México: despojo universal, desintegración de la república y nuevas rebeldías*

 

Rhina Roux**

 

 

Dios nos dio a todos el río, no un pedazo a cada uno.

                          

                                                        Proverbio yaqui.

 

 

 

 

Un violento proceso de expansión universal de la relación de capital, de restructuración de las relaciones entre los múltiples capitales y, sobre todo, de las formas y contenidos de la dominación, la resistencia y la rebelión, está en curso.

Junto con formas más toscas o sofisticadas de explotación del trabajo en la relación salarial, un nuevo ciclo de acumulación por despojo acompaña este movimiento. Éste reedita en escala ampliada, en extensión geográfica y en profundidad social, el cercamiento de tierras comunales (enclosure of commons) operado en los albores de la modernidad capitalista y continuado en los siglos de expansión colonial.

 

Este proceso disuelve barreras protectoras del mundo humano; rompe formas políticas de la dominación ancladas todavía en lazos de dependencia concebidos como naturales y sagrados; destruye vínculos y equilibrios milenarios de la especie humana con la naturaleza; e incorpora trabajo, territorios, naturaleza, bienes comunes, conocimientos y destrezas en los circuitos de valorización de valor.

 

En el territorio mexicano esta gran transformación está disolviendo los fundamentos materiales y sociales de una relación estatal: el derecho de las comunidades agrarias al usufructo de tierras, bosques y aguas y el resguardo de los bienes comunes, materiales e inmateriales, como patrimonio público. Desamparo, inseguridad, éxodos migratorios, la fragmentación del país en múltiples señoríos territoriales, ausencia de ley y una violencia cotidiana vuelta pandemia son parte de este proceso. Este texto se propone analizar este cambio histórico en la sociedad mexicana y el ciclo de violencia que le acompaña.

 

 

Los nuevos cercamientos

 

En el multisecular proceso histórico de universalización del capital una nueva época de expansión comenzó a abrirse en el último cuarto del siglo XX. Este proceso, anunciado en una dura ofensiva contra posiciones y conquistas del trabajo organizado, extiende en la geografía, densifica en profundidad y dinamiza la red de relaciones capitalistas que envuelve hoy al planeta entero.

 

Tres tendencias, sostenidas en la violencia estatal y en una ampliada subsunción del conocimiento al capital, acompañan este movimiento: a) una nueva composición tecnológica de los procesos de producción, que hace más densa y sofisticada la dominación del trabajo muerto sobre el trabajo vivo; b) la colonización por el capital de procesos naturales de reproducción de la vida (vegetal, animal y humana) y c) un nuevo de ciclo de despojo universal de bienes comunes.

 

Los métodos de acumulación descritos por Marx en su célebre relato sobre “La llamada acumulación originaria” (cercamiento de tierras comunales, leyes contra el vagabundaje, saqueo y dominación colonial, tráfico de esclavos, sistemas proteccionistas y guerras comerciales) no son un episodio cruel del pasado, sino una constante histórica. La acumulación por despojo no es solamente un presupuesto genético del capital, sino uno de sus momentos constitutivos: una tendencia inscrita en su ser como proceso social fundado en la permanente y ampliada subsunción de vida humana, naturaleza, conocimiento y tecnologías en los circuitos de valorización de valor. En ese proceso, que Marx se representaba con la imagen de una espiral ascendente, se recrea una y otra vez exponencialmente la misma historia contada en la narración de la llamada “acumulación originaria”.

 

El robo, el fraude, la depredación, el pillaje, el castigo y el disciplinamiento atraviesan toda la historia de la modernidad capitalista: desde los lejanos tiempos de la conquista de América y el cercamiento de tierras comunales en Inglaterra, hasta el saqueo colonial y los mecanismos tributarios del sistema financiero internacional analizados por Rosa Luxemburg al despuntar el siglo XX. A esos procesos, y a su impacto en términos de la experiencia humana, se refirió Karl Polanyi en su análisis de «la gran transformación» operada en la Europa de la revolución industrial con la mercantilización de la tierra, el trabajo y el dinero: un relato de la trituración del mundo humano por el «molino satánico» del mercado y una crítica de las falacias contenidas en la utopía liberal del mercado autorregulado.[1] A ellos se refirió también Mike Davis en su estudio de las hambrunas y catástrofes ecológicas que acompañaron la expansión colonial en la India, China, África y Brasil durante la llamada Belle Époque.[2]

 

La acumulación por despojo, sostenida en la violencia desnuda o encubierta bajo formas legales, significa para el capital la resolución de dos requerimientos vitales: la ampliación de la escala de mercantilización de la fuerza de trabajo (es decir, la conformación de un reservorio de población potencialmente asalariada, móvil y dispuesta a “vender su pellejo” para preservar la vida) y la apertura de nuevos territorios para la valorización de valor, tendencia que David Harvey analizó como “la lógica de la expansión espacial capitalista”.[3] La proletarización de poblaciones indígenas y campesinas, la destrucción de mundos de la vida y la incorporación naturaleza y bienes comunes en los circuitos del mercado son parte de esta tendencia histórica.

 

La forma contemporánea del despojo adquiere su expresión visible y condensada en la oleada de privatizaciones de bienes y servicios públicos que ha cubierto el mundo en las últimas tres décadas. Esta tendencia, anunciada en Europa en los años ochenta durante el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, registró su primer ascenso en América Latina en los años noventa, expandiéndose en el nuevo siglo al continente asiático, incluida China. Telecomunicaciones, electricidad, gas natural, transporte y agua representaron la mitad del total de privatizaciones efectuadas entre 1990 y 2003.[4]

 

Se trata de una reedición gigantesca del cercamiento de tierras comunales (enclosure of commons) operado en Inglaterra entre los siglos XVI y XVIII y extendido a otras regiones del mundo en el curso de la expansión colonial. Lo novedoso de esta tendencia, en contraste con otras épocas, es que las innovaciones científico-tecnológicas permiten hoy que el despojo rompa límites naturales y espacio-temporales antes inimaginables. En un reciente análisis sobre las nuevas tendencias que definen cambio de época  escribimos:

 

Microelectrónica, informática, ingeniería genética y nanotecnología permiten que la subsunción de naturaleza, trabajo, destrezas y conocimientos en los circuitos de valorización de valor rompa hoy con límites antes no superables: biodiversidad, creación intelectual, saberes locales, códigos genéticos, espacio radioeléctrico, espacio aéreo, energía eólica, sangre y órganos del cuerpo humano, la entera biosfera y aun recursos que son condición natural de reproducción de la vida, como las semillas y el agua.

 

[..] Todo ello sería imposible sin los métodos de despojo, protegidos por normas jurídicas renovadas, que se presentan en las múltiples formas contemporáneas de apropiación privada del conocimiento y de los bienes naturales: patentes, registros de marca y derechos de propiedad intelectual como los sancionados por la OMC. En la década de los novena se registró un aumento espectacular en patentes de biotecnología y telecomunicaciones, seguido por farmacéutica e ingeniería médica y, más recientemente, en nanotecnología.

 

Se trata de un proceso cualitativo y global de nuevos “cercamientos” (enclosures) seguido por la multiplicación de los muros fronterizos, los encierros privados, los espacios públicos enrejados y los cuerpos de seguridad instalados en medio de la vida civil de las ciudades y sus periferias.

 

No es la maldad de nadie. Es una fuerza abstracta que finalmente conduce a la violencia bélica general y al exterminio de poblaciones enteras, de bosques, de ríos y lagos, de glaciares y cultivos milenarios consustanciales a la vida humana. Sintomática es ya, en los tiempos que corren, la alarma por la crisis alimentaria mundial, el alza en los precios de granos y productos agropecuarios y las hambrunas.

 

[..] El mundo del capital, que se nutre de esta expropiación de los productos de la naturaleza y del intelecto colectivo, parece no reconocer límites. Hoy se apropia de los cuatro elementos del mundo antiguo: agua, aire, tierra y fuego. Rompe así el ancestral vínculo sagrado del ser humano con la naturaleza e impone, en el paroxismo, la lógica de la razón instrumental que le es constitutiva.[5]

 

La disolución de formas puras o híbridas de la comunidad agraria, la destrucción de la autosuficiencia material de los productores agrícolas, la ampliación de la escala de mercantilización de la fuerza de trabajo, la incorporación de nuevos territorios en los circuitos desregulados del mercado y grandes oleadas migratorias son parte de esta tendencia. Tales procesos están operando hoy en los inmensos territorios ocupados por la antigua Unión Soviética, los regímenes burocráticos de Europa centro-oriental, China, la India y Vietnam, tanto como en México, Argentina, Brasil y la Amazonia entera.

 

En México esta gran transformación está significando una verdadera reversión de las conquistas arrancadas por la revolución mexicana al comenzar el siglo XX: el derecho de las comunidades agrarias al usufructo de tierras, bosques y aguas (bajo la forma del ejido) y el dominio primigenio de la nación sobre los bienes naturales comprendidos en su territorio: tierras, aguas, bosques, playas, esteros, salinas, minerales y petróleo. En este proceso, disputado y conflictivo, se están disolviendo los soportes materiales de la república.

 

 

El desmantelamiento del ejido

 

La nueva expansión de la relación de capital, anunciada en México en los años ochenta con el derrumbe salarial y el inicio de una larga ofensiva contra los trabajadores y sus sindicatos, comenzó a desplegarse en el territorio nacional con la llamada “reconversión industrial”, la desregulación de los circuitos mercantiles y financieros y la privatización de empresas públicas. Este proceso, continuado a fondo en los años noventa con la reforma del artículo 27 constitucional y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), terminó desmantelando la estructura productiva estatal levantada en los años de industrialización de la segunda posguerra: complejos siderúrgicos (Sicartsa, Altos Hornos de México, Fundidora Monterrey), minas, industria metalúrgica, industria cementera, ingenios azucareros, fertilizantes, industria tabacalera, petroquímica, telefonía, aerolíneas, banca y servicios financieros y red federal de microondas. Entre 1982 y 1994 la estructura productiva estatal se redujo de 1 155 a 216 empresas públicas, mientas se desmontaban contratos colectivos de trabajo y se introducían innovaciones tecnológicas en industrias estratégicas (telefonía, petróleos, electricidad, siderurgia e industria automotriz).[6]

 

El punto de quiebre en este proceso no estuvo sin embargo en la privatización de empresas públicas, la confiscación de derechos laborales o la desregulación de los circuitos financieros. El punto de quiebre material y simbólico, que marcó el ingreso sin retorno del territorio nacional en un gran cambio de época fue la reforma del artículo 27 constitucional: la desaparición jurídica de las tierras ejidales y comunales.

 

La Constitución de 1917, surgida de la revolución mexicana, estableció dos principios heredados de la tradición de derecho público de la monarquía española que serían constitutivos de la relación estatal mexicana: de las reglas de mando/obediencia, de la legitimidad de sus élites dirigentes y de sus relaciones externas. En su artículo 27, la Constitución reconoció el derecho de las comunidades agrarias a la dotación o conservación de sus tierras (bajo la forma del ejido) y estableció el dominio primigenio (inalienable e imprescriptible) de la nación sobre los bienes naturales comprendidos en su territorio: tierras, aguas, bosques, costas, salinas, minerales, petróleo y todos los carburos de hidrógeno.[7]

 

Desde estos principios enraizados en la historia, y materializados en el reparto agrario y la expropiación petrolera de los años treinta, pudo restablecerse en el México posrevolucionario una relación estatal: la ordenación política de una sociedad que, inscrita ya en las corrientes universales del mercado, resguardó los bienes comunes –y no el derecho abstracto de los propietarios privados- como fuente nutricia de los códigos de justicia que norman a toda comunidad política, de la autoridad de sus gobernantes y del equilibrio en la relación con Estados Unidos.

 

Lo que dio su peculiaridad a esa constitución estatal, en contraste con una república liberal, fue que sin prescindir de las relaciones salariales y contractuales propias del mundo moderno, sacó la tierra y los bienes naturales de los circuitos del mercado: un patrimonio de las comunidades originarias protegido durante siglos por el manto protector de la Corona española, peleado en las rebeliones indígenas y campesinas que atravesaron la historia poscolonial y arrancado por la revolución campesina de 1910-1920.

 

Esa relación estatal, tejida en la experiencia y la mentalidad de seres humanos antes que en los textos jurídicos, comenzó a ser arrasada por la nueva expansión del capital y la difusión de relaciones mercantiles. Para poder desplegarse sin trabas a lo largo y ancho del territorio nacional, la llamada “modernización” del capitalismo mexicano requería anular el principio constitucional protector de la tierra y de antiguas socialidades comunitarias y establecer en las leyes, en las costumbres y en la vida material el intercambio mercantil y los derechos de la propiedad privada como reguladores únicos y supremos de las relaciones humanas. “El dinero mismo es la comunidad, y no puede soportar otra superior a él”, escribía Marx en los Grundrisse refiriéndose a esta pulsión destructiva, y agregaba: “Allí donde el dinero no es él mismo la entidad comunitaria, disuelve la entidad comunitaria”.[8]

 

La reforma del artículo 27, aprobada junto con cambios en la legislación nacional sobre la propiedad y usufructo de bosques y aguas, decretó el fin del reparto agrario, abrió la posibilidad jurídica de conversión de las tierras ejidales y comunales en propiedad privada y de los campesinos en propietarios (con “dominio pleno” sobre sus parcelas) y levantó la prohibición de formar asociaciones mercantiles en el campo. Esa reforma constitucional significó un quiebre profundo en el modo de ordenación política de la sociedad mexicana: sancionó jurídicamente la disolución de la comunidad agraria, autorizó el ingreso formal de la tierra en los circuitos del mercado y abrió las compuertas del despojo universal de bienes comunes, materiales e inmateriales.

 

Ciertamente, cuando el Congreso mexicano aprobó la iniciativa presidencial de reforma del artículo 27, los ejidos no eran más que una cáscara cuyo fruto se lo había comido el dinero desde dentro: la industrialización, la difusión de relaciones mercantiles y salariales y la urbanización habían minado silenciosamente y desde dentro las tierras ejidales durante la segunda posguerra. Y sin embargo, como apuntaba E. P. Thompson en su análisis de la lenta disgregación del derecho consuetudinario sobre bienes comunales en Inglaterra, la conservación jurídica de las tierras ejidales era en este caso también importante.[9] La reforma del 27 no sólo sancionó la desaparición jurídica de las tierras ejidales sino, junto con ellas, la de antiguos vínculos comunitarios: con su entramado de costumbres, reglas morales y nociones sagradas de la naturaleza, considerada prenda de la relación con los prójimos, los dioses, los antepasados y los descendientes.

 

La rebelión armada de las comunidades indígenas de Chiapas en 1994 fue también, entre otros muchos significados, una respuesta a ese agravio. Esa rebelión, que declaró la guerra al ejército federal demandando el reconocimiento constitucional de los derechos y autonomías de los pueblos indígenas (incluyendo el control sobre sus bienes naturales y territorios), no pudo sin embargo contener en territorio nacional el cambio de marea mundial que apenas se iniciaba.

 

En el momento de la reforma constitucional 15 millones de campesinos mexicanos y sus familias (cerca del 20 por ciento de la población nacional) eran ejidatarios. La tierra ejidal abarcaba entonces 103 millones de hectáreas: 52% del territorio nacional, 55% de las tierras agrícolas y 70% de los bosques, en posesión de casi 30 mil ejidos y comunidades. La desintegración de las tierras ejidales y comunales es una tendencia persistente desde entonces. No por la conversión formal de los ejidos en propiedad privada (que según cifras oficiales hasta 2011 sólo había operado en el 2.6% de las tierras ejidales) sino por vías indirectas, como el franco abandono de las parcelas o la renta de las tierras ejidales a proyectos de inversión privada inmobiliarios y turísticos. La proletarización campesina y un éxodo migratorio de más de seis millones de campesinos mexicanos en la última década son parte de esta tendencia.[10]

 

Liberada de los diques levantados por la revolución mexicana, una nueva marea de despojo comenzó a crecer restableciendo no sólo el dominio del capital sobre la tierra, sino sobre todos los bienes naturales, los bienes y servicios de propiedad pública (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, canales de transmisión satelital, espacio radioeléctrico, red de fibra óptica), patrimonios culturales (monumentos históricos, zonas arqueológicas) e incluso los fondos de pensión y de retiro de los trabajadores. En ese proceso, acompañado del debilitamiento del sistema de educación pública en todos sus niveles y de la erosión del sistema nacional de investigación, generación y transmisión del conocimiento, se fueron también desmoronando los fundamentos materiales y sociales de la república.

 

En esta gran operación de despojo, conducida estatalmente y utilizando viejos y nuevos métodos de fraude y rapiña (manipulación del mercado bursátil, crisis financieras, “rescates” estatales, uso patrimonial de recursos públicos, fusión de capitales), se fue conformando una nueva fracción autónoma de la burguesía nacional asociada con capitales externos (el capital financiero), de la que las grandes corporaciones financieras mexicanas con inversiones en otras latitudes son ejemplos ilustrativos (Grupo Cemex, Gruma, Grupo Carso, Grupo Alfa, Grupo Vitro, Grupo México, Industrias Peñoles).[11] Esa nueva oligarquía financiera mexicana, que empujó las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el umbral del siglo XXI concentraba ya casi la mitad de la producción nacional y más del 50% de las exportaciones manufactureras, 90% de las cuales se dirigieron a Estados Unidos.[12] La personificación de ese proceso es el empresario Carlos Slim quien, desplazando a William Gates (fundador de Microsoft), fue ubicado en 2012 en la lista Forbes como el hombre más rico del mundo.

 

 

El reino de la mercancía

 

La integración de México en la economía y los mercados de Estados Unidos, formalizada en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no sólo ha significado una reorganización del territorio nacional similar en su alcance a la operada en el último cuarto del siglo XIX con la expansión de ferrocarriles. Esta tendencia, a la que corresponden la conformación de corredores industriales que conectan selectivamente ciudades y puertos de México con los mercados de exportación de Canadá y Estados Unidos, abrió el territorio mexicano a los capitales externos y creó un orden jurídico supranacional que cercenó atributos del Estado mexicano.

 

El TLCAN no sólo formalizó el libre tránsito de mercancías, dinero y capitales a través de las fronteras nacionales (excluyendo la libre movilidad de la fuerza de trabajo). También estableció la obligatoriedad de otorgar un “trato nacional y preferente” a las inversiones de Canadá y Estados Unidos en México, prohibiendo la expropiación o nacionalización de empresas extranjeras salvo por causa de utilidad pública y mediante una indemnización “justa, pronta y líquida”. En su capítulo XI, que reglamentó las inversiones, el TLCAN sustrajo a las empresas extranjeras de las leyes y tribunales mexicanos amparándolas, en caso de litigio, en el derecho mercantil internacional. En los hechos, como apunto Gutiérrez Haces, con el TLCAN “el territorio [mexicano] pasó a ser regulado exclusivamente por el mercado”·[13]

 

Amparadas en una legislación supranacional, en adecuaciones a leyes nacionales secundarias (y, en muchos casos, sirviéndose de nuevas redes clandestinas de robo y pillaje), una nueva oleada de despojo del patrimonio de bienes naturales comenzó a operar. A esta tendencia corresponden el aumento en la última década de los títulos de concesión de costas y playas otorgados a hoteles y empresas turísticas, así como la privatización de los llamados “terrenos ganados al mar”; la apertura a la inversión privada en la generación de electricidad; la privatización del sistema de distribución de gas natural; la apropiación privada de ríos para la construcción de presas y centrales hidroeléctricas, la expansión de las explotaciones mineras a cielo abierto y la privatización del sistema de distribución de agua potable en las ciudades.[14] El crecimiento vertiginoso de las concesiones de explotación minera a capitales externos en la última década (75% de las cuales han sido otorgadas a empresas canadienses) es un ejemplo ilustrativo de esta tendencia: en los últimos doce años un cuarto de la superficie del territorio nacional (casi 52 millones de hectáreas) ha sido concesionada hasta por 50 años (con posibilidad de renovación) a empresas mineras.[15] Estudios oficiales calculan que en la última década se ha extraído más oro del suelo mexicano que en los tres siglos de colonización española.[16]

 

En este proceso, que destruye mundos de la vida, patrimonios culturales y equilibrios ecológicos, un nuevo ciclo de rebeliones comunitarias contra el despojo se está abriendo. La rebelión de los pueblos de Atenco, en el estado de México, contra la venta de sus tierras para la construcción de un aeropuerto (2001); la prolongada protesta de ejidos y comunidades en Guerrero, iniciada en 2003, frente al proyecto hidroeléctrico de construcción de la presa La Parota en sus territorios; la insubordinación de los pueblos yaquis (2010-2011) en defensa del agua de la presa El Novillo y de sus territorios sagrados frente al proyecto de construir un acueducto en el Valle del Yaqui, en Sonora, han sido algunas de las múltiples protestas diseminadas por todo el territorio nacional contra el despojo organizado de bienes naturales.

 

El 15 de abril de 2011 los comuneros del municipio purépecha de Cherán, en Michoacán, comenzaron un levantamiento para defender sus bosques, devastados ya por la tala clandestina protegida por bandas armadas del narcotráfico en las 18 mil hectáreas del municipio. Ese día los comuneros quemaron camionetas, apresaron talamontes, levantaron barricadas, organizaron fogatas nocturnas y “rondas comunitarias” y desconocieron a las autoridades municipales. En febrero de 2012 se estableció el gobierno autónomo de Cherán, con un consejo mayor electo por usos y costumbres y reconocido por el gobierno del estado.

 

 “Reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo”, afirmaron a su vez los pueblos indígenas huicholes de Jalisco, Nayarit y Durango en la Declaración de Wirikuta: una proclama lanzada el 7 de febrero de 2012 en la que reafirmaron las razones de su insubordinación frente a las concesiones otorgadas a la compañía canadiense First Majestic Silver para la explotación minera a cielo abierto en su territorio sagrado: una reserva natural de 140 mil hectáreas ubicada en San Luis Potosí y considerada desde tiempos inmemoriales el origen del mundo. Y agregaron: “continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado, Wirikuta, de las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral”.[17]

 

Lo novedoso de estas rebeliones, en contraste con otras épocas, es que en sus luchas actualizadas en defensa de la comunidad natural está también contenida la conexión empírica con otras luchas de afirmación del trabajo viviente, es decir, de la condición humana. El nuevo contenido universal de la rebelión de las comunidades agrarias, expresado en metáforas y mitos propios de civilizaciones milenarias (es decir, desde los mundos de la vida en que esas comunidades interpretan el Diluvio en curso), no radica en la adopción de un discurso trascendental. Su soporte material y social reside en el enfrentamiento con un fenómeno nuevo: la generalización de la irrupción violenta y destructiva del capital en los antes dominios de la naturaleza y en sus propios mundos de la vida.

 

Para afianzar el nuevo modo de dominación la oligarquía financiera mexicana asociada con capitales externos necesita aun terminar de desmantelar el símbolo mayor del viejo Estado protector, fuente nutricia de la antigua burocracia estatal y soporte material del equilibrio en la relación con Estados Unidos en la segunda posguerra: el control estatal de la renta petrolera.

 

La llamada “reforma energética”, aprobada en 2008, formalizó jurídicamente lo que en realidad ha venido operando en los últimos años: la apertura de Petróleos Mexicanos a la inversión privada en distintas fases de la industria petrolera (exploración, explotación, almacenamiento y distribución) a través de los llamados “contratos de servicios múltiples”. Esa reforma, realizada a través de cambios en la legislación secundaria, abrió las vías legales para la concesión a empresas extranjeras de “bloques” o áreas del territorio nacional para la exploración y explotación de yacimientos petroleros, incluyendo aguas profundas del Golfo de México y los llamados “yacimientos transfronterizos”. La concesión en la Cuenca de Burgos (en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) a Repsol y Petrobras de un área de 16 273 kilómetros cuadrados para la exploración y explotación petrolera es tan sólo un ejemplo de los muchos proyectos de inversión extranjera que ya están operando en este ramo en diversas regiones del territorio nacional.[18]

 

 

La desintegración de la república

 

La flexibilidad laboral, la nueva composición tecnológica de los procesos productivos (digitalización, informática, microelectrónica) y la