Humanidades vulnerables y Oikos despojado

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Índice:

 

Prólogo                                                                          

La anti-economía del extractivismo                                      

El k’aqchiu, modo de producción extractivista colonial     

Crisis en el Estado rentista

y en la economía dependiente                                         

Humanidades expuestas                                                 

Oikologías                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo

 

Reintegrar a las sociedades humanas a sus ciclos vitales y reintegrar sus ciclos vitales a los ciclos vitales del Oikos de la biodiversidad, es la tarea primordial, hoy, de los pueblos del mundo. Hacerlo en los dos planos de intensidad, por así decirlo. En el de la fenomenología de la percepción; que deviene en conocimiento. Y en el de las prácticas efectivas; de las acciones, que establecen relaciones, no solamente entre humanos, sino con los seres del Oikos, hogar de la biodiversidad. Esta parece ser la responsabilidad que debemos asumir como humanidad.

 

 

Humanidades vulnerables y Oikos despojado, es, a la vez, la interpelación, no solo al sistema-mundo capitalista, no solo al sistema-mundo político, que es el sistema de la legitimación de la economía política del poder, ya mundializado. Así mismo, es la interpretación crítica, que busca armarse y desenvolverse, desde la perspectiva de la complejidad. Que lo logre o no, va a depender de la intuición subversiva, arraigada en la experiencia y memoria social; que actualiza su knowhow, en el despliegue de nuevas interpretaciones. Que, para el pensamiento complejo, no son, de ninguna manera, nuevos paradigmas o nuevas teorías, más complejas, sino nuevos instrumentos, que se usan para mejorar la incidencia de las sociedades humanas, de los pueblos, en los contextos histórico-políticos-sociales-culturales donde vive. Esto de instrumentos, va en el sentido que Friedrich Nietzsche definió: los conceptos sirven para la sobrevivencia; no hay un gramo de esencia en ellos.

 

Siguiendo a Nietzsche, nosotros decimos: que el pensamiento forma parte de las dinámicas vitales del cuerpo; que la razón efectiva, lógica, matemática, epistemológica, está integrada al cuerpo; que forma parte de la fenomenología de la percepción. En este sentido, el pensamiento complejo es una actividad iluminativa, integrada a las actividades creativas de los pueblos y sociedades humanas. Pretender una “teoría de la complejidad”, un “paradigma de la complejidad”, es como arrastrar al pensamiento complejo a los horizontes epistemológicos restrictivos de la modernidad. Circunscribirlo en los compases binarios de los esquematismos dualistas, componentes y configurantes, de esa economía política de la filosofía. Bifurcación filial, que separa verdad de realidad efectiva; valorizando la verdad abstracta, la esencia metafísica, y desvalorizando la realidad efectiva, que es la vida. Sorprende, pues, que algunos, que se reclaman del pensamiento complejo, del paradigma de la complejidad, imiten las poses de los teóricos del pensamiento moderno.

 

No es lo importante este debate. Caer en él, es  como repetir las pugnas de las “ideologías” pretensiosas de la modernidad; sobre todo, de aquellas que se consideraban “vanguardias” o de avanzada.  El tema no es quién o qué corriente es “más compleja” que otra, cuál es “más consecuente” con tal o con cual. Si fuese ese el dilema del pensamiento complejo, ya estaría muerto. No sería sino un hijo endémico del pensamiento presuntuoso de la modernidad. El pensamiento complejo no puede parecerse a esas competencias de gallos o a esos escenarios ceremoniales donde se busca fama o prestigio institucional; que no es otra cosa que el reconocimiento hegeliano de la consciencia desdichada. El pensamiento complejo es simplemente la complejidad dinámica, sinónimo de realidad efectiva, asumida como percepción social e individual, vivida corporalmente, devenida conocimiento individual y social; no como verdad, sino como parte de las actividades creativas de la potencia social.

 

El pensamiento complejo, es, por así decirlo, un complejo de facultades, que se componen y combinan, para hacer inteligible la experiencia de la humanidad en los mundos que transita, que construye, consolida, de-construye y vuelve a inventar. Inteligibilidad, que forma parte de la proyección activa de las sociedades y pueblos. El pensamiento forma parte de la composición compleja de la vida; sirve a la vida, para seguir creando.

 

Este texto plantea estos tópicos; es ciertamente polémico. Y, por eso mismo, trata de responder participativamente, en estos recorridos, voluntariosos, para contribuir a abrir senderos hacia el pensamiento complejo; que ya tiene su arqueología de los saberes de la complejidad; empero, recién comienza a armar el rompecabezas.  

 

El paquete escrito comienza con La anti-economía del extractivismo; le sigue El k’aqchiu, modo de producción extractivista colonial; después viene Crisis en el Estado rentista y en la economía dependiente; le sigue Humanidades expuestas; y culmina con Oikologías. Como se puede ver, el libro reflexiona sobre la problemática que plantea el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; sin perder de vista, no solo el contexto histórico-económico-político-cultural el sistema-mundo capitalista, en su actualidad; que es la de la dominancia del capitalismo financiero. Capitalismo de las burbujas financieras o de los hongos de la economía política del chantaje, que convierten al sistema-mundo capitalista en un capitalismo especulativo. Sino comprendiendo que este sistema-mundo, a pesar de sus pretensiones y su etnocentrismo, no es más que una composición temporal y provisional, por más que parezca al humano un ciclo largo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anti-economía del extractivismo

 

 

 

 

Si entendemos la economía como sistema de producción, distribución y consumo; sistema que es capaz de establecer sus operaciones de clausuras, al mismo tiempo que sus operaciones de comienzos, que es capaz de constituir sus operaciones de clausura, definiéndose como sistema en relación al entorno o los entornos.  Operaciones de clausura que establecen relaciones del sistema con el entorno, también relaciones internas dentro de la composición del mismo sistema. Relaciones que hacen al sistema, que conforma sus estructuras, sus subsistemas, logrando no solo su cohesión interna, sino también su evolución, por así decirlo, usando el lenguaje de la teoría de sistemas. Por lo tanto, se trata de un sistema capaz de equilibrio y crecimiento, capaz de reducir la complejidad, creando más complejidad interna, es decir, organización. Si nos ponemos de acuerdo, que se puede definir así la economía, desde la perspectiva sistémica, entonces vemos que las economías llamadas extractivistas o, si se quiere, primario exportadoras, usando el lenguaje de los economistas, no son, en realidad, propiamente economías o sistemas económicos, sino todo lo contrario, se comportan como anti-economías.

 

Estas llamadas economías extractivistas, que basan su economía en la explotación extractivista, que funcionan en la inmensa periferia del sistema-mundo capitalista, no son, propiamente economías, sino anti-economías, pues destruyen, desde el inicio, las posibilidades de sus operaciones de clausura; no forman un sistema respecto de su entorno. Quedan abiertas, entregadas a la invasión descomedida del entorno. Aunque se dan relaciones con el entorno, no se trata de las relaciones de un sistema con el entorno, sino de un a-sistema, abierto, ahuecado, vulnerable, destruido, desde un principio, con un entorno invasivo. Por lo tanto, tampoco se logra organizar, conformar sus estructuras de cohesión; al contrario, al mantenerse abierto, mantiene su dispersión fragmentaria, como en permanente diseminación. Entonces, no se produce, sino que se explota, no se crea sino que se extrae; no puede distribuir, pues no produce; entonces importa productos, bienes, mercancías para abastecerse. Llega al consumo, pero no por propia iniciativa, por la producción propia y la organización propia de su distribución, sino por la organización ajena del mercado internacional. Estamos ante la configuración de una rotura permanente, de un quiebre constante, de una desorganización persistente. Entonces, en sentido pleno, no hay condiciones de posibilidad de reproducción, tampoco de crecimiento, menos de evolución; lo que los economistas llaman desarrollo, reduciendo la evolución sistémica a una linealidad cuantitativa, que por acumulación da saltos cualitativos.

 

Entonces estamos ante la presencia de anti-economías distribuidas en la inmensa geografía de las periferias, que, sin embargo, son funcionales a la economía-mundo. Para ilustrar lo que queremos decir sería bueno pintar un cuadro extremo, de película, como quien dice. El cuadro podría ser el siguiente:

 

Se instalan campamentos en tierras ignotas para los que arriban a explotar estas tierras. Como todo campamento, se instala con toda la provisionalidad del caso; proyectando que dura lo que tiene que durar, hasta que se agoten los yacimientos, o hasta que cambie la estructura del mercado de materias primas. Al irse los campamentos, cuando se agotan los yacimientos o cuando no tienen un valor apreciable en el mercado, dejan cementerios mineros, cementerios extractivistas. La huella ahuecada, inscrita en el territorio, como herida, como recuerdo de otros tiempos, que, extrañamente, los nativos, los del lugar, recuerdan como de la época de bonanza. A pesar de la provisionalidad, en los campamentos, alrededor de los campamentos, se generan actividades comerciales; se dan lugar asentamientos. La población crece. Se instala el Estado, sus administraciones, también escuelas. La provisionalidad deja de aparecer provisional, adquiriendo otro cariz, el de una urbe con pretensiones de permanencia, de crecimiento, de evolución. Entonces, el campamento mismo es afectado; quizás, de los primeros afectados, de tomar consciencia de los cambios, sean los trabajadores del campamento. Para los pobladores, que no son familiares de los trabajadores, ese campamento, que es el referente, la razón de la flamante urbe, en desarrollo, también el lugar adquiere sentido; tiene que ver con el sentido de sus vidas.

 

Quizás algunos de los técnicos, de los ingenieros, adquieran cariño al lugar; entonces también dejan de mirarlo como campamento provisional; tiene otro sentido. Estas transformaciones llegan a un punto o momento de inflexión, cuando, por la sumatoria e integración de historias parecidas en el país, emerge como otra propuesta, propia, distinta, a esta anti-economía extractivista. Se pretende entonces generar una economía propiamente dicha; para esto tienen que hacerse cargo de sus yacimientos, volverse propietarios. Entonces se dan los primeros pasos de constitución de un sistema económico nacional.

 

A propósito, es importante recordar que para nosotros el plano de intensidad económico es uno de los planos de intensidad que atraviesan las poblaciones o que son atravesados y conformados por las poblaciones. El mismo plano de intensidad económico no se explica por sí mismo, requiere, para existir, para desplegarse, para desenvolverse, de la articulación e imbricación con otros planos de intensidad social. Por lo tanto, el que se considere tierras ignotas, es una perspectiva colonial, en este caso, de la economía-mundo. Lo mismo pasa cuando se observa este asentamiento de explotación como campamento provisional; no deja de ser una mirada colonial.  Mirada que observa solo un recorte de realidad, un recorte adecuado a los fines de la explotación, de la extracción; empero, recorte que no da cuenta de la complejidad de la realidad efectiva en cuestión. Para los nativos, para las poblaciones que se arriman al campamento, para los trabajadores, para sus familias, obviamente no es un campamento, sino el referente primordial de la organización de sus vidas. La mirada local es más profunda, más real, más adecuada, pues está más próxima a la complejidad de los tejidos de los planos y espesores de intensidad imbricados. El saber técnico de la empresa de explotación no llega a ser un saber del lugar, tan solo es un saber operativo de aplicación técnica del emprendimiento empresarial. Desconoce el lugar; no llega a tener una comunicación,  una hermenéutica con los saberes locales, con sus historias singulares. Este desconocimiento hace ajena al lugar  a este dispositivo empresarial.

 

Las contradicciones y hasta antagonismos no tardan en llegar, entre las poblaciones lugareñas y este dispositivo técnico de la economía-mundo.  Sorprende, al respecto, el discurso de algunos lugareños, entre políticos e “intelectuales”, que interpreten estas contradicciones tan solo como “ideológicas”, como si solo se enfrentarán concepciones económicas, concepciones políticas, concepciones “ideológicas”. Tampoco pueden mirar el entramado de relaciones que se entrelazan y dan lugar al acontecimiento histórico-social-político-cultural singular del lugar. Miran también desde la perspectiva que les ofrece la economía-mundo, sin ser, sin embargo, parte indispensable de ella. Sólo son los oficiosos legitimadores del poder de la economía-mundo, poder que impide constituir un sistema económico nacional, en el verdadero sentido de la palabra. Quizás también sea solo un debate “ideológico” para la llamada “izquierda” local, también para el discurso nacionalista revolucionario. Entonces, en este reconocimiento, se entienden “ideólogos” de “derecha” e “ideólogos” de “izquierda”; ambos creen que solo se trata de una lucha de clases en el espacio “ideológico”. Visto, por así decirlo, desde la perspectiva de la complejidad, las “ideologías” solamente son expresiones del entramado efectivo de las fuerzas sociales, que conforman composiciones, asociaciones, estructuras, instituciones, que hacen a la singularidad del acontecimiento local. Visto, entonces, desde la perspectiva de la complejidad, estamos ante el desborde vital de la alterabilidad y creatividad social.

 

Volviendo al tema de la anti-economía, resulta que el proyecto económico, propiamente dicho, nace con las nacionalizaciones. Lo otro, lo que dice el discurso conservador, lo que dice el discurso liberal y lo que dice el discurso neo-liberal, no es más que la repetición local de la versión y la perspectiva de la economía-mundo, que convierte a sus países en campamentos provisionales, en a-sistemas económicos. Estos “ideólogos” conservadores, liberales y neoliberales, creen que la realidad se reduce al campo jurídico y, quizás, al campo político, privilegiando, en el mejor de los casos, la interpretación de estos campos desde el campo económico. En otras palabras, creen que de lo que se trata es hacer caso a la ley, obedecer la ley, respetar la institucionalidad. Para ellos existe la estructura jurídica, lo demás es apenas el comportamiento que debe adecuarse a la ley. No hay otros planos de intensidad,  mucho menos hay espesores de intensidad, los cuerpos. Como toda “ideología” disputa la validez de su verdad. Puede verse que esta verdad jurídica es elemental, circunscrita a la norma. Se encuentran lejos de elaborar, por lo menos, una verdad más extensa y un poco más compleja. Esta es la ventaja de sus contrincantes, los marxistas, que, de todas maneras, a pesar de haber caído en la “ideología”, que era, mas bien, objeto de crítica, configuran su verdad de una manera más densa, al tomar en cuenta lo que llaman la lucha de clases.

 

Sin embargo, la complejidad, sinónimo de realidad, devela que la problemática va más lejos que la interpretación de la lucha de clases. Para decirlo, en principio, de una manera resumida, se trata de la vida, de los ciclos de la vida, de la potencia de la vida, de las capacidades de convivir, coexistir, adecuarse, adaptarse, transformar territorialidades. No hay nada más importante que la vida, nada más valioso que la vida, nada más indispensable que la vida. Pretender que la economía, reducida al equilibrio macroeconómico, es más importante que la vida, es una muestra clara del desajuste estructural, respecto a la realidad, de estas formas de pensar.

 

Es asombrosa la discusión sobre la crisis europea, particularmente la crisis griega. Economistas renombrados, incluso con aprecio a la situación griega, cuando hacen observaciones al comportamiento de la troika, plantean que de lo que se trataba era ser más pacientes, más propositivos, más comprensivos, dar más oportunidad a la economía griega a recomponerse. Para ellos, con buenas intenciones, se trata de otro tratamiento de las variables macroeconómicas. Si contrastamos estos discursos con los defensores de los argumentos de la troika, que se explican la situación griega, por corrupción, mala administración, endeudamiento excesivo, no haber cuidado el equilibrio macroeconómico, por ser malos pagadores de la deuda contraída, vemos que los primeros, los simpáticos, en todo caso, tienen una mejor consideración del problema; sin embargo, no dejan de ver el problema desde las rejillas de la misma abstracción, la macroeconomía, que no es un dispositivo teórico de explicación, sino un instrumento operador y orientador. Les cuesta a ambos ver la vida, la complejidad de la vida, los flujos y procesos vitales; les cuesta ver los cuerpos vivos.  Por lo tanto, están años luz de comprender el problema, en su complejidad y profundidad.

 

Frente a este extravío teórico e instrumental, es menester e indispensable,  salir de la alucinación de la racionalidad instrumental; volver a los cuerpos, a las percepciones del cuerpo, a la racionalidad integrada a la percepción. Volver a la experiencia y a la memoria social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El extractivismo populista

 

¿Se puede salir del extractivismo, de la anti-economía? Esta es la pregunta. Sin embargo, ya la pregunta misma parte de la duda, considerando el extractivismo como una realidad ineludible, incluso, trágicamente, como una condena. Como dijimos en otros escritos, no hay dominación que se imponga sin colaboradores, que no sea aceptada. Si no se quiere la dominación, se lucha irrenunciablemente. De la misma manera, si no se quiere el extractivismo no se lo acepta, no se lo efectúa.  La contradicción de los nacionalistas heroicos del siglo pasado es que después de las nacionalizaciones continuaron la ruta del extractivismo heredado. Manteniendo entonces la continuidad de las relaciones de dependencia, solo que mejorando los términos de intercambio. La contradicción de los populismos del siglo XXI – que no tienen nada de heroico, son una repetición tardía de los actos de los nacionalistas heroicos, como repetición entonces se trata de una comedia – es que no solamente continúan la ruta de la dependencia extractivista, sino que incluso la justifican.  Se han escuchado argumentos como ¿de dónde vamos a sacar dinero para la salud y la educación si no es de la venta de los recursos naturales? Esta es la mejor manera de acabar con la posibilidad de transformar las condiciones de salud lamentables de la mayoría de la población, de acabar con la posibilidad de transformar las condiciones elementales y paupérrimas de la educación de la mayoría de la población. Al reforzar la cadena de la dependencia, alargando la ruta extractivista de la anti-economía se desarma la posibilidad de constituir un sistema-económico.

 

El extractivismo populista, a diferencia del nacionalismo heroico, asume la condena del extractivismo, lo justifica, lo legitima con nacionalizaciones a medias o comedias de nacionalizaciones, haciéndose “socio” de las empresas trasnacionales extractivistas, monopólicas, y destructoras del planeta.

 

 

 

El k’aqchiu, modo de producción extractivista colonial

 

 

 

Mural de Miguel Alandia Pantoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice:

 

La tormenta minera                                

Estructura del conflicto minero               

El mundo del K'aqchiu                            

Confines proletarios                                       

La ley como huella del gobierno

e inscripción del Estado                          

Despojamiento y desposesión

extractivista imperial                             

 

 

 

 

 

 

Manuel L. Acosta

 

En memoria de Cesar Lora, Isaac Camacho y Federico Escobar, dirigentes del proletariado minero, mártires en la lucha emancipadora de los trabajadores, en la lucha liberadora de los pueblos.

 

 

 

 

 

La tormenta minera

 

La Ley Minera aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha ocasionado desgarramientos en los sectores afines al gobierno. Los cooperativistas mineros se movilizaron, salieron a los caminos y bloquearon, en desacuerdo al texto aprobado; el mismo que habría revisado el 25% de los artículos consensuados entre mineros sindicalizados, mineros cooperativistas y ejecutivo. Según el gobierno, a través de su ministro del ramo, dice que se lo ha hecho para no vulnerar la Constitución, pues algunos artículos consensuados abrían las compuertas a las empresas trasnacionales. Por otra parte, se dice que no se puede eludir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los contratos y concesiones a las empresas cooperativas. Los cooperativistas mineros exigen que sea el gabinete y no la Asamblea Legislativa el que apruebe los contratos. Este pedido no sólo vulnera la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano, también, claro está, por los cooperativistas mineros, sino que viola todo constitucionalismo y toda Constitución posible. Este es un golpe al Estado-nación; no sólo al gobierno, al excluir a uno de sus órganos de poder.

Empero, la discusión no termina ahí. Los voceros oficialistas alegan que lo hacen defendiendo la Constitución. ¿Dónde la defienden? La Constitución establece que los recursos naturales no son mercantilizables y están destinados al vivir bien. La Constitución prohíbe la exportación de materias primas. El modelo de economía social y comunitaria, definida en el contexto de la economía plural, propone un paradigma económico y ecológico, el camino hacia la soberanía alimentaria, el fortalecimiento del mercado interno, no del mercado externo, la industrialización de las materias primas, con el objeto de satisfacer los requerimientos del mercado interno. Con la Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, incluyendo o excluyendo las revisiones, vulnera la normativa establecida por la Constitución. Gobierno, MAS, mineros sindicalizados, mineros cooperativistas, han optado por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contraviniendo las definiciones y determinaciones constitucionales. Se olvidan todos que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado.  Nadie le preguntó al pueblo boliviano sobre la Ley Minera, nadie le preguntó sobre las políticas mineras. Como todos los gobiernos anteriores, sencillamente ignoraron al pueblo boliviano.

La Constitución es clara al respecto, exige la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. Para el gobierno y estos gremios la Constitución está bien para la propaganda, pero, en absoluto para cumplirla.

¿Cómo se ha llegado a este desbocado in-constitucionalismo? El problema de fondo es que el gobierno se cree propietario de los recursos de los bolivianos, así mismo el sindicalismo minero, también el cooperativismo minero. Ellos, pocos, están decidiendo el destino de los recursos naturales de los bolivianos, por lo tanto, indirectamente, el destino de los bolivianos. Algo inaudito a la luz del texto constitucional. ¿Cómo se explica que ocurra esto? El gobierno progresista ha heredado las estructuras del poder del Estado-nación, estructuras de poder instituidas para despojar a la tierra de sus recursos en beneficio de la vorágine capitalista, para expoliar al pueblo boliviano, para explotar al proletariado minero, mayoritariamente nómada. Estructuras de poder para acallar al pueblo, para no consultarle nada. Estructuras de poder de la colonialidad imperial.

Bajo estas condiciones históricas impuestas, ¿Cómo pueden sostener los voceros del gobierno y del legislativo que defienden la Constitución? ¿Suponen que basta el discurso, decir que se apoyan en la Constitución para hacer lo que hacen, para que eso “acontezca”, aunque sea imaginariamente? ¿Alguna vez comprendieron el contenido de la Constitución, su estructura descolonizadora, sus horizontes conceptuales, el alcance de las condicionantes pluralistas, comunitarias, interculturales, autonómicas?  Tal parece que no les preocupa todo esto. Lo que importa es defender sus intereses gremiales; no importa si atentan contra el horizonte abierto por la Constitución.

La situación escabrosa se explica porque no se dieron las transformaciones institucionales y estructurales, en tanto condiciones de posibilidad histórica para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se preservó el Estado-nación, barnizado con el simbolismo folklórico de nombres y ceremonias, que pretenden sustituir, en la parafernalia, la materialidad social histórica de la transición plurinacional, comunitaria, intercultural y autonómica. Esta es la explicación de la coyuntura dramática donde el gobierno, el sindicalismo y el cooperativismo se disputan migajas, dejando que las empresas trasnacionales se lleven la torta. Esto no es otra cosa que sumisión a la hegemonía y dominación del capitalismo mundial. De esta constatación histórica no los salva su demagogia “antiimperialista”.

¿Cómo inclinarse a elaborar una Ley Minera aislada, independiente de la matriz normativa de la Constitución? ¿Cómo llegar al extremo de elaborar una ley extractivista vulnerando los contenidos fundamentales de la Constitución? ¿Por qué mantuvieron la mirada fragmentaria del país, la misma mirada de las élites y oligarquías que gobernaron el país? ¿Por qué no pueden tener una mirada integral de las políticas y de las transiciones hacia las emancipaciones, descolonizaciones y liberaciones? Hay una razón fuerte, histórica también; simplemente ocuparon el lugar del otro. No destruyeron las estructuras de dominación, no destruyeron los diagramas coloniales. Entonces hacen lo mismo que el otro; el anterior amo.

Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados.  Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.

 

Es muy grave lo que establece dicha Ley Minera. En el artículo 17. (Función Económica Social), la Ley dice:

 

La Función Económica Social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.

 

La función económica y social se ha reducido a la labor extractivista. ¿Cómo puede ser esta una función económica y social? Esa parte de los bolivianos, los trabajadores mineros, están condenados de por vida, de generación en generación, a ser trabajadores extractivistas, en beneficio, al final de cuentas, del gran capital internacional. El resto de los bolivianos, la gran mayoría, está condenado a ver cómo se llevan sus riquezas, contentándose que lleguen a las arcas del Estado regalías, impuestos y tributos mineros, que son miserables en comparación con el plus-producto y la plusvalía que se llevan las empresas extractivistas trasnacionales. ¿A eso se llama función económica y social? Pare de contar lo que pasa con las empresas cooperativas mineras, donde, en la práctica, efectivamente, no nominalmente, unos son propietarios, son la burguesía cooperativa, y la gran mayoría de los trabajadores son explotados salvajemente, sin seguro, sin derechos, sin posibilidad de sindicalizarse.

