Raúl Prada Alcoreza

¿Por qué los gobiernos progresistas, que ciertamente preservan el Estado-nación, se convierten en etnocidas? Por más que el discurso político haya adquirido una tonalidad de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de defensa de la madre tierra, su imaginario nacionalista expresa su herencia moderna de la homogenización, de la mestización, del mestizaje múltiple, cultural,  social, apuntando a la consolidación de la identidad nacional. No es de extrañarse pues que estos gobiernos reformistas terminen conculcando derechos de los pueblos indígenas, ratificados en los convenios internacionales, incluso en la propia Constitución. En el fondo creen que los derechos de los pueblos indígenas son una extensión de los derechos fundamentales, considerados y reducidos a derechos civiles y políticos. No han comprendido que los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos, derechos que emergen de las luchas centenarias anticoloniales de los pueblos. No entienden que estos derechos exigen una perspectiva pluralista, no homogénea, no universalista, no moderna, en el sentido de la generalización de la identidad, sino en el horizonte efectivo histórico de la convivencia y coexistencia de variados proyectos civilizatorios.

Los gobiernos progresistas terminan convirtiéndose en unos conspicuos agresores de estos derechos, precisamente por su celo patriarcal, de protectores de la nación y del pueblo, incluyendo en esa unidad, como parte, a los pueblos indígenas. Los más celosos del cumplimiento de esta tutoría patriarcal es el ejército, que resguarda las fronteras, y defiende la “revolución” de la conspiración “Imperialista”. Los pueblos indígenas que siguen luchando por su autonomía, por preservar, sino es reconstituir sus territorios o, por lo menos parte, aunque apoyen al “proceso de cambio”, son considerados como enemigos. Estigmatizados, descalificados, divididos, cooptados en sus dirigencias. El discurso gubernamental justifica estos actos, que no puede ser otra cosa que vulneración de derechos colectivos, como defensa del proyecto. Estos gobiernos, como forma efectiva del Estado-nación, son dispositivos disciplinarios. Actúan de acuerdo a las “lógicas” inherentes a los diagramas de poderes disciplinarios, instaurados en la primera etapa de la modernidad. Consolidados en una segunda etapa; combinados con otros diagramas de poder, mas bien, contemporáneos, como el diagrama del control y el diagrama de las simulaciones, en una tercera etapa.   

El discurso apologista de los intelectuales sin crítica, los que apoyan a los gobiernos progresistas sin discusión, considera que estos problemas son efectos colaterales. El discurso de los aduladores y propagandistas, que tienen menos argumentos que los anteriores, cree que estos gobiernos son el fin de la historia. Que lo único que queda es defender las “revoluciones” finalizadas, cerrando los ojos ante pavorosas contradicciones. Ambos, intelectuales a-críticos y aduladores, no comprenden que la historia no tiene fin, que una “revolución” no termina, sino comienza, que la tarea para efectuar las transformaciones, que materializan la revolución, es continuar la lucha, desmantelando las estructuras de poder heredadas. Empero, en vez de hacer esto, prefieren satisfacer sus interpretaciones, vaciadas de contenidos, sin espesores históricos, abstractas, ideológicas, con el goce endulzado e imaginario de simbolismos anacrónicos.

Esa conducta es el procedimiento más contundente para acabar con la “revolución”. Son los nuevos termidorianos. Estos sepultureros de dentro de casa se consideran, sin embargo, los más consecuentes “revolucionarios”, por que defienden lo que se tiene. No se dan cuenta que lo que se tiene es todavía el viejo Estado colonial, a pesar de las reformas, independientemente de los alcances, en uno u otro caso,  en uno u otro proceso político. No se dan cuenta que no se trata de defender lo que se tiene en manos sino, mas bien, desmantelarlo, cambiarlo. Olvidan que se ha llegado al gobierno para eso. Este olvido no es exactamente eso, olvido, sino que, el “proceso de cambio”, en sus comienzos, en el desenvolvimiento mismo de las luchas, estaba compenetrado por distintas perspectivas y tendencias políticas. Esto se puede constatar en las discusiones y las diferencias de este periodo de luchas. El problema es que cuando los progresistas llegan al gobierno, se construye el mito de la representación del mismo proceso de luchas y del “proceso de cambio”. Mito que unge como representación de los movimientos sociales y de las luchas al gobierno progresista. Hipótesis ideológica que no puede sostenerse, no solo por las diferencias inherentes en las entrañas de la movilización y de las luchas, sino porque un gobierno nacional no puede ser, de ninguna manera, representante de movimientos sociales, los cuales apuntan a la emancipación, descolonización y liberación. Estas luchas no culminan en un gobierno, sino que abren el horizonte de los autogobiernos, autogestiones y autodeterminaciones de los pueblos. Sólo así se puede concebir una integración dinámica de los pueblos, sobre la base de sus complementariedades y solidaridades. Las unidades ficticias de los Estado-nación son el principal obstáculo para esta integración efectiva y alternativa.

La defensa de los derechos de los pueblos indígenas es fundamental en las perspectivas emancipatorias, descolonizadoras y libertarias, en la perspectiva de la integración de los pueblos, complementaria y solidaria. Los pueblos indígenas son la expresión plural de las formas comunitarias persistentes, en contraposición de lo privado y de lo público, que expropia lo común.