Devaluación de la movilización y diseminación de la política

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Parece insólito hablar de la devaluación de la movilización social; aunque se consideraba, antes, en los tiempos de las movilizaciones vitales, la circunstancia del desgaste de algún tipo de movilización; por ejemplo, la huelga, por su uso constante. Sin embargo, de lo que hablamos, ahora, es distinto, pues se trata no de una devaluación por su uso, si se quiere, su abuso, debido al desgaste; sino de la devaluación de acuerdo a los contenidos y fines de la movilización misma. Las movilizaciones sociales, sobre todo, las anti-sistémicas, se caracterizan por sus demandas de contenido social. Esta característica lleva a la composición de la organización del movimiento social, a las organizaciones y sujetos sociales involucrados, a interpelar al gobierno, a sus políticas, también al sistema mismo. La historia de los movimientos sociales habla exhaustivamente de esta característica interpeladora de los movimientos sociales. No vamos a retenernos en esta rica historia de la movilización social; nos remitimos a los textos donde nos ocupamos de los tópicos y temáticas de los movimientos sociales bolivianos y latinoamericanos[1]. Lo que interesa ahora es detenernos analizar un fenómeno, que no deja de ser sorprendente, el que denominamos la devaluación de los movimientos sociales; se trata de una devaluación estructural. Nos referimos al empobrecimiento de los proyectos sociales, sin hablar todavía del empobrecimiento de los proyectos políticos; también del empobrecimiento de los contenidos y los fines de la movilización.

 

Por ejemplo, si antes, durante el lapso de la movilización prolongada en Bolivia (2000-2005), incluso antes, las movilizaciones sociales se constituían por la defensa de los derechos adquiridos, conquistados y plasmados  normativamente. En la medida que la movilización social se conforma haciéndose cargo de demandas de mayor alcance, adquiriendo una connotación política, el alcance de la interpelación adquiere proyecciones nacionales; la defensa de los derechos se puede convertir en defensa de la soberanía; por ejemplo, defensa de los recursos naturales.  En la movilización prolongada, se sucedieron movilizaciones sociales de connotación nacional, cuando la defensa de los bienes comunes interpela directamente al gobierno y al proyecto neoliberal, embarcados en una agenta de privatizaciones, de los recursos naturales, de las empresas estatales, de los ahorros de los trabajadores. El 2000, particularmente la defensa del agua deviene en una movilización regional, que compromete a la ciudad capital de Cochabamba y a la región misma valluna. La forma de organización de la movilización social fue la Coordinadora de la Defensa del Agua y de la vida. La secuencia de movilizaciones que atraviesan seis años de luchas sociales, corresponde a la historia reciente de las luchas sociales y políticas emancipadoras, en el contexto de la implementación del proyecto neoliberal.

 

Si comparamos esa etapa de movilizaciones con las que se dan después del 2009, año de la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, veremos un contraste marcado. La mayoría de las movilizaciones cambian de sujeto social, cambian sus objetivos y trastocan sus contenidos. Un ejemplo particular es el movimiento de los que venden ropa usada, que llega de contrabando. El sujeto social es casi, por así decirlo, gremial; se trata de comerciantes al por menor, atados a comerciantes al por mayor, que encuentran una estrategia de sobrevivencia en la venta de ropa usada. Si se quiere, por lo menos gran parte de los “ropavejeros” son más pobres, más vulnerables y dependientes; sin embargo, sus objetivos son extremadamente limitados, circunscritos a una demanda de carácter, más bien provisoria; además, inscrita en la demanda del derecho a comerciar, en condiciones no normadas, ni aceptadas por la estructura institucional de la economía.

 

No se trata de desconocer el derecho a defender la fuente de trabajo, que, en este caso, es la venta informal de ropa usada, sino de comprender las condiciones y las características de estas movilizaciones sociales no-anti-sistémicas. Comprenderlas,  más bien, como síntomas de su incompletud del sistema; también de su decadencia. Hay que leer qué nos dicen estos movimientos, circunscritos a su provisionalidad propia, y a su extremadamente corto alcance. Hay que entender el funcionamiento del contexto donde se mueven estas movilizaciones provisorias.

