fundamentales. La estructura jurídica-política fundamental del Estado-nación se puede resumir de la siguiente manera: soberanía nacional, democracia participativa, forma federal descentralizada. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma; su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, así como para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de Derecho se completa mediante los principios de legalidad, los símbolos de la patria y los idiomas oficiales.

 

En lo que respecta a la geografía política, es decir, en los términos constitucionales, Espacio Geográfico y de la División Política, se establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales, no viciados de nulidad. Considerando los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. La división política se divide en Estados, Distritos, Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. En el marco de la soberanía, el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

 

En lo que respecta a los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. La enunciación de los derechos fundamentales reconocidos conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, lo que se refiere a la ciudadanía. La Constitución reconoce la nacionalidad venezolana en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis,  por carta de nacionalización. Se establecen los referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, a mitad de su periodo constitucional. Se constituye la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.

 

En lo que respecta al poder público, se amplía la composición de los órganos de poder; se institucionalizan cinco poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Aunque se conserva el orden jurídico del poder público en nacional, estatal y municipal. Se determinan las competencias del poder nacional, la organización, funcionamiento y competencias del poder estatal, el poder municipal, así como lo que respecta al Consejo Federal de Gobierno.

 

En lo que respecta a la Organización del Poder Público Nacional, la Constitución erige una Asamblea Nacional unicameral, elimina el Senado de la República y el cargo de Senador vitalicio; disponiendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilitaciones para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas, el funcionamiento de la Asamblea, las materias de ley y la formación de las mismas. Se erige como cabeza del Estado y del gobierno al presidente de la república. Define las formas de elección de éste, así como los requisitos para desempeñar el cargo; dispone las atribuciones del presidente; también las normas correspondientes al vicepresidente, los ministros de Estado; la modalidad de su nombramiento, así como los requisitos para desempeñar el cargo. Se reglamentan las bases del Poder Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Todo lo referente a la organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y los órganos que lo componen, fijando las bases del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General. Las formas y modos de operar del Poder Electoral, la designación o elección de sus miembros, así como las atribuciones de los mismos.

 

En lo que respecta al Sistema Socio-Económico, condiciona todo régimen económico del Estado al cumplimiento de los principios establecidos constitucionalmente; es decir, el respeto y el cumplimiento de la justicia social, la democracia, así como la eficiencia, libre competencia, protección del medio ambiente, productividad y solidaridad. También el cumplimiento de las finalidades constitucionales, que aseguran el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para la colectividad. El mandato orientador es que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, así como el sistema del Banco Central de Venezuela, atendiendo a la estabilidad del Bolívar mediante la buena aplicación de la política monetaria.

 

En lo que respecta a la Seguridad de la Nación, establece en materia de seguridad, en sus diferentes niveles, nacional, estatal y municipal, la forma de operar de las fuerzas armadas para la defensa, así como las responsabilidades y la actuación de la policía. Crea el Consejo de Defensa de la Nación, integrado por los miembros denotados por la Constitución;  el Consejo de Defensa de la Nación cumple como entidad de asesoramiento del Ejecutivo Nacional, en materia de Seguridad y Defensa Integral de la Nación.

 

En lo que respecta a la Protección de la Constitución, determina que la Constitución no perderá su vigencia, en caso de que dejase de cumplirse, debido a su vulneración de facto o, en su caso, debido a que fuese derogada por cualquier otro medio, distinto al previsto en la Constitución misma. Todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. Todos los jueces, en el ámbito de sus competencias están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, exigiendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare la nulidad de las leyes y demás actos inconstitucionales de los órganos del Poder Público. Por otra parte, regula el Estado de excepción.

 

En lo que respecta a las Reformas Constitucionales, establece la forma, los quórums y modos de enmendar, reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela; así como instituye los procedimientos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

 

 

En lo que respecta a las Disposiciones Transitorias, dispone el cumplimiento de lo que estipula el cuerpo de la Constitución, con carácter temporal, mientras se dictan los instrumentos jurídicos para que tenga efectiva vigencia[14].

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador

 

La reciente Constitución de Ecuador instaura el Estado de derechos, en plural, abarcando el conjunto de las generaciones de derechos logrados y conquistados por la humanidad. Hablamos de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales, de los derechos del trabajo, de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. El Estado debe dar cumplimiento y garantizar la efectuación de estos derechos. La intención declarada de la Constitución es desarmar el modelo de Estado de Derecho y el marco de la economía de mercado; pasar, de este modo, a una Constitución de libertades, a una Constitución del buen vivir; conformada por la cosmovisión comunitaria autóctona encaminada al buen vivir; heredando de la nación y pueblos quechuas, la praxis y la concepción cultural del sumak kawsay.

 

La Constitución otorga una función central al Estado, en lo que respecta a la planificación de la economía; sobre todo, en lo que respecta a la planificación de la producción; regulando las contingencias del mercado. Se instituye el sistema proteccionista arancelario, en el marco de la soberanía alimentaria; descartando la llaneza del comercio libre. Se promulga un modelo público de la educación, de la salud, de los servicios básicos; garantizando la logística y la infraestructura adecuada. Se regula al sector privado y se ponen candados a la privatización. Se refuerzan las funciones del gobierno central, jerarquizando su papel; en contraste, relativizando las funciones de los gobiernos municipales.

 

En lo que respecta a la estructura de la república, se constituye el cuarto poder; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Órgano del poder popular, conformado por los organismos de control constitucionales y por los movimientos sociales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerce también el control constitucional. 

 

En lo que respecta a política comercio exterior, se define como horizonte primordial a la tarea de integración regional bolivariana y latinoamericana[15].

 

 

Estructura constitucional

 

Título I: Elementos constitutivos del Estado

 

El primer título de Constitución se ocupa de la definición del carácter de Estado. El primer capítulo versa sobre los principios fundamentales del Estado; estableciendo la forma gobierno republicano. Determina la garantía al cumplimiento y el respeto a las libertades, comprendiendo las relativas al Estado laico. La Constitución constituye los deberes primordiales del Estado y define la soberanía nacional. El segundo capítulo establece a quienes se les atribuye la ciudadanía ecuatoriana; de qué forma las personas nacidas en el extranjero pueden llegar a tenerla.

 

Título II: Derechos

 

El segundo título de Constitución se ocupa de la responsabilidad del Estado respecto a la garantía y el cumplimiento de los derechos de las personas. Se exponen particularmente los diferentes derechos; sobresaliendo el derecho al buen vivir, el derecho a la libre comunicación y libre información, el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo.  La Constitución reconoce los derechos colectivos de las diferentes nacionalidades y pueblos coexistentes; también define grupos de atención prioritaria. Retomando el avance en la nueva generación de derechos, la Constitución distingue los derechos de la naturaleza.

 

 

Título III: Garantías constitucionales

 

Se refiere a garantizar los derechos previamente suscritos en la presente ley.

