El recurso político de las Fuerza Armadas

Una comparación del “gobierno progresista” con la dictadura militar

Raúl Prada Alcoreza

El recurso político de las Fuerzas Armadas .pdf

Desde que comenzamos la evaluación del denominado proceso de cambio, sobre todo, de la movilización prolongada y del proceso constituyente, es decir, desde la publicación de Horizontes de la Descolonización[1], seguida por Acontecimiento político[2], hemos afirmado que el Estado-nación sigue viviendo y coleando; que no ha muerto para dar vida al Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Ahora, después de los acontecimientos de los conflictos del TIPNIS y Achacachi, podemos evidenciar que estamos tan metidos e imbuidos en el Estado-nación, que se repiten sus traumas políticos. Asistimos como a una dictadura militar.

Las fuerzas Armadas siguen siendo las mismas, a pesar de su símbolo de la wiphala pegado en el uniforme y su grito mecánico: ¡Patria o muerte venceremos!  A pesar del ingreso al colegio militar de una cuota de “indígenas”, que son los recomendados por las dirigencias. Se corrobora, por su presencia y actividad en el conflicto del TIPNIS y ahora la ocupación militar del Territorio Indígena, que el ejército, la armada y aviación militar siguen sirviendo al gobierno y no al Estado, como en los tiempos de las dictaduras militares.  Obedecen al Jefe, que ahora es un presidente con máscara indígena; antes era un general criollo o mestizo disfrazado de nacionalista, cuando entregaba onerosamente en concesiones las reservas de los recursos naturales. El nuevo Jefe hace lo mismo, solo que a nombre del “proceso de cambio” y del “Estado Plurinacional”, que de plurinacional solo tiene el nombre.

El actual gobierno, con su marcha vertiginosa en la decadencia, se ha terminado pareciendo tanto a la dictadura militar, de aquellos aciagos tiempos, que repite lo grotesco político en sus formas más estridentes. Lo apócrifo, lo chuto, el espectáculo vergonzoso. Resulta que ahora se tiene un “Defensor del Pueblo” apócrifo, que lo único que hace es defender al gobierno, sobre todo, en sus flagrantes violaciones a la Constitución. Ahora tenemos un Ministro de Defensa que habla de “movilización popular” como estrategia del ejército, sin entender que implica lo de movilización general y pueblo armado; lo dice mecánicamente para poner un barniz a ejercicios militares que dejan mucho que desear en lo militar y que muestran su experticia en espectáculos comunicacionales y farándulas de uniformados. Tenemos un ejército, armada y aviación militar que se encuentran involucradas, por lo menos, sus altos mandos, en la velada entrega de las reservas de litio del Salar de Uyuni a empresas trasnacionales extractivistas, sin decirle nada al pueblo boliviano, que es propietario de los recursos naturales, y obviamente sin acatar la Constitución. Unas fuerzas armadas que cumplen el papel de matones en el TIPNIS y como dice Pablo Mamani de amenaza a la nación aymara[3], además de cumplir servilmente los mandados del presidente, llevando vituallas y regalos prebéndales para el chuto encuentro de “representantes” apócrifos del TIPNIS. Se ha denunciado que la armada ha detenido a dos personas del movimiento en resistencia; son Modesto Yujo y Antonio Huayacuma, hijo y padre de la corregidora de Gundonovia, Delsi Yujo. Lo que es un delito no solo por conculcar derechos sino porque no es competencia de la armada detener a civiles.  Encuentro que contó con un desplazamiento de vehículos, movimientos de gente ajena al TIPNIS y del gobernador del Beni, anteriormente miembro de agrupaciones políticas afines al conservadurismo regional, que prestó sus buenos oficios para apabullar y agredir a los indígenas del TIPNIS, gastando el dinero de las arcas del departamento.