 

En el artículo 19. (Participación de las naciones y pueblos indígena, originario campesino), la ley dice:

 

Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regulatorio minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.

 

Este artículo es descarnadamente colonial; desconoce de plano los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. Desconoce el artículo 2 de la Constitución, donde se establece la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, su derecho a la libre determinación, al autogobierno, a la autonomía,  a territorio propio, a la gestión propia del territorio, a sus instituciones propias, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. Este artículo 19 de la Ley Minera se traga a las comunidades, subsumiéndolas a la vorágine extractivista. Más colonial no podía ser. De aditamento, desconoce la Consulta con Consentimiento, Libre, previa e Informada, establecida por la Constitución, ratificando los convenios internacionales. El ministro del ramo ha tenido el desparpajo de decir que este artículo garantiza los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde? Cuando lo que se hace es desconocer sus territorios. Estamos pues ante una nueva versión de la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad económica, expresadas destructivamente en el vaciamiento extractivista.

 

En lo que respecta a las empresas cooperativas mineras, está claro que el  artículo 34 (Cooperativas mineras), es un saludo a la bandera. El artículo dice:

 

Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.

 

Las empresas cooperativas no son ni autogestionarias, tampoco siguen ese propósito de la ley, sin fines de lucro. Todo lo contrario. La autogestión es un principio, además de una dinámica de autodeterminación. En la matriz de la autogestión se encuentra lo común y la comunidad. Las concesiones a las cooperativas han dado forma a posesiones privadas, a arrendamiento y a explotaciones salvajes, aludiendo al capitalismo salvaje. Como dijimos antes, nadie defiende los derechos de los trabajadores cooperativistas, explotados por supuestos administradores, cuando, en realidad fungen de propietarios.

 

Hay artículos que expresan patentemente el régimen de propiedad heredado del Estado colonial. No ha cambiado nada, a pesar de la Constitución. Es cierto que la octava disposición transitoria de la Constitución dice lo siguiente:

 

I.                    En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.

 

II.                 En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.

 

III.               Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.

 

IV.               El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social.

 

V.                 Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.

 

 

En contraste, el artículo 94 de la Ley Minera (Derechos adquiridos y pre constituidos), dice:

 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.

 

II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre-constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.

 

III. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con las salvedades previstas en la presente Ley.

 

¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria de la Constitución se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 de la Ley Minera se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.

 

El numeral IV de las disposiciones transitorias de la Constitución establece que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. El numeral II del artículo 94 de la Ley Minera dice: El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. Esto, de cualquiera de las modalidades vigentes, impide revisar las modalidades no cooperativistas practicadas a nombre del cooperativismo. Como se puede ver, estamos ante una ley que suelda el mismo régimen extractivista heredado del neoliberalismo.

 

Por si fuera poco, se refrenda la consolidación del régimen extractivista depredador con disposiciones legales represivas y de criminalización de la protesta. El artículo 99. (Derecho de seguridad y protección jurídica), dice:

 

I.            El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.

 

II.          Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes.

 

Estas disposiciones legales son dispositivos represivos de cualquier régimen burgués. ¿De qué socialismo comunitario hablan los oficialistas?  No solamente se trata de retórica, sino de una suplantación grotesca; el “socialismo” ha desaparecido para ser sustituido por distintas formas de propiedad privada, que recorren la historia del avasallamiento privado de lo común, la explotación y el despojamiento privado de los común; ahora, como con sorna dolorosa, se lo hace a nombre del “socialismo comunitario”.

 

Se refuerza lo anterior con el artículo 100, donde se dice:

 

III.       Las personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias, caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.

 

Lo más grave se encuentra en el tratamiento que da la ley al uso del agua; la Ley Minera prácticamente privatiza el uso del agua. En el Capítulo Quinto, Recursos hídricos, el artículo 373, la Constitución establece:

 

I.                    El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

 

II.                 Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

 

En cambio La Ley Minera, contraviniendo estas disposiciones constitucionales, define el siguiente régimen de privatización del agua:

 

Artículo 111. (Derecho de uso de aguas de dominio público y privado).- I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las normas medio ambientales aplicables.

 

En el inciso a), dice:

 

Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: i) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex concesiones mineras de aguas - continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el mismo contrato.

 

III.               Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa establecida en el presente artículo, salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio ambientales aplicables.

 

IV.               En ningún caso corresponde el derecho de uso de aguas ni la autorización administrativa cuando se interrumpa o perjudique la provisión regular de agua potable para la población. Si se afectaren actividades agrícolas en explotación, el acuerdo previo con los afectados es requisito indispensable.

 

V.                 En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.

 

 

VI.               Toda actividad minera integrada o aislada deberá ejecutar en sus trabajos la correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos cumpliendo con las normas ambientales vigentes.

 

VII.            En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos de agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso[1].

 

Como se puede ver, desaparecen los derechos colectivos, los derechos comunitarios, los derechos de la madre tierra, los derechos de las poblaciones y pueblos. Estos dispositivos normativos están hechos para garantizar el funcionamiento de la minería extractivista, usando el agua común, dejando de lado los derechos colectivos, comunitarios, sociales y de la madre tierra, constitucionalizados. Con un lenguaje de pretendida dádiva dice que se debe llegar a un acuerdo previo. ¿Entre quienes? ¿Entre depredadores y comunarios? ¿Acaso están en las mismas condiciones éticas y morales para hacerlo? La Constitución defiende la vida, se propone armonizar los ciclos vitales del planeta con los ciclos vitales de las sociedades humanas, contenidos en aquéllos. En la Constitución no tienen jurisdicción los depredadores. Estamos ante una Ley que no sólo vulnera la Constitución sino hace sorna de la víctima, los pueblos, las poblaciones, las comunidades, el pueblo boliviano.

 

Por si fuera poco, el Artículo 112. (Variación de cursos de agua), dice:

 

I.            En caso de que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar cursos de agua, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente, acompañando un estudio justificativo, incluyendo su propuesta de modificación a la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental competente.

 

Desviar el curso del agua, que es un delito constitucional, termina reducido a un procedimiento administrativo. Esta es la Ley que el gobierno, la Asamblea Legislativa, los voceros oficiales llaman constitucional. Más estrambótico espectáculo no podía darse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del conflicto minero

 

Hay que tener miradas en plural sobre el conflicto minero; no sólo detenerse en la coyuntura, en el conflicto desatado entre cooperativistas mineros y gobierno, sino también tener una mirada histórica, llamaremos una mirada larga, además de otras miradas, que podríamos llamar medianas, que retoman periodos, quizás ciclos; por ejemplo los ciclos de las nacionalizaciones. También es importante tener una mirada no sólo local, no solo nacional, no sólo regional, sino mundial. No hay un espacio en el mundo que no esté compenetrado por lo que pasa en el mundo. Los espacios están entrelazados y hasta yuxtapuestos. Particularmente en lo que respecta a la minería es indispensable ubicar sus conflictos en los contextos mundiales, en los contextos de los mercados de materias primas, en los contextos del mercado internacional. Estas miradas múltiples pueden ayudar a integrar las perspectivas, las visiones, los enfoques, tratando de armar una comprensión articulada de tiempos, de espacios, de lugares, de rubros, de procesos, una comprensión de la complejidad minera.

Partamos de lo siguiente: Desde la Colonia nuestros territorios, los territorios de Abya Yala, han sido incorporados al mercado internacional, al sistema-mundo capitalista, a la economía-mundo capitalista. Son las fuerzas de este mercado, de este sistema, de esta economía, las que han codificado a los seres de nuestras tierras como recursos naturales, como materias primas, como objetos, minerales, de extracción. Son estas fuerzas las que han dado lugar a procesos de proletarización de la población, convirtiendo a parte de ella en trabajadores; en el caso que nos ocupa, en trabajadores mineros. Es el capitalismo que invistió a los hombres del Altiplano y de los valles en obreros mineros, a las mujeres en palliris. Es este capitalismo el que convirtió al país en un país minero. En este sentido somos un invento del capitalismo, un producto del sistema-mundo capitalista, en los ciclos largos correspondientes de acumulación de capital.

Las luchas sociales de los trabajadores mineros nacen también, como contraste, con la llegada de este capitalismo. Los obreros mineros plantean reivindicaciones económicas, derechos del trabajo, derechos sociales; los obreros mineros convierten estas luchas económicas, con la experiencia, en luchas políticas. Nacen organizaciones anarquistas, el anarcosindicalismo es la base de la historia del movimiento obrero en Bolivia. Después aparecen los partidos marxistas, que orientan la ideología proletaria hacia la interpretación histórica de la revolución permanente. En concurrencia con esta versión, la interpretación de la revolución por etapas compite en los congresos mineros. Sin embargo, a pesar de la influencia ideológica de los partidos marxistas, el proletariado boliviano nunca dejó de ser anarco-sindicalista. Refiriéndonos a los periodos de luchas del siglo XX. Las crisis de este perfil proletario se hacen sentir en dos momentos históricos, con todos sus dramatismos; con la derrota de la Asamblea Popular (1971), con la derrota de la marcha por la vida (1986). Esta última derrota ha sido destructiva de este perfil histórico del proletariado boliviano.  Después, los trabajadores sindicalizados, aglutinados en la COB, no lograran volver a recuperar este perfil, ni la incidencia histórica en el acontecer político. La COB de hoy, en el tercer quinquenio del siglo XXI, no es, de lejos, el poder dual que fue a lo largo de medio siglo. La COB de hoy está muy lejos de preocupaciones ideológicas y de formación de cuadros. Estamos ante una COB circunscrita a las luchas económicas y sectoriales, políticamente se encuentra sometida a los vaivenes de las relaciones concomitantes con el gobierno populista. Hablamos de una COB que representa a una minoría privilegiada del proletariado boliviano; la gran mayoría del proletariado, preponderantemente femenino, que tiene características nómadas, no está sindicalizado. A los dirigentes de la COB no les interesa sindicalizarlos, organizarlos y defender sus derechos, mancillados por explotaciones inhumanas del capitalismo salvaje implementado. Este “proletariado” sindicalizado, por lo menos, en tajada, forma parte de las clases privilegiadas, ganando buenos salarios, en contraste con la gran mayoría del proletariado, que no cuenta con salario seguro; cuando lo obtiene, aunque sea por tres meses, el salario es magro. Parte del proletariado nómada son los trabajadores de las cooperativas mineras; jóvenes incorporados a la extracción minera, en condiciones rudimentarias. Este proletariado nómada es súper-explotado por los  administradores de las cooperativas mineras, además de tenerlos bajo su control.

Una estimación ilustrativa de lo que acontece la dio el periódico La Protesta[2], donde calcula que se trata de 15 mil propietarios cooperativistas, que controlan y súper-explotan a 100 mil trabajadores cooperativistas mineros.  Si bien no podemos verificar estas cifras, por lo menos son orientadoras en lo que respecta a las estructuras del trabajo en las empresas cooperativas mineras. No nos interesa discutir las cifras, puede hacérselo más tarde con una investigación;  lo que importa es comprender que esos trabajadores cooperativistas forman parte del proletariado minero. Que no estén sindicalizados no es un requisito para que sean proletarios. No reconocer esta situación, llevaría a errores garrafales en el análisis. El problema de las fuentes de trabajo no se resuelve tomando territorios fiscales o territorios de las empresas mineras públicas; tampoco se resuelve defendiendo los territorios fiscales y los espacios de las empresas públicas. El problema de las fuentes de trabajo, que es configurado por el mercado y los precios de las materias primas, no va a ser resuelto por una política económica extractivista. Es como apostar a la vulnerabilidad constante, a la dependencia del mercado de las materias primas. Esta apuesta del gobierno, por el extractivismo, tiene corto alcance; es una apuesta a la dependencia y a la vulnerabilidad del trabajo. 

Al respecto, puede ser que en el gobierno haya dos tendencias, en relación a la minería; una, estatalista, que considera que la salida económica es el fortalecimiento y defensa de las empresas públicas; otra, que apuesta a la defensa de las cooperativas mineras, incluso, en algunos casos a su expansión, aunque sea a costa de la minería estatal. Fuera de estas tendencias en el gobierno, queda claro que los administradores de las cooperativas, que pueden aparecer, en variados casos como dirigentes, promueven la expansión y el desarrollo de las empresas cooperativas mineras. Es a estos dirigentes y administradores de las cooperativas a quienes les interesa el enfrentamiento; por eso lo atizan. Son ellos los más interesados en la aprobación de la Ley Minera extractivista. Esta Ley expresa los intereses de estos dueños de las cooperativas mineras. No la de los trabajadores mineros de las cooperativas. En la Ley, por ejemplo, no se menciona, para nada, los derechos de los trabajadores de las cooperativas. Son sencillamente esclavos[3].

El recurso de esta burguesía cooperativista minera es la movilización de sus afiliados, recurriendo a la cantidad, llegando a los bloqueos de caminos. Desde los enfrentamientos en Huanuni (2006), entre obreros y cooperativistas, hay una lista creciente de muertos. En estos conflictos, el proletariado minero enfrentado no defiende, efectivamente, los intereses de clase, usando el término marxista - sin ponerlo, ahora, en suspenso, por razones pedagógicas -, sino los intereses de otros. En un caso, el de los trabajadores mineros cooperativistas, los intereses de esta burguesía cooperativa; en el caso, de los trabajadores sindicalizados, los intereses de una burocracia estatal y de la burocracia sindical. Los acervos de clase, en el sentido de la formación discursiva hegeliano-marxista, se defienden contra el capital, también contra las burocracias. Los intereses de clase están ligados a la emancipación de clase y a la liberación de la dependencia respecto al sistema-mundo capitalista. En la perspectiva mayor, los intereses de clase están vinculados al desmontaje de la economía extractivista. Estos objetivos, de emancipación de clase, de liberación, de superación de la economía extractivista, no pueden lograrse con un proletariado desunido, mucho menos enfrentado.  

Una primera conclusión es pues, que, de ninguna manera se puede aceptar enfrentamientos entre hermanos de clase. Los trabajadores mineros sindicalizados y los trabajadores mineros de las cooperativas no tienen por qué estar enfrentados, cuando tienen enemigos comunes. El capital invertido en la minería, en todas sus formas, es la causa de las distintas formas de explotación del proletariado minero. El enfrentamiento histórico no es entre proletariado sindicalizado y proletariado no sindicalizado, cosa que se ha atizado en la última década.

 

Otro tópico del conflicto, mas bien, horizonte del conflicto,  es el desenlace de la lucha contra la dominación del capital. La finalidad de las luchas proletarias es abolir las relaciones capitalistas de producción. No mantenerlas, para seguir siendo explotado, cualquiera sea la modalidad. Cuando lo logren, liberarse de estas relaciones de explotación y dominación, el proletariado deja de ser automáticamente proletariado. La lucha contra lo que te ha creado como proletario es también una lucha por dejar de ser proletario. Como dice el discurso marxista, es abolir las clases sociales. Este proyecto histórico destruye la identidad que te ha instituido el capital, la identidad de proletario. No se acepta el nombre que te ha puesto el poder. Entonces el proyecto histórico de liberación no se realiza en una sociedad de obreros, una sociedad-fábrica, como ha confundido el socialismo real, sino una sociedad alterativa de seres libres, creativos, asociados, mancomunados, en constante devenir.  Esta es la perspectiva histórica que vincula a las luchas proletarias por el porvenir con la defensa de la madre tierra.

El conflicto entre obreros mineros sindicalizados y trabajadores mineros cooperativistas desgarra al proletariado en su contingencia coyuntural. En esta pelea es el proletariado el que pierde; en los posibles desenlaces hay tres escenarios hipotéticos: gana el Estado, gana la burguesía cooperativa, ambos empatan. En los tres hipotéticos desenlaces pierde el proletariado.  Después de la experiencia de las formas dadas de capitalismo de Estado en Bolivia, llámese reformismo o populismo nacionalista,  donde el proletariado ha jugado un papel importante, constitutivo, al impulsar las nacionalizaciones, se comprende que las nacionalizaciones forman parte de actos constitutivos soberanos, acciones históricas constitutivas de la formación de la clase que contiene a la nación, como decía René Zavaleta Mercado, refiriéndose al proletariado, particularmente a la centralidad minera. Sin embargo, el capitalismo de Estado no es la finalidad histórica del proletariado; el fin del proletariado, como abolición de las clases sociales, no se encuentra aquí. La realización histórica del proletariado es, paradójicamente, su propia disolución; esto es el comunismo. El comunismo, en pleno sentido de la palabra, es la sociedad sin Estado, la sociedad ácrata. La finalidad histórica del proletariado es la muerte del Estado y del capital, las dos caras de la misma moneda, las dos caras del poder.

Entendiendo que el capitalismo es no sólo la explotación de la fuerza de trabajo, sino también la dominación de la naturaleza – no vamos a discutir tampoco este término moderno de separación, de escisión, entre “hombre” y naturaleza, entre interioridad y exterioridad[4] -, la finalidad histórica del proletariado es también la liberación de la potencia de la vida de las mallas de la colonialidad, del capital y del Estado. La defensa de la vida, la defensa de la naturaleza, debe formar parte del programa histórico del proletariado. Es este un tema crucial para la lucha de liberación del proletariado. Este es el nudo donde el marxismo ha fracasado o ha retrocedido, entregándose, paradójicamente, inconscientemente, al capital. El marxismo al no salir de la modernidad, del paradigma del desarrollo, de los marcos de la revolución industrial, mantiene la dominación del capital sobre la naturaleza; al hacerlo reitera la reproducción del capital. Por eso, la liberación de la potencia de la vida de los diagramas de poder, inscritos en las territorialidades ecológicas, se vuelve una tarea prioritaria en la lucha de liberación del proletariado.

La experiencia dramática de los socialismos reales ha sido, en estos tópicos, el enfrentamiento con las formaciones campesinas. La guerra contra las clases campesinas, mas bien, deberíamos decir, mundos campesinos, rompiendo con lo que el mismo marxismo propuso en términos de alianza obrero-campesina, ha llevado a los estados socialistas de la Europa oriental a la guerra de exterminio del campesinado, buscando, por la vía de una descomunal violencia, la colectivización de la tierra y de la producción agraria. Esta modernización no era otra cosa que despotismo ilustrado, forzando la modernización “socialista”, modernización que se materializó en la edificación de la fabulosa mega-fábrica, instrumentalidad absoluta en que se convirtieron países de mayoría campesina. Mega-fábrica infructífera e ineficiente en cuanto a lo que hoy llamamos soberanía alimentaria. Estas políticas bolcheviques se convirtieron, paradójicamente, en el termidor de la revolución. Los bolcheviques destruyeron las dinámicas sociales, destruyeron la sociedad, la capacidad alterativa y creativa de la sociedad, convirtiendo al “socialismo en un solo país” en un gigantesco panoptismo. Lo que se había llegado a construir es un Estado burocrático absoluto, reproduciéndose sobre la agonía de una sociedad gélida, inhibida en sus capacidades y posibilidades, amputada de su imaginación, pues la misma fue sustituida por los planes quinquenales. 

Los bolcheviques no aprendieron de lo mejor del populismo ruso, que los antecedieron en más de un siglo de luchas, además de ser una de sus procedencias. Los populistas enseñaron a Karl Marx otras rutas al comunismo, con lo que Marx estuvo de acuerdo, no los marxistas, que ocultaron la carta de Marx a Vera Zasúlich[5], considerando inconveniente presentarla pues cuestionaba la interpretación de la historia asumida oficialmente por el partido; cuestionaba la linealidad sucesiva de los modos de producción. En este tema hay que defender a Marx de los marxistas. La transición al comunismo no puede darse sin la asociación libre de los productores del campo, sin las comunidades campesinas. Este error histórico bolchevique fue uno de los comienzos del fin del socialismo real.

El proletariado no es la única clase que lucha contra la dominación capitalista, hay otras clases, están los pueblos subalternos, colonizados, heredando la colonialidad del poder. Otras clases lo hacen de otra manera; las formaciones campesinas lo hacen acudiendo a la racionalidad combinatoria de estrategias[6], con el objeto de preservar la matriz comunitaria. Mientras logren estas formaciones campesinas mantener la racionalidad combinatoria, la matriz comunitaria sigue vigente; cuando no lo logran, cuando se derrumba la combinatoria, por ejemplo, con la invasión completa de las lógicas del mercado, con la implantación del monocultivo, entonces la matriz comunitaria desaparece y el campesinado se abre a procesos de proletarización, por un lado, comprometiendo a la mayoría, y a procesos de aburguesamiento, por otro lado, comprometiendo a la minoría. El proletariado no lucha sólo contra el capital, luchan también otras clases y los pueblos subalternos, colonizados, herederos de la colonialidad. Es en el entrelazamiento de estas luchas donde se encuentra las transiciones efectivas al comunismo y a las sociedades ácratas. No en la paranoica imagen de clase solitaria, única vanguardia y consciencia histórica[7]. Las transiciones al comunismo nunca fueron parte del programa bolchevique; los bolcheviques nunca salieron del horizonte del capitalismo de Estado, un modo de producción capitalista sin burgueses, al mando de la burocracia. Las transiciones al comunismo se hallan en las posibilidades abiertas en las composiciones alterativas de las dinámicas moleculares sociales, en el devenir de los perfiles y formaciones sociales.

El proletariado y las comunidades campesinas     

El proletariado es la clase que constituye el capitalismo como fuerza de trabajo, como cuerpo mercantilizables, susceptible de vender su fuerza y sus capacidades. El campesinado se conforma en formaciones abigarradas sociales rurales, formaciones sociales heredadas, que acuden a una racionalidad combinatoria de estrategias de reproducción social, defendiéndose de la avalancha capitalista y de la invasión de sus monopolios, más que de sus mercados[8]. La matriz de las formaciones campesinas es la comunidad, diversa, variada, dependiendo de las historias concretas, las genealogías específicas, las territorialidades singulares. La comunidad es desgarrada por la expansión capitalista, en todas sus formas; aunque se mantuvo y preservó por siglos, enfrentando las capturas tributarias de las maquinarias imperiales antiguas, las anexiones de señoríos y formaciones feudales, la jurisdicción de las monarquías, las primeras incursiones coloniales; sin embargo, no pudo resistir a la desterritorialización capitalista.

Se puede decir que las formaciones campesinas en la modernidad son, en cierto sentido, una respuesta de defensa frente al modo de producción capitalista, sobre todo frente a las decodificaciones del mercado, y en cierto sentido, son también una composición en el contexto del sistema-mundo capitalista. Sistema-mundo en desplazamiento, articulando territorios diversos, continentes diferentes, culturas y lenguas distintas, formas variadas de Estado en plena organización, sociedades singulares. Ambas formaciones y conglomerados de subjetividades, proletariado y formación campesina, tienen que ver con la genealogía capitalista. Sobre todo en las sociedades colonizadas el proletariado es arrancado violentamente de sus nichos ecológicos, de sus cobijos comunitarios, de sus formaciones campesinas previas. En este sentido, la distancia estructural con los campesinos no es tan grande; sus lazos con la tierra siguen vigentes, por lo menos en la memoria. En las sociedades coloniales y en las sociedades poscoloniales esta distancia es, mas bien, corta.

Sólo a una ortodoxia sacerdotal, a un fundamentalismo racionalista, que sustituye la complejidad  por un esquematismo abstracto, vaciado de contenidos, se le ha podido ocurrir la peregrina idea de que el socialismo se construye haciendo desaparecer a los campesinos. Mas bien, las alternativas al capitalismo tienen como condición de posibilidad histórica la existencia de los productores de alimentos. El comunismo se basa en lo común de lo plural, en la pluralidad común. Sólo a los sacerdotes de la “revolución” se les ha podido ocurrir que el socialismo es la comunión de lo homogéneo, de lo uniforme. No se podía esperar otra cosa de los jacobinos, hijos oficiosos de la ilustración y enamorados de la modernidad, a la que entendían como la consagración de lo universal. Todo lo contrario, lo común se ejerce sobre la convivencia y coexistencia complementaria de lo plural.

Proletarios y campesinos luchan contra el capitalismo, desde sus singulares problemáticas; lo hacen como asociados productores, unos de alimentos, otros de bienes manufacturados. No en una alianza obrero-campesina, que subordina a los campesinos a la hegemonía del proletariado; tesis ésta de los jacobinos de las periferias del sistema-mundo capitalista. Sino en el juego flexible y creativo de las asociaciones complementarias de productores.