 

Título IV: Participación y organización del poder

 

La Constitución promueve la participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular, recurriendo al control de las entidades públicas. En lo que respecta a la organización de las funciones del Estado, se enumeran las cinco funciones orgánicas del Estado: la Función legislativa, la Función ejecutiva, la Función judicial, la Función electoral, la Función de transparencia y control social.

 

 

Título V: Organización Territorial del Estado

 

La Constitución establece la geografía política en RegionesProvinciasCantones y Parroquias Rurales; en esta cartografía política, a cada espacio administrativo le atribuye un Gobierno Autónomo Descentralizado; conformado por una autoridad ejecutiva y un cuerpo legislativo. Gobernador y Concejo Regional para las regiones, Prefecto y Concejo Provincial para las provincias, Alcalde y Concejo Municipal, para los cantones y Junta Parroquial para las parroquias rurales.

 

La Constitución establece la conformación de los Distritos Metropolitanos, como cantones con rango de región; asumiendo las competencias de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados; sus autoridades son el Alcalde Metropolitano y el Concejo Metropolitano.

 

 

Título VI: Régimen de desarrollo

 

Se trata del conjunto económico y social, organizado para hacer sostenible y dinámico su funcionamiento, buscando ampliar las potencialidades y capacidades de las personas. Considerando los marcos intervinientes de los campos político, económico, social, cultural, además de tener en cuenta  los ecosistemas y los ciclos ecológicos.

 

 

Título VII: Régimen del buen vivir

 

La Constitución institucionaliza la cosmovisión y la praxis de la armonización entre sociedad y ecología, entre comunidad y territorialidad, entre ciudadanías y naturaleza.

 

 

Título VIII: Relaciones Internacionales

 

La Constitución adopta el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes; impulsa la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria, la unidad productiva y la concordancia política.

 

Título IX: Supremacía de la Constitución

 

Se determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

 

 

 

 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia

 

En esta descripción de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, retomamos lo escrito en Descolonización y transición[16]. En ese texto se escribió:

 

El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico-político. Establece que:

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 

Este artículo, como se advierte anteriormente, requiere ser leído desde varias perspectivas. Indudablemente, su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visión de País que, a su vez, defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado. La caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido, se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado Plurinacional comunitario y autonómico; ya no hay cabida para el Estado nación. Constitucionalmente ese Estado habría muerto. Ahora se trata de fundar y construir el Estado Plurinacional Comunitario Autonómico, a través de transformaciones estructurales, institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, y mediante la apertura de espacios a formas de relacionamiento integrales y participativas, entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumentos de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Podría decirse que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado Plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte, el artículo incluye una clave fuerte para la transición:

 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 

Esto es el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la Constitución en respuesta al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Ello significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal. Eso sería volver al mono-culturalismo. No se puede recorrer la transición y mantener las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado nación subalterno. No se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. No se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina. Es necesario, entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralistas, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales inhibidas por la cultura dominante, no solo para colocarlas en igualdad de condiciones, sino también para convertir a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales.

Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No puede reducirse a la oficialización de estas lenguas. Al contrario, exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, y se promocione su reconstitución plena.

 

El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice:

 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

 

El artículo 2 de la Constitución convierte al carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización. Se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; por lo tanto, el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Aquí radica el alejamiento fuerte respecto del Estado moderno, el Estado nación, el Estado centralizado. Este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional, en la transición fundacional del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho “a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”, exige no solo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad, sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto, asimismo, implica un descentramiento profundo del Estado moderno, por la forma de organización del nuevo Estado que exige un pluralismo institucional.

Otro asunto importante se refiere a los territorios indígenas: no solo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial, sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos, debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural; también implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. Esto es lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido, la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Más bien, el Estado está constituido por autonomías. La forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado: el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial; es también avanzar por los caminos de la emancipación.

En el artículo 3 se define al pueblo, tema intensamente discutido en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define; otros planteaban que, dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. La segunda posición prácticamente consiguió el consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios y quedó como un texto descriptivo, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. El artículo expresa que:

 

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

 

Al respecto, cabe una aclaración: cuando se habla de comunidades interculturales, se incluye a todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta precisión es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombran como interculturales, y después de su último congreso, interculturales originarios. La aclaración procede, en tanto la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente alude a estas poblaciones de migrantes climáticos, sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada; por lo tanto, también contiene a las poblaciones urbanas y de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional, es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial. De esta forma, se aproxima el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, connotación dejada de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. Así, el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil; vuelve a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad e incursiona nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.

 

Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, comunitario, autonómico, descolonizador y pluralista de la Constitución. Es así como comienza la Constitución: con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, universal, moderno. Se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de ellos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, las instituciones y la política. No es posible interpretar la Constitución si no es desde este pensamiento pluralista, lo cual también repercute en la producción significativa de un pluralismo normativo y un pluralismo institucional.

 

Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y de la oposición sigue haciéndose desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica y descubrir sus secretos ocultos. Lo que, más bien, nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular no son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto, esta ruptura, se piensa que la aplicación de la Constitución está detenida y el proceso de transformaciones, estancado, moviéndose en un círculo vicioso de la repetición y la restauración.

El quiebre solo puede ser producido por la trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, para abrirse al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la concreción de la lucha de clases y de la guerra anticolonial. No la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía; no la defensa del orden que, en la medida que no se le afecte, reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.

Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión. El artículo 5 se refiere a la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios. El artículo 6 aborda la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, y establece los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como el 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. El artículo 8, asimismo, define los principios ético-morales de la sociedad plural. De ahí pasaremos al tercer capítulo, donde se trata el sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos: 11 y 12.

El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo. Dice expresamente que:

 

La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

 

 

Esta es una declaración primordial democrática. Supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo porque contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes muestran la presencia de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto, sobre todo cuando un poco más adelante, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 define a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como señalamos anteriormente, la característica del Estado como social de derecho enfrenta una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico.

 

Es en este pluralismo constitucional donde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de elaborar leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que realizamos de la Constitución, es necesario tomar en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar la Constitución, para desentrañar su textura, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero, también, es el contexto para una comprensión conceptual que sirva de marco teórico para la elaboración de las leyes; y, al mismo tiempo, es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.

El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también se evidencia una combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía.

 

Hablamos, entonces, de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo con su propia compleja composición. Hablamos del ejercicio de la soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales; el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos; el ejercicio de la soberanía del proletariado; el ejercicio de la soberanía popular; el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, que ejercitan también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se observa, estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esta situación es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.

Cuando se afirma que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, se ratifica la tesis sobre el poder constituyente. Dicha tesis sostiene que del poder constituyente emana el poder constituido. El problema consiste en que esta institución, la del poder constituido, termina limitando al poder constituyente; restringe los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a su realización, en tanto se realiza en forma delegada.