El panorama no puede ser más estrambótico. Todo esto para decir que el presidente del Estado-nación, nombrado Estado Plurinacional, y el gobernador departamental están por el “desarrollo”, mientras que los grupos opuestos a la carretera están por mantener las “condiciones de pobreza” de los indígenas, si es que no los acusan de ser cómplices del “imperialismo”.   Lo que no dicen que el “desarrollo” del que hablan es la concesión del bosque del TIPNIS a empresas trasnacionales extractivistas de los hidrocarburos, con las que está el gobierno comprometido. Lo que no dicen es que el “desarrollo” del que hablan es la ampliación de la frontera agrícola de la coca excedentaria, que forma parte de la economía política de la cocaína; ahora la burguesía de la coca excedentaria se ha apoderado prácticamente del TIPNIS al cercarlo, al encubrir la construcción secreta de puentes en el TIPNIS para la carretera extractivista, antes de la ley que levanta la intangibilidad del TIPNIS. Lo que no dicen es que el “desarrollo” del que habla es la concomitancia del “gobierno progresista” con la geopolítica del IIRSA, aunque la carretera en cuestión no sea la vía principal del proyecto bioceánico.

Algo que llama la atención es el comportamiento cobarde después de cometidas las fechorías, las violencias perpetradas. Después de las agresiones de la armada a los indígenas del TIPNIS que realizaban el encuentro de corregidores en defensa del TIPNIS y que se oponen a la construcción de la cartera, el gobernador del Beni niega las agresiones, la armada no las reconoce ni las menciona; es mucho menos de esperar que diga algo el Ministro de Defensa. Es el mismo comportamiento cuando ocurrió el despliegue de la violencia descomunal del Estado en Chaparina contra la marcha pacífica indígena en defensa del TIPNIS y la vida; resulta que cuando salen los videos - lo que no esperaban - de semejante vejamen a la integridad de los componentes de la marcha, ancianos, hombres, mujeres y niños, nadie asume la responsabilidad del acto. Cuando fue una orden dada en gabinete por el mismísimo presidente y segundada por el vicepresidente, compartida por el gabinete. La famosa orden resulta en la “ruptura de la cadena de mando”; argumento insólito usado por el gobierno y sus voceros, creída por los jueces y, de alguna manera, mantenida como versión por los medios de comunicación[4].

La pregunta es: ¿Por qué volvemos a las formas de la dictadura militar? La tesis de Carlos Montenegro era que el golpe de Estado es muestra o manifestación del vacío político. La tesis manejada por la izquierda es que el golpe de Estado corresponde a la acción de emergencia de la burguesía nacional y de los dispositivos imperialistas para detener la avalancha social de la lucha de clases. Reduciendo esquemáticamente, por razones de exposición y comparación, la tesis de Curzio Malaparte es que el golpe de Estado es como un arte de la conspiración[5]. Lejos de sustentar que puede sostenerse una teoría del golpe de Estado, como si se tratara de un fenómeno generalizable, susceptible de estudiarlo como fenómeno independiente u objeto de estudio, pues, mas bien, se trata de una de las formas de la crisis del Estado, lo que hay que comprender es la recurrencia a las fuerzas armadas por parte de gobiernos que han perdido la convocatoria y la sustituyen por las redes clientelares y prebéndales. El socorro de estos gobiernos vulnerables, pues se debilitan con la pérdida de convocatoria, es el brazo armado del Estado, su dispositivo de emergencia.

¿Cómo funciona esta recurrencia a las fuerzas armadas en momentos de crisis política y vulnerabilidad gubernamental? Retomando la tesis de Carlos Montenegro de vacío político, podemos sugerir que en coyunturas o crisis de Estado el Estado se repliega a su origen, el Estado de excepción, la violencia inaugural del Estado, la suspensión de los derechos y la atribución de plenas potestades al Estado de hacer lo que viere conveniente para defenderse. Los periodos en los que se prolonga la crisis de Estado como en el lapso de los llamados caudillos barbaros y del despotismo ilustrado, que es la referencia de Carlos Montenegro, o cuando la derrota electoral de la rosca minero-feudal lleva a la dictadura de Mamerto Urriolagoitia, así como cuando la Asamblea Popular genera la reacción de la clase política y económica dominante, además de los dispositivos imperialistas, al golpe de estado del General Hugo Banzer Suarez, parecen corresponder, en el primer caso, al vació político generado por el desfase entre la condición jurídico-política y la condición institucional de la república. En cambio, en el segundo caso, parece corresponder al vacío político generado por la condición de monopolio político restringido a la casta minero-feudal, que ante el avance de la convocatoria democrática nacional-popular, después de la guerra del Chaco, quedó aislada en sus dominios y atrapada en la ilusión de poder de la oligarquía. En lo que respecta al tercer caso, el vacío político parece corresponder a los vaivenes de la crisis generada por el derrumbe de la revolución de 1952; derrumbe que no corresponde al golpe de Estado de 1964, sino a la implosión interna, por lo que llama Sergio Almaraz Paz el tiempo de las cosas pequeñas, el retroceso de la revolución, su regresión y decadencia. El golpe de Estado fue, mas bien, el golpe de gracia.