Cuando se trata de las llamadas comunidades indígenas originarias, que preservan la posesión común de la tierra, los usos comunes del territorio, los lazos comunitarios, las instituciones propias, las autoridades originarias, que luchan por la reconstitución de sus territorialidades, la relación es más compenetrante.  Las formas comunitarias indígenas originarias son referentes históricos para activar la creación de múltiples formas comunitarias, instituyendo y constituyendo lo común como matriz vital de las dinámicas sociales.

Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas, la conclusión es la siguiente:

La defensa de la madre tierra, la defensa de los derechos de los seres de la madre tierra, que es la defensa de la vida, en todas sus formas, en sus ciclos vitales, liberando la potencia de la vida, es no sólo finalidad, sino es la condición de posibilidad histórica del socialismo, del comunismo, de las sociedades ácratas. 

 

 

La ley Minera como dispositivo de dominación del imperio

 

La Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, está en el ojo del huracán, después es cuestionada por los cooperativistas mineros, a pesar de haberla consensuado con los obreros mineros sindicalizados y el ejecutivo. El desacuerdo tiene que ver con el artículo 151 que, en el proyecto de Ley consensuado, otorgaba atribuciones  de asociación, de libertad de contratos con terceros, a las empresas cooperativas con otras empresas del rubro, sobre todo con aquellas que cuentan con disponibilidad de capital. Artículo que contraviene de pleno la Constitución, convirtiendo a las empresas cooperativas abiertamente en empresas privadas – antes lo hacían subrepticiamente -, en empresas capitalistas autónomas, capaces de incursionar, como el Estado, en exploración, explotación a gran  escala, incorporando la tecnología devastadora que ahora se emplea en la minería por parte de las empresas trasnacionales extractivistas. Los cooperativistas mineros se lanzaron a la ofensiva, defendiendo el artículo 151, revisado por la Cámara de Diputados, exigiendo se vuelva a la redacción consensuada.

No solamente este artículo vulnera la Constitución, sino toda la Ley Minera[9]. Esta Ley, elaborada por un gobierno progresista, retrocede incluso, en comparación, de lo que todavía contiene como defensas públicas, con respecto al anterior Código Minero, elaborado, nada más ni nada menos, por los gobiernos neoliberales. Los populistas se atreven hacer cosas que ni los neoliberales se atrevieron. El gobierno reformista convierte a Bolivia en un paraíso fiscal para las empresas trasnacionales extractivistas y depredadora. Este es el “antiimperialismo” efectivo que practican estos gobiernos progresistas. Se entregan los recursos minerales a manos llenas a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales; las empresas cooperativas son sólo intermediarias, así como las empresas públicas también lo son, aunque en distintas condiciones. Las empresas públicas de la minería y las empresas cooperativas mineras son intermediarias en la explotación extractivista de los recursos naturales de los bolivianos, explotación no consultada al pueblo, a pesar que la Constitución establece el sistema de gobierno de la democracia participativa. En la cadena de la acumulación ampliada de capital, estas empresas sólo acceden a una parte mínima del plus-producto y de la plusvalía, incluso teniendo en cuenta las nacionalizaciones.

Como nunca antes el gobierno, la Asamblea Legislativa, la Federación Sindical de Mineros, la COB, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, regalan el agua a las empresas extractivistas, les abren las compuertas normativas, legales y reglamentarias para desviar los cursos de los ríos y de las otras formas de cursos de aguas. Sólo establecen procedimientos burocráticos para habilitar esta usurpación del bien común, del bien vital, de los ciclos de la vida vinculados a los cursos y ciclos del agua. Contraviniendo violentamente la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos de los pueblos y las poblaciones, los derechos de la madre tierra. Haciendo desaparecer, en la práctica, la Consulta con Consentimiento, Previa, Libre e Informada.

Una Ley concebida como dispositivo represivo contra toda protesta y toda movilización en defensa de los recursos naturales, los recursos minerales, los derechos de los bolivianos, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Es una Ley que criminaliza la protesta.

¿Cómo se ha llegado a semejante descarnada violencia contra el pueblo y la Constitución? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en los entretelones? Esta conducta descomedida sólo es explicable por corrosión  institucional, por corrupciones calamitosas, a todo nivel. Esta gente ha comprometido los recursos, la soberanía del Estado-nación, pues no es un Estado plurinacional, entregando el subsuelo a la lógica destructiva extractivista, a la acumulación de capital por despojamiento y desposesión. Lo ha hecho arteramente, ocultando la elaboración de la Ley, elaborándola en secreto, consensuando entre amigos, para dar el golpe al pueblo azorado y sorprendido. Este delito está tipificado en la Constitución, se llama traición a la patria. 

 

 

 

 

El mundo del K'aqchiu

 

K'aq es el sonido al picar la piedra; por onomatopeya se llamó a estos picadores de la roca k'aqchirus, a su actividad k'aqchiu. Los k'aqchirus son conocidos desde la época de la Colonia. La genealogía de los trabajadores mineros nace con el k'aqchiu de rocas minerales. En aquellos tiempos la búsqueda insaciable de la plata era lo que caracterizaba a la minería de ese entonces. Este proletariado inicial se constituía con estos golpes contra la roca, contra las piedras minerales. Hombres cobrizos, rudos, curtidos por el frío de las alturas, arrancaban a los cerros y a los subsuelos las vetas minerales, las venas cristalizadas en la tierra por composiciones geológicas, fundidas en ciclos largos.

El proletariado minero, sindicalizado o cooperativista, tiene su comienzo en estas actividades excavadoras, en estos trabajos de topo, en estas prácticas demoledora de las rocas y piedras, prácticas de tallador repentino llamadas k'aqchiu. De los mitayos a los obreros mineros el k'aqchiu se va transformar por las revoluciones tecnológicas. Del empleo directo del cuerpo y las manos, apenas mediada por herramientas rudimentarias, se va a pasar a la extensión y mediación de máquinas. El k'aqchiu se convierte en toda una “industria” extractivista. En Bolivia, como en la mayoría de los países de la inmensa geografía de las periferias, dominadas por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el cuadro de la economía minera preserva las formas de k'aqchiu como memoria espacial de una historia que no se quiere olvidar, aferrándose al recuerdo material de las formas rudimentarias de k'aqchiu. Por eso podemos ver desplegarse en la turbulenta cordillera de Los Andes las distintas formas del k'aqchiu como si estuviésemos ante un gigantesco museo de la historia de la minería. A esta simultaneidad del tiempo en el espacio se llamó, en el siglo XX, desarrollo desigual y combinado.

La mayoría de los trabajadores cooperativistas mineros recurren al k'aqchiu rudimentario, como indomables y persistentes herederos de esta técnica antigua. No es que sean reacios a emplear las técnicas y los instrumentos de la revolución industrial, sino que la marginación a la que han sido expulsados por las ondas del modo de producción capitalista los obliga a medrar en los umbrales de una modernidad heterogénea, que los tiene en los bordes, en los rincones, llamándolos a hacerse cargo de las sobras, las colas y desmontes, los relaves. Pocas empresas cooperativas, en comparación con la cantidad de empresas proliferantes, han cruzado los umbrales, adquiriendo maquinaria y empleando técnicas más “industriales”. Sin embargo, son estas pocas cooperativas las que han dejado de serlo, pues dejan de ser solidarias, sin fines de lucro, dejando atrás sus razones sociales. Se han convertido en empresas privadas, al peor estilo del capitalismo salvaje, súper-explotando al proletariado nómada incorporado.

La constitución de las cooperativas en el mundo retomaron los llamados principios de la cooperativa Rochdale, primera cooperativa en sistematizarlos en 1844. Estos principios se pueden resumir de la manera siguiente:

 

o   Libre acceso y adhesión voluntaria

o   Control democrático; es decir, decisiones tomadas en asamblea general, donde cada socio tiene un voto

o   Distribución de excedentes en proporción a operaciones

o   Limitación del interés del capital, que debe estar al servicio de los trabajadores. De ninguna manera por encima de ellos, como es el caso de las empresas privadas

o   Neutralidad política y religiosa

o   Ventas al contado, lo que debe garantizar el comprar sólo lo necesario

o   Fomento de la educación y obras sociales

 

Como se puede observar, estos principios quedaron en el olvido, sólo son letra muerta. Las cooperativas mineras perdieron su razón social, su vocación sin fines de lucro, convirtiéndose en empresas capitalistas en concurrencia y en competencia, arrojadas a la compulsa extractivista y de la ganancia. No son cooperativas, salvo en el nombre. Asistimos a lo que se llama la recurrente acumulación originaria de capital, en escala menor, fragmentaria y local, formadora periódica de la burguesía. Para tal efecto, el requerimiento indispensable para esta acumulación privada de capital es el empleo de fuerza de trabajo, en condiciones de trabajo embridado; es decir, de transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado[10]. Son estas las condiciones de trabajo de quizás cerca de 200 mil trabajadores mineros cooperativistas[11], sometidos a la transición del trabajo asalariado embridado.

 

Llama la atención que esta condición de explotación de estos trabajadores mineros se haya puesto en la sombra, se los haya invisibilizado. Lo único que ven los ojos burocráticos del Estado es la figura ficticia de cooperativas mineras, lo mismo pasa con los medios de comunicación, así, en concomitancia, con la llamada opinión pública. Son pocas las investigaciones que han abierto el telón, mostrando la dramática condición humana de estos k'aqchirus[12]. La Ley Minera, aprobada por la Cámara de Diputados, se olvida de estos semi-esclavos mineros; sólo atiende a sus patrones, a los intereses de sus patrones, conformando dispositivos legales en beneficio de la burguesía cooperativa minera, ocultando la apertura normativa brindada a las empresas trasnacionales extractivistas. La Ley sólo busca, de acuerdo a la lógica de Estado rentista, garantizar impuestos, tributos, regalías, en las mismas condiciones impuestas por los gobiernos neoliberales; exonerando de estas obligaciones a las cooperativas mineras, debido a que son empresas sin fines de lucro. Esta es la carcajada grotesca del gobierno progresista ante el cuerpo martirizado de los trabajadores.

 

 

Caracterización del campo minero

 

Jocelyn Michard comienza la exposición de su investigación de la siguiente manera:

 

Bolivia suele tener la imagen de un país minero desde que el Cerro Rico alimentaba al mundo con sus ricos yacimientos de plata. Sin embargo, esa imagen ya no corresponde mucho a la realidad, la minería hasta el 2006 sólo aporta un 4,5% al Producto Interior Bruto (PIB) del país, y ocupa apenas al 1,5% de la población, mientras que en los años 70 contribuía con más de 13% al PIB y ocupaba 4% de la población activa[13]. 

 

Corroborando esta apreciación, seis años más tarde, Carlos Arza Vargas, investigador del CEDLA, escribe:

 

En el actual contexto de la minería es evidente el amplio dominio de los sectores privados en la producción. Al no haberse nacionalizado las empresas operadas por capitales transnacionales, ni realizado reformas importantes en la normativa relativa a la propiedad y el control de las actividades mineras, las principales empresas extranjeras siguen siendo responsables de alrededor de tres cuartas partes de la producción de concentrados. Paralelamente, la política de fomento y apoyo gubernamental a las cooperativas ha permitido que dicho sector —compuesto en parte por verdaderas empresas privadas basadas en la explotación de trabajo asalariado— ocupe el segundo lugar en la producción. Contrariamente, la participación estatal a través de COMIBOL es marginal y alcanza apenas al 3% de la producción de minerales[14].

 

La descripción de la situación y la ubicación de la minería en la estructura económica, viene dibujada por Jocelyn Michard de la siguiente manera:

 

Aún con este cambio el sector minero continua siendo clave para el país. Primero, porque a pesar de esas contribuciones bajas al PIB y al empleo, las exportaciones mineras representan más del 25% del total de las exportaciones de Bolivia, lo que contribuye fuertemente a la entrada de divisas. Segundo, porque los mineros son todavía una de las fuerzas sociales más organizadas, unidas y fuertes de Bolivia, como lo expresó en el 2004 el director de Prevención de Conflictos y Régimen Interno, Gregorio Lanza, al declarar que los cooperativistas mineros eran el tercer problema político social del país, después del gas y de la tierra. En tercer lugar, porque este sector puede aún contribuir mucho al desarrollo del país, visto que se estima que sólo se ha explotado el 10% del potencial minero nacional. Una reactivación del sector podría entonces generar muchos empleos, ingresos para el Estado a través de los impuestos a la minería, y, en fin, contribuir a mejorar el nivel de vida de todos los bolivianos. En último lugar, porque si consideramos el empleo en cifras absolutas y no relativas, nos damos cuenta que la minería ofrece casi 70.000 empleos directos, a los cuales podemos añadir 300.000 empleos indirectos (alimentación, transporte, producción de herramientas y maquinas etc.), lo que no es despreciable visto la falta de alternativas que tendría la gente ocupada en ese sector si este desapareciera. El sector minero es entonces todavía de suma importancia para Bolivia, sobre todo considerando el potencial que tiene[15].

 

Seis años más tarde, vale decir, en 2014, la descripción de la minería en la estructura económica viene configurada por Carlos Arze de la siguiente forma:

 

La producción de las empresas extranjeras está concentrada en pocas empresas: Minera San Cristóbal S.A. (mina San Cristóbal), Sinchi Wayra S.A. (minas Porco, Bolívar, Poopó y Caballo Blanco), Empresa Minera Manquiri S.A. (mina San Bartolomé) y Pan American Silver (mina San Vicente). Estas operaciones mineras, excepto San Cristóbal, se realizan en áreas pertenecientes a COMIBOL bajo contratos de riesgo compartido o de arrendamiento. En el último año, el gobierno ha procedido a la transformación de algunos de esos contratos en contratos de riesgo compartido que mejoran la participación estatal en las utilidades a cambio de garantizar la presencia del capital transnacional en el país por muchos años más.

 

Las cooperativas también trabajan en áreas pertenecientes a COMIBOL bajo contratos de arriendo y en concesiones propias. El número real de cooperativas es un misterio. Aunque la información oficial sólo da cuenta de la existencia de 640 cooperativas agrupadas en 11 federaciones para el año 2010, algunos especialistas estiman el número de éstas en más de 1.600, la mayoría de las cuales se habría creado a partir de 2006, año en que Evo Morales asume el gobierno. Su peso electoral y su capacidad de movilización, les han permitido obtener una serie de ventajas económicas del gobierno, tales como la entrega a título gratuito de equipos y maquinaria pertenecientes a COMIBOL (empresa en cuyo directorio tenían participación hasta hace no mucho), la otorgación de recursos a fondo perdido para créditos, la creación de instituciones y mecanismos para facilitarles la comercialización, la rebaja y exención de impuestos y, principalmente, la concesión de áreas mineras de explotación, incluso de aquellas arrebatadas a propietarios privados.

 

En el caso de la empresa estatal su participación en la producción se limita a los centros mineros recuperados por los trabajadores asalariados de manos de empresas extranjeras: Huanuni y Colquiri. En el último tiempo, el gobierno ha amenazado con revertirlas nuevamente a propiedad privada si sus utilidades no son lo suficientemente elevadas como para justificar su administración estatal. Asimismo, presionado como está por la declinación de reservas y la escasez de materias primas para algunos emprendimientos públicos industriales, ha impuesto medidas legales para que los trabajadores incrementen la producción y no realicen huelgas.

 

El dominio privado sobre el sector, que se refleja en la participación aplastante de empresas privadas extranjeras y cooperativas en la explotación minera, se puede explicar en gran medida a partir de la estructura de la propiedad de las áreas mineras. Luego de la privatización de la COMIBOL y el levantamiento de la reserva fiscal, durante el período neoliberal, se produjo una masiva otorgación de concesiones a privados, es decir, personas particulares, empresas y cooperativas. Ese proceso no cambió radicalmente con la asunción al poder de Evo Morales, sino solamente en el 2013, cuando se dictó una norma de reversión de concesiones ociosas, lo que afectó principalmente a concesionarios  individuales. Con todo, la situación actual muestra el deterioro del control de áreas mineras por parte del Estado y la posición dominante de las empresas privadas y las cooperativas, que les da la posibilidad de usufructuar de los recursos minerales que, líricamente, pertenecen a todos los bolivianos.

 

El resultado práctico de esa orientación de la política —reflejada en la limitada presencia productiva de COMIBOL y en cambios anodinos en el régimen tributario—, es que la participación en la renta minera por parte del Estado que era ya pequeña durante el período neoliberal, se mantiene en niveles reducidos; esto, se ve agravado, además, por el tratamiento preferencial otorgado a las cooperativas mineras en materia tributaria.

 

De esa manera, la información oficial revela que existe una asimetría en el pago de tributos entre los actores: mientras que la COMIBOL y las empresas privadas, con el 79% de la producción de concentrados a su cargo pagan al Estado el 90% de los tributos, las cooperativas con el 21% de la producción a su cargo sólo pagan el 10% de los tributos. En términos absolutos, en el año 2012 el sector minero en su conjunto aportó al Estado la suma de 347 millones de dólares, equivalentes al 8% del valor de la producción minera, por concepto de regalías e impuesto a las utilidades. De ese monto, a las cooperativas les correspondió menos de 30 millones de dólares, sólo por concepto de regalías pues están exentas del pago del impuesto a las utilidades[16].

 

Como se puede ver, desde la implementación del proyecto neoliberal (1985) hasta la fecha (2014), comprendiendo la crisis y la caída del modelo neoliberal (2000-2005), incorporando las dos gestiones del gobierno progresista (2006-2014), que supuestamente se opone a las políticas económicas neoliberales, vemos, mas bien, en el campo de la minería, la extensión y la consolidación, el control y la incidencia, de las empresas privadas, sean estas empresas trasnacionales extractivistas, sean empresas nacionales de la minería mediana y minería chica o, en su caso, sean empresas cooperativas. La empresa estatal sólo se ha reconstituido tímidamente, sobre la base de empresas nacionalizadas. En términos efectivos, el modelo neoliberal en la minería sigue vivito y coleando, incluso con mayores probabilidades de extensión, a pesar de las provisionales nacionalizaciones.

 

Es explicable entontes el espíritu neoliberal de la Ley Minera, elaborada por el gobierno, en connivencia con las empresas mineras, privadas, cooperativas y estatales. Es más, lo que asombra en esta Ley es la inclinación a una consciencia desdichada sumisa al imperio del sistema-mundo capitalista. Esto por convertir a Bolivia en un paraíso fiscal para las empresas trasnacionales extractivistas, por entregar el agua a la vorágine extractivista, atentando contra las tierras, las cuencas, los ríos, los ecosistemas.

 

Ante esta evidencia, que no se puede ocultar, el discurso de propaganda del gobierno, que pretende, muy alejado del sentido de los hechos, que la Ley Minera se ajusta a la Constitución, resulta no solamente endeble e insostenible, sino burlesco. El ministro de gobierno, el ejecutivo, así como la mayoría de la Asamblea Legislativa, han presentado el conflicto minero de una manera simplona, reduciéndolo al desacuerdo con el artículo 151, que da atributos a las cooperativas de asociarse con terceros. Esta manera de presentar las cosas no solamente es incoherente, sino plenamente un artero montaje. Se oculta la inconstitucionalidad absoluta de toda la Ley. Se tiene el cinismo, sin argumentos, de decir que se basa en la Constitución.  ¿Cómo se explica esta actitud tan explícitamente comprometida y cómplice? No hay otra que interpretarla a partir del juego de fuerzas en el campo político[17], de fuerzas de estructuras de poder dominantes en el mundo. Estas fuerzas, que corresponden al dominio y hegemonía capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas, en connivencia con el sistema financiero internacional, son las que tienen capacidad de presión, de coerción, de chantaje, de corrosión, comprometiendo a la propia institucionalidad del Estado, institucionalidad incorporada al diagrama de poder de la corrupción[18].

 

Los gobernantes, los órganos de poder del Estado, las dirigencias sindicales, han sido subsumidos al diagrama de poder de la corrupción, con toda su complejidad, sus divisiones, sus estratos, sus niveles, sus prácticas disímiles. En el imaginario de este campo paralelo, desbordante de clientelismo y prebendalismo, la Constitución es un referente vago de lo que se hizo alguna vez. Las finalidades planteadas por los movimientos sociales, en su periodo de luchas, son una linda historia para contar, pero, de ninguna manera, para repetirla. Lo que prepondera ahora es el “pragmatismo” más descarnado, un “pragmatismo” y realismo político reducidos al más elemental oportunismo. Los valores orientadores de las luchas han sido sustituidos por los caudales acopiados, por los montos desviados, por el usufructúo, privado o en conjunto, en complicidad de red, de bienes del Estado y de los bolivianos. En este ambiente toda discusión es vana, toda denuncia es desacreditada, pues la única “realidad” aceptada por estos “pragmáticos” y nuevos amos de la política es la del dinero, la “realidad” que puede comprar el dinero. Este clima de decadencia y de descomposición ética y moral descalifica de entrada toda interpelación, toda defensa, toda denuncia, pues bajo el control total y represivo de la disponibilidad de poder que tienen los “pragmáticos”, estas acciones defensivas no son otra cosa que molestosos inconvenientes.

 

El problema es que ante semejante deterioro y descomunal descomposición, todos los comprometidos con este esquema de la economía política del chantaje no pueden retroceder. El diagrama de poder de la corrupción es el mapa paralelo que corroe la cartografía institucional, la carcome, la afecta a tal punto que la institucionalidad legitima no tiene autonomía; responde, ya no a la lógica normativa inscrita, sino a las lógicas perversas de la economía política del chantaje. El gobierno y la estructura institucional, la estructura de los órganos de poder, se encuentran tan comprometidos, irradiados y afectados, por el diagrama de poder de la corrupción, que forman parte, como engranajes, de otras estructuras de poder, ajenas a la institucionalidad estatal. Estas son las condiciones corrosivas sobre las cuales se elaboró la Ley Minera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la Ley Minera

 

 

En resumidas cuentas la Ley Minera tiene una composición y estructura jurídica conformada como dispositivo normativo favorable al extractivismo y al paraíso fiscal para las empresas trasnacionales extractivistas, con la excusa de la atracción de capitales de inversión. El mismo argumento usado por las élites liberales de todos los tiempos.

 

La Ley incorpora el concepto de Función Económica y Social (FES) en el campo minero, concepto traído del campo agrario. ¿Cuál es la razón? La FES en minería propone el aprovechamiento de las riquezas minerales, bajo la modalidad de sustentabilidad ambiental, impulsando la generación de empleo. El objeto de esta incorporación, proveniente de las disposiciones normativas agrarias, no radica tanto en evitar tierras ociosas, como en el caso del régimen agrario, sino en presentar la cara positiva de la minería, que se resume al empleo, ocultando su lado oscuro, la que tiene que ver con sus efectos contaminantes, depredadores y destructivos.

 

La Ley Minera atenta contra los derechos de los seres de la madre tierra, los derechos de los ciclos vitales, el ciclo del agua, el ciclo del aire, el ciclo de los suelos, el ciclo de los bosques, los ciclos entrelazados de la biodiversidad. Es la imposición de la fuerza de la ley del capital. El agua es regalada a las empresas mineras, desconociendo de plano los regímenes normativos sobre la gestión del agua, del aire, de los suelos, de los territorios, de los bosques, establecidos por la Constitución. La Carta Magna establece que los recursos naturales no son mercantilizables, están destinados al vivir bien. La Constitución declara al agua derecho fundamental, derecho vinculado a la vida. Atentar contra este derecho al agua es atentar contra la vida. La Ley minera hace caso omiso de lo que exige la Constitución: Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.   

 

La Ley Minera revalida la garantía estatal de seguridad jurídica y promociones de las inversiones privadas, como principios legales, principios valorativos y regulativos del régimen económico, que no puede ser otro que capitalista, desde la perspectiva de la Ley. El horizonte abierto por la Constitución de economía social y comunitaria ha desaparecido.

 

En la lógica de Estado rentista, la Ley determina que el Interés Económico y Social, la razón por la que un actor desarrolla actividades mineras, se efectúa con el pago de la patente minera, así como con el inicio de actividades en el plazo de un año desde la fecha de la firma del contrato respectivo. Esa es el procedimiento con el que se obtiene el derecho privado para el aprovechamiento de los recursos pertenecientes al pueblo boliviano, sin haberle consultado.