En el caso de la Constitución boliviana, lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben configurarse de tal forma que el poder constituyente no quede relegado a las puertas del aparato institucional; al contrario, el poder constituyente debe atravesar la propia maquinaria institucional, utilizarla como instrumento, e incluso llegar a desplazar los propios límites que impone el poder constituido.

Se trata de que lo constituido no solo se transforme plural, intercultural, comunitaria y participativamente, sino que, de forma constante, esté abierto a su reinvención y se adecue a las distintas problemáticas que se le presenten; entre ellas, las territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras que, hasta ahora, lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, para formar una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece estar en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas, que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos, de la autogestión. Como se observa, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación; tampoco de realización institucional; es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.

No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que se puede llamar los principios negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está siendo discutida por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes aseguran que no son principios del Incario sino de la Colonia. Dicha sección también ha sido analizada por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo siguiente:

 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: […] suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

 

Estos valores son primordiales, pues están vinculados con el proyecto civilizatorio del Vivir Bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto de la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya, en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del Vivir Bien. Entonces, el Vivir Bien se convierte no solo en una transversal en la Constitución, en la estructura del texto, sino también en el macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; y, el modelo económico, social y comunitario. El Vivir Bien no solo configura una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio, sino que le da sentido y orienta la aplicación de la Constitución.

¿Qué es el Vivir Bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador. Se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kawsay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo. Determinadas interpretaciones puntuales tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje, presentes en contextos específicos, así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. Otras interpretaciones de tipo filosófico conciben el Vivir Bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado con término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, mujer y/o hombre, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación. Lo sugerente es que el Vivir Bien ha sido apropiado políticamente: como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, de los movimientos sociales, de la Asamblea Constituyente, del gobierno y de la Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático, así como del proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir Bien. En otras palabras, el Vivir Bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico respecto de la invención de horizontes o, si se quiere, de la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del Vivir Bien.

Consideramos que, si bien esta discusión puede ser esclarecedora, sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se realizan en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. Entonces, ¿qué es el Vivir Bien desde esta perspectiva?

El Vivir Bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; la búsqueda para lograr una armonía con los ecosistemas, los seres vivos, sus ciclos vitales, las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido, es una búsqueda que apunta a resolver los grandes problemas, como los relativos a la soberanía alimentaria, la escasez de agua, el calentamiento global, la pobreza, la explotación, la discriminación, las dominaciones polimorfas sobre la Madre Tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía? Se podría decir que sí, sobre todo cuando pensamos en el horizonte emancipador que abre; pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.

La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios, sino también valores democráticos largamente conquistados y posicionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

 

Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios, sustenta la predisposición ética en la perspectiva del Vivir Bien. En ese sentido, el Vivir Bien es también una construcción posible desde los valores democráticos, lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa, en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado, de igual manera, proyecta los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, así como la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales y comunitarios. Pero, sobre todo, el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.

En el capítulo tercero, sobre el sistema de gobierno, se produce uno de los desplazamientos más importantes respecto del ejercicio de la democracia, por lo tanto del ejercicio del contrapoder, pues se constitucionaliza no solo la participación, sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata únicamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, mediante la creación de nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.

El artículo 11 establece en el numeral I que:

 

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

 

Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y, al mismo tiempo, la concepción de un pluralismo democrático. Esto implica retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia; formas plurales que, además, comprenden dos figuras avanzadas: el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, que comparten su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en cuanto a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Requiere, de igual forma, diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. Respecto de la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en el reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también debe ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas.

En el segundo numeral el artículo dice que:

 

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

 

 

Este ejercicio directo de la democracia reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y autodeterminantes. Mediante la concreción de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos, como recursos de la movilización, ¿por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? El mismo artículo señala que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas, cuyos alcances serán definidos por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta, a la vez, la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso, habría que vivir la experiencia de la participación, para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley.

La forma de la democracia representativa es la más conocida y es la que funciona en los sistema políticos republicanos, pues la consideran como la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, y ha fortalecido la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la democracia representativa se ha ido extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, ello no resuelve la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, ni la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación, colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo pueden remediarse al salir del círculo de la democracia representativa y profundizar la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como la democracia directa y la democracia comunitaria.

En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:

 

Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

 

El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo porque reconoce las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias, en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, “por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes”, en atención a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva, es posible hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.

En el artículo se define así a la democracia comunitaria:

 

Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

 

Por lo tanto, el ejercicio plural de la democracia sucede en esta composición rica de formas democráticas, en el ejercicio propio de cada una de estas formas, en su combinación y complementación, en la articulación que configura un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.

En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, y se crea uno nuevo, o, más bien, se convierte a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio, se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social; que, además, debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios. Era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente. Se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Empero, el Ejecutivo argumentó que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios; que una cosa eran las organizaciones sociales y otra, las organizaciones políticas. Con estas afirmaciones, se impidió una de las más avanzadas formas de organización del Estado, y se replanteó la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal.

Del poder social se derivan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de dicho planteamiento se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución, la definición del sistema de gobierno, como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y el título sobre la Participación y Control Social pueden recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.

El artículo 12 establece que:

 

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

 

En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y a la Defensa del Estado. Se incorporan mecanismos legales de control y defensa, como es posible observar en los desarrollos específicos de la Constitución, al respecto. Aunque, si se interpreta desde el espíritu constituyente, también se pueden explicar como ejercicios políticos de control y defensa, atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo, puede resolverse el problema, en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.

El enunciado del numeral citado es el siguiente:

 

Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

 

 

Al establecer con claridad que las instancias correspondientes a la organización del Estado son independientes, e implícitamente subrayar la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes ni tampoco invasión de los mismos ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.

La figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:

 

Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

 

 

Conclusiones parciales

 

Se realizó el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, referente al modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Estos artículos son fundamentales porque dan inicio a la interpretación de la Constitución, al definir los marcos conceptuales desde los cuales se debe leer el texto constitucional de una manera integral.

Una de las primeras conclusiones consiste en que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, que corresponde a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial caracterizada por la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Ello significa la muerte constitucional del Estado nación, que es la forma moderna del Estado liberal y que, a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado, porque desconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, desconoce sus instituciones, normas y procedimientos propios.

Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado; una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Una manifestación de la crisis se constata en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder; también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista, como la de un Estado en construcción y articulado con circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos, ocupaciones de disímiles grupos de poder. Sobre la base de una evaluación de los intentos de modernización del Estado, los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, la crisis del proyecto neoliberal y el desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición poscapitalista y transmoderna; condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. En ese sentido, se puede entender, entonces, que de igual manera existen las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado Plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.

El análisis ha remarcado el sustrato del proceso constituyente; sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Este fundamento explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito, se ha señalado que el ciclo de movilizaciones entre 2000 y 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social. Este tejido posee dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas; y, un plano de consistencia: la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e, incluso, policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria; se sostienen y sustentan en una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal y abre el horizonte del proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, que ha afectado su desenvolvimiento. A ello se suma un contexto adverso de una ciudad que termina por oponerse al proceso constituyente, a la Asamblea y a la Constitución que se iba elaborando; y un contexto en el que las oligarquías regionales intentan truncar el proceso, a través de movilizaciones fuera de la Asamblea y el boicot dentro de ella. A pesar de todo, la Asamblea consigue aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.