 

¿Se trata de movimientos sociales que se hacen visibles cuando un gobierno popular no resuelve, de manera integral, la problemática social y económica del país? ¿Se dan porque todo el mundo, sobre todo, los que fueron excluidos, en este caso, los más excluidos, hasta ignorados, pues no pertenecen a ninguna clase social, clasificada por la sociología, consideran que, ahora, en las condiciones democráticas del gobierno popular, pueden manifestarse? ¿Estos movimientos señalan los límites de las ciencias sociales, por lo tanto, los umbrales de su desconocimiento de la complejidad social? Estas preguntas requieren investigaciones en profundidad, de caso y comparativas. En espera de ellas, lanzaremos algunas hipótesis interpretativas y orientadoras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos sociales provisorios

 

1.   Toda sociedad o, mejor dicho, formación social, sobre todo, estructurada sobre la base de la diferenciación social, económica, cultural y política, supone una pluralidad de demandas distribuidas en el tejido social. Estas demandas se hacen visibles cuando se manifiestan, en los pliegos petitorios, en las movilizaciones, en los reclamos e interpelaciones; incluso, realizándose, en las conquistas de los derechos a las demandas; mejor, aún, materializándose en los hechos. Sin embargo, esta evidencia de las demandas, no quiere decir que no haya demandas latentes o no dichas, no dadas a conocer; también, demandas que no han adquirido una dimensión mayor al tamaño del fragmento local, siendo débil en su enunciación o, incluso ocultada.

 

2.   Visto de esta manera, no debería sorprendernos, que aparezcan demandas de carácter provisorio, muy circunscritas, correspondientes a sujetos sociales arrinconados más allá de los mismos márgenes reconocidos por las ciencias sociales. Estas demandas, que podían haber estado en su condición latente o, desconocidas, por su debilidad expresiva o por haber sido francamente ignoradas, aparecen cuando se dan las condiciones de posibilidad de hacerlo.

 

 

3.   En el caso de los “ropavejeros”, la demanda, si se quiere, de carácter “informal”, por las características mismas de lo demandado, la demanda aparece con la movilización de los “ropavejeros”. Las condiciones en las que aparece son las que permite el gobierno popular, que según su auto-identificación es un “gobierno de los movimientos sociales”.

 

4.   Lo sugerente es que este movimiento de los “ropavejeros” afecta al supuesto proyecto de industrialización, así como a la política de defensa de la producción nacional. El gobierno popular es cuestionado, no políticamente, menos ideológicamente; tampoco por un discurso elaborado, sino de manera existencial, por así decirlo. La presencia de los “ropavejeros” muestra los rincones de una sociedad desconocida, a pesar de la ideología y de las pretensiones de verdad de las ciencias sociales.

 

 

5.   La pregunta: ¿Puede viabilizares un proceso de industrialización; disminuyendo el alcance, un proyecto de defensa de la economía nacional, en sociedades donde habitan sujetos sociales que se encuentran más allá de la pobreza, y no tienen existencia legal en el campo económico? Para decirlo rápidamente, los proyectos de industrialización, en su versión general, de “desarrollo”, son elaborados considerando el referente de una sociedad estructurada acorde al imaginario institucional y a como las ciencias sociales lo define. No se trata pues de la sociedad efectiva, que responde, mas bien, a la complejidad dinámica singular de la sociedad particular. Sin considerar nuestra posición crítica de la economía política de desarrollo[2], diremos que no hay condiciones de posibilidad del desarrollo, menos en su versión de industrialización,  cuando las sociedades institucionalizadas se componen de estas exclusiones dramáticas y extremas, que convierten a parte de la población en exceso desechable. La incorporación al trabajo industrial, de la revolución industrial, de la población migrante a las ciudades y despojada de los medios de producción o trabajo, es ya un reconocimiento implícito en el campo económico y en el campo jurídico. En sociedades donde no se produce esta incorporación, estas poblaciones quedan en condición de exceso desechable. Son un síntoma categórico de la ausencia de condiciones de posibilidades para el “desarrollo” y la industrialización. Si alguien se le ocurre decir, que precisamente por esto, por esta situación desesperada, es urgente el “desarrollo” y la industrialización; hay que decirle que la industrialización no es un desenlace de las buenas intenciones, sino de la combinación de disponibilidades de fuerzas, de recursos, de masa crítica científica, de capacidad tecnológica y dosis de ampliaciones democráticas. Esto, comprendiendo, la imbricación del contexto nacional y el contexto internacional. Si no se da la industrialización y la presencia de las poblaciones del exceso desechable persiste, es porque no existen las condiciones de posibilidad para la industrialización. Que lo urgente es atender a estas poblaciones ignoradas y así poder hablar con alguna coherencia de democracia, de profundización de la democracia, de “revolución democrática y cultural”.