Genealogía del golpe de Estado

Retomando a Carlos Montenegro, el Grupo Octubre, de izquierda nacional, rescata las figuras que considera nacional-populares en la historia política boliviana. Particularmente interesan los caudillos legendarios como el Tata Belzu, Manuel Isidoro Belzu Humerez; el héroe de guerra Germán Busch Becerra; el fundador de Radepa Gualberto Villarroel López; Alfredo Ovando Candía y Juan José Torrez Gonzales. Belzú ejerció una gran influencia en la población indígena y mestiza; esta fue su base de apoyo que lo llevó al poder. Se puede decir que el Tata Belu incorporó a la plebe en el escenario político; es considerado por algunos historiadores como el precursor del populismo.

Germán Busch Becerra en 1936 derrocó a José Luis Tejada Sorzano, entregando el poder a José David Toro Ruilova. Empero, la gestión de gobierno de Toro se granjeó el descontento de la ciudadanía y de la población indígena, también del ejército. Su administración benefició más a la oligarquía. El 13 de julio de 1937, Busch efectuó una sacudida política, contando con el respaldo de la oficialidad militar, además del apoyo de la ciudadanía, logrando la dimisión de David Toro; en consecuencia, asumiendo la Presidencia Provisoria a los 33 años de edad.

Convocó a elecciones para la Convención Nacional de mayo de 1938, la misma que aprobó la nueva Constitución; una de las más significativas de la historia política por su carácter social. De acuerdo a la convocatoria a elecciones, fue elegido Presidente Constitucional por la Convención Nacional para el período constitucional que durará hasta el 6 de agosto de 1942. El 21 de julio de ese año se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y el Paraguay, aprobado por la Convención Nacional y con las condiciones establecidas por la administración de Busch, principalmente con relación al acceso de Bolivia al río Paraguay. El 24 de septiembre del mismo período creó el Departamento de Pando. El siguiente año, la situación inestable del contrapeso político que se dio en la Asamblea Legislativa obstaculizó la implementación de los cambios que demandaba el proyecto del presidente; se dice que este fue el motivo que lo condujo a declararse dictador a partir del 24 de abril de 1939. En los cuatro meses siguientes, Germán Busch concretó los cambios más impactantes de su administración. Se dice también que la disposición institucional y las leyes promulgadas durante su mandato fueron el pedestal de las transformaciones que más tarde se llevarían a cabo en la Revolución Nacional de 1952. Entre las medidas más significativas del breve gobierno de Germán Busch (1937-1939) se destacan la nacionalización del Banco Central; la nacionalización de las ganancias de la gran minería, monopolizada entonces por los barones del estaño; la creación del Banco Minero; el primer Código de Trabajo de Bolivia, que es base de la actual Ley General del Trabajo; la Constitución de 1938, adelantada para su tiempo; la abolición de la esclavitud y del pongueaje; la recuperación para el Estado de YPFB; las regalías del 11% para las regiones productoras de petróleo; la reapertura de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, cerrada por el gobierno de Toro en 1936; la vinculación ferroviaria de Bolivia con Brasil y Argentina, por el departamento de Santa Cruz; la firma definitiva de la paz con Paraguay, que debió devolver a Bolivia 20.000 kilómetros cuadrados como condición para la paz dada por Busch.

Gualberto Villarroel, el 20 de diciembre de 1943, encabezó un golpe de Estado contra el presidente Enrique Peñaranda del Castillo; se convirtió en presidente de facto. Promulgó un número de reformas profundas, incluidas el reconocimiento a los sindicatos, el derecho a pensión, al retiro voluntario y a la abolición permanente del pongueaje y mitaje. Realizó el deseo de Busch de crear un Congreso Indígena, el primero y quizás el único o uno de los escasos con estas características en la historia política y social de América Latina; además de instituir reformas sociales. En virtud de la promulgación de la nueva Constitución de 1945, fue elegido presidente constitucional para un período de 6 años.