Respecto del modelo de Estado, hemos observado que de los doce primeros artículos constitucionales analizados, los tres primeros configuran el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, que exige una epistemología pluralista y da apertura a transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos revisados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria[17].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

1.   El llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano es eso, constitucionalismo, formando parte de la ideología jurídico-política, que legitima la reproducción del poder. No corresponde a revoluciones efectivas, que trastocan el orden establecido, el poder constituido e instituido, aunque varíen sus formas; empero, manteniendo la arquitectura estructurante del poder, por lo tanto, de las dominaciones polimorfas.

 

2.   El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha mejorado la estructura de los acuerdos de las sociedades involucradas, ha mejorado la estructura y la exposición constitucional, definiendo un horizonte jurídico-político más adecuado, por así decirlo, más progresista que la anterior Constitución. Empero, no se puede confundir este logro constitucional con la revolución efectiva, que emancipa y libera a los pueblos.

 

 

3.   El creer que la Constitución es el conjunto estructurado de los imperativos categóricos, que obligan, de manera inmediata, al cumplimiento de los mismos; que la Constitución es la condición necesaria para la transformación estructural e institucional, que demanda y requiere; que la Constitución es parte de las condiciones suficientes, fuera de las buenas voluntades; es caer en la ideología jurídica-política, en el fetichismo constitucional, que desarma a los pueblos de sus propias capacidades de lucha, entregándolos a la espera inocente del cumplimiento constitucional, reduciendo las movilizaciones al cumplimiento de la norma matriz.

 

4.   Esto no niega la responsabilidad de defender la Constitución, vulnerada por los propios gobernantes “revolucionarios”, que deben cumplirla y llevarla a cabo. Sino que esta responsabilidad es una de las responsabilidades de los pueblos ante la necesidad de sus emancipaciones y liberaciones múltiples. 

 

 

 

 

Complejidades eco-sociales y eco-institucionales

 

 

 

 

 

 

La crítica de la ideología jurídico-política coloca a esta formación discursiva y enunciativa en la situación de suspensión que le corresponde, en el espacio virtual del imaginario social compartido. Imaginario construido institucionalmente sobre el cimiento del fetichismo jurídico y de las prácticas de dominación correspondientes a la política, en sentido restringido. Este discurso jurídico-político es contrapuesto, en el sentido de interpelación, por la formación discursiva y enunciativa histórico-política; que, si bien, se opone al discurso jurídico-político, forma parte del mismo mundo de representaciones, como complemento contradictorio de una conformación discursiva y enunciativa, que corresponde a la episteme moderna de los esquematismos dualista. Ahora bien, si la crítica de la ideología coloca en suspensión a la formación discursiva y enunciativa jurídico-política, comprende que su función es de legitimación del poder. Además, considera que la formación discursiva y enunciativa opuesta, la histórico-política, a pesar de interpelar al discurso jurídico-político y constatar que es un discurso de legitimación, y autodefinirse como discurso de combate, de lucha contra la dominación impuesta y el Estado, que institucionaliza esta dominación, el discurso jurídico-político no deja la ideología. Es también ideología, aunque sea la ideología contrapuesta a la ideología de la legitimación del Estado. Forma parte de las concurrencias ideológicas en el mundo de las representaciones, si se quiere, de la lucha ideológica. ¿Cómo entender entonces estas prácticas ideológicas, concretamente las relativas a la efectuación del discurso jurídico-político? ¿Cuál el contexto mayor que las contiene?  ¿Cómo funcionan estos dispositivos en ese contexto mayor?

 

Partimos, como ya lo dijimos y expusimos en otros ensayos, del pensamiento complejo, de la perspectiva de la episteme compleja[18]. En este sentido establecimos que, desde esta perspectiva, no se puede hablar de sociedad como campo de objetos de estudio, pues no hay una sociedad aislada de las ecologías de la biodiversidad del planeta. El concepto que propusimos es eco-sociedades. Por lo tanto, se trata de comprender los funcionamientos de las sociedades humanas en el contexto entrelazado de las sociedades orgánicas, que, a su vez, se interrelacionan e imbrican con los espesores territoriales, con los ecosistemas. En consecuencia, el análisis social o de la sociedad requiere visualizar los nudos de los entramados, las articulaciones e integraciones singulares de la complejidad dinámica, en su simultaneidad y sincronía dinámicas. Al respecto, la pregunta es: ¿Qué papel y cómo funcionan en la complejidad dinámica integrada eco-social estos dispositivos jurídicos-políticos, sostenidos por las composiciones y estructuras institucionales?

 

Con esta pregunta nos desmarcamos, de entrada, de las pretensiones ideológicas de verdad del discurso jurídico-político, también del discurso histórico-político. Así como nos desmarcamos del mundo de representaciones al que pertenecen, buscando interpretar desde la perspectiva de la complejidad estos funcionamientos de estos dispositivos jurídico-políticos en el mundo efectivo, comprendiendo las dinámicas complejas y simultaneas. Sabemos que lo que decimos se expresa en el lenguaje, que hace funcionar también lo imaginario y la imaginación; sin embargo, lo hace sin aislar lo imaginario, la capacidad imaginaria, ni refugiarse en lo imaginario y la imaginación, sino comprendiendo la integración con las fenomenologías de la percepción social y la fenomenología de la percepción corporal.

 

Con la intención y la proyección declarada, de interpretación, desde la perspectiva de la complejidad, vamos a desplegar un conjunto de hipótesis teóricas, que definen una plataforma de proposiciones para el análisis de las dinámicas institucionales, en el contexto eco-social o de las eco-sociedades. Pero, antes haremos un repaso de una de las corrientes del pensamiento complejo, la teoría de sistemas autopoiéticos. Esto debido a que en esta teoría encontramos proyecciones al campo social, a los espacios estatales de funcionamiento de las sociedades; lo que fue el campo de objetos de estudios de las ciencias sociales y ciencias humanas. En la episteme compleja, a la que pertenecen las teorías de sistemas, entre ellas, una de las más importantes y de implicaciones irradiantes, es la teoría de sistemas autopoiéticos. Desde estos desplazamientos y rupturas epistemológicos, respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas de la episteme moderna, vamos a movernos hacia proposiciones de la complejidad, que tienen que ver con la teoría de la complejidad de la sincronización dinámica vital, que es la corriente de la complejidad de la que formamos parte.