 

6.   Estas demandas y estos movimientos sociales provisorios, son también intermitentes y discontinuos; aparecen y reaparecen, en sociedades institucionales que no se abarcan, no se completan, no reconocen la existencia de todos los sujetos sociales.

 

 

 

Ahora bien, lo que vimos, en el caso particular, el de los “ropavejeros” que usamos como ejemplo, se trata de uno de los movimientos sociales no-sistémicos, que se evidenciaron, después del 2009, incluso antes, el 2006, cuando estalló el conflicto entre cooperativistas mineros y obreros mineros de la empresa estatal. No nos vamos a referir, ahora, al cuadro de estos movimientos sociales; lo hicimos al respecto del movimiento social del cooperativismo minero en otros escritos[3]; queremos, más bien, contrastar este movimiento social no sistémico, de carácter provisorio y discontinuo, con otro movimiento social no-sistémico, de otras características. Hablamos de movimientos corporativos o sindicalizados, que, a diferencia, del ejemplo anterior, no son pobres, ni se encuentran en el más allá de la pobreza; sino que son relativamente privilegiados al contar con la propiedad del instrumento de trabajo, tener ingreso constante, aunque variado. Estos movimientos sociales no-anti-sistémicos manifiestan demandas del sector, que buscan mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de acceso a los medios de trabajo, a las condiciones tributarias que los favorezcan. Tendremos como ejemplo, al sindicato de los transportistas, sus demandas y sus movilizaciones.

 

La movilización social no-anti-sistémica de los transportistas, responde a una estructura de demandas gremial, que exige exenciones, que ayuden a mejorar sus condiciones de trabajo, de ingreso y de desenvolvimiento. Como se puede ver, los objetivos son limitados y circunscritos, benefician al gremio; están lejos de una convocatoria más allá del gremio. No es una convocatoria a la sociedad o parte de ella, solo al gremio mismo. Se podría hablar hasta de una demanda egoísta, pues desconoce el derecho de los usuarios. Por lo tanto, la legitimidad del derecho reclamado no se legitima, pues, al desconocer otros derechos, pierde el valor de principio político y democrático. Ya no es un derecho, sino una reivindicación que adquieren el perfil de un chantaje.

 

No se dice, de ninguna manera, que no se puede y no se tiene “derecho” a reclamar por mejores condiciones de trabajo, de acceso al medio de trabajo, a sus repuestos y otros accesorios; a buscar mejores condiciones tributarias. Nada de esto, si se quiere, están en lo justo, desde la perspectiva de que todo el mundo tiene derecho a mejorar sus condiciones de vida. Sino, que si la demanda se plantea en el campo de los derechos, para que sean tales, es menester reconocer otros derechos y no tirarlos por la borda, como si los únicos que existieran o tuvieran “derecho” a tener derecho y reclamar, fueran los del auto-referido gremio. Cuando ocurre esto, se cae en lo que llamaremos el chantaje emocional.