Alfredo Ovando Candía de muy joven, mas bien, adolescente, se incorporó al Colegio Militar del Ejército; luego fue voluntariamente a la Campaña del Chaco en el Grupo Denominado "Tres Pasos al Frente". Cuando era comandante en jefe del Ejército, en 1964, participó activamente, incluso, se puede decir, como organizador, del golpe de Estado que derrocó al presidente Víctor Paz Estenssoro. En 1969 efectuó otro golpe de Estado que derrocó al presidente Luis Adolfo Siles Salinas. En su segundo gobierno, después del golpe de Estado de 1969, se tomaron medidas como la nacionalización del petróleo; como consecuencia de esta medida, el 17 de octubre de 1969, la expropiación de la Gulf Oil Co. También se dio lugar a la instalación de la primera fundidora de estaño en el país. Así mismo se aplicaron medidas sociales de impacto; por ejemplo, las campañas de alfabetización.

Juan José Torres González en 1966 es nombrado Ministro de Trabajo por la Junta Militar de Gobierno, presidida por el general Alfredo Ovando Candía. Entre 1968 y 1969 se desempeña como Secretario Permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional. Durante el cometido de estas funciones, Torres, acompañado de un equipo de civiles y de militares, participó en el diseño de los lineamientos políticos e ideológicos y las bases programáticas que se adjudica como mandato el gobierno de Ovando. Torres fue autor del "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas", plataforma programática de los gobiernos militares; también tuteló, junto a José Ortiz Mercado, la elaboración de la "Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional"; documento guía de la gestión gubernamental de Ovando. Sin embargo, se inició su implantación durante el gobierno de Torres. En el gobierno de Ovando, por instrucciones del "2.º Mandato Revolucionario de las FF.AA", elaborado también por Torres, se nacionalizó la empresa Bolivian Gulf Company. En 1970 fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, desempeñándose en el gabinete de ministros como representante directo de las Fuerzas Armadas; la tarea encomendada era el cumplimiento de los mandatos.

Cuando se dio el levantamiento popular y el paro general declarado por la Central Obrera Boliviana, contra el golpe de Estado de carácter reaccionario, asumió el poder, dadas las circunstancias, con participación de trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de los militares leales a Torres. El presidente Torres bautizó a esta alianza como los 4 pilares de la revolución. El 7 de octubre de 1970, oponiéndose al golpe de Estado conservador y restaurador, al estilo de los gobiernos entreguistas, serviles al imperialismo, contra el gobierno del general Alfredo Ovando Candía, efectuó un contra-golpe de Estado, instaurando un gobierno militar de izquierda. Durante su gestión abreviada se efectúo la nacionalización de la Mina Matilde y las Colas y Desmontes, la expulsión de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos de Norte América, dispuso un aumento presupuestario significativo a las universidades, la creación de la Corporación de Desarrollo y el Banco del Estado, además de una alta reposición salarial a los mineros[6].

Como se puede ver estamos ante situaciones de golpes de Estado abigarradas, por así decirlo. Hechos de fuerza, intervenciones militares, conectadas, a continuación, con la atribución de presidencias constitucionales. Solo el golpe de Estado de 1969 y el contra-golpe de Estado de 1970 pueden considerarse como tales, como eventos políticos de fuerza, como gobiernos de facto. Además, claro está, del golpe de Estado de 1971, que tiene características, si se quiere, opuestas a estos dos golpes mencionados.

En los análisis del Grupo Octubre se asume, entonces, que el vació político, puede ser llenado por golpes de Estado de carácter oligárquico y pro-imperialista, así como, en contraste, por golpes de Estado de carácter nacional-popular. Sin embargo, no parece fácil corroborar esta interpretación; primero, por lo que anotamos de la condición abigarrada de los golpes de Estado anteriores al golpe de 1969 y al contra-golpe de Estado de 1970, tomando en cuenta la selección de ejemplos que consideramos de la dramática historia política boliviana. Segundo, porque esta interpretación, evidentemente sesgada y esquematizada hasta la simpleza elemental, ha sido usada por algunos que se reclamaban de la “izquierda nacional” en el golpe de Estado cruento de Alberto Natusch Busch de 1979, que dejó un saldo de dos centenares de muertos. El 1 de noviembre de 1979 Natusch Busch ejecutó un cruento golpe de Estado contra el presidente civil Wálter Guevara Arze, quien había contraído interinamente la presidencia, el 8 de agosto de 1979, asumiendo en consecuencia la presidencia de facto. Ordenó la utilización de armamento militar, incluidos carros de asalto, tanques de guerra y otros armamentos pesados, contra civiles, ocasionando la muerte de dos centenares de personas y medio millar de heridos.