 

Las actividades prioritarias identificadas por la Ley son la prospección y la industrialización. Una vez más se constata el espíritu colonial de la Ley, su enraizamiento en el desenvolvimiento del capitalismo dependiente. Esto por que promueve como tarea prioritaria la exploración minera en busca de nuevos yacimientos, manifestando claramente su horizonte económico, que no es otro que el modelo extractivista. En lo que respecta a la industrialización, no hay ni siquiera simetría con las tareas prospectivas; se trata más bien de objetivos disminuidos, muy lejos de la revolución industrial y tecnológica. La Ley tantea la industrialización de una manera fragmentaria, desarticulada y casi provisional; se trata de una actividad transferida a la responsabilidad de los agentes privados, responsabilidad de la que el Estado sorprendentemente se excluye. Al respecto, Carlos Arze anota: mientras (la Ley) determina que el Estado estará encargado de promover la industrialización por empresas privadas o por cooperativas, la participación estatal está relegada a la posibilidad de que las empresas públicas cuenten con recursos financieros propios. De manera específica, se ratifica que en la industrialización de los recursos evaporíticos (litio), la participación puramente estatal (100%) sólo alcanzará a los procesos de “química básica” y los procesos de industrialización propiamente dicha contarán con la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras[19].

 

¿Qué pasa con la propiedad colectiva sobre los recursos naturales del pueblo boliviano? La Ley efectúa el mismo desliz emprendido por los neoliberales cuando se enfrentaron a la propiedad estatal sobre los recursos naturales, establecida en la anterior Constitución. Con la artimaña legal parecida a la de dejar que la propiedad estatal de los hidrocarburos quede en el subsuelo, dejando de serlo desde boca de pozo, a partir de donde se convierte en propiedad privada, en propiedad de las empresas hidrocarburíferas trasnacionales, la Ley minera limita la propiedad de los bolivianos a los yacimientos mineralógicos, en tanto que, en condición de minerales extraídos, el producto de la explotación se convierte en propiedad de la empresa minera. Si bien los Derechos Mineros no otorgan a los sujetos mineros, de cualquier perfil organizativo,  ni a sus socios “derechos propietarios ni posesorios sobre las Áreas Mineras”, de todas maneras se les confieren el “derecho de propiedad, libre disposición y gravamen sobre la producción minera”. Sumándose a este otorgamiento el derecho de aprovechar “los residuos minero-metalúrgicos, como ser colas, desmontes, relaves, escorias y similares”.

 

La Ley minera no solo es inconstitucional sino que atenta contra la armonía y la complementariedad del conjunto de los derechos, rompiendo la integralidad jurídica. Los derechos mineros, que deben entenderse como los derechos de los propietarios privados mineros, están por encima de los otros derechos, incluso de los derechos fundamentales[20]. De entrada vulnera los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. No respeta para nada sus territorios, su autonomía, su libre determinación, su autogobierno, su gestión territorial, sus instituciones, sus normas y procedimientos propios; mucho menos respeta el derecho a la Consulta con Consentimiento Previa Libre e informada. Es una Ley anti-indígena.

 

La Ley minera parte de la premisa estatal del fomento de las inversiones mineras; en este sentido,  la fórmula jurídica dispone que los derechos mineros tienen primacía sobre la propiedad agrícola de la tierra. Llegando al extremo de facultar a los derechos mineros de ejercer expropiaciones de propiedades agrícolas, garantizando la continuidad, expansión y desarrollo de la actividad minera.

 

Estamos ante una Ley que expande e intensifica el modelo colonial  extractivista del capitalismo dependiente. Es como la realización de la pesadilla del proyectado capitalismo andino-amazónico[21]. Lo que está en marcha es este proyecto antelado, arrollando la Constitución, descartando de sopetón las finalidades políticas inherentes a las luchas de los movimientos sociales. Imponiendo el mismo esquema colonial instaurado desde la llegada de los conquistadores, pasando por las oligarquías regionales, los periodos republicanos, los ciclos liberales, los ciclos nacionalistas, el periodo neoliberal. El esquema colonial se inscribe en la carne y en los territorios como despojamiento y desposesión de culturas, de recursos naturales, de ciclos vitales, deglutiéndolos en el estómago de la valorización abstracta de capital. El esquema colonial es la condena extractivista.

 

La Ley Minera otorga a las empresas amplios derechos para obtener utilidades, expatriar capitales y especular. En la Ley se otorga  a las empresas mineras el derecho a la libre disposición de las utilidades, abarcando el derecho a la remisión de estas utilidades  al exterior, exigiendo la única condición de cumplir con las obligaciones tributarias. Al respecto Carlos Arce hace la siguiente anotación: Cabe anotar aquí, que el reconocimiento del derecho de libre remisión de utilidades para los empresarios privados contradice el Artículo 351 de la Constitución Política del Estado que determina la obligación para los contratos de asociación mixtos de explotación de recursos naturales, de reinvertir sus utilidades en el país[22].

 

Ante la eventualidad de protestas, demandas, reivindicaciones, interpelaciones, movilizaciones y tomas, la Ley se convierte en un dispositivo represivo, criminalizando la protesta. Está claro que estamos ante una ley que garantiza los intereses y las inversiones de las empresas trasnacionales extractivistas, así como de las empresas privadas del país, incluyendo a las empresas cooperativas mineras. Es una ley anti-proletaria.

 

 

La Ley Minera no solamente es una ley anti-indígena, no solamente es una ley anti-proletaria, es también una ley anti-patria. ¿Qué es lo que sale a luz? Con todas las concesiones a las empresas privadas, trasnacionales y cooperativas, con los obstáculos puestos a la recomposición integral de COMIBOL, con la promoción a la expansión privada, trasnacional y cooperativa, con la conformación del paraíso fiscal para las empresas extractivistas trasnacionales, no solamente se pone en suspenso la soberanía, demoliéndola efectivamente, en la práctica, en el ejercicio económico, político y jurídico de los circuitos productivos, comerciales y financieros, sino también se entrega, en bandeja, los bienes comunes de los bolivianos a la vorágine del capitalismo extractivista.

 

 

 

 

 

 

 

Confines proletarios

 

¿Cuáles son los ámbitos de relaciones de los trabajadores mineros con el mundo?  ¿Cómo se constituyen los mineros en el mundo? ¿Cómo constituyen el mundo? ¿Cómo los constituye el mundo? Hay que compenetrarse de estos climas, de estas atmósferas, de estos espesores de relaciones, para poder acceder al sentido inmanente del acontecimiento; en este caso, del acontecimiento histórico, en constante devenir, de la constitución del proletariado minero boliviano. Hay que tratar de comprender sus perspectivas móviles, intensas, manifiestas, aunque no necesariamente expresadas en discursos. Al respecto, el discurso teórico, el discurso político, el discurso ideológico, que han hecho causa de las luchas del proletariado minero, interpretan lo que acontece desde marcos teóricos, desde marcos políticos, desde marcos ideológicos. Lo hacen de una manera deductiva, logrando interpretar por analogías; rasgos que verifican la teoría son enaltecidos. Empero, queda sin interpretar, queda en la sombra, oculto a los ojos de estos “revolucionarios”, las perspectivas propias de los trabajadores mineros, sus percepciones, sus pasiones, sus afectos, sus deseos. Por eso no pueden comprender la intensidad de sus actos, que casi siempre los asimilan a la “consciencia de la clase en sí”.

Si bien estos discursos han coadyuvado en la organización del proletariado minero, otorgándole expresiones discursivas argumentativas, a la larga, en la medida que eran ajenos a los espesores de la experiencia y de la memoria social del proletariado minero, no pudieron sostener la continuidad de la lucha, no pudieron liberar la potencia social del proletariado, no pudieron desatar las subversiones múltiples contra las dominaciones polimorfas y las formas de explotación del capital. Se quedaron sólo con el perfil universal de las insurrecciones obreras, sin poder convertir estas insurrecciones en una guerra permanente contra el Capital y sus dominaciones.

No podrían hacerlo; las representaciones discursivas, externas a los espesores de la percepción, apegadas a racionalidades abstractas, vaciadas de contenidos, no logran acceder a las sensaciones, a las imaginaciones inherentes, a la explosión de las percepciones; por lo tanto, están lejos de acceder al sentido inmanente[23]. Como lo que ocurre con todo el racionalismo, también con el empirismo; llegan a deducir, en un caso, o inducir,  en otro caso, aspectos universales, situaciones generales, analizando el valor abstracto de estas iluminaciones. No pueden comprender la singularidad de lo que acontece, las intensidades emergentes en los sucesos, no pueden sentir los efluvios existenciales brotados de la piel de los y las movilizadas, no pueden acceder al mundo del proletariado minero.

Lo que tienen estos discursos son narrativas explicativas, cuadros conceptuales, cronogramas anunciados, sentidos deducidos de los paradigmas, sentidos inducidos por las generalizaciones, dadas las regularidades encontradas.  Esta aproximación teórica, pues no es otra cosa, se queda ahí; se contenta con esta verdad histórica o verdad económica, también verdad social. Estas verdades científicas pretenden ser la síntesis abstracta de la multiplicidad de singularidades; pero, no son más que un esquema vacío, un esqueleto lógico, llenado con esfuerzo por la colocación de datos y documentos estudiados, que hacen de carne disecada. Quizás todo esto ayude como vista panorámica; empero, está lejos de dar cuenta de las dinámicas del acontecimiento.

El acontecimiento de la emergencia del proletariado minero, en su devenir, en sus historias, en su distribución y dispersión, en el condicionamiento de los lugares y territorialidades, también en sus conglomerados, en sus articulaciones, en sus reuniones, en sus marchas y movilizaciones, no es comprensible si no se toman en cuenta los flujos afectivos, las pasiones constitutivas, las sensaciones trabajadas por la memoria, las percepciones trabajadas por las racionalidades concretas e integrales.

La constitución de subjetividades históricas, que contienen espesores de experiencias y memoria sociales, no es el resultado mecánico de fuerzas “externas”, por así decirlo, sin entrar en mayor discusión, pues requiere de la intervención de fuerzas “internas”, en el mismo sentido provisional que el anterior. Si bien es el mercado internacional, conformado por los efectos de la revolución industrial - mercado, en parte heredado, de los ciclos largos de las hegemonías capitalistas anteriores, empero, en gran parte, transformado por los requerimientos de esta revolución industrial, sobre todo por el nuevo cuadro de materias primas demandadas -, el que constituye, por así decirlo, el carácter de su articulación mundial de los nuevos Estado-nación de las periferias del sistema-mundo capitalista, ocasionando la apertura de la “industria” extractivista, sobre todo minera, en aquel entonces; de todas maneras, se desatan fuerzas “internas”, emergentes de la formación social concreta, que empujan a la formación del proletariado minero. Estas fuerzas “internas” explosionan debido a la disgregación de las comunidades, buscando en su diseminación conglomerarse en nuevas cohesiones sociales. Las fuerzas “internas”, desatadas de la disgregación comunitaria, son el substrato de la formación del proletariado minero. El proletariado minero de Los Andes tiene sus propias características históricas, sus propias peculiaridades, expresa las singularidades locales, territoriales y culturales de su acontecer.

En otras palabras, tradiciones comunitarias son transferidas a las prácticas solidarias, a las relaciones de cohesión social, a los ritos y ceremonias de la mancapacha; por ejemplo, los ritos y ceremonias entorno al “Tío” de los socavones. La subjetividad de este proletariado minero es pues “abigarrada”, usando un término conocido en la sociología boliviana. Estos ex-comunarios, devenidos de la historia dramática de los mitayos, usan la forma sindicato como organización de defensa y de luchas. Asumen las formaciones discursivas modernas de las luchas sociales y obreras, como la formación discursiva anarquista, primero, la formación discursiva marxista después, teniendo, como puente la formación discursiva del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, estas formaciones discursivas son interpretadas desde los códigos subyacentes heredados, guardados y activados por la memoria social.

Cuando los trabajadores mineros salen de la mina, después de sus asambleas deliberativas, cuando llegan a consensos y logran resoluciones, salen a la movilización, a la marcha, a la toma de los espacios, cuando sus cuerpos se congregan en multitud compacta, llevando sus guardatojos, sus chamarras de cuero, sus botas y el infaltable bolo del acullico, lo que emerge somáticamente es la actualización de la memoria social. Los trabajadores mineros son particularmente apasionados; lo son de una manera propia, andina; pero, también lo son de una manera moderna, se sienten clase. Son orgullosos de serlo; consideran que sostienen el país con su sacrificio. En las movilizaciones llevan la dinamita, a la que están acostumbrados para abrir boquetes en los socavones, siguiendo la ruta de las vetas; dinamita, arma de expresión explosiva, arma de defensa y arma de lucha. Miran desde lo profundo de su cuerpo, miran desde el tiempo transcurrido, interpelando furiosamente el presente.

Lo que piensan, lo que expresan, es una maraña de intensidades. El discurso ideológico no capta esta maraña; sólo interpreta desde el telos de la “ideología” el sentido atribuido por la teoría. Es importante comprender su ímpetu arronjado, su desprecio a la muerte, dispuestos al gasto heroico en el momento de la protesta.

En el imaginario político boliviano del siglo XX, los mineros se convirtieron en un mito. Era imposible imaginar una revolución sin ellos. Así como era difícil explicarse la historia política sin ellos. Los mineros eran la revolución misma encarnada en sus cuerpos. En gran parte este mito se debe a su coraje demostrado, también a la centralidad en la formación social del proletariado. Prácticamente, el proletariado minero desaparece con el neoliberalismo, por lo menos como centralidad: Lo “relocalizan”. Van a pasar años, quizás ocho, para que su figura legendaria vuelva reaparecer en el horizonte. Reaparecen mayoritariamente como trabajadores cooperativistas mineros, después lo hacen como trabajadores sindicalizados de las empresas nacionalizadas. Otra vez se vuelven importantes, por lo menos en la manifestación de los hechos y sucesos convulsos de la política; empero, nunca con el impacto estratégico y estructural que tuvieron en medio siglo de luchas sociales en Bolivia, durante el siglo XX.

Una mañana, en el Prado, los vi marchar. Una larga columna que daba la vuelta al Prado. La aplastante mayoría era lozanamente joven; muchachos trabajadores, curtidos por el k’aqchiu, por su labor horadadora de las rocas. La edad moza de este proletariado me llamó la atención; quizás de un promedio de alrededor de los veinte años. Muchos incluso reflejaban una edad menor. Estos trabajadores mineros del siglo XXI recogían algunos rasgos de la leyenda minera. Orgullosos, compactos, desafiantes, dispuestos a todo, cohesionados por lo que llamaremos la cultura del k’aqchiu. Sin embargo,  también expresaban otros rasgos, nuevos, distintos, en contraste. Las consignas que coreaban no eran las mismas que sus antecesores. Sus estribillos no eran políticos; sus preocupaciones se anclaban en las preocupaciones coyunturales y de gremio. Para ellos era más importante identificarse como cooperativistas que como proletariado minero. El boquete abierto por el neoliberalismo marcó sus consecuencias; las mismas que podemos resumir como despolitización.

Hoy asistimos a eso, a marchas, bloqueos, tomas, de los trabajadores mineros, sean sindicalizados o cooperativistas, despolitizadas. No dejan de ser apasionados los trabajadores mineros, no dejan de ser impetuosos y arronjados; empero, su sacrificio no tiene horizontes, salvo el marco gremial restringido.

El conflicto minero actual, entre sindicalismo y cooperativismo, no tiene salida, desde la perspectiva proletaria. Tanto el sindicalismo minero puede observar como salida la estatalización de la minería, así como el cooperativismo minero puede observar como salida la expansión del régimen cooperativista; sin embargo, estas son salidas gremiales, no lo son en los horizontes históricos del proletariado. Hay pues una crisis de constitución social y subjetiva, quizás se pueda hablar de una crisis de reconstitución de la clase. No se puede salir de esta crisis sin una politización.

Son los trabajadores mineros los que deben discutir su porvenir, a la luz de la experiencia social de las luchas, a la  luz de la historia política vivida, a la luz de la memoria social, a la luz de la complicada experiencia del llamado proceso de cambio. Sería restrictivo apostar a la inmediatez de los intereses sectoriales del momento, descartando los intereses de clase, escondidos en el espesor del presente. Jugarse la vida por los intereses gremiales es como darle un valor provisional a la vida. Estos jóvenes trabajadores mineros tienen la responsabilidad histórica de reflexionar colectivamente sobre su condición social y subjetiva en la coyuntura de crisis del proceso de cambio, en el contexto de la crisis financiera y de hegemonía del ciclo del capitalismo vigente. La burocracia sindical y los patrones administrares y dirigencias de las cooperativas mineras no pueden imponerles la agenda. Esta agenda burocrática y gremial será restrictiva; la agenda colectiva es de emergencia, pues el destino de estos trabajadores mineros, de este proletariado minero, está íntimamente ligado al destino de los pueblos que luchan por sus emancipaciones y liberaciones, está íntimamente ligado a la transición hacia una economía no extractivista.

¿La elaboración, el acuerdo y el consenso sobre esta agenda es una tarea de las “vanguardias”, así como lo habían asumido las izquierdas durante el siglo XX? Esta es la gran discusión del siglo XXI[24]. Por nuestra parte, no creemos que sean las “vanguardias” las que introduzcan una agenda de emergencia histórica, mucho menos, inocular la llamada consciencia de clase. Esta actitud forma parte del mesianismo y de los esquematismos del fundamentalismo racionalista de estas izquierdas. Estas “vanguardias” han resultado ser expresiones de las nuevas religiones políticas del siglo XX, castradoras de la creatividad de las dinámicas sociales. La historia política de las sociedades humanas, sobre todo el fracaso de las revoluciones, nos ha enseñado que no se trata de dirigir, de conducir, al proletariado, a los pueblos, sino de construir participativamente consensos de lucha, consensos de decisiones colectivas, abriendo rutas imaginativas y adecuadas, dependiendo de las historias y territorialidades concretas, variadas, diferenciales, plurales, efectuando el accionar alterativo de las dinámicas sociales[25].

 

Reflexiones sobre la Ley Minera

Una primera reflexión sobre la Ley Minera tiene que ver con la modalidad que instituye la Constitución. En el horizonte histórico y político que abre la Constitución se establece la construcción colectiva de la ley, diremos también la construcción participativa, pluralista e intercultural de la ley.

Por otra parte, una segunda reflexión tiene que ver con la integralidad normativa de la transición; la Ley Minera no puede desentenderse de lo que llama la Constitución las leyes fundamentales, que llamamos nosotros las leyes fundacionales. La Ley Minera debe formar parte del “sistema” normativo que coadyuva en la transición hacia un pos-capitalismo.

Una tercera reflexión tiene que ver con la transición misma que conlleva la misma Ley Minera, como tarea constitucional. En términos resumidos, se trata de una ley que contribuye a la transición, transitando de la salida del modelo extractivista del capitalismo dependiente hacia un modelo productivo-producente, en el contexto de la economía social y comunitaria, el paradigma económico y ecológico, en la perspectiva de la eco-industrialización y la revolución tecnológica limpia, buscando el logro de la soberanía alimentaria, además de los logros de las complementariedades económicas y sociales, tanto en el país, en la región, en el continente y en el mundo.

Una cuarta reflexión tiene que ver con las condiciones actuales de la minería en Bolivia; por lo tanto, con la definición de rutas de transición, rutas concretas a las problemáticas, a los rubros, a las formas “empresariales” complementarias, en la perspectiva de integrar las producciones mineras, encaminándolas a la industrialización, a la articulación económica con el mercado interno y la integración continental. Estas rutas no pueden dejar de comprender los requerimientos ecológicos, buscando evitar los impactos negativos, contaminantes y depredadores. Respetando los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de los seres de la madre tierra. Dando lugar constantemente a consensos, para avanzar en conjunto y de una manera acordada. Al respecto, es indispensable respetar lo que plantea el segundo numeral de la octava disposición transitoria de la Constitución: En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.

 

Las concesiones a empresas trasnacionales extractivistas deben quedar anuladas. Las concesiones a empresas privadas deben quedar en suspenso, sujetas a revisión, de acuerdo a los mandatos constitucionales. Las concesiones a las cooperativas mineras deben quedar en suspenso, sujetas a revisión, dependiendo de los condicionamientos constitucionales, además garantizando el cumplimiento de la razón social y sin fines de lucro de las cooperativas, además, claro está, de prohibir la explotación de los trabajadores.

 

Todo el régimen de tributaciones, regalías e impuestos debe estructurarse, ciertamente, de acuerdo a los mandatos constitucionales; sobre todo acercándose, por lo menos, al régimen establecido en los rubros de hidrocarburos.

 

Proponer una transición viable y rápida cumpliendo con la prohibición constitucional de exportar materias primas. En este sentido, en esta transición, controlar, clasificar, el conjunto de minerales no pagados por las empresas trasnacionales, que se llevan como tierra, obligándolas a pagar inmediatamente y resarcir los daños, por concepto de no pago. Esto como corrección temporal, pues el objetivo es no exportar materias primas.

 

Defender los ciclos vitales del agua, del aire, de los suelos, de las cuencas, de los ecosistemas, de los bosques. Al respecto, se debe garantizar el agua para la vida, evitando convertirla en un insumo de lavado del extractivismo mineral depredador. En todo caso, el agua usada debe pagarse; su costo debe comprender la valorización de los impactos.

 

Son indispensables los acuerdos, los consensos, en los términos de una planificación integral y  participativa, con enfoque territorial, como establece la Constitución, en los ecosistemas donde se realizan actividades mineras. Consensos entre todas las instancias involucradas, trabajadores mineros, poblaciones, pueblos, comunidades, empresas, Estado.

 

La Constitución establece que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado. Toda ley, comenzando por las fundacionales, debe normar este derecho del pueblo boliviano. Es indispensable establecer mecanismos claros, efectivos, para realizar este derecho. El pueblo boliviano es quien ejerce soberanía sobre los recursos naturales, es también quien debe decidir sobre su destino, así como deliberar y decidir sobre las políticas de recursos naturales, las políticas mineras, las políticas hidrocarburíferas, las políticas evaporíticas y de los salares, las políticas sobre el espacio electromagnético. La Ley Minera está en la obligación de plasmar artículos que hagan factible esta disponibilidad del pueblo boliviano.

 

En la Ley Minera deben quedar expuestas las estrategias políticas mineras. Estas estrategias tienen que construirse participativamente, deliberadamente e interculturalmente; deben ser resultado de consensos. Para tal efecto es importante que el pueblo boliviano este informado sobre las riquezas minerales que se tienen identificadas como “reservas”. No puede haber secretos en democracia, menos en una democracia participativa. Esto es importante al momento de construir colectivamente las políticas integrales mineras, articuladas a las otras políticas integrales de los recursos naturales; enfocadas en las transiciones hacia alternativas al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo.

 

 

El gobierno ha dicho que, sobre el conflicto minero, sobre la Ley Minera, se comienza de foja cero, retomando como referente y mandato la Constitución. También ha dicho que en la elaboración de esta Ley deben participar todos los sectores. Esta actitud parece mostrar buenas señales, en atención a un campo estratégico como la minería. Esperemos que estas declaraciones sean honestas, se hagan efectivas, se abran espacios para la efectuación de la democracia participativa. No ocurra como con las otras leyes, sobre todo las fundacionales, que fueron elaboradas al viejo estilo de sigilosos secretos, en manos de grupos de “especialistas”, que preservan el espíritu leguleyo y la herencia jurídica colonial. Esas leyes son inconstitucionales, no sólo por la forma de abordarlas, sino, sobre todo, por que contravienen a la estructura conceptual y normativa de la Constitución.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley como huella del gobierno e inscripción del Estado

 

La pregunta es: ¿qué nos dice una ley, la elaboración de la ley, la forma cómo se la elaboró, su composición culminada, su estructura normativa, sus alcances, lo que permite la ley, lo que prohíbe la ley, el tipo de dispositivo en que se convierte, del gobierno responsable de su formulación? Extendiendo la pregunta: ¿Qué nos dice la ley respecto del Estado donde se conforma esta ley y donde ha de formar parte, como dispositivo legal, del sistema de derecho? Se trata de leer, a partir de la ley, encontrando en ella los rasgos, las inscripciones, el perfil dibujado y repetido del gobierno que deja sus huellas, así como del Estado que incrusta en el escrito su “espíritu”. Este método es como la técnica del cazador. Persigue las huellas buscando en ellas el recorrido de su presa. A partir de la forma de las huellas, conmensurar la hendidura, sus características, su tamaño, pondera la morfología del animal, su anatomía, su peso, sus costumbres. Por la frescura de la huella, la distancia dónde se encuentra. De la misma manera, encontremos en la ley elaborada la anatomía del gobierno y la morfología del Estado en cuestión. 