 

La sociedad como sistema autopoiético

 

En La sociedad de la sociedad, Niklas Luhmann  comienza a distinguir el análisis de la sociedad, desde la perspectiva de la teoría de sistemas, respecto a la sociología; refiriéndose a la condición de posibilidad de la comunicación, dice:

 

Esta línea de razonamiento converge con una versión de la teoría de sistemas que de manera constitutiva (tanto para el concepto como para la realidad) hace hincapié en la diferencia entre sistema y entorno. Cuando se parte de la distinción sistema/entorno hay que colocar al ser humano (como ser viviente y consciente) o en el sistema o en el entorno; dividirlo o fraccionado en tercios no es viable empíricamente. Si se tomara al hombre como parte de la sociedad, la teoría de la diferenciación tendría que diseñarse como teoría de la clasificación de los seres humanos — ya sea por estratos sociales, por naciones, por etnias, por grupos. Pero con esto se entraría en oposición evidente con el concepto de derechos humanos, en especial con el de igualdad. Tal 'humanismo' fracasaría ante sus propias ideas. Así que no queda otra posibilidad que la de considerar al hombre por entero — en cuerpo y alma— como parte del entorno del sistema sociedad[19].

 

 

En lo que respecta al sentido, Luhmann escribe:

 

 

En el contexto de la figura teórica de la autopoiesis, presuponer el sentido de ninguna manera contradice el otro presupuesto según el cual el sentido se produce en la trama de operaciones que siempre presuponen sentido. Por el contrario: la peculiaridad del médium del sentido es un correlato necesario de la clausura operativa de los sistemas con capacidad de distinguir. El sentido, se produce exclusivamente como sentido de las operaciones que lo utilizan; se produce por tanto sólo en el momento en que las operaciones lo determinan, ni antes ni después[20].

 

 

El sentido se construye permanentemente, momento a momento; entonces:

 

Esta constatación que de entrada parece mera conjetura (no hay sentido fuera de los sistemas que lo utilizan y reproducen como médium), puede superarse si se mantiene ante los ojos la consecuencia de la clausura operativa del sistema: su relación con el entorno es operativamente inalcanzable. Los sistemas vivos crean un entorno particular para sus células —entorno que las protege y permite su especialización, es decir, permite organismos. Estos sistemas se protegen en el espacio por medio de límites materiales. Los sistemas psíquicos y sociales desarrollan sus operaciones en forma de operaciones-de observación que permiten distinguir al sistema mismo del entorno — a pesar de que (y habría que agregar: porque) la operación únicamente puede llevarse a cabo dentro del sistema; distinguen, en otras palabras, entre autorreferencia y heterorreferencia[21].

 

 

Aclara las condiciones operativas de la construcción del sentido:

 

Sobre cómo opera el sentido pueden hacerse asertos recurriendo a distinciones específicas que refieren y definen con exactitud el sentido. Fenomenológicamente, el sentido puede describirse como aquel excedente de remisiones accesible desde el sentido actualmente dado. El sentido es entonces — y hacemos hincapié en lo paradójico de la formulación — un contexto de remisiones infinito — esto es, indeterminable —, que puede hacerse accesible y reproducirse en forma determinada. Puede caracterizarse la forma del sentido como diferencia entre actualidad y posibilidad y, con ello, a la vez, afirmar que esta distinción y ninguna otra es la que constituye al sentido[22].

 

 

La caracterización correspondiente del sentido, desde la teoría de sistemas, es:

 

El sentido emerge y se reproduce como comportamiento-propio (Eigenbehaviour) de ciertos sistemas; esto resulta del hecho de que los sistemas de conciencia y los sistemas sociales producen sus elementos últimos como acontecimientos referidos a un punto en el tiempo y que al desvanecerse de inmediato no pueden tener duración: suceden por primera y última vez. Se trata de sistemas temporalizados que únicamente logran la estabilidad en forma dinámica reemplazando de continuo los elementos que se anulan por otros nuevos. Sus estructuras deben estar preparadas para eso. El presente actual es corto y está de tal manera diseñado que todo lo que en él sucede, sucede simultáneamente. Este presente no es todavía propiamente tiempo. Se volverá tiempo cuando se conciba como separación de un 'antes' y un 'después', de un pasado y de un futuro. El sentido, entonces, aparece en el tiempo y puede en todo momento invertir las distinciones temporales; es decir, puede utilizar el tiempo para reducir complejidad: tratar el pasado como si ya no fuera actual y el futuro como si todavía no fuera actual[23].

 

 

 

Esto en lo que respecta a los desplazamientos respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas. No puede haber una mirada externa a la sociedad, que la estudie; toda mirada sobre la sociedad emerge de la sociedad misma; se trata de una auto-descripción. La sociedad no es objeto, ni campo de objetos de estudio; ni el investigador o la investigación social el sujeto de estudio. La sociología, las ciencias sociales y las ciencias humanas se habrían entrabado en las paradojas que ocasionan, al pretender una exterioridad desde la que estudia la sociedad y se da cuenta de ella; así como al pretender encontrar la esencia que explica la sociedad o la relación básica que la inaugura y la hace posible; del mismo modo al buscar la estructura última que explica su cohesión y consistencia. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, se trata de operaciones en el sistema mismo y desde el sistema las que definen distinciones para efectuar las interpretaciones necesarias.

 

 

El sistema, que se diferencia del entorno; diferencia que establece, de entrada, la complementariedad ineludible entre sistema y entorno; que permite efectuar y definir las operaciones dadas en el sistema, a su vez, abarca las operaciones posibles fuera del sistema, en el entorno. En consecuencia, el sentido, que deviene de las operaciones de distinción y de selección, atribuyendo actualidad a la operación interpretada, comprende, a la vez, el sin-sentido, que no puede ser sino otro sentido. El sentido viene a ser una construcción permanente y actualizada en esta complementariedad entre autorreferencia y heterorreferencia.

 

 

 

En la exposición de la teoría de sistema autopoiéticos, Luhmann, acude a la teoría de la forma para ilustrar las operaciones auto-referidas de los sistemas[24]. Escribe:

 

 

En este sentido la forma es autorreferencia desplegada o, para decirlo todavía con mayor precisión, es autorreferencia desplegada en el tiempo. Hay que partir siempre del lado señalado y se necesita tiempo para una operación posterior: tanto para permanecer en el lado designado como para atravesar el límite que constituye la forma[25].

 

 

Se trata de operaciones de distinción, constitutivas del sistema, efectuadas en esa operación de clausura, que distingue autorreferencia y heterorreferencia, que son capaces no solamente de reducir la complejidad del entorno creando mayor complejidad interna, sino también abrirse a mayor complejidad con el entorno mediante una mayor complejidad interna. Estos sistemas son sistemas de vida, capaces de retener la energía generando neguentropía. ¿En qué condiciones ocurre esto? La respuesta de la teoría de sistemas ha sido considerar la capacidad de aprendizaje y transformación de los sistemas, transformación que se denomina evolución.  Luhmann comenta al respecto:

 

Un primer paso en este desarrollo lo constituyó la inclusión de relaciones autorreferenciales, por tanto, circulares. En un primer momento se pensó en la construcción de estructuras del sistema a través de procesos sistémicos propios y se habló, por consiguiente, de auto-organización. El entorno fue entendido como fuente de ruido no especifico (carente de sentido), del cual, sin embargo, el sistema podía extraer sentido a través del contexto de sus propias operaciones. Así se trató de explicar que el sistema — ciertamente en dependencia del entorno y en ningún caso sin entorno aunque sin estar determinado por él — puede organizarse por sí mismo y construir su propio orden: "order from noise". Visto desde el sistema, el entorno actúa sobre él casualmente, aunque precisamente esta casualidad se torna imprescindible para que pueda emerger el orden; y cuanto más complejo se torne el orden más imprescindible será la intervención del azar.