Tercero, si bien la tesis del vacío político es sugerente, sobre todo, como premisa de hipótesis política interpretativa, lo que ya no parece sostenible son sus conclusiones, relativas a que la manifestación derivada del vacío político es el golpe de Estado. Por otra parte, la conclusión de que el vacío político puede ser llenado por golpes de Estado de “izquierda” o de “derecha” tampoco parece sostenible.

Concentrándonos en lo que son propiamente golpes de Estado, que son los dos ejemplos aludidos, respecto al carácter nacional-popular, además del otro, de carácter reaccionario, es decir, del golpe de Estado de 1971, perpetrado por el General Hugo Banzer Suarez, de la selección un tanto arbitraria que hicimos, sin contar, de acuerdo al argumento vertido, con el golpe de Estado de 1964, vemos que incluso en estos casos donde se presentan golpes de Estado, en su aparente pureza característica, no se puede explicar sin los contextos nacionales, regionales, continentales y mundiales, en los que se dan; además de que no son explicables sin las genealogías de poder donde están insertos.

Desde el golpe del General René Barrientos Ortuño hasta el golpe del General Luis García Meza Tejada, podemos decir que se encuentran en el contexto mundial de la guerra fría, quizás salvo el último golpe de Estado, que emerge, mas bien, de otro substrato histórico-político, el relativo a la crisis de los ejércitos involucrados en la guerra fría. Por otra parte, más parecen manifestaciones de la crisis política del Estado-nación, generada por el desmoronamiento de la revolución de 1952. Esta crisis política no parece haberse resuelto, como creen los ideólogos neoliberales, con la apertura democrática dada desde 1982, que asume el carácter de gobiernos de coalición neoliberal a partir de 1985. Tampoco parece haberse resuelto con la victoria electoral del MAS y la asunción al gobierno del “presidente indígena” Evo Morales Ayma, como creen los ideólogos de la “izquierda” reformista y los intelectuales apologistas. Si bien, las gestiones de gobierno consolidan el Estado-nación, al “indianizarlo”, al estilo de la política restringida a las mallas institucionales heredadas; es decir, estas gestiones que continúan, por lo menos, en una primera etapa, antes de su regresión, con las tareas pendientes nacional-populares, no corroboran la clausura de la crisis múltiple del Estado-nación.

En estas nuevas circunstancias contextuales, posteriores a la guerra fría, en situaciones diferentes de las genealogías del poder, no parecen dables condiciones de posibilidad para golpes de Estado, como los que mencionamos. Sin embargo, esto no quiere decir que no se den recurrencias al uso de la disponibilidad de fuerzas del Estado, sobre todo, de las Fuerzas Armadas. Tanto los llamados “gobiernos progresistas” como los gobiernos neoliberales recurren al uso de las Fuerzas Armadas como dispositivos de emergencia en situaciones de crisis. Lo hacen, volviendo a la tesis de Montenegro, por el vació político, que no solamente da lugar a golpes de Estado, como creía Carlos Montenegro y también el Grupo Octubre, sino a distintas formas de diseminación institucional, aunque se den de manera diferida.

En resumen, el repliegue en el ejercicio de la disponibilidad de las Fuerzas Armadas, dispositivo de emergencia del Estado, devela la crisis estructural y múltiple del Estado-nación, sea potencia central o Estado subalterno periférico. El Estado-nación no es el sistema-político adecuado para resolver los problemas complejos de las sociedades, atravesadas y compuestas por múltiples planos y espesores de intensidad. Mas bien, resulta un problema más en el conjunto de las problemáticas afrontadas por las sociedades, en la modernidad tardía.