Hablamos de la Ley Minera. Después del conflicto en torno a la Ley, pretendiendo reducir el problema a un solo artículo, el 151, se ha formado una comisión para replantear el texto de la Ley. Según el propio presidente, como la Ley contraviene la Constitución, sumándose a esto los contratos de las cooperativas mineras con empresas privadas, el contrabando de estos contratos, con complicidad de personeros del gobierno y del ministerio del ramo, la Ley misma no es otra cosa que traición a la patria; se deja todo en foja cero, se comienza de nuevo, no sólo con todos los sectores involucrados en minería, sino con la participación de las organizaciones e instancias comprometidas del pueblo boliviano. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del ministro de gobierno lo único que está en cuestión es el artículo 151, observado por los cooperativistas mineros, pues quieren volver al consenso logrado, entre ejecutivo, sindicatos mineros y cooperativas mineras; consenso donde se les permite asociación con terceros. Este parece ser también el criterio del vicepresidente. No queda claro pues cuáles son los alcances y atributos de la comisión formada, donde reaparecen los que elaboraron la ley; el sindicalismo minero, los cooperativistas mineros, el ejecutivo. Brilla por su ausencia el pueblo boliviano, propietario de los recursos naturales.

Esto es volver a reelaborar la Ley Minera con los mismos responsables de una Ley que contraviene plenamente las disposiciones constitucionales. ¿Se quiere corregir la falta, el delito constitucional, que el propio presidente calificó de traición a la patria?  Tampoco queda clara la posición del gobierno, por lo menos en lo que respecta al presidente, pues el vicepresidente y el ministro de gobierno manifiestan que sólo  se trata del artículo 151, haciendo caso omiso de las vulneraciones a la estructura normativa de la Constitución. Esta contradicción parece no importarles. Lo mismo ocurrió con las leyes fundacionales; el contraste manifiesto con la Constitución no les preocupó en absoluto. Bastaba con afirmar, sin ninguna consideración lógica,  que lo que se hacía, elaboraba, aprobaba y promulgaba, estaba de acorde con la Constitución, para que esto ocurra como por arte de magia, sin importar las evidentes vulneraciones e incumplimientos constitucionales.

Con la Ley Minera vuelve a ocurrir lo mismo. Lo grave es que esta Ley tiene efectos inmediatos, no solamente en lo que respecta a la expansión e intensificación del modelo extractivista, sino en la entrega de los recursos mineros, en condiciones de despojo, a las empresas privadas; entre ellas a las empresas cooperativas, ocultando el paraíso fiscal abierto a las empresas trasnacionales extractivistas. Las preguntas que nos hicimos en artículos anteriores es por qué ocurre esto, por qué el gobierno reformista no sólo continua la política privatizadora neoliberal, sino que la intensifica y la extiende. La respuesta que nos dimos es que esto se explica por corrupción a todo nivel. En otras palabras, el poder de las empresas trasnacionales tiene comprometido al gobierno, a los hombres del gobierno. Así como el gobierno tiene cooptadas a las dirigencias sindicales por la prebenda y el clientelismo. Lo grave es que esta corrosión institucional y esta corrupción galopante compromete los recursos naturales de los bolivianos, hace entrega de la propiedad de los bolivianos, en condiciones lamentables, que no se puede calificar de otra manera que como tipifica la propia Constitución, como traición a la patria. 

Entonces, ¿qué nos dice la Ley Minera elaborada respecto al perfil del gobierno y del Estado? Un gobierno que legaliza el régimen preponderantemente privado de la minería, es un gobierno que se conduce, en la práctica, no en el discurso, que ha resultado ser palpablemente demagógico, por una política privatista, entreguista y extractivista. El carácter privatista muestra claramente la continuidad de la política neoliberal en minería, a pesar de las puntuales nacionalizaciones. Por el carácter entreguista se muestra como un gobierno subordinado a las estructuras de poder de las empresas trasnacionales. Por su carácter extractivista devela se apegó a la colonialidad económica. Estamos ante un gobierno que, a pesar de las poses políticas, la retórica “antiimperialista”, repite las prácticas de la gubernamentalidad dependiente y colonial de los gobiernos anteriores. La gubernamentalidad sigue siendo liberal, con el aditamento que se ejerce esta administración pública bajo un discurso pretendidamente soberano, nacional, popular e indígena.

¿Cómo explicar este contraste de un gobierno que, por un lado, hace aspavientos de un discurso trillado “antiimperialista”, por el otro lado, efectúa una política minera privatista, entreguista y extractivista? Complicando más los contrastes evidentes, ¿cómo explicar estas conductas duales entre un gobierno que se declara, en los foros internacionales, ser defensor de la madre tierra, y en la práctica atenta contra los derechos de los seres de la madre tierra, cono lo hace con la Ley Minera? Al respecto, hemos usado la hipótesis interpretativa de que las llamadas “revoluciones” cuando desembocan en el poder institucional, en la administración del Estado, en la llegada al gobierno, se convierten, inmediatamente en contra-revoluciones, al usar el Estado para defenderse, convirtiéndose en engranaje de estructuras de poder ya establecidas en el mundo, en la región, en el país. Si bien esta hipótesis nos permite tomar en cuenta las historias políticas de las “revoluciones” en el mundo, comprendiendo la trama recurrente de los dramas políticos, de sus paradojas y aporías, no termina de explicar un caso singular, como es la de un gobierno progresista convertido en operador del extractivismo minero, al mejor estilo neoliberal.

La otra hipótesis que hemos usado, para explicar esta conducta ignominiosa, es que la elaboración secreta, entre amigos, de la Ley Minera, se debe a la intervención de un factor perverso, la economía política del chantaje; economía política paralela, que contiene como prácticas de concomitancia y complicidad las formas proliferantes de corrosión institucional y de corrupción. Hemos dicho que detrás de este cohecho se encuentran las empresas trasnacionales, empresas que cuentan en su haber con un manejo, de larga data, de estas prácticas de coerción, además de contar con presupuesto especial para hacerlo.

Ambas hipótesis, la trama dramática de los procesos políticos, el diagrama de poder de la corrupción, ayudan a entender el funcionamiento del juego de fuerzas en los campos de poder, en el campo político, concretamente. Sin embargo, falta explicarse cómo se ha llegado a esta situación, cómo se ha caído en las redes de estructuras de poder establecidas.  Vamos a proponer una tercera hipótesis interpretativa de este acontecer complicado de los juegos de fuerzas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inclinación subjetiva por la corrosión

 

Esos circuitos paralelos, que bordean y atraviesan las instituciones, están ahí, circulando, funcionando, dando lugar a la corrosión y al desvío, también esperando el momento, como agazapados. Al final se toma la decisión, alguien la toma, una persona, un grupo de personas, de influencia, de decisión. El punto de inflexión, el punto, mas bien, de caída, se da en el momento propicio. ¿Debilidad? ¿Ruptura ética y moral? ¿Cálculo “pragmático” y oportunista? ¿Qué es lo que lleva a la persona o al grupo de personas, que después tejen una red, a dar el primer paso? ¿La creencia que pueden controlarlo, que pueden controlar este desliz? Lo cierto que el primer paso dado es el gran salto a la órbita gravitatoria de la economía política del chantaje. Una vez dado ya no se sale con facilidad de este circuito paralelo.  La “lógica” de la gestión ya no es la de la normativa institucional, ésta queda como pantalla, esta “lógica” administrativa queda sustituida por la “lógica” de la maximización del beneficio aprovechando las oportunidades. Esta maximización del beneficio opta por procedimientos extremadamente “pragmáticos”, si así podemos hablar, pues no se hace problemas ante el obstáculo de las disposiciones normativas y administrativas. Como dice la sabiduría popular, hecha la ley, hecha la trampa. Menos se hace problemas ante dilemas morales; estos desaparecen en el empirismo del corrupto.

El tema es cómo resuelve el corrupto el tema de las justificaciones públicas, pues estas opciones paralelas, afectan notoriamente el desempeño de la gestión pública, ocasionando el deterioro de la misma, afectando la calidad de los resultados y de las obras o convirtiéndolas en resultados miserables y en obras fantasmas. Las justificaciones públicas optan por la ficción, por la impostura, recurriendo a la propaganda y publicidad desmesuradas. Mientras el discurso trata de convencer, incluso al que lo emite, que se está en lo mismo, que se continúa con el proceso de cambio, que, si hay contingencias, se debe a tensiones creativas, no hay contradicciones, la práctica efectiva, ya atrapada en las redes de la economía política del chantaje, se incrementa, convirtiéndose en un campo determinante, el campo corrosivo de las corrupciones múltiples. Es cuando la institucionalidad acaba completamente tomada por las mallas corrosivas de este diagrama de poder paralelo.

La Ley Minera, tal como se la ha aprobado en la Cámara de diputados, es un síntoma alarmante del grado al que se ha llegado en el avance de la economía política del chantaje. Pues estamos ante una Ley no solamente entreguista y extractivista, la continuidad escandalosa de las políticas neoliberales en minería, sino ante un dispositivo calificado por la Constitución como traición a la patria. Si se ha llegado a esto se ha ido muy lejos.

Estamos hablando de toda la institucionalidad corroída, de la estructura administrativa y normativa puesta al servicio de la ganancia de esta economía política del chantaje. Estamos hablando de personas de poder que han perdido toda medida de las proporciones y las consecuencias. La desconexión con la “realidad” es demasiado grande, casi absoluta, a tal punto que se cree que se puede hacer de todo, hacer cualquier cosa, por más comprometedora que sea, en la medida que se preserve el poder y se imponga la impunidad. Esta psicología es egocéntrica; empuja a las personas involucradas a creerse intocables. No es solamente el dinero, los montos de dinero, por más grandes que sean, lo que explica esta conducta. No es el factor cuantitativo el que puede explicar este comportamiento, es un factor cualitativo y subjetivo. Hablamos de subjetividades demandantes de reconocimiento, cuya demanda de serlo es desesperada; estas subjetividades cuando disponen de poder se expresan desmesuradamente. La demanda de reconocimiento se transforma en la manifestación abierta y ostentosa de despotismo. Estos personajes son generalmente tiranos, pues, de este modo, tratan de ocultar sus profundas vulnerabilidades y carencias.

Por eso, recogiendo lo que dijimos, la Ley Minera se convierte en una radiografía del gobierno, de la situación del Estado, de las subjetividades de los gobernantes y funcionarios de alto rango. La Ley Minera es el síntoma, la intensidad de la sintomatología, de hasta donde ha llegado la descomposición del gobierno, la corrosión del Estado, el derrumbe ético y moral de los gobernantes.

 

               

    

                                 

Despojamiento y desposesión extractivista imperial

Las condiciones jurídicas y políticas constitucionales sobre recursos naturales y minería

 

En el último periodo, vale decir, en la segunda gestión del gobierno reformista hemos escuchado en los discursos oficiales aludir y referirse incansablemente a la Constitución. Lo que importa no es la alusión, ni el acudir al nombre de la Constitución, ni siquiera el repetir memorísticamente los enunciados generales constitucionales. De lo que se trata es saber si la composición, la estructura, la concepción constitucionales se cumplen, se aplican, se realizan. Lo que importa es evaluar si el “espíritu” constituyente, la voluntad del constituyente, la voluntad de las luchas sociales desplegadas, luchas que abrieron el proceso y el horizonte constituyente, se efectiviza; no solamente en el llamado desarrollo legislativo, que debería ser fundacional, sino efectivamente, en las prácticas políticas, vale decir, como mecanismos de transformación institucional y estructural. Precisamente, en esta revisión de la aplicación de la Constitución es donde se hace patente el gran contraste entre La Constitución y el desarrollo legislativo conducido por el gobierno, entre la Constitución y la gestión de gobierno, la gestión pública, la gestión administrativa, la gestión legislativa, así como la gestión de control por parte del Estado; faltando con toda evidencia el ejercicio de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa.

Los órganos de poder del Estado han contravenido sistemáticamente a la Constitución, vulnerando su estructura normativa y conceptual constitucional. Las que deberían ser leyes fundacionales del nuevo Estado, plurinacional, comunitario y autonómico, no son otra cosa que leyes restauradoras del viejo Estado-nación. Ante semejante contraste, ante evidentes contradicciones entre la práctica gubernamental, legislativa, jurídica, electoral, respecto a los mandados constitucionales, el oficialismo ha optado por explayarse en una discursividad demagógica, sin contenido, sin ningún sostenimiento argumentativo, tampoco sin ninguna corroboración por parte de los hechos políticos y jurídicos. El gobierno ha optado por la simulación y la propaganda, por el teatro político y la impostura, pretendiendo, con el uso descomedido, del apabullante y desmesurado aparato “ideológico”, convencer a la gente de lo que no ocurre, en realidad.  Asistimos a un incremento de los contrastes y las contradicciones, a la exacerbación de la propaganda y la publicidad, acompañando la expansión y el dominio de acostumbradas prácticas de poder, cuestionadas por el pueblo, por las movilizaciones, por los postulados de los movimientos sociales; postulados inscritos en las finalidades del proceso de cambio. Asistimos a la reaparición de las formas más grotescas del ejercicio de la política, del ejercicio del poder, desatando, incluso, más que antes, las artes dolosas de las manipulaciones.  En este panorama desolador, emerge, de estas condiciones corrosivas, el monstruo de mil cabezas de la corrupción, incluso más expansivamente e intensivamente que antes. La corrupción se ha “democratizado” y popularizado, destruyendo las bases morales de la sociedad,  quebrando sus estructuras y relaciones de cohesión. Toda esta marcha vertiginosa de sucesos destructivos del entusiasmo de la gente, toda esta descomposición de lo que llamaremos fue, en un principio, al calor de las luchas y como efluvio de los combates concluidos, el proyecto descolonizador y transformador del Estado y la sociedad, termina pariendo un síntoma alarmante del derrumbe del proceso de cambio, la Ley Minera. Este síntoma muestra el desmoronamiento del proceso en su fase terminal. Después de esta Ley podemos decir: El proceso de cambio ha muerto, que en paz descanse.

Para ilustrar el gran contraste y la profunda contradicción entre esta Ley Minera y la Constitución, haremos una exposición del Título II de la Constitución, Medio Ambiente, Recursos naturales, Tierra y Territorio; Título donde se encuentra el Capítulo Cuarto sobre Minería y Metalurgia.

 

 

 

 

 

 

 

La condición constitucional de los recursos naturales

 

El artículo 342 comienza su exposición con un mandato categórico claro: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. La claridad está en sus determinaciones, conservar, proteger y aprovechar; también en el carácter de estas acciones; dice que hay que hacerlo de una manera sustentable, apuntando a la finalidad ecológica de mantener el equilibrio de los ecosistemas. No hay donde perderse; ¿por qué los responsables de la elaboración de la Ley Minera no tomaron en cuenta este artículo? ¿Por qué la Cámara de Diputados se olvidó abiertamente de este artículo? ¿Por qué los ministros y ex-ministros involucrados se hacen a los desentendidos? ¿Por qué el vicepresidente aparece avalando la Ley Minera y apuntando a la revisión de un solo artículo, el 151, de la Ley en conflicto? ¿No leyeron la Constitución? ¿Les dio amnesia? ¿Los diputados que aprobaron la Ley la leyeron o sólo levantaron las manos? Sólo el presidente, el ministro de la presidencia y el actual Ministro de Minería, se expresaron abiertamente, calificando, prácticamente a la Ley y a todo lo que conlleva, como traición a la patria, comprendiendo también a núcleos de funcionarios, comprometidos en ilegales, ilegítimos e inconstitucionales contratos. Sin embargo, lo dicho por el presidente no se acata, quien invita a comenzar de foja cero la elaboración de otra Ley Minera, que se base, respete y se formule desde la Constitución; convocando al pueblo, a los sectores, a las instituciones y organizaciones, a participar en la formulación de dicha Ley. ¿Insubordinación? ¿Desobediencia? ¿La palabra del presidente no tiene importancia a la hora de tomar las decisiones operativas? ¿Qué es lo que ocurre al interior del Estado?  ¿Qué es lo que ocurre al interior del gobierno? ¿Quién gobierna?

Todos estos sucesos, su secuencia dramática, son graves; empero, nadie reacciona. Las organizaciones sociales adormecidas y domesticadas callan; sin embargo, se comprometen, por su silencio cómplice, con esta traición a la patria. Los medios de comunicación sólo informan; pero, ocurre como si no se inmutaran de la gravedad de lo que acaece. Estamos ante un pueblo aletargado y una sociedad adormecida; pueblo conformado con lo que ha conseguido, aplastado por la inclinación conservadora de apoyar sin crítica a un gobierno, que todavía les aparece como criatura suya. Olvidando que, siendo esta criatura suya, tiene el pueblo más responsabilidad por vigilar y controlar la conducción de un gobierno, que se reclama responder a los movimientos sociales; gobierno atrapado en la trama del poder. Ante estas condiciones desastrosas, calamitosas y destructivas, que muestran a un pueblo impávido, a organizaciones sociales domesticadas, tal parece que la traición a la patria se va a materializar, además con beneplácito del MAS.

El artículo 342 dice: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. La minería, el extractivismo, son depredadores y contaminantes, afectan el medio ambiente y el equilibrio eco-sistémico; en ningún momento se les ha ocurrido a los elaboradores de la Ley, al Legislativo, al gobierno, consultar a la población. ¿Esta sólo está para nombrarla como referente; empero, no para consultarle, no para respetar sus derechos constitucionalizados? Esta desatención muestra el carácter autoritario de la elaboración de la Ley, el desprecio a la Constitución y al pueblo, en quien supuestamente radica la soberanía. Esta manera de actuar en política, de la misma manera que en todos los periodos republicanos, muestra patentemente que la práctica política no ha cambiado. Han cambiado los personajes, los actores de la política; ahí se ha producido un desplazamiento. Han cambiado los discursos y los símbolos; sin embargo, se han preservado las prácticas, los hábitos y habitus, las estructuras y las relaciones determinantes de las costumbres políticas.

 

El artículo 346 ratifica lo definido en los artículos anteriores: El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.  Esto de no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales, se les pasó a los proyectistas de la Ley.  La Ley Minera compromete la soberanía sobre los recursos naturales. Es un dispositivo operador de la dominación imperial, despoja a los bolivianos de sus recursos naturales, entregándolos a la vorágine extractivista dominada por las empresas trasnacionales, extractivismo minero como fase inicial de la acumulación ampliada de capital. Todo este entreguismo se lo hace manteniendo el mismo régimen tributario, impositivos y de regalías, establecidos en el periodo neoliberal.

 

El numeral II del artículo 348, que se encuentra en el Capítulo Segundo, sobre Recursos Naturales, establece que: Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.  No son pues para el enriquecimiento privado, como acontece ahora, enriqueciendo a una burguesía cooperativa, que expolia a más de cien mil trabajadores mineros súper-explotados, enriqueciendo estrepitosamente a las empresas trasnacionales, cooperativas, empresas privadas que, en conjunto, sólo dejan al país el 8% del valor de la producción minera. En contraste, el régimen tributario en hidrocarburos deja al Estado el 62%. ¿No es esto una violación espantosa al principio constitucional enunciado en el artículo?

 

El artículo 350 dice: Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley. La Ley Minera no otorga títulos; sin embargo, oculta las innumerables concesiones en reservas fiscales a empresas privadas, entre ellas las cooperativas, además de las empresas trasnacionales. Por ejemplo, el gobierno oculta las cuantiosas concesiones territoriales otorgadas a la Empresa Minera San Cristóbal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué encubre estas concesiones? ¿Por qué otorga estas concesiones contraviniendo a la Constitución?  ¿Cree que puede hacerlo, incluso vulnerando a la Constitución, porque goza de legitimidad, de credibilidad por parte de la mayoría electoral? ¿De dónde saca esos atributos de hacer concesiones a su antojo, si ni el Estado y el gobierno son propietarios de los recursos naturales? La explicación se encuentra en que el gobierno y el Estado-nación son engranajes del orden mundial imperial, son administradores de la transferencia de los recursos naturales a los centros cambiantes de la economía-mundo y a las potencias emergentes del sistema-mundo capitalista. En otras palabras, el gobierno no gobierna sobre los recursos naturales, son otros los que tienen el dominio sobre nuestros recursos y nuestras reservas. Las estructuras de poder mundial, regional y en el país, se mantienen sólidas y siguen determinando el curso del circuito extractivista.

El artículo 351 tiene que comprenderse en su integral composición, en el marco del Título II, en el Contexto normativo y conceptual definido por la Constitución. El numeral I dice: El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. Es el Estado el encomendado a cumplir un papel orientador y operador de estrategias políticas mineras, emergidas de la Constitución; por lo tanto, encaminadas a la independencia económica, a salir del extractivismo, a dejar de exportar materias primas, orientándose hacia la industrialización; articulando estas estrategias mineras con el conjunto de políticas de transición. Realizando la descolonización, la armonía con los ecosistemas, los pueblos, las poblaciones, en la perspectiva del sumaj qamaña/sumak kausay. Sin embargo, el gobierno, la forma concreta y resumida del Estado, anda desorientado, falto de estrategias de transición, deambulando sin horizonte, repitiendo las funestas relaciones coloniales, reproduciendo recurrentemente la dependencia.

El numeral II del mismo artículo dice: El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. Le sigue el numeral III con la siguiente definición: La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. Y el numeral IV establece: Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley. La Ley Minera contraviene a este artículo al no exigir la reinversión de las utilidades económicas en el país. La Ley Minera otorga a las empresas amplios derechos para obtener utilidades, expatriar capitales y especular. En la Ley se otorga  a las empresas mineras el derecho a la libre disposición de las utilidades, abarcando el derecho a la remisión de estas utilidades  al exterior, exigiendo la única condición de cumplir con las obligaciones tributarias. La Ley Minera no sólo no garantiza el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales, sino que permite todo lo contrario, descartando el control y la participación social. Respecto al numeral IV la Ley no modifica el régimen tributario, de impuestos y regalías neoliberal. Como puede verse, el artículo 351 de la Constitución fue manifiestamente descartado por los escritores de la Ley.

 

El artículo 352 exige un proceso de consulta: La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. La Ley Minera manifiesta una violencia desmedida contra lo enunciado en este artículo, violando oprobiosamente este mandato. Desaparece el proceso de consulta, se ignora a la población afectada, se desconoce a la ciudadanía en el proceso de gestión ambiental, se atenta contra la conservación de los ecosistemas, se discrimina y se margina a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Tampoco la Consulta con Consentimiento, Libre, Previa e Informada tiene lugar; por lo tanto, menos se respeta sus normas y procedimientos propios.

 

 

 

 

 

 

 

El extractivismo minero, inicio del proceso de producción y de la acumulación de capital

 

Es menester tener una mirada mundial del capitalismo, no olvidar eso, que el capitalismo funciona como sistema-mundo. Desde esta perspectiva tener bien claro que el extractivismo minero es parte del modo de producción capitalista, que funciona planetariamente. Salgamos de la mera perspectiva de la fábrica, del taller, perspectiva, en gran parte mantenida por Marx y la economía política cuando desarrollan la teoría del valor[26]. El capitalismo no se circunscribe a una fábrica, a un conjunto de fábricas, al espacio económico de un país; el capitalismo es la misma mundialización de la economía basada en la valorización abstracta. El capitalismo funciona como mundo, es una economía-mundo. Desde esta perspectiva hay que dejar de concebir la valorización a partir de un proceso de producción local, particular, incluso regional. La producción propiamente capitalista supone la articulación de las economías del mundo, de sus territorialidades, de sus yacimientos, de sus recursos, de sus poblaciones, susceptibles de convertirse en proletariado y en masa de consumidores. No es conveniente figurar al sistema-mundo capitalista como una gran fábrica, sino, más bien, es conveniente figurarlo como un puzle, armado de una cantidad apreciable de piezas. Cuando las piezas se unen formando el cuadro, la visión del conjunto se da, revela el paisaje, como sentido pictórico capturado. De la misma manera, la valorización del capital se logra cuando se articulan las economías del mundo, dando lugar a un gigantesco proceso de acumulación de capital, basado en la integración de circuitos, circulaciones, procesos productivos, que incorporan como condición e inicio de los procesos productivos al extractivismo, a las distintas formas de extractivismo; entre ellos, el extractivismo minero.