 

En este nivel de discusión, Humberto Maturana con su concepto de autopoiesis introduce un elemento nuevo. Los sistemas autopoiéticos son aquellos que por sí mismos producen no sólo sus estructuras, sino también los elementos de los que están constituidos — en el entramado de estos mismos elementos. Los elementos sobre los que se alzan los sistemas autopoiéticos (que vistos desde la perspectiva del tiempo no son más que operaciones) no tienen existencia independiente: no es por tanto que ya estén y que simplemente se coloquen. Más bien se producen por el sistema y precisamente por el hecho de que se utilizan como distinciones — sin importar la base energética o material. Los  elementos son informaciones, son diferencias que en el sistema hacen una diferencia. En ese sentido son unidades de uso para producir nuevas unidades de uso — para lo cual no existe ninguna correspondencia en el entorno[26].

 

 

Una conclusión respecto a la diferencia, que podemos connotarla como ruptura epistemológica, entre la episteme compleja y la episteme moderna, concretamente, entre la teoría de sistemas, aplicada al análisis de la sociedad, y las ciencias sociales y humanas, es:

 

 

El sistema sociedad no se caracteriza entonces por una determinada 'esencia' (Wesen), ni mucho menos por una determinada moral (propagación de la felicidad, solidaridad, nivelación de condiciones de vida, integración por consenso racional, etcétera), sino únicamente por la operación que produce y re-produce a la sociedad: eso es la comunicación[27].

 

 

El autor aclara lo que se entiende por comunicación desde la teoría de sistemas:

 

Otras aclaraciones se derivan de la idea de que la operación elemental de la sociedad es un acontecimiento atado a un instante de tiempo: en cuanto surge, se desvanece. Esto es válido para todos los componentes de la comunicación: para la información (Information) que sólo sorprende una vez; para el darla-a-conocer (Mitteilung) que — como toda acción — está ligado a un punto momentáneo en el tiempo, y para el entenderla (Verstehen) que no puede repetirse sino a lo sumo recordarse. Y esto es válido también tanto para la comunicación oral como para la escrita, con la diferencia de que la tecnología de difusión de la escritura puede hacer llegar —temporal y espacialmente — el acontecimiento de la comunicación a muchos destinatarios, y así lograr que se realice en momentos imprevisiblemente numerosos.

 

Con este concepto de comunicación — acontecimiento atado a un instante de tiempo — corregimos a la vez el concepto popular de información. Información es una selección sorpresiva de entre varias posibilidades; en cuanto sorpresa no puede ni durar ni transportarse. Tiene que producirse dentro del sistema porque supone comparación de expectativas[28].

 

 

 

Dada esta situación momentánea de la comunicación y de la información, el problema es comprender cómo se mantiene el sentido, pues éste vendría también afectado por esa fugacidad. La teoría de sistemas, que comprende las paradojas generadas por la relación de diferenciación del sistema y entorno, supone la paradoja de continuidad/discontinuidad. Despega la pregunta de cómo el sentido puede atenderse, en otras situaciones, como si fuera el mismo. Necesariamente debe establecerse la repetición reconocible. ¿Cómo sucede? La respuesta es:

 

 

En la teoría de las formas de George Spencer Brown este desiderátum puede expresarse con el doble concepto de condensation y confirmation — concepto que no puede reducirse a uno solo. Las recursiones deben producir identidades que sean aptas para reutilizarse; esto lo logran únicamente a través de la condensación selectiva omitiendo los momentos no repetibles de otras situaciones. Pero, además, deben poner a prueba — en situaciones nuevas — el sentido ya condensado; para ello precisan de generalizaciones. Cuando estos requerimientos deben satisfacerse repetidamente, por ejemplo a través del lenguaje, se forman variantes de sentido generalizadas cuyos significados no pueden captarse suficientemente en forma de definiciones; resultan de las experiencias de utilización, las cuales dependen totalmente del sistema usuario. En esto vemos el fundamento de la evolución de los medios de comunicación simbólicamente generalizados[29].

 

 

 

Hasta aquí, como se puede ver, la teoría de sistemas autopoiéticos reincorpora a la sociedad a los sistemas de vida; deja la separación supuesta entre sociedad y naturaleza, así como la separación entre cultura y naturaleza, de la episteme moderna. Por otra parte, la sociedad es comprendida como sistema autopoiético, en constante transformación. Lo que implica, que el sistema de sociedad despliega plurales y múltiples operaciones de distinción, tanto al interior del sistema como con respecto al entorno. Un conjunto de operaciones pueden comprenderse como comunicación, que es entendida también como operatividad sistémica. El sentido o, mas bien, los sentidos vehiculados por el sistema de comunicación, que hacen a la sociedad, son constantemente reinventados, manteniendo por comparación la estabilidad necesaria, haciendo como si se tratase del mismo sentido, logrando su generalización, compartida socialmente.

 

 

Recogiendo lo expuesto y citado, podemos entender, entonces, las normas, las leyes, los enunciados jurídicos, los sentidos políticos, del discurso jurídico-político como dispositivos de operaciones sistémicas de la sociedad. De esta manera, están expuestos a constantes retroalimentaciones, reinvenciones, siempre innovando el sentido; empero, logrando preservar cierta estabilidad, haciendo como si fuera el mismo sentido; proyectando no solo la pretensión de generalización, sino también la pretensión de universalización. Solo así puede el discurso jurídico-político suponer la estabilidad institucional en el tiempo.

 

 

El problema radica en que esta estabilidad del sentido es forzada a ir más allá de lo que se puede, aboliendo el espacio de la inestabilidad, que también es necesaria para permitir el aprendizaje del sistema y su evolución. Lo forzado de esta extensión, dada por intervención de la violencia estatal, de la estabilidad posible del sentido, termina inmovilizando al sistema jurídico-político, para decirlo desde la teoría de sistemas, sin todavía explicar esta definición provisional de sistema jurídico-político. Entonces, se genera, por así decirlo, un sistema-no-sistema, que no funciona como sistema, sino como una composición de operaciones normativas anquilosada, detenida en su constitución primera. Esta composición a-sistémica obstruye parte del funcionamiento del sistema de sociedad. No puede lograr la realización sistémica de la constelación de operaciones generadas. Parte de las operaciones quedan cristalizadas, sin lograr su retroalimentación. En consecuencia, tampoco logran la conexión sistémica con los otros campos de operaciones sistémicas del sistema de sociedad. Se puede interpretar este fenómeno como obstrucción en la reproducción del sistema de la sociedad. Esta obstrucción genera desorden, además de desconcierto, utilizando este término subjetivo, que vamos a explicar después, en su connotación sistémica. Genera desorden, pues quiebra la coherencia, si se quiere, la armonía del funcionamiento del sistema de sociedad. Paradójicamente la ideología jurídico-política, que legitima el orden del poder, genera, más bien, efectivamente, desorden en el sistema sociedad.