 

Es a esta clase de movimientos sociales que nos referimos cuando hablamos de devaluación de la movilización social. Obviamente, el movimiento social no-anti-sistémico de los transportistas no es el único perfil de los movimientos mencionados. Los hay variados y distintos.  En el presente ensayo, no vamos a ser exhaustivos con el cuadro de estos movimientos; nos interesa remarcar en el contraste entre este movimiento social no-anti-sistémico, que no es provisorio, ni intermitente, ni discontinuo, pues su organización sindical permite la continuidad, la permanencia, la recurrente demanda, y el movimiento social no-anti-sistémico provisorio. También ocurre porque son reconocidos, existen legalmente en el campo económico y en el campo jurídico.  

 

Se puede decir que el conjunto de estos movimientos sociales no anti-sistémicos, gremiales y corporativos,  tiende a convertir los reclamos en derechos. No hay que olvidar que los derechos son universales, no particulares, atendiendo a la formación discursiva moderna. Para aclarar y evitar confusiones daremos un ejemplo; los derechos de las naciones y pueblos indígenas son derechos en el campo jurídico y en el campo político, considerando lo que podría llamarse la evolución jurídica. Son concebidos en la ideología jurídica como universales. Son universales también filosóficamente; corresponden a la humanidad, a la composición plural, múltiple y diferencial de la humanidad. La humanidad no sería humanidad sino por su composición combinada, variada y múltiple de sus manifestaciones histórico-culturales.

 

Como se puede ver, no es el caso de los reclamos gremiales, que se circunscriben a un discurso meramente gremial, quedando su demanda limitada al gremio. Para decirlo con tono teórico, sin pretensiones de verdad,  diremos que los movimientos sociales no-anti-sistémicos, orgánicos y hasta sindicalizados, circunscritos al sectorialismo o al gremialismo, buscan la movilidad social, no la reforma social, menos la transformación social. No son, en estricto sentido, movimientos que pueden convertirse en políticos, aunque puedan ser usados por políticos, pues su limitación gremial los circunscribe a los límites de la economía institucionalizada. 

 

Si se dan estos tipos de movimientos sociales no-anti-sistémicos, se debe a los desajustes del sistema mismo; también a las concurrencias entre sectores y gremios, de contar con más privilegios. No persiguen cambiar el sistema, tampoco reformarlo; solo quieren ser parte de él, en las mejores condiciones posibles.

 

Solo al populismo, al “gobierno progresista”, se le puede ocurrir confundir este movimiento social no-anti-sistémico con los movimientos sociales anti-sistémicos, de los que se reclama ser gobierno. Esta confusión comparte con otra, se considera “gobierno de los movimientos sociales”; no puede serlo, no solo porque es una contrasentido decirlo; no puede haber un “gobierno de los movimientos sociales”. El gobierno ya no es movimiento, ni corresponde a la movilización, sino a la gubernamentalidad. Dejando de lado esta observación teórica, la otra confusión es que no entiende que fue parte del conjunto de los movimientos sociales anti-sistémicos durante la movilización prolongada; nada más. Para ser “gobierno de los movimientos sociales” se debe reconocer al conjunto de los movimientos sociales, ser parte de este conjunto; abarcar sus pluralidades y sus demandas, sus derechos, sus proyectos, sus formas propias de participar y ejercer la democracia. En la medida que su particularidad, la particularidad populista, pretende absorberlos y subsumirlos, restringiéndolos a la trivial imagen que tiene de ellos, no hace otra cosa que ratificar ser un gobierno como cualquier otro, que pretende representar a la totalidad, cuando esta totalidad ha desaparecido de la proyección de sus políticas.

 

 

 

 

 

Diseminación de la política

 

Dijimos que la política desaparece justo cuando se nombra como tal en la modernidad; la política, cuyo sentido deriva de polis, que connota el cuidado de la ciudad, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la sociedad, que, por lo tanto, articula ética y política, desaparece en la modernidad, cuando precisamente se separa ética de política; reduciéndola a un método de astucia chabacana, el que enuncia el fin justifica los medios, que no es otra cosa que el enunciado de la dominación descarada[4]. Este es el contexto de la diseminación de la política. Esta diseminación adquiere formas peculiares en los desenvolvimientos singulares de esta diseminación, dependiendo de las formaciones sociales singulares. En Bolivia esta diseminación de la política ha asumido las características de una simulación barroca. El enunciado el fin justifica los medios ha llevado a los gobernantes y partidarios populistas a los más descarnados procedimiento de “astucia” política, que deberíamos llamar descarnada manipulación. La ética no solo habría sido separada de la política, sino que se hace gala de haberla excluido completamente. En estas condiciones de la historia reciente de la política nacional, la diseminación de la política adquiere ribetes de decadencia desenvuelta y cruda.  

 

No solo el autonombrarse “gobierno de los movimientos sociales” es una sorna, ya no ironía, sino una mueca grotesca, en el contexto del ejercicio de la convocatoria prebendal; una vez desaparecida la convocatoria de la movilización. Cuando, además, se hacen evidentes no solamente los límites de la segunda versión de los gobiernos populistas, sino que considerando estos límites, deciden retroceder más acá de lo que hicieron los gobiernos nacional-populares de a mediados del siglo XX. Se trata de un gobierno que ha desnacionalizado con los “contratos de operaciones” lo que el decreto “Héroes del Chaco” había nacionalizado; se trata de un gobierno de mayor compulsión extractivista, no solo al expandir e intensificar el extractivismo, por lo tanto, la dependencia, sino haber ido más allá que los gobiernos neoliberales con la Ley Minera. Esta Ley no solo mantiene las proporciones tributarias al Estado, demarcadas por el neoliberalismo, sino que hace concesiones inauditas a las empresas trasnacionales del extractivismo minero, regalando el agua y entregando los espacios anexos a las concesiones. Se trata de un gobierno que ha delatado su vocación anti-indígena en el conflicto del TIPNIS, desconociendo explícitamente, en la práctica, la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados constitucionalmente.  

 

Empero, no son los únicos síntomas de la decadencia y de la diseminación de la política, hay otros, que tienen que ver con el ejercicio cotidiano de la política. La administración pública de las gestiones del “gobierno progresista” fue lamentable, no solo pésima sino hasta catastrófica. Del aparato ejecutivo, el único ministerio que funcionó y funciona es el de Economía y Finanzas Públicas. En lo que respecta al Congreso; la mayoría absoluta populista se ha encargado de avalar todos los actos del ejecutivo, a pesar que muchos de ellos develaban vulneraciones de la Constitución. Aprobaron leyes y decretos sin haber tenido tiempo de leerlos; llegando al extremo de haber aprobado contratos o convenios que estaban escritos en inglés. La Asamblea legislativa se ha ocupado de perseguir a los opositores, de encontrarles toda clase de delitos, para anularlos.

 

El panorama municipal no deja de ser menos calamitoso; la mayoría de los municipios administrados y gobernados por el MAS han sido caóticos, además de haber caído fatalmente a otro método del fin justifica los medios, el de la apropiación de los recursos municipales; en otras palabras, la corrupción.  No contentos con esto, cerrando los ojos ante un panorama tan destructivo, creyendo que se salvan de la responsabilidad, llevando a juicio y hasta la cárcel a unos cuantos chivos expiatorios, desatan una actividad obstaculizadora, hasta agresivamente intervencionista, de las administraciones y gobiernos municipales y departamentales que gestiona la “oposición”. En algunos casos, donde ésta ha demostrado, por lo menos, una buena administración, lo que hacen los partidarios del “gobierno progresista” termina tirando por la borda lo poco  conseguido como autonomías municipales y departamentales.

 

Sin pretender una exposición más pormenorizada sobre la decadencia y la diseminación de la política, en la coyuntura del “gobierno progresista” – en esta exposición no es menester hacerlo[5] -, esta breve descripción nos muestra los niveles de la decadencia y el grado de diseminación de una forma de gubernamentalidad clientelar, de una expresión discursiva demagógica y del ejercicio del poder barroco; mezclando formas de poder institucionalizadas y formas de poder no institucionalizadas, formas de poder del lado luminoso de las dominaciones y formas de poder del lado oscuro de las dominaciones[6].