Bajo estas condiciones del funcionamiento del modo de producción capitalista no se puede pretender salir del capitalismo procediendo sólo a las nacionalizaciones de los recursos naturales, recursos atrapados en manos de empresas privadas, principalmente trasnacionales. Las nacionalizaciones modifican cualitativamente los términos de intercambio; mejoran las condiciones económicas del Estado que nacionaliza; empero, sus yacimientos, por ejemplo, mineros, no dejan de pertenecer, formar parte, del modo de producción capitalista planetario. Incluso si las nacionalizaciones formaran parte de un Estado que se reclama socialista, el hecho que las materias prima, transferidas del país a los centros del sistema-mundo capitalista, circulen, alimentando los procesos productivos y la acumulación de capital, hace que el Estado socialista, la economía de transición al socialismo, forme parte del modo de producción capitalista planetario. A la economía-mundo capitalista le es indiferente que la economía nacional se reclame o no de socialista, que el Estado en cuestión se reclame o no de socialista, lo que importa es que esta economía local forme parte del sistema-mundo. Este es el tema y el problema. La economía-mundo capitalista, el sistema-mundo capitalista, el modo de producción capitalista, no se desmontan, no se derrumban, sólo con desplazamientos y transformaciones locales, aunque estas coadyuven, a la larga, al desmoronamiento del capitalismo. El trastrocamiento del sistema-mundo capitalista, del modo de producción capitalista, sólo pude darse mundialmente, mediante transformaciones locales entrelazadas, transformaciones regionales entrelazadas, transformaciones planetarias entrelazadas, transformaciones que configuren otro mundo posible, otros mundos posibles.

En esta transición, mejor dicho, en estas transiciones, es indispensable comprender a cabalidad lo que se disputa en torno al control de  los recursos naturales, en nuestro caso, en torno a los recursos mineros. Ciertamente las materias primas son condición material e inicial del modo de producción capitalista. El cálculo capitalista evalúa las materias primas como renta; en el caso de la minería, como renta minera. Hablamos principalmente de una renta diferencial, dependiente de las oscilaciones de los precios de las materias primas; dependiente propiamente de la demanda de las economías industriales. En el cálculo industrial la renta minera, por ejemplo, forma parte de los costos de producción. El cálculo de costo y beneficio busca aminorar los costos y maximizar el beneficio. En este sentido, el complejo productivo industrial capitalista busca pagar menos renta minera, por todos los medios posibles. El complejo productivo capitalista buscará disminuir sus costos de producción, en lo que respecta a la explotación minera, de todos los modos y procedimientos a su alcance. Este complejo productivo tiene, en su composición estratificada, a las empresas extractivistas mineras como operadoras, en esta fase del gigantesco conjunto articulado de procesos de producción particulares. Estas empresas extractivista consiguen bajar los costos de producción obteniendo concesiones dadivosas de los estados, legislaciones bondadosas, regímenes tributarios tímidos, quedando el control de los recursos, de los procesos de explotación, de los circuitos y recorridos, en manos de estos monopolios tecnológicos, financieros y de mercados, que son estas empresas trasnacionales extractivistas. Las nacionalizaciones les perturban; empero, recobran inmediatamente el dominio, pues controlan toda la cadena de los procesos de producción, que suponen la incorporación de minerales y metales. Regímenes tributarios menos tímidos, más exigentes, también perturban el juego de las magnitudes de los costos de producción; sin embargo, las empresas trasnacionales no tardan en recuperarse mediante modificaciones de la estructura de costos y de la estructura de precios de los productos,  en todas las fases intermedias y finales.

En la medida que las empresas trasnacionales mantengan sus monopolios, controlen cadenas comerciales y productivas, controlen las tecnologías, además de su vinculación privilegiada con el sistema financiero internacional, los desplazamientos en las economías nacionales les perturba; empero, no afecta a su dominio.

Estas empresas trasnacionales cuentan también con otros métodos y procedimientos para bajar los costos de producción, métodos y procedimientos paralelos. Se trata de la relación concomitante con altos personeros de los gobiernos, presidentes y directores de empresas públicas, técnicos y abogados de las instituciones estatales. Para las empresas trasnacionales todo hombre tienen un precio. De lo que se trata es de lograr comprar favores, en este caso, no importando tanto el monto del precio del soborno, pues las ganancias son muy altas. Entonces, la disminución de los costos de producción comienza con las concesiones, sigue con tributaciones, impuestos y regalías bajas, continúa con informes administrativos tramposos, que ocultan los verdaderos volúmenes y contenidos de la explotación minera; así como exigencias de resarcimientos por inversiones supuestas.

Estas prácticas paralelas de las empresas trasnacionales pueden avanzar tanto que terminan comprometiendo a la institucionalidad misma del Estado. La economía política del chantaje comienza con altos personeros del gobierno, después se forman complicidades “laborales”, se conforman redes, circuitos, hasta estructuras, que operan transversalmente en toda la malla institucional, comprometiendo al que está en el medio, incluyen a las organizaciones sociales, por medio de prebendas y clientelismos. La obtención de favores, de concesiones dadivosas, de tributos bajos, se logra, muchas veces, mediante estos procedimientos paralelos. Por ejemplo, la Ley Minera, que favorece no sólo a la burguesía cooperativa sino a las empresas trasnacionales, se ha logrado, en gran parte, por la intervención de estos procedimientos paralelos. La otra parte es el resultado miserable de consciencias de cipayos, consciencias desdichadas que terminan entregándose al amo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condición constitucional de los minerales

El numeral I, del artículo 369 del Capítulo Cuarto, correspondiente el Título II, de la Cuarta Parte de la Constitución, Estructura y Organización Económica del Estado, establece que: El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. En el campo económico de la minería, que podemos llamar campo minero - usando el concepto metafórico del sociólogo Pierre Bourdieu, pues el concepto de campo viene de la física, figura relativa al campo electromagnético, de donde se aplica también a las figuras de todo campo de fuerzas -, la Constitución, reconoce tres actores productivos en minería, llamados sugestivamente industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. ¿Por qué industria si se trata solamente de extractivismo, de explotación de minerales? En términos apropiados no podríamos llamar industria, pues no se da la transformación material, como ocurre con la industria, propiamente dicha, aunque intervengan procesos de concentración, así como los que se dan en los ingenios, para mejorar la ley del mineral, es decir, su cualidad mineral; por ejemplo, los relativos a las técnicas de lixiviación. Este uso de términos corresponde a la comisión minera de la Asamblea Constituyente[27]. Dejando estas apreciaciones de lado, anotando que sólo se reconoce a tres actores productivos, no más, lo importante del numeral I es que se atribuye al Estado la responsabilidad de las riquezas mineralógicas. El artículo retoma la concepción de emprendimiento estatal, de la empresa pública, comprendiendo el monopolio estatal sobre los recursos mineralógicos, monopolio organizado en empresas públicas centralizadas. Esta finalidad, proveniente del ideologema del nacionalismo revolucionario, formación discursiva emergida del periodo crítico donde germinó la revolución de 1952, es precisamente la desplazada por la Ley Minera, que ha optado, mas bien, por la consolidación de la privatización de la minería.

 

Ratificando lo establecido en el numeral I, el numeral III dice: Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. Y el numeral IV dice: El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos pre-constituidos. Este es el rol prioritario del Estado, que también se enuncia en el Título I, correspondiente a la Organización Económica del Estado, de la Cuarta parte de la Constitución, enunciación combinada con los conceptos correspondientes a la economía plural; pluralismo económico encaminado a la realización de la economía social y comunitaria, que es finalidad constitucional. Como se puede ver, tanto el rol prioritario del Estado, así como el decurso pluralista encaminado a la economía social y comunitaria, que comprende a otros actores productivos, como ser a las comunidades, son descuidados por la Ley Minera.

En el mismo sentido, el artículo 370 establece: 

I.        El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

 

II.        El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país.

 

III.        El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares.

 

IV.        El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho.

 

   V.        El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata.

 

VI.        El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

 

De este artículo tenemos que resaltar, fuera de lo que ya dijimos sobre la función prioritaria del Estado, la promoción y el fortalecimiento de las cooperativas. Esta promoción y fortalecimiento se comprenden bajo el mandato del cumplimiento de la función económica social. La Constitución también establece que el derecho minero es de dominio de los titulares, vale decir de los actores productivos. Esto del derecho minero debe leerse en la interpretación integral de la Constitución, en la articulación armónica de los derechos constitucionales; derechos fundamentales, derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, derechos de los seres de la madre tierra. El Capítulo Cuarto, Minería y Metalurgia, no puede des-contextuarse del resto de la Constitución. Como dijimos, la interpretación debe ser integral, así como su aplicación. Más aún cuando se habla de la función económica social que debe cumplir la minería.  Lo mismo podemos decir en lo que respecta a los actores productivos; los actores productivos mineros, reconocidos por la Constitución, deben coordinar sus actividades con el resto de los actores productivos de la Organización Económica del Estado. Esta coordinación productiva es fundamental en la aplicación de la Constitución, la misma que predispone para tal efecto de la oportuna planificación integral y participativa con enfoque territorial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transiciones del extractivismo a la economía social y comunitaria

 

 

Volvamos a las preguntas iniciales, una vez aprobada la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál su ubicación en el acontecer histórico? La Constitución es la inscripción, en texto, del ánimo, del anima y del animus, de las voluntades sociales desplegadas en la movilización prolongada (2000-2005). Aunque también es la construcción dramática del pacto social, a pesar de que no quieran verlo así los llamados opositores; expresiones políticas enfrentadas, en principio, al propio proceso constituyente, después a la Constitución, una vez aprobada por el pueblo boliviano, para continuar oponiéndose a las posibles transformaciones estructurales e institucionales contempladas por la Constitución; sin embargo, tampoco cumplidas por el gobierno y los órganos de poder del Estado. Por eso, podemos comprender a la Constitución como el dispositivo jurídico y político, que abre la normativa para la transición del Estado-nación al Estado plurinacional comunitario y autonómico.

 

Ahora nos concentraremos en las transiciones, inherentes a los mandatos constitucionales, en lo que respecta al campo minero.

 

Se trata de moverse de la economía extractivista, colonial del capitalismo dependiente, y de la condición de Estado rentista, hacia la economía social y comunitaria, propuesta como finalidad en la Constitución. Por lo tanto, también se trata de la transición del Estado rentista a la construcción estatal plurinacional; administración política participativa acompañante de las formas productivas y producentes,  promotora de las formas del sumaj qamaña/sumak kausay, que comprenden armonizaciones con los ciclos vitales, logrando la soberanía alimentaria y complementariedades locales, territoriales, regionales y mundiales. Un Ley Minera, derivada de la Constitución, debe contemplar estas transiciones como tareas fundamentales. La Ley Minera, aprobada por la Cámara de Diputados, hace caso omiso de los mandatos constitucionales, obvia infamemente estas transiciones postuladas.

 

¿Cómo se pueden efectuar estas transiciones? Para comenzar, dejar de inclinarse por el modelo extractivista, modelo que forma parte de la división del trabajo a escala internacional del sistema-mundo capitalista, modelo que es impuesto por la geopolítica imperial, como si fuese la única opción que tenemos, por el momento, hasta que se cumplan ciertas condiciones de posibilidad, tal como piensa el vicepresidente, geopolítico de la amazonia[28]. Esta opción es mantenerse en la condena a ser país primario exportador, medrando en el capitalismo dependiente.

 

 

Transiciones a la economía social y comunitaria

 

El comenzar a abandonar el modelo extractivista equivale a articular e integrar todas las economías vigentes en el país. Esta articulación e integración, que supone armonizaciones, también consensos, se orienta hacia la construcción de un paradigma productivo y producente, impulsado por lo que llamaremos la revolución eco-industrial y eco-tecnológica.

 

Este comenzar la transición económica exige también comienzos de transición en los otros campos de la vida social y de los ciclos vitales. Entre las transiciones es primordial contar con la transición de la revolución cultural, que comprende la revolución formativa, educativa y pedagógica, como tejido intercultural. Esta transición está lejos de haber comenzado. El gobierno se ha inclinado por lo que llamaremos la simulación de una reforma educativa intercultural, socio-productiva comunitaria, que no es más que nombre; discurso ambiguo, ni siquiera sostenido con enunciación conceptual estructurada. Todo esto bajo los códigos de los límites del multiculturalismo liberal, por más demagogia que se ventile con las elocuencias generales sobre descolonización y despatriarcalización. Discursos tan generales y sin contenido que terminan convirtiéndose en cáscaras, que legitiman la continuidad colonial y patriarcal.

 

La transición política de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa, es primordial, coadyuvando al conjunto de las transiciones. El gobierno del pueblo, la utopía democrática, sólo es posible participativamente, con el ejercicio pleno de la participación social. La formalización e institucionalización de la democracia representativa, no ha sido otra cosa que una manera liberal de despojar al pueblo del ejercicio de su potencia social.

 

La realización inmediata, pues es un mandato categórico constitucional, de las autonomías indígenas originarias, el cumplimento inmediato de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución, el respeto a sus territorialidades, a su libre determinación, a su autogobierno, es condición condicional, por así decirlo, en el recorrido de las transiciones. La materialidad histórica y cultural del Estado plurinacional  radica en los territorios y en las autonomías indígenas.  No hay descolonización posible sin estas territorialidades y autonomías indígenas, sin la realización de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. En contraste, el gobierno se ha ocupado de violar sistemáticamente estos derechos,  de vulnerar sus territorios, de obstaculizar la realización de las autonomías indígenas.

 

Entre las transiciones también debemos mencionar  a las transiciones urbanas. Debemos pasar de estas urbes catastróficas a conformar ciudades del “vivir bien”; urbes modernas que marchan hacia la metropolización, que marchan estrepitosamente a la conformación de metrópolis inhumanas, gigantescas, condicionadas por la concentración demográfica, los requerimientos masivos del mercado, la centralidad administrativa y de los servicios, los requisitos del mercado de trabajo, el vaciamiento de los llamados espacios rurales. Típicos procesos de la llamada modernización. Para decir algo, estas ciudades son los conglomerados urbanos del mal vivir; se debe transitar hacia ciudades del sumaj qamaña/sumak kausay.

 

Las transiciones en el campo minero implican tareas combinadas. Es urgente la defensa no sólo de las reservas fiscales, sino de las reservas mineras en general, mejor dicho, de los bienes mineralógicos, por lo tanto de los yacimientos y las geologías minerales del país. No se puede entregar este patrimonio del pueblo boliviano a la vorágine del capital internacional, como lo hace la Ley Minera, con la excusa de la exploración y prospección, además de la decantada necesidad de inversiones. Se estima que el noventa por ciento de las riquezas minerales del país no han sido tocados. Se oculta la información al respecto, información con la que cuentan las empresas trasnacionales, así, como seguramente, las geopolíticas regionales. Esta riqueza mineral es propiedad del pueblo boliviano. Su usufructuó no puede darse en el marco de la economía-mundo capitalista, alimentando la acumulación ampliada de capital, condenando a las periferias a la transferencia desigual de sus recursos naturales. El uso de este potencial mineralógico debe darse en los términos constitucionales; bienes destinados al “vivir bien”, bienes en circuito y armonización con los ciclos vitales.

 

Entre las transiciones no podemos dejar de mencionar a la necesaria transición efectiva de integración de Abya Yala. Integración posible por medio de la participación activa y complementaria de los pueblos, no por la pose demagógica y teatral de los gobiernos y los estados. Las transiciones hacia mundos alternativos al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, no pueden efectuarse sin la integración complementaria de los pueblos del mundo, los mismos que deben orientarse hacia la gobernanza mundial de los pueblos.          

 

             

     

 

   

                 

   

 

           

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis en el Estado rentista y en la economía dependiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo interpretar el intermitente conflicto de las cooperativas mineras? Ciertamente la gota que hace desbordar el vaso, en la actual coyuntura, es la ley propuesta por el gobierno, que instituye que en las cooperativas pueden y deben sindicalizarse los trabajadores. Esto, que parece contradictorio con la concepción cooperativista, de lo es el concepto de cooperativa y el perfil de lo que deberían ser las cooperativas, quizás se deba a que, efectivamente, en la práctica, las cooperativas contratan trabajadores a destajo, que no cuentan con organización sindical, ni con los derechos asignados por la ley del trabajo. La pregunta es: ¿Por qué el gobierno no hace cumplir la Constitución, además los estatutos de las cooperativas, así como el sentido, el perfil y la estructura institucional de lo que es la cooperativa? Lo coherente es cerrar aquéllas empresas “cooperativas” que no son cooperativas, en la práctica; exigir que funcionen como cooperativas y no como empresas privadas; exigir que las empresas que quieran seguir en el rubro minero, tal como lo hacen, se incorporen, mas bien, al espacio normativo para las empresas privadas. Sin embargo, en este tema y en este problema, el gobierno ha tenido una conducta sinuosa. En principio, ha optado, mecánicamente, aunque diga lo contrario, continuar el curso abierto por el neoliberalismo, al promover la vía productiva no estatal; en el caso minero, manteniendo el nombre de cooperativa a lo que, en los hechos, no es una cooperativa, sino empresa privada.  De esta manera, seguía la línea del proyecto neoliberal; convertir en “empresarios” a los trabajadores, a los ciudadanos, para que, de esta manera, concurran a la competencia del mercado, mejorando la producción e incentivando la economía. Por lo menos, este es parte del discurso de la “ideología” neoliberal. El gobierno popular incluso expande más esta política, otorgando concesiones en espacios fiscales a las cooperativas mineras; lo que no se podía hacer según ley. Pues no se puede afectar las perspectivas de expansión y crecimiento de COMIBOL, la empresa minera estatal. Las cooperativas mineras solo podían acceder a espacios marginales o aledaños. Incluso, los que había trabajado ya la empresa estatal.

 

De esta manera, en el periodo de bonanza de los precios de las materias primas, las cooperativas mineras llegaron a ser aliadas del gobierno e ingresaron al “Pacto de Unidad” paralelo, que se inventó el gobierno, sustituyendo al Pacto de Unidad, que participó en la movilización prolongada (2000-2005), convirtiéndose en un baluarte del “proceso de cambio”, en su etapa heroica; es decir, el de las movilizaciones. Este Pacto de Unidad entró en crisis, debido a las diferencias entre sindicatos campesinos y pueblos indígenas. Los primeros apoyaron ciegamente las políticas del gobierno, incluso cuando, en la perspectiva larga, afectaban al porvenir de la vía campesina. Por ejemplo, la renuncia taxativa a la reforma agraria; renuncia que el mismo gobierno impuso, incluso, adelantándose, en la propia Constitución. El Pacto de Unidad se quebró cuando el conflicto del TIPNIS; prácticamente dejó de existir, pues la parte correspondiente a las organizaciones de los pueblos indígenas, fue desprendida del Pacto de Unidad; quedando, organizativamente, los sindicatos campesinos y los sindicatos obreros. Esto ya no podía ser el Pacto de Unidad del “proceso de cambio”, que responde a una Constitución que establece el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Constitución y Estado, en transición, donde las naciones y pueblos indígenas son el substrato del cambio, el eje de las transformaciones y el horizonte comunitario y descolonizador. En vez de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, ingresaron los cooperativistas mineros. Con esto, el gobierno contaba con un nuevo Pacto, no solamente sumiso al gobierno, sino con una plataforma para sostener, con este apoyo, el proyecto desarrollista del gobierno rentista; lo que de por sí es contradictorio, aunque no estemos de acuerdo con el denominado desarrollismo.

 

Orientándonos en el cuadro estadístico, para estimar el peso económico de las cooperativas mineras, contamos con los siguientes datos. El 70% de la producción minera es controlada por la empresa privada, preponderantemente trasnacional; el 27% de la producción es controlada por los cooperativistas mineros;  y el 3% es controlado por la empresa estatal COMIBOL. Los dirigentes cooperativistas mineros dicen, ahora, en pleno conflicto, que sus afiliados suman a 175 mil; empero llegaron, en algunos momentos, de auge, a sobrepasar la suma de 200 mil afiliados. La empresa estatal paso de 400 trabajadores, antes de las nacionalizaciones, a contar con más de 5000 trabajadores mineros; las empresas privadas mineras cuentan, en conjunto, con alrededor de 4000 trabajadores. Vamos a tomar en cuenta la cifra que dan los dirigentes cooperativistas. Vamos a considerar que los trabajadores contratados por COMIBOL son más, teniendo en cuenta que el gobierno ha venido resolviendo el conflicto con los cooperativistas mineros de dos maneras; una, otorgándoles concesiones; otra, contratándolos e incorporándolos en la empresa pública. Vamos a mantener la cifra conocida de trabajadores en las empresas privadas mineras. Como referencia, tenemos los siguientes porcentajes: el 95% de los trabajadores se encuentran en las Cooperativas mineras, el 3% en la empresa estatal y el 2% en las empresas privadas. Pueden variar estos porcentajes, mejorando la información; empero los pesos estadísticos diferenciados por orden no cambian. Es indudable e indiscutible que la gran mayoría de los trabajadores se encuentra en las cooperativas mineras.

 

En el anterior conflicto con las cooperativas mineras, el conflicto minero en torno a Colquiri, también de grueso calibre, Pablo Poveda, Justo Zapata y Carlos Arce, propusieron diez puntualizaciones para interpretar el conflicto minero con las cooperativas. ERBOL reunió a estos analistas y expertos en el tema; resumió de esta manera el conversatorio:

 

1.- Diferencias entre mineros asalariados, cooperativistas y privados

 

Poveda: El sector asalariado es dependiente del empresariado, ya sea privado o estatal, porque perciben un salario. A diferencia de los cooperativistas, que son una asociación de obreros que trabajan por su cuenta una mina. Sin embargo, algunos cooperativistas se vuelven empresarios y otros se quedan simplemente como trabajadores.

En el sistema cooperativo todos los socios supuestamente ponen su trabajo, pero al conseguir el yacimiento del Estado lo dividen. Cada socio trabaja por su cuenta una parcela y luego contrata una cuadrilla, o sea trabajadores, que se convierten en asalariados del sistema cooperativista. Los dueños de las  parcelas son como pequeños empresarios.

2.- Tipos de aportes del sector minero al país

 

Poveda: El fundamental es el Impuesto Complementario a la Minería, ahora llamada regalía, que es un impuesto que se paga al departamento productor. Esto varía del  uno al seis por ciento, depende de una escala de precios. La vigente escala se hicieron en 1997, actualmente todos los minerales han superado esos rangos y los mineros siguen pagando el seis por ciento del valor bruto de la producción.

Después viene el pago al Impuesto a las Utilidades,  Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Transacciones y todos los impuestos del sistema impositivo. Sin embargo, tienen un montón de excepciones impositivas que, sumando las regalías y todos los tipos de impuestos, en promedio el aporte real no llega ni al 10 por ciento del valor total producido.
 
Esto en la minería estatal y privada. En cambio, los cooperativistas pagan la mitad del Impuesto Complementario a la Minería; es decir, sólo tres por ciento.

 

3.- ¿Quiénes aportan más al país?

 

Poveda: Los que más producción tienen son las empresas privadas y hay que señalar que sólo son dos: San Cristobal y Sinchi Wayra. Ellos  son responsables del 74 por ciento de la producción nacional. Ahora Comibol (Corporación Minera de Bolivia), que conglomera las empresas estatales –sólo tiene operaciones en Huanuni  y  Colquiri– es responsable del uno por ciento de la producción nacional. Las cooperativas que son 1.019, según los datos del 2010, producen el 25 por ciento.

4.- Tipos de explotación del mineral de los cooperativistas, estatales y privados

 

Poveda: El método con el que operan las cooperativas y la Comibol es el sistema de cuadrillas. Pueden  existir cuadrillas donde usan barretas, pala y pico para perforar el suelo hasta pequeñas perforadoras mecánicas a motor. En el caso de las empresas privadas se usa mucha tecnología de primera.

Cabe señalar que casi todas las cooperativas no tienen una producción planificada de la mina, van sacando lo que encuentran, van trabajando de forma precaria.

Arce: El manejo de los cooperativistas no solo tiene ciertos defectos sobre en el trabajo, como la explotación laboral sin beneficios, el trabajo infantil con alto riesgo industrial, etcétera. Sino que ellos trabajan en yacimientos que han sido preparados por la Comibol y van sacando lo más rico y dejan lo más pobre para la comunidad. Estas cooperativas se convierten como grupos nómadas cuando se acaba la reserva emigran a otro lado.

5.- El origen del conflicto

 

Zapata: La fuente del conflicto se remonta al año en el que se cierra Comibol que en ese entonces tenía 22.000 trabajadores desempleados; tuvieron que ser relocalizados. Una buena cantidad de esos obreros decidieron quedarse en las minas haciendo un trabajo muy esforzado con lo que quedaba para subsistir.

Desde entonces los gobiernos apoyan a esas personas que prácticamente arañan la tierra y es ahí cuando se conforman las cooperativas. Pero los precios de los minerales suben y estas reservas trabajadas por cooperativistas adquieren un mayor valor económico.

Por otro lado, toda la minería importante del país estaba privatizada y existía una convivencia pacífica con los cooperativistas; hasta que el actual gobierno, mediante su política, decide nacionalizar los yacimientos mineros. En el caso de Colquiri una importante parte estaba en manos de Glencore y al nacionalizarlo no sólo el Estado puja por ese yacimiento sino también los cooperativistas.

 

6.- Comibol no puede explotar los yacimientos que tiene

 

Poveda: Comibol no puede administrar directamente sus yacimientos, la ley 1777 le prohíbe que participe directamente en las operaciones y le ordenan administrar los yacimientos bajo contratos con terceros, sean cooperativistas o privados. En los casos de Colquiri y Huanuni  Comibol está administrando su explotación directamente por excepción, en ambos casos por la presión de los trabajadores.

 

7.- La cantidad de cooperativas y sus trabajadores

 

Arce: El 2005 existían alrededor de 400 cooperativas y hoy, de acuerdo a los datos de las mismas cooperativas pasarían las 1.200. En cuanto al número de sus trabajadores existen tremendas variaciones.

Un dato reciente de la Unidad de Análisis y Política Minera del Ministerio de Minería dice que en el 2000 había 54.200 personas trabajando en cooperativas y el 2011 solamente 58.000; sin embargo, hoy sus dirigentes dicen que son 120.000. Esta diferencia se debe a que ellos registran a sus socios en planillas oficiales, pero al interior de las cooperativas tienen otras personas que no son socios sino trabajadores asalariados permanentes y eventuales. Como verán, esa gente conforma un número muy importante en la cooperativa.

 

8.- Los intereses en Colquiri  y la veta “Rosario”

 

Poveda: Los cooperativistas de Colquiri –y en general, todos los cooperativistas– quieren expandirse y garantizar más yacimientos.

Por otro lado, el interés de los asalariados es más histórico. No hay que olvidar que siempre fue la vanguardia revolucionaria en el país. A partir de la tesis de Pulacayo, donde se plantea la toma de minas y la nacionalización. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en su último congreso, reivindica esos postulados.

En cuanto a la veta “Rosario”, hice algunos cálculos, basándome en los informes de 2002. En ese entonces se calculaba reservas de estaño de 162.000 toneladas y concentrado de zinc de 1.000.000 de toneladas;  traducido a los precios actuales eso significa que tenemos 19.600 dólares por tonelada de estaño y 1.894 dólares por tonelada de zinc. En  estaño, con seguridad, es el segundo yacimiento más grande después de Huanuni.

9.- El actuar del Gobierno

 

Poveda: Los trabajadores cooperativistas de Colquiri, en general, todos los cooperativistas, tienen el compromiso del gobierno de entregarles mayores áreas de trabajo.  El año pasado, en la Cumbre Social para el Cambio, ahí el gobierno se ha comprometido entregarles mayores áreas de trabajo en una actitud con miras a las elecciones del 2014.

Arce: Los cooperativistas dicen que son 120.000, multipliquemos por cuatro en cada familia. Estamos hablando de casi medio millón de personas.  Esa cantidad es una gran masa electoral, a diferencia  de los 5.000 trabajadores de las estatales y los otros 4.000 de las empresas privadas.

 

10.- Propuestas de solución

 

Poveda: El gobierno no debe otorgarles la veta “Rosario”, porque apoyar a las cooperativas mineras es como apoyar a los empresarios privados y eso es generar nuevos pequeños ricos. La solución podría venir por nacionalizar el campo minero. Ahora, si eso sucede, va existir violencia porque está en juego los intereses materiales de los cooperativistas. Transferirles otras vetas a los cooperativistas fuera de Colquiri no se puede, tendrían que expropiarle a las empresas privadas o dar otros yacimientos de la Comibol.

Zapata: Tenemos que tener empresas estatales fuertes y eso significa optimizar la tecnología para que realmente sea competitiva y con esos excedentes potenciar otras áreas.

Arce: Hay que tomar en serio el discurso de nacionalización. Si estamos peleando por la décima parte de la torta, hay que mirar  el restante 90 por ciento donde está la riqueza[29].

Ahora, cuatro años después de aquél conflicto que puso en vilo al país, por la virulencia de los eventos y por la incertidumbre del desenlace, sin contar los conflictos menores y entredichos, que se dieron en el transcurso, ¿hay algo más, hay otras puntualizaciones o debemos retirar algunas de las puntualizaciones propuestas aquella vez? ¿Por qué es recurrente este conflicto, de manera intermitente? Vamos a tratar de responder a estas preguntas, apelando a una descripción del problema, que contemple distintos perfiles del conflicto, buscando una interpretación de la complejidad del mismo.

 

 

 

 

 

 

Interpretación del conflicto minero

 

1.   El carácter dependiente de la economía boliviana, de perfil estructural extractivista[30], estrecha los márgenes de oportunidades de las estrategias de sobrevivencia, para no hablar de algo más ambicioso, de las estrategias de vida. Esta estreches en las opciones, sobre todo, en lo que respecta a las oportunidades de trabajo e ingreso económico, obliga a la población en edad de trabajo, a buscar alternativas en el abreviado trecho que hay. Las opciones encontradas fueron, en la historia laboral, preferentemente en el rubro minero. Después, en la medida que las ciudades fueron creciendo y se instaló una industria textil y otras manufacturas, el espacio empresarial fabril. En tercer lugar, el comercio; empero, en este caso hay una gama, donde la posibilidad de empleo en el comercio formal, por así decirlo, es restringido; en tanto que el comercio “informal” es, más bien, abierto. En cuarto, lugar, el empleo doméstico, que mantuvo una demanda no despreciada por parte de las mujeres migrantes del campo. Ciertamente, no podemos olvidar que el grueso de la población trabaja en el campo, en las distintas formaciones económicas rurales. Indiscutiblemente, la mayoría de los trabajadores del campo se encuentran en la pequeña empresa familiar. Con mucha distancia, aunque ha venido creciendo el número, el empleo en las empresas agrícolas y agroindustriales; este empleo tiene su significancia, sin contar con los trabajos eventuales, como las cosechas de la zafra y del algodón, en otros tiempos. Ahora, quizás el empleo en los ciclos de la soya tiene también su relativa importancia. A este cuadro descriptivo, aunque general, debemos añadir el empleo urbano para las profesiones liberales y las profesiones técnicas, así como contar con la masa de funcionarios públicos. Empero, en comparación, la población mayoritaria de trabajadores se desempeñan como campesinos, obreros, comerciantes, domésticas, jornaleros; en tanto que los empleos profesionales y especializados, además de los burocráticos, tienen un impacto en las llamadas clases medias, siendo de menor impacto en el grueso de la población  en edad de trabajo.

 

2.   Cuando se dan las llamadas crisis económicas, estos estrechos márgenes de opciones se angostan aún más. En estas situaciones, la sensibilidad social es más susceptible; se convierten en una de las ocasiones para el estallido de conflictos sociales y económicos. No es ciertamente el factor primordial ni tampoco la condición única de la generación de conflictos.

 

 

3.   La aplicación del proyecto neoliberal, al cerrar las empresas mineras de COMIBOL, dejó sin trabajo a alrededor de 22 mil trabajadores mineros, fuera del costo social que ocasionó en la población del país.  En la región andina, la población que no migra, que obviamente es el grueso demográfico, no tiene más opciones que las heredadas, las formas tradicionales de empleo en los rubros abiertos por la economía, de acuerdo a la larga historia económica y de acuerdo al perfil extractivista. Hablamos de la minería. Claro que se ampliaron notoriamente otros “rubros”, si podemos llamarlos así, como por ejemplo, el contrabando; que creció rápidamente en el periodo neoliberal, precisamente debido a las características del proyecto. En estas condiciones, muchos ex-trabajadores de COMIBOL decidieron quedarse y dedicarse a lo que sabían, a la explotación minera. Es cuando proliferaron las empresas cooperativistas mineras.

 

4.   Sin hablar de la composición y estructura perversa de las cooperativas mineras, donde un grupo de socios prácticamente se convierten en patrones, de números trabajadores empleados y asignados a cuadrillas - esto ya lo anotamos en otros textos[31] -, el tema es que, en momentos de auge e intensidad extractivista, el número de trabajadores cooperativistas llegó a alrededor de 200 mil. Esto implica, estimativamente, considerando un promedio de cinco miembros por familia, el sustento de un millón de personas.

 

 

a)   Al respecto, las perspectivas de atención a estos problemas, a lo que llamaremos el cuidado de la población, pueden definirse en la perspectiva del largo plazo o, mas bien, en las perspectivas del mediano o corto plazos.

 

b)   Lo adecuado es enfocar la problemática desde la perspectiva del largo plazo, pues son varias generaciones las que están en juego.

 

 

c)   La perspectiva del mediano plazo no contempla la reproducción social, que debe considerarse en el largo plazo. Solo contempla la satisfacción de necesidades de las generaciones hoy presentes, que son, en promedio, tres. Esto es apostar a un proyecto económico elemental, como si no se tuvieran expectativas a largo plazo.

 

d)   Mucho peor, cuando solo se mira desde la perspectiva a corto plazo; que corresponde a la satisfacción inmediata de las necesidades más elementales, fuera de los deseos compulsivos de enriquecimiento de un grupo minoritario. En este caso, es como si se perdieran las perspectivas.

 

 

5.   La apuesta de los gobiernos, a lo largo de la historia política, sean conservadores, liberales, nacionalistas, neoliberales y, ahora, “progresistas”, ha tenido y tiene un tenor, una tendencia o inclinación, como si no hubiera otra alternativa, como si fuese una condena o fatalidad, que es la costumbre de continuar la ruta del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En este sentido, se han movido unos bajo el enfoque del corto plazo; se han movido otros bajo el enfoque de mediano plazo. Podemos decir, que el gobierno “progresista” mira desde la perspectiva del mediano plazo; sobre todo, tomando en cuentas las medidas asumidas en su primera gestión. Los gobiernos neoliberales miraron desde la perspectiva a corto plazo, dejando el mediano plazo a la mano invisible del mercado y el largo plazo a la providencia.

 

6.   En este contexto, casi invariante, restringido, circunscrito a la dependiente economía extractivista, acompañada por algunos brotes de incipiente industria, fabril y agroindustrial, las opciones de vida de la población se dan como pugnando en la gama dramática, la opción menos sufrible. No aparece, en el horizonte, la perspectiva del largo plazo. Es entonces, explicable que los conflictos sociales sean más recurrentes, dependiendo de la coyuntura. Ahora bien, tratándose del conflicto minero, a esta condicionante histórico-política-económica o, si se quiere, causalidad latente,   se añade la repercusión de las políticas económicas del gobierno; sobre todo, en este caso, en lo que respecta a la minería.

 

 

7.   Pasar de una relación clientelar con las cooperativas mineras a una relación demarcadora de límites, buscando, desesperadamente, capear la tormenta, las consecuencias de la baja de los precios de la materias primas, tratando de evitar que del clientelismo con las cooperativas mineras se pase a la subvención o a otras concesiones, más onerosas todavía de las que ya se ha hecho, es romper, en la práctica, en los hechos, aunque no lo digan en los discursos, con la alianza prebendal.

 

8.   En consecuencia, nuestra interpretación del conflicto observa, mas bien, una crisis en la estructura de alianzas del gobierno populista. Esto significa una crisis en el bloque, por cierto no bloque-histórico, sino de bloque prebendal de la economía política del chantaje y del modelo extractivista. Así como de la gubernamentalidad clientelar. Es pues una crisis de Estado-nación.

 

 

9.   A diferencia de los “analistas”, que ven culpas en el gobierno “progresista” o como quieran llamarlo, nosotros vemos que la responsabilidad histórica-política en lo que respecta al despliegue de los conflictos, no solamente éste, de ahora, conflicto minero, compete a todos los gobiernos, por los menos, para no extendernos, de la historia reciente. Esto quiere decir que debemos tomar en cuenta lo ocurrido políticamente desde la revolución nacional de 1952. De una u otra manera, con un estilo u otro, un poco mejor, en algunos, un poco peor, en muchos de los gobiernos, todos han diseñado sus políticas, si es que las diseñaron, han aplicado sus políticas, desde las perspectivas del mediano o corto plazo. Todos han insistido en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. De esta manera cierran las posibilidades a las generaciones que vinieron y que vienen.

 

10.       Desde nuestra interpretación, se debe dejar de lado o por lo menos no quedarse ahí, las discusiones encerradas en el plano-económico, además acotados en recortes esquemáticos, que solo sirven para corroborar sus teorías, que no dejan el marco del simplismo conceptual de la causalidad lineal. También abandonar o por lo menos no quedarse ahí, las discusiones en el plano-político, donde debaten “ideologías” encontradas, que no dejan de confundir sus representaciones del mundo con el mundo efectivo, que desborda ampliamente a sus representaciones, por su complejidad. La perspectiva del largo plazo, exige miradas que se preocupen por la vida, por los ciclos vitales, por el largo plazo donde trascurren las poblaciones.

 

 

11.       Si hay algún sentido adecuado y pertinente de la frase solución del problema, ésta solución no puede ser sino de incidencia en el largo plazo.  Lo otro, las llamadas “soluciones” políticas y económicas, que son variadas y entran en concurrencia, de alcance mediano y corto, no son más que o paliativos adormecedores o “soluciones” para minorías, que se consideran naturalmente privilegiadas o compensadas por su esfuerzo o astucia.

 

12.       Las perspectivas a mediano y corto plazo, es compartida por contingentes de la población, particularmente por la clase o las clases trabajadoras, fuera de las llamadas clases medias; pues, como en el caso de los trabajadores cooperativistas mineros, también de los obreros mineros de la empresa estatal, se apuesta por la satisfacción de las necesidades inmediatas,  cerrando las posibilidades a los hijos de sus hijos. Esta inclinación compulsiva, inmediatista, egoísta y conservadora, refuerza el ejercicio del poder de los gobernantes, que no es sino el despliegue de dominaciones habituales, patriarcales, elitistas; aditamentos de las dominaciones, a escala mundial, del imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanidades expuestas

 

 

 

 

 

 

 

Comencemos con una pregunta simple: ¿Qué es lo prioritario en el mundo y para la humanidad? La respuesta que encontramos, para nosotros indiscutible, es: la vida. Ahora bien, si es así, ¿no es esta primordialidad la que condiciona, por así decirlo, nuestras conductas y comportamientos, nuestras decisiones y estrategias, nuestras cosmovisiones, nuestros proyectos sociales? Si respondemos afirmativamente la segunda pregunta, la consecuencia ineludible es la siguiente: todas las otras premisas, puntos de partida, condicionantes, quedan relegadas a segundo plano, sino es a un tercer plano. Entre las otras opciones y proyectos; por ejemplo, el llamado crecimiento y desarrollo económico; o la proyección política de una institucionalidad nacional y mundial “democrática”; llevada a cabo, aplicada y respetada por todos. Para citar dos opciones y proyecciones que pueden ser aceptables por casi todos. Dejando de mencionar proyectos altamente rebatibles, desde la perspectiva humana, como las opciones geopolíticas de dominación. Estas opciones y proyectos quedan pues relegados a segundo o tercer plano, cuando la primordial perspectiva es la vida.

 

La tercera pregunta: ¿Por qué los estados y los gobiernos, así como las mallas institucionales y las redes empresariales insisten en imponer otras perspectivas y sus consecuentes proyectos, que son irrelevantes ante la crucial importancia de la vida? Esta pregunta ha tenido varias respuestas, de parte de las “ideologías”; desde las más reductivas, vinculadas al esquematismo dualista de fiel/infiel, hasta las que se reclaman portadoras de la esencia humana; como por ejemplo, las que se autoproclaman defensoras de la libertad y de la “democracia”; también las que se autodefinen como defensoras de la igualdad o la justicia. Sin embargo, todas estas respuestas, incluyendo aquellas que se consideran portadoras de la esencia de la humanidad, han soslayado la condición de posibilidad de cualquier condición de posibilidad, esta es la vida[32].

 

Si no es así, como planteamos, como interpretamos esta nuestra relación como humanidad, como sociedades y pueblos, con la vida, no solamente con el mundo; entonces, estas otras opciones y proyectos tendrían más valor que la vida misma. Algo que parece insostenible. ¿Cómo explicarse este desatino? A lo largo de los ensayos anteriores[33], hemos interpretado este desatino a partir de la crítica a la economía política generalizada; crítica que comprende la crítica de la economía del poder, la economía política del Estado y otras formas de economía política, que, como todas, separan lo abstracto de lo concreto, valorizando lo abstracto y desvalorizando lo concreto. Ahora, queremos reflexionar sobre esta condición de posibilidad primordial y fundamental de la vida, sobre todo, en lo que respecta a dos tópicos; uno, relacionado a la humanidad; otro, vinculado al Oikos. A partir de esta reflexión, adentrarnos a escudriñar sus consecuencias en el análisis del conflicto social. Respecto a esta temática, escogemos un conflicto social y económico concreto, con consecuencias políticas; este es el conflicto minero, entre las cooperativas mineras y el gobierno “progresista”.

 

 

Sobre las consideraciones teóricas acerca de la humanidad, nos remitimos a lo que escribimos al respecto. A partir de esta consideración arqueología del concepto de humanidad, intentaremos reflexionar lo que parece ser una evidencia; por lo menos, de la mayoría de los humanos, en las sociedades modernas. Su vulnerabilidad, el estar expuestos a intervenciones que les afectan, en el sentido de vaciamiento del contenido histórico-cultural de la configuración hermenéutica de humanidad. Estas poblaciones vulnerables, para situarlas en un plano de intensidad demográfico, son aquellas que están obligadas a exponerse a las condiciones de trabajo impuestas por el sistema-mundo, en un periodo y en una coyuntura determinadas, del ciclo correspondiente económico del valor valorizable; por lo menos, estadísticamente.

 

Como se puede ver, a estas poblaciones vulnerables, no las nombramos desde la clasificación sociológica o económica, incluso política, pues consideramos, a partir de nuestra premisa de inicio, que esa clasificación y los nombres correspondientes, responden a las definiciones hechas por la institucionalidad del poder; concretamente, del Estado. Definiciones taxonómicas, que han tenido uso en las “ideologías”, así como en las teorías sociológicas y políticas. Usos que han sido pertinentes en su momento y en los periodos, si se puede llamarlos así, de luchas iniciales sociales y políticas. Empero, ahora, cuando hay una acumulada experiencia social y una constante actualización de la memoria social, particularmente, en lo que respecta a las historias políticas dadas en la modernidad, no parece pertinente tomar como verdades últimas a estas definiciones, que son, mas bien, provisionales, incuso cuestionables, desde la perspectiva compleja de la vida.  Por eso, lo más conveniente, parece ser, considerar a las sociedades y pueblos, en conflicto permanente, sobre todo, interno, como humanos, reconociendo la condición humana en la que se encuentran.

 

Si tomamos en cuenta lo expuesto en ensayos anteriores[34], estamos en la era de la simulación, que corresponde a la historia del nihilismo, que avanza irremediable hacia la nada, en sentido metafórico, al desastre, en sentido literal, por el camino de la decadencia. En consecuencia, toda la sociedad, en toda su estructura social, comprometiendo a todos los estratos sociales, a todas las clases sociales, según las clasificaciones, se encuentran afectadas por este recorrido nihilista. Ciertamente, que de distinta manera. Para decirlo fácilmente, las clases explotadas, discriminadas, marginadas, subordinadas y dominadas,  son afectadas cuando su humanidad es convertida en objeto; por ejemplo, económico; las minorías, las clases dominantes, como, por ejemplo, la burguesía, también están afectadas, pues su humanidad, así mismo, ha sido alterada en sentido de una restricción banal. Se trata de las clases privilegiadas que han optado, aunque lo hagan de una manera mecánica, inconsciente, si no es consciente, pragmática y oportunista, por sustituir la plenitud humana, que podemos llamarla felicidad, por el goce momentáneo de satisfacciones banales. En consecuencia, a pesar de las diferencias, ambas situaciones sociales, las privilegiadas y las subordinadas, están expuestas al deterioro existencial; es decir, a la decadencia. 

Esto, que decimos, no es una defensa o relativización del papel dominante que juegan las clases privilegiadas; por ejemplo, la burguesía; de ninguna manera. Se trata de comprender el funcionamiento del sistema-mundo capitalista, su ubicación y situación, en el contexto mayor, donde se asienta, aunque no quiera reconocerlo, que es la ecología de la biodiversidad. Quedarse en el esquematismo dualista de burgueses y proletarios, dominantes y subordinados, por más pertinente que sea este esquematismo en la interpretación política, corre el peligro de reducir, incluso esta buena interpretación, operativa, al esquematismo dualista de buenos y malos; lo que es de por sí el colmo de la “ideología”. Colmo recurrente de las fuerzas sociales concurrentes.

 

Teniendo en cuenta los aportes de las formaciones discursivas histórico-políticas,  interpeladoras de las dominaciones y críticas de los discursos jurídico-políticos de legitimación del poder,  sobre todo, la interpretación luminosa, que hace inteligible las formaciones sociales, de la lucha de clases, parece, que se requiere, considerando la experiencia social política, ir más a fondo, por así decirlo, e interpretar el conflicto social desde la perspectiva de la complejidad.

 

Al respecto, de esta interpretación, desde la perspectiva del pensamiento complejo, por el momento, no encontramos otra premisa apropiada que el concepto de humanidad, por más renacentista que sea, por más universal que sea, por más esencialista, que pueda parecer. Sin buscar, una mejor conceptualización, mas adecuada a la complejidad, por razones de exposición, claridad y pedagogía; usando el concepto de humanidad, en el sentido arqueológico, como referencia teórica, partiremos de las connotaciones que contrae este concepto, por cierto, homogeneizante. Con estas aclaraciones pasamos a la anunciada reflexión.

 

 

 

 

La condición humana restringida

 

Concentrándonos, ahora, en las clases subalternas, explotadas, dominadas, marginadas y discriminadas, clases que corresponden a lo que Franz Fanon llama los condenados de la tierra – sobre las clases privilegiadas, dominantes, como la burguesía, dijimos algo en otros textos[35] -, proponemos lo siguiente:

 

 

1.   La condición humana ha sido reducida a objeto. Por lo tanto, insumo o medio para lograr fines, considerados estratégicos por el sistema-mundo. Con esta restricción, efectuada por el ejercicio del poder, operado en diagramas de poder y cartografías políticas, consolidadas en instituciones como agenciamientos concretos de poder, condensadas, por así decirlo, en el Estado,  la humanidad pierde su condición de ser; empujada, en el marco de la “ideología” y de la práctica de la violencia, a la condición impuesta de lo desechable.

 

2.   Hablamos de poblaciones arrinconadas, desposeídas de su potencia, de sus capacidades, de su plenitud; reducidas a cuerpos portadores de energía, que es convertida en trabajo, que es convertido en productos mercantilizables, para ser traducidos en valor. La conversión de la energía corporal no se reduce a su transformación en trabajo, pues hay otras forma de conversión, que implican la canalización de la energía corporal hacia materializaciones institucionales, por así decirlo,  adecuadas a la efectuación de las dominaciones polimorfas. Por ejemplo, la aplicación de clasificaciones sociales, así como de clasificaciones étnicas, también como clasificaciones de género; ampliando un poco, en la gama grande de estas taxonomías sociales, podemos mencionar las clasificaciones jerárquicas.

 

 

3.   Son poblaciones de cuerpos marcados, donde el poder se inscribe de manera degradante, despojando a los cuerpos de su dignidad. Los muestra magullados, disminuidos, desnudados en sus vulnerabilidades. Sin embargo, como en compensación, los cuerpos se curten, se endurecen, son capaces de afrontar las penurias; se hacen fuertes.

 

4.   La condición humana ha sido reducida a objeto desechable, en la semiótica del poder, que clasifica y, por este medio, jerarquiza los cuerpos marcando, hendiendo su desprecio a la vida en ellos; degradándolos “ideológicamente”. 

 

 

5.   Sin embargo, esta condición humana desvalorizada, como en compensación, debido a la violencia aterida en su piel, en su carne, en sus huesos, al acumular esta experiencia, al memorizar los efectos de la violencia, las inscripciones del poder, se abre a otra semiótica, diríamos mejor, otra gramatología; la de las resistencias, la de las luchas por las emancipaciones y liberaciones.

 

6.   Ocurre como si la humanidad reaccionara ante este estrechamiento calamitoso a la que es empujada por las estrategias de poder. Es, sin embargo, la vida, comprendiendo sus dinámicas moleculares y molares, la que es capaz de responder a semejante amenaza; la vida en la forma, contenido y expresión de lo que llamamos humanidad.

 

 

7.   Sin embargo, de todas maneras, teniendo en cuenta esta perspectiva abierta a la humanidad humillada, es indispensable evaluar los efectos de la inscripción de los diagramas de poder, de los efectos de la violencia, en los cuerpos. Pues, los cuerpos, en el transcurso de su reacción a la violencia y al poder restrictivos, también responden como invirtiendo el esquema de dominación. A esto se ha llamado, en la teoría critica marxista, el deseo del amo[36]. Las respuesta, también restrictivas, son las que corresponden al deseo de ser el amo. Que es lo que ha ocurrido en las historias de las revoluciones en la modernidad.

 

8.   En lo que podemos llamar el aprendizaje de los pueblos, de las clases subalternas, también del genero subalternizado,  este transcurso complicado, donde la emancipación ha sido reducida, momentáneamente, a la mera inversión del mismo esquematismo de la dominación, de la explotación, de la colonización. Convirtiéndose, en este transcurso, en un obstáculo histórico-político, pues adhiere a los cuerpos al círculo vicioso del poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condición humana de los K’aqchirus

 

Las puntualizaciones anteriores son, obviamente, generales. Solo nos sirven como línea de base, por así decirlo, para adentrarnos en la reflexión del conflicto social, económico y político, que seleccionamos. Ahora, nos adentramos a intentar esta reflexión.

 

1.   Los k’aqchirus, es decir, los mineros, los componentes del proletariado minero, sean obreros sindicalizados o no, sean de la empresa estatal, de la empresa privada o de las empresas cooperativas, son una de las poblaciones expuestas, vulnerables, reducidas, a la condición de objetos desechables. Su subjetividad se forma en esa relación de repiqueteo con las rocas, buscando las venas de las vetas. Subjetividad que termina codificando y decodificando las estratificaciones y las sedimentaciones geológicas, convirtiendo su interpretación en narrativas; desde las míticas, como las del tío de los socavones, que es la imagen colonial de la manca-pacha, hasta las “ideológicas” y políticas, que las aprecian como recursos naturales convertidos por el capitalismo en materias primas.

 

2.   Lo que hay que entender, es que el despojamiento de estos hombres rudos, curtidos, capaces de aguantar el hambre y el dolor, de asumir el sufrimiento como desafío, ha ocasionado su desposesión institucional de su dignidad humana y, también, sobre este substrato trágico y dramático, se ha construido el Estado-nación.

 

 

3.   Si actúan violentamente, con énfasis, hay que comprender que si lo hacen es porque así los ha constituido el poder y el capitalismo dependiente.  Ese es el lenguaje que han conocido en su relación con el Estado y el sistema-mundo; incluso con el resto de la sociedad. Pedirles que se comporten como manda la ley, “educadamente”, es una desubicación total. Pues se pide que se comporten como “señores”, por así decirlo, cuando ni los patrones, ni las empresas, ni las instituciones, ni los gobiernos lo han hecho.

 

4.   Esta lectura normativa, normalizadora y normatizadora, de parte del Estado de derecho, cuando le conviene, obvia lo fundamental; que después de haber convertido a estos hombres y sus familias en objetos desechables,  después de haberlos arrinconado y obligado a buscar estrategias de sobrevivencia; después de haberlos curtido y endurecido; después de haberles enseñado el lenguaje de la violencia; les pide un comportamiento que desconocen en el trato con ellos. Esta lectura y esta exigencia no es más que la extensión de la violencia estatal y del sistema-mundo sobre esta población vulnerable.

 

 

5.   Es cierto que pueden haber estructuras subyacentes, en las composiciones de clase del proletariado; incluso socios convertidos en patrones, que contratan trabajadores a destajo; también dirigentes sindicales convertidos en mediadores clientelares del poder, distanciándose de su función esperada, de la defensa de la clase obrera. Sin embargo, no hay que olvidar que la masa gruesa del proletariado, incluyendo al proletariado nómada, que, ahora, tiene perfil preponderante de jóvenes y de mujeres, es la población expuesta, vulnerable, marcada por la experiencia del capitalismo, despojada institucionalmente de su dignidad. Es también la población curtida, endurecida, con la capacidad de desafiar al sistema-mundo.

 

6.   En Bolivia, la mayoría de los trabajadores a destajo de las empresas cooperativas son muy jóvenes. Este hecho nos dice muchas cosas. En primer lugar, que su país, su Estado, llame lo que se llame, incluso su sociedad, no les da la oportunidad de ser; obligándolos a la madurez repentina de enfrentar el dilema de la vida o la muerte; obligándoles a ser “hombres”, “machos”, como son los códigos de estas sociedades institucionalizadas. En el sentido, de ser capaces de responder a los desafiaos con los recursos que tienen a mano.

 

 

7.   El gobierno “progresista” los ha calificado casi como “terroristas”, incluso, algún medio, ha dado a entender que son como “maleantes”. ¿Qué es esto? ¿El miedo que esconden, en lo profundo de su “alma” o su consciencia?     ¿No se fijan quienes están en los bloqueos, que edad tienen? Lo que dicen, en el fondo, es que al ignorar los hechos concretos, las evidencias específicas, los perfiles existenciales de los acontecimientos,  muestran no solamente su enajenación, el estar ateridos a los prejuicios institucionales, sobre todo del poder, sino que desprecian la vida, porque no aman a la juventud que hereda el mundo duro y violento, que les transferimos.

 

8.   Llama la atención la indiferencia que la sociedad institucionalizada toma estos acontecimientos, los del conflicto social o, incluso con preocupación, pero pensando en su seguridad, en su paz, en el orden. Sin entender, que no puede haber seguridad, paz y orden, cuando las mismas condiciones esperadas requieren del ejercicio del poder, de la violencia simbólica, implícita, o de la violencia descarnada del Estado. No puede haber nada de lo que añoran cuando han convertido a parte de la población, la expuesta al dilema de vida o muerte, la obligada a las estrategias de sobrevivencia, que ha aprendido a luchar por sus derechos. Aunque no sean expresados adecuadamente, como ocurre, ahora, en el conflicto minero con las cooperativas.

 

 

9.   La sociedad institucionalizada, por lo menos, debe aprender una cosa; que no hay forma de detener la violencia de los y las subalternas, cuando la sociedad misma abala la violencia estatal, la jerarquía de las clases, condenando a unas poblaciones al escarnio de la entrega de su cuerpo, para que sea convertida su energía en valorización del valor.

 

10.       Mientras esta sociedad institucionalizada, ignore y desatienda a esta humanidad arrinconada, obvie que son nuestros jóvenes los que se hallan en esta condición cosificante. Mientras crea que son “exaltados”, en unos casos, los del discurso conservador; en los otros discursos, pretensiosamente o “progresistas” o “revolucionarios”, sean la clase en sí que se convierte en clase para sí, convirtiéndolos en conceptos dialécticos; la conducta de defensa desesperada, de estos jóvenes arrinconados, no va ser otra que la que conocen, la expresión de la demostración de fuerza.

 

 

 

La responsabilidad de lo que ocurre no solamente tiene que ver con el gobierno “progresista”, al que no se quiere salvarlo de su cuota significativa de responsabilidad, ni solo con la hilera de gobiernos que lo antecedieron, sino también con la misma sociedad institucionalizada, que acepta, en el fondo, esta calamitosa reducción de la condición humana a objeto, como si fuese natural. 

 

 

 

 

Oikologías

 

 

 

 

 

Eco, de ecología, viene de Oikos; por lo tanto, deberíamos hablar de oikología. Sin embargo, la palabra y el concepto de ecología son conocidos; en tanto que la palabra y el concepto de oikología son prácticamente desconocidos. Ecología se asocia a la multidisciplina, para nosotros, ya perteneciente a la episteme compleja[37]; al estudio de, precisamente, el Oikos, el hogar de la biodiversidad. También se asume Oikos como la configuración significativa, que integra el conjunto de ecosistemas y nichos ecológicos. Esto es como decir que la ecología es la totalidad de los ecosistemas entrelazados, sus nichos ecológicos y los ciclos vitales, que contienen. Aunque esto último no es del todo correcto, atendiendo a su etimología; el uso del término ecología, en este sentido, se ha vuelto una costumbre.

 

En las exposiciones de los ensayos, donde acudimos al término de ecología, lo usamos en los dos sentidos; en su sentido etimológico ampliado, pasando de la connotación griega, a las connotaciones planetarias. Sin embargo, en lo que respecta a oikología, usamos el concepto propuesto de oikología, para sustituir al concepto de economía; concepto, que también tiene su derivación de este concepto y palabra griega Oikos. Insinuando que para superar el concepto restrictivo y circunscrito de economía, correlativo al plano de intensidad económico, además de pertenecer al esquematismo dualista que le compete, fuera del supuesto discutible de la autonomización económica, debemos acudir a un concepto complejo como Oikos; que, a diferencia de eco, que hace de prefijo en la palabra, componiendo al significado de economía; articula la multiplicidad de planos y espesores de intensidad, que hacen al hogar de la biodiversidad. En consecuencia, oikología, a diferencia de economía, define la comprensión, el entendimiento, la interpretación y el conocimiento, de la complejidad integral y dinámica del Oikos. Concretamente, nos referimos, en este sentido, a las oikonomías campesinas[38].

 

Ahora, ampliando su connotación, amplitud y alcance, pasamos de la oikonomía campesina a otras posibles formas complejas de multidisciplinas, que estudian composiciones singulares, combinaciones de composiciones, así como tejidos de espacio-tiempos-territoriales-sociales complejos, que pueden enfocarse, según el interés de aprehender determinadas complejidades, suficientemente definidas. En este sentido y en esta perspectiva, hablaremos de oikologías.

 

Se podría hablar de una oikología de la crisis de los ecosistemas, ocasionados por el quiebre de los ciclos vitales; acarreados por irrupción depredadora, contaminante, destructiva de un sistema-mundo de las sociedades humanas institucionalizadas. Esta oikología de la crisis, tendría que dar cuenta del funcionamiento del sistema-mundo en el Oikos de la biodiversidad; así como de su impacto en la complejidad integral y sincronizada de los ciclos vitales.  Así como también, de las re-sincronizaciones, a partir de este impacto, que abarca un conjunto de repercusiones específicas.  En otras palabras, tendría que dar cuenta tanto de la mecánica de la destrucción ecológica, así como de la regeneración oikológica. 

 

Se ha venido hablando de contaminación, depredación; sobre todo, en la llamada ciencia ambiental; también de desequilibrio eco-sistémico y de crisis ecológica, en la multidisciplina ecológica. En términos institucionales, estatales y de organismos internacionales, se usa la descripción eufemística de “cambio climático”, que, quizás sea el concepto más pobre sobre la problemática y la temática en cuestión. Nosotros hemos usado reiteradamente, como apoyo a la interpretación de la crisis ecológica, los conceptos de desposesión y despojamiento, para caracterizar, sobre todo, a la modalidad extractivista del modo de producción capitalista y del sistema-mundo capitalista. Ahora, quizás sea conveniente, avanzar un poco, tratando de tener, por lo menos, un boceto integral del funcionamiento tanto del Oikos, como de lo que acontece en la denominada crisis ecológica, así como de la re-sincronización sistémica del Oikos.

 

Tesis para una oikología

 

1.   Oikología como estudio integral de la complejidad sincronizada y simultaneidad dinámica del Oikos.

 

2.   Oikología y ecología son lo mismo; se trata de la misma multidisciplina de estudio de la complejidad de la biodiversidad; correspondiente a la episteme de la complejidad. Con el término de oikología se le devuelve a la ecología su raíz etimológica. Con esto se gana en la decodificación de la palabra y en la interpretación del concepto; remarcando y haciendo resonar las características integrales y sincrónicas de los planos y espesores de intensidad, de los procesos entrelazados y de los ciclos vitales, que hacen al Oikos de la biodiversidad. Características que ya estaban comprendidas en la ecología; sobre todo, en la interpretación dada desde la teoría de la complejidad, expuesta por Edgar Morin. Sin embargo, estas características estaban planteadas; pero, no llevadas a término; hasta asumir las funciones diseñadoras como ejes de los tejidos ecológicos. Haciendo hincapié, más bien, en la descripción de los ecosistemas, en la concomitancia de sus dinámicas, en los factores del equilibrio y en los factores del desequilibrio. Orientando el análisis hacia los procesos, mas o menos identificados. Ahora, parece indispensable no perder la mirada móvil y compleja de la integralidad articulada y sincronizada del Oikos; sobre todo, como simultaneidad dinámica. Por lo tanto, siendo la oikología lo mismo que la ecología, genera un plus, al insistir en la sincronía, la simultaneidad dinámica y la integralidad de los planos y espesores de intensidad, de los procesos y los ciclos vitales.

 

3.    Las hipótesis teóricas o andamios de las tesis para una oikología, que proponemos, son:

 

 

a)   El Oikos es el hogar biodiverso de los seres que habitan el planeta, de sus nichos ecológicos y los ecosistemas donde despliegan sus ciclos vitales concretos.

 

b)   Las dinámicas simultáneas del Oikos, no solamente se completan en la complejidad integral y sincronizan, sino que, en parte, como conjunto de efectos, también articulados e integrados, aparecen tanto como condición de posibilidad vital, así como, al mismo tiempo, como realización integral de esta complejidad dinámica. La sincronización aparece como macro-sistema autopoiético, para decirlo con el concepto tan dúctil de Maturana y Valera, que redefine sus propias condiciones iniciales, así como sus propias condiciones de posibilidad, operando como recreación vital de la complejidad integrada del planeta. También el macro-sistema autopoiético del Oikos, como hogar biodiverso, es capaz de re-sincronizar su propia integración y complejidad dinámica y simultánea.

 

 

c)    Hay que imaginar la sincronía de la complejidad dinámica, en su simultaneidad dinámica y en cada una y todas sus singularidades, composiciones singulares, combinaciones de composiciones singulares, en movimiento, en las distintas escalas del pluriverso. Esto quiere decir que las fuerzas fundamentales del universo, se conjugan, de acuerdo a las topologías complejas, que se desenvuelven, en las distintas escalas del universo.

 

 

d)   Cada posición, cada situación, cada composición singular en el pluriverso, está definida e incluso sintetizada por los movimientos de la complejidad integral y sincrónica del pluriverso.

 

e)   La situación del planeta Tierra no solamente tiene que ver con la composición, en movimiento orbital, del sistema solar, sino también con la complejidad de los movimientos de la Vía Láctea. Y, en esta perspectiva, ampliando el panorama, tiene que ver con la complejidad integral del tejido espacio-temporal del pluriverso, en sus múltiples escalas o dimensiones.

 

 

f)    Nuestro ser, mas bien, cada ser singular, humano, orgánico, incluso no-orgánico, es como una síntesis de esta integralidad compleja y sincrónica, en constantes devenires y movimientos.

 

g)   Las relaciones más próximas las tenemos con nuestro Oikos, el planeta Tierra; pero, esto no quiere decir, que estas relaciones no supongan la complejidad integral del pluriverso.

 

 

h)   De todas maneras, sin todavía abarcar la complejidad integral sincrónica y simultánea del pluriverso,  enfocando, lo que decimos, en la complejidad integral del Oikos, podemos sugerir otras hipótesis, teniendo en cuenta esta integralidad esférica-temporal, en movimiento, que es la Tierra.

 

i)     El Oikos, como planeta, rota y se traslada orbitalmente, alrededor del sol, mientras todo el pluriverso, es decir, el tejido espacio-temporal, también se mueve. Entonces, ninguna rotación, tampoco órbita, es parecida a otra, en cuanto a lo que respecta a su situación puntual, en el tejido espacio-tiempo; aunque sus geometrías sean, mas bien, iguales.  Habrá que comprender y, después, entender,  qué significa esta geometría constante en un tejido espacios-tiempo en movimiento.

 

 

j)     Preguntas: ¿El pluriverso conserva sus propiedades, a pesar del movimiento constante del tejido espacio-tiempo? Según suponen o corroboran algunos astrónomos o la mayoría de ellos, de que el universo se encuentra en expansión; la pregunta es: ¿cómo conserva el universo sus propiedades, en las distintas ubicaciones topológicas del universo? Esta es una pregunta a los físicos.

 

k)   En lo que respecta al Oikos, lo que podemos sugerir  es: nada ni nadie, ningún campo, tampoco espesor, ninguna composición singular, ningún ser de la ecología de la biodiversidad, está aislado o se encuentra de manera absolutamente independiente de lo que acontece en el planeta.

 

 

l)      Esto no quiere decir que todo sea rígido y se encuentre determinado, en el sentido de la invariancia absoluta. Una cosa es que se conserven las propiedades físicas, otra cosa distinta es que el sentido inmanente del Oikos no cambie. Por lo tanto, de toda su composición compleja e integral, comprendiendo las múltiples singularidades que concurren, se desenvuelven, se entrelazan y se afectan, cuyos sentidos singulares cambian; empero, las propiedades físicas no cambian.

 

m)  Al contrario; lo que parece ser el desafío epistemológico, es comprender y entender por qué las propiedades físicas se conservan, en tanto que los sentidos inmanentes cambian.

 

 

n)   Ahora bien, no solamente es el sentido inmanente el que cambia, comprendiendo la pluralidad de sentidos inmanentes de las composiciones singulares, sino el sentido inmanente cambia, porque en el Oikos transcurren acontecimientos ecológicos, que, a la vez, conservan y transforman la integral complejidad de sus procesos.

 

o)   Esto quiere decir que la vida, en sentido biológico, preserva sus programas genéticos, a mediano y largo plazo,  y modifica la morfología fenotípica a mediano y largo plazo; pudiendo transformar a más largo plazo los programas genéticos.

 

 

p)   Por otra parte, los ecosistemas también son susceptibles de modificarse, en el mediano y largo plazo; aunque, desde la intervención de las sociedades humanas modernas, tienden también a modificarse en el corto plazo. 

 

q)   Lo que hay que tratar de describir, comprender y entender, son los cambios estructurales en la composición ecológica del planeta, en los ciclos más largos. Desde esta perspectiva, tratar de evaluar los alcances históricos, por así decirlo, del impacto de lo que se llama eufemísticamente “cambio climático” o lo que se llama, más apropiadamente, crisis ecológica.

 

 

r)    Ahora bien, comprendiendo la sincronización del Oikos, se puede conjeturar que se da como una coordinación respecto a los efectos integrados de todos los procesos asistentes, en el juego de azar y necesidad. Esta coordinación es como la congruencia de la multiplicidad de procesos, ciclos vitales y modificaciones; aunque sean imperceptibles. Coordinación y congruencia, que responden a adecuaciones completas, conjugando las fuerzas fundamentales del universo, de acuerdo a la situación del planeta en el sistema solar, en la Vía Láctea y en el pluriverso.

 

s)   Si la situación del planeta en el sistema solar, la distancia orbital respecto al sol, la función de la luna, el escudo electromagnético, que protege la Tierra del viento solar y de sus explosiones, además de la composición atmosférica, geológica y acuática, sus ciclos climáticos - para hablar de estas apropiadas generalidades -, son, en conjunto, las condiciones de posibilidad de la vida, en sentido biológico. Lo que hay que explicar es: qué tiene que ver todo esto con la situación del planeta y del sistema solar en la Vía láctea y en el tejido espacio-tiempo del pluriverso.

 

 

t)    Por otra parte, ya hablando de las oikologías o ecologías en el planeta, la existencia y la vida de las sociedades humanas, dependen del cobijo otorgado por el tejido ecológico. Las alteraciones al funcionamiento sincrónico de los ecosistemas, al modificar notoriamente el tejido ecológico, modifican también el carácter de las condiciones de posibilidad ecológicas, que cobijan a las sociedades humanas. Estas alteraciones, pueden, entonces, poner en peligro no solamente la condición de las sociedades humanas, sino la existencia misma del ser humano.

 

u)   La interpretación que hemos manejado desde hace un tiempo, la de la desposesión y el despojamiento del Oikos, por parte del sistema-mundo capitalista, ha servido para señalar no solamente las consecuencias ambientales, como ya lo hace, descriptivamente, la ciencia ambientalista, sino, también, para indicar y conmensurar el impacto de la crisis ecológica en la reproducción de la vida y su porvenir, en el planeta; como ya lo hizo la multidisciplina de la ecología. Nosotros usamos estas descripciones y explicaciones para darle un alcance mayor e integral a la crítica de la economía política generalizada.  Sin embargo, estas descripciones y definiciones del despojamiento y la desposesión del Oikos, si bien, ayudan a interpelar al sistema-mundo, no son suficientes para comprender y entender cómo funcionan las dinámicas imbricadas de las ecologías de la biodiversidad, en su configuración integral. No solamente en sus descripciones.

 

 

v)   En este caso, interesa comprender y entender la situación de las sociedades humanas en el Oikos. No su auto-contemplación,  su narrativa épica evolutiva, sino su situación efectiva en el contexto y en el tejido espacio-temporal-territorial-social, en los ámbitos de relaciones con los demás seres de la biodiversidad, en los distintos ecosistemas. Su situación depende del carácter de la estructura de relaciones, que despliega en los ecosistemas, con los ciclos vitales y los demás seres.

 

w)  Hasta el momento, las interpretaciones y explicaciones, que parecen corroborarse, son las que describen los impactos, ya catastróficos, de la contaminación ambiental, de la depredación ecológica y de la destrucción de los equilibrios; incluso si los vemos en sus variaciones, como equilibraciones de los ecosistemas. Sobre la base de estas descripciones, los pronósticos no son nada bondadosos. Así como los análisis a los que se llega, parecen mostrar tiempos muy difíciles para las futuras generaciones.

 

 

x)   De todas maneras, lo que parece razonable, es parar la locomotora desbocada; ponerse a evaluar los alcances de los impactos, compartirlos socialmente, buscar consensos y emprender caminos de soluciones, ante tan catastróficos y alarmantes pronósticos.

 

y)   Ciertamente, lo que más se conoce son los niveles de contaminación, los alcances del llamado efecto invernadero, sus consecuencias nocivas en la capa de ozono, además del calentamiento, la subida del nivel del mar, la desaparición de islas y el hundimiento de costas, debido a la invasión de los océanos. Pero, lo que se ha ocultado es la evaluación conmensurada del costo ecológico, de la transferencia de este costo por parte del sistema-mundo capitalista. Dejando de contabilizarlo, como si lo único que existiera, de manera suspendida, es el plano de intensidad económico, entre los múltiples planos y espesores de intensidad, que se integran en las oikologías. Además, considerado de la manera abstracta como lo hace la ciencia económica.

 

 

z)   Esta desposesión y despojamiento se manifiesta no solamente en el llamado “cambio climático”, en la contaminación y en la depredación, que tienen efectos globales en el planeta, sino que son desencadenados por la estructura de incidencia afectante del sistema-mundo. En esta estructura, el peso más gravitante se encuentra en la base extractivista del modo de producción capitalista, de las formaciones sociales, sobre-determinadas por el modo de producción capitalista, en articulación barroca, con fragmentos dispersos de modos de producción tradicionales, sustituidos por la hegemonía del modo de producción capitalista y dispersados en pedazos reciclados en los procesos de acumulación de capital.

 

 

4.   Teniendo en cuenta estas hipótesis teóricas y sus preguntas, se puede seguir avanzando en las tesis para una oikología. De lo que se trata es de encontrar, no solamente las oikologías campesinas, que hemos vinculado con la vía campesina. Por su capacidad de articular distintos ámbitos de relaciones de las formaciones sociales campesinas; por ejemplo, con el mercado, con el Estado, con el resto de la sociedad y, obviamente, como núcleo, las relaciones con sus comunidades ancestrales. Orientando estrategias de sobrevivencia, así como de resistencia; buscando la reproducción de la comunidad. Sino también oikologías de transición urbana, así como oikologías de transición a la integración, que re-articulen a las sociedades humanas a los ecosistemas. Fuera de otras oikologías de transición, que reincorporen a las sociedades humanas a la comunicación con los seres del Oikos, hogar biodiverso.