 

 

En resumidas cuentas, la ideología jurídico-política funciona triplemente como ideología; al pretender decir la verdad; al creer que legitima el poder; al suponer que preserva el orden. Solo lo hace imaginariamente, cuando efectivamente su presencia y su funcionamiento generan, mas bien, desorden en el sistema de la sociedad. En lo que viene intentaremos proponer una interpretación, desde la perspectiva de la complejidad, sobre este fenómeno de obstrucción de la ideología jurídico-política y de la institucionalidad que la sustenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-sistema jurídico-político

 

 

1.   El a-sistema jurídico-político se distingue de otros campos sociales, demarcando sus límites, mediante operaciones de clausura, que acuden a la distribución de tareas institucionales. Los campos jurídico y político son considerados como espacios autonomizados en la modernidad. En consecuencia, el campo compuesto jurídico-político se caracteriza, usando la terminología de Pierre Bourdieu, por la distribución jerárquica y centralizada del capital jurídico y del  capital político. Las operaciones de clausura de este a-sistema jurídico-político  se definen en la autorreferencia de esta composición estructural e institucional; definiciones logradas en la norma, así como en la representación y delegación.

 

2.   En el a-sistema jurídico-político las normas son operaciones de distinción dentro del sistema sociedad, que atingen a la distribución operativa de los distintos subsistemas componentes, que corresponden a los campos sociales. Operaciones de comunicación, que construyen sentido y buscan su compartir; a la vez, valorativas, que buscan ponderar conductas y comportamientos; así como regulativas, que obligan al cumplimiento de las normas. En el caso de la condición política del a-sistema jurídico-político, las operaciones de clausura buscan la legitimación; a la vez la reproducción del funcionamiento agitado y contingente del a-sistema jurídico-político.

 

 

3.   Las normas y las políticas – para ilustrar resumidamente – son operaciones sistémicas, que, como tales, se basan en la auto-descripción del sistema de la sociedad; en las operaciones de distinción del sistema de sociedad, que tiene en cuenta la paradoja de autorreferencia/heterorreferencia; en las operaciones de comunicación, que construyen constantemente el sentido compartido socialmente. Sin embargo, al interrumpir esta operatividad, como a mitad del camino, para decirlo de ese modo figurativo, no continúan la realización operativa, no logran el reciclaje y la continuidad del sistema como sistema, sino lo cristalizan en un momento transversal, con la pretensión de hacerlo eterno. No permiten el aprendizaje de todo sistema, su avance a la comprensión de la complejidad, su misma complejización, evitando  las transformaciones necesarias; en sentido sistémico, su evolución.

 

4.   En consecuencia, estas operaciones de clausura, de distinción, de comunicación, de aprendizaje y de evolución, quedan interrumpidas institucionalmente por voluntad y acción del Estado. Lo que podría ser sistema jurídico-político, en coordinación con los otros sistemas, en el contexto del sistema de sociedad y en el contexto mayor, que comprende al entorno del sistema de sociedad, experimentando su propio devenir, aprendiendo y transformándose, termina coagulado en una estructura institucional aterida a un momento pasado, que trata de convertirlo en eterno.

 

 

5.   El sistema de sociedad queda afectado, por lo menos, para simplificar, a dos tendencias inherentes; la de su funcionamiento sistémico, que constantemente cambia, modificando y enriqueciendo sus dinámicas, mediante los flujos de operaciones sistémicas, que reconstituyen el sistema con la composición constantemente cambiante; aunque preservando la estabilidad, en la medida que se comparte el sentido, que se supone es el mismo. La otra tendencia es ésta, la de la interrupción del funcionamiento sistémico, que se estanca en medio camino de las operaciones, como encantadas por el fantasma de un logro; la distinción, la auto-identificación, la autorreferencia, la comunicación lograda, en un momento. Edificando, de esta manera, las mallas institucionales del Estado, enamorado de sí mismo, sobre todo, de la imagen dada en un tiempo pasado.

 

6.   La crisis del sistema de sociedad es estructural, institucional, política, social y, sobre todo sistémica. El sistema de sociedad no puede realizarse como tal, debido a que una parte de sus subsistemas se han convertido en a-sistemas, obstaculizando su desenvolvimiento, aprendizaje y evolución. Impidiendo la coordinación armónica del sistema de sociedad.

 

 

7.   La crisis sistémica se manifiesta en todo el funcionamiento del sistema de sociedad; en lo que nos compete ahora, en el a-sistema jurídico-político. Solo por determinación estatal se mantienen estas normas, estas leyes, estas constituciones, que corresponden a momentos pasados. Solo la violencia monopólica del Estado puede preservar su presencia institucional. Solo la obligación inducida a la fuerza puede obligar a considerarlas como imperativos, como deberes y requisitos. La presencia institucional del campo compuesto jurídico-político es, de hecho, la manifestación estructural de la crisis sistémica.

 

 

 

 

 

 

 

Complejidad sincrónica e integral, simultánea y dinámica

 

 

1.   El entorno del que habla la teoría de sistemas, una de las teorías de la complejidad, es la complejidad integral y sincrónica del multiverso, en sus distintas escalas.

 

2.   Al formar parte de esta integralidad compleja del tejido espacio-tiempo, participamos de sus dinámicas integradas y en constante sincronización, en sus distintas escalas.

 

 

3.   La perspectiva de la complejidad sincrónica e integral, se diferencia de la teoría de sistemas en que, primero, no preserva la herencia dualista, en la topología sistema/entorno. Segundo, la comprensión y enunciación no se efectúan desde la autorreferencia del sistema, sino desde la intuición del multiverso, por lo menos, del universo del que formamos parte. En términos del lenguaje de la teoría de sistemas, la comprensión y el entendimiento se efectúan desde la heterorreferencia del entorno; no desde la autorreferencia del sistema. Tercero, la vida no se reduce o resume al funcionamiento autopoiético, sino que es potencia creativa. Cuarto, porque  se considera la vida no solamente en el sentido biológico, sino en sentido amplio como existencia. La materia y energía es vida.

 

4.   Si bien se comparte con la teoría de sistemas que la sociedad forma parte de los sistemas de vida, y abandonamos, con todas las teorías de la complejidad, en la experiencia primeriza del pensamiento complejo, no solamente los esquematismo dualistas, sino, sobre todo, sus núcleos metafísicos de verdad, de esencias, de sustancias, de abstracciones generalizables y universalizables; la diferencia metodológica y epistemológica radica en que para nosotros la complejidad dinámica, integrada y simultánea, no es sistema.

 

 

5.   La complejidad integrada y sincrónica, simultánea y dinámica, para nosotros, es vida; manifestación de la potencia social. Estamos más cerca de las consecuencias epistemológicas de la teoría de las cuerdas y más lejos de la cosmovisión de la teoría de sistemas.

 

6.   En lo que respecta a las sociedades humanas, nosotros remarcamos el carácter y la condición de eco-sociedades; íntimamente ligados a los ciclos vitales de los ecosistemas y de las ecologías de la biodiversidad. No se trata, si se quiere, solo de un compromiso ético con la vida, en su diversidad, pluralidad y multiplicidad concomitantes, sino con la comprensión de que formamos parte de estas ecologías inseparables e indivisibles, que hacen a la vida en todas sus manifestaciones; entre ellas la manifestación de las sociedades humanas.

 

 

7.   Al hablar de eco-sociedades, nos sitúa en la responsabilidad ante la vida, en su complejidad dinámica; en consecuencia, no es posible pretender el conocimiento de la sociedad si circunscribimos la misma al concepto complejo de sistema de sociedad. Lo que la sociedad es, en su devenir, no puede comprenderse, sin la perspectiva ecológica, abarcando los ciclos vitales del planeta, sin la perspectiva vital de la creación del universo por la sinfonía de cuerdas.

 

8.   En lo que respecta a la crítica de la ideología jurídico-política, ha quedado claro que esta crítica, desde la perspectiva de la complejidad, no se la efectúa desde el discurso opuesto e interpelador del discurso jurídico-político, hablamos del discurso histórico-político, sino desde lo que podemos llamar la mirada móvil del más acá y más allá de la legitimación y la interpelación, más allá del amigo y enemigo.

 

 

9.   Desde esta perspectiva, la nuestra, el fenómeno a-sistémico del campo jurídico-político forma parte de las genealogías del poder, que se manifiestan en las síntesis histórico-políticas de las genealogías del Estado. A partir de un momento o momentos de las genealogías de las sociedades humanas, éstas, en su forma institucional, se han inclinado por preservar estas composiciones coaguladas, estas mallas institucionales, que hacen a las genealogías del poder. Apostando a la seguridad ilusoria que ofrecen concreciones transversales de un momento pasado, renunciando a las capacidades creativas de la potencia social. En este sentido, las operaciones jurídico-políticas se han circunscrito en la triste tarea de preservar la aparente vida del fantasma institucional, del fantasma del poder. Cuando esta apariencia no es más que la vida absorbida y capturada por parte de mallas institucionales del Estado, del poder.

 

10.       La Constitución, como dijimos en los anteriores ensayos, es una estructura de acuerdos, que se logra en una sociedad concreta, dada la correlación de fuerzas en un momento intenso. Aunque fuese todavía irradiación del desborde de la potencia social, la Constitución ya forma parte de la regresión de un proceso político-social-cultural desbordante, a los cauces institucionales establecidos. 

 

 

11.       La Constitución no es ninguna solución a la crisis múltiple del sistema de la sociedad; es apenas, en el mejor de los casos, una promesa jurídica-política, un ideal, que hay que alcanzar. Entonces, se comporta, efectivamente, como una utopía restringida, reformista, que coadyuva a la legitimación del círculo vicioso del poder.       

 

 

 



[1] Ponencia para presentarse en el VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional: El Constitucionalismo latinoamericano: Debates y desafíos. Universidad Libre. Bogotá-Colombia. Septiembre de 2016.

[8] Ver Defender la sociedad. Ob. Cit.

[12] Constitución de la República Federativa de Brasil: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html.

[13] Constitución política de Colombia de 1991: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/cp91.pdf.

[14] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html.

 

[15] Constitución de la República del Ecuador de 2008: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

 

[17]  Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf.

[18] Ver Episteme compleja. También Imaginación e imaginario radicales en Devenir y dinámicos moleculares. Así mismo Devenir fenomenología y devenir complejidad. Lo mismo respecto a Humanidades vulnerables y Oikos despojado.

 https://pradaraul.wordpress.com/2015/02/13/episteme-compleja/.

https://pradaraul.wordpress.com/2016/04/17/imaginacion-e-imaginario-radicales-en-devenir-y-dinamicas-moleculares/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/devenir-fenomenologia-y-devenir-complejidad/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/humanidades-vulnerables-y-oikos-despojado/.

[19] Niklas Luhmann: La sociedad de la sociedad. Editorial Herder; México 2007. Pág.  16. https://www.uniceub.br/media/180352/LaSociedadDeLaSociedad.pdf.

[20] Ibídem. Pág. 27.

[21] Ibídem. Pág. 28. 

[22] Ibídem. Pág. 32.

[23] Ibídem. Pág. 34.

[25] Ibídem. Pág. 41. 

[26] Ibídem. Págs. 44-45.

[27] Ibídem. Pág. 48.

[28] Ibídem. Pág. 49.

[29] Ibídem. Pág. 52.

 

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Pluriversidad Libre Oikologías

Proyecto emancipatorio y libertario de autoformación y autopoiesis

 

 

Diplomado en Pensamiento complejo:

Contrapoder y episteme compleja

 


 

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Objetivo del programa:

Umbrales y limites de la episteme moderna, apertura al horizonte nómada de la episteme compleja.

 

Metodología:

Cursos virtuales, participación virtual en el debate, acceso a la biblioteca virtual, conexión virtual  colectiva. Control de lecturas a través de ensayos temáticos. Apoyo sistemático a la investigación monográfica. Presentación de un borrador a la finalización del curso. Corrección del borrador y presentación final; esta vez, mediante una exposición presencial.

 

Contenidos:

 

Modulo I

Perfiles de la episteme moderna

 

1.- Esquematismos dualistas

2.- Nacimientos de del esquematismo-dualista

3.- Del paradigma regigioso al paradigma cientifico 

4.- Esquematismo ideológico

 

Modulo II

Perfiles de la episteme compleja

 

1.- Teórias de sistemas

2.- Sistemas autopoieticos 

3.- Teorías nómadas

4.- Versiones de la teoria de la complejidad

 

Modulo III

Perspectivas e interpretaciones desde la complejidad

 

1.- Contra-poderes y contragenealogias 

2.- Composiciones complejas singulares

3.- Simultaneidad dinámica integral

4.- Acontecimiento complejo

 

Modulo IV

Singularidades eco-sociales 

 

1.- Devenir de mallas institucionales concretas

2.- Flujos sociales y espesores institucionales

3.- Voluntad de nada y decadencia

4.- Subversión de la potencia social

 

 

Temporalidad: Cuatro meses.

Desde el Inicio del programa hasta la Finalización del programa.

Finalizaciones reiterativas: cada cuatro meses, a partir del nuevo inicio.

Defensa de la Monografía. Defensas intermitentes de Monografías: Una semana después de cada finalización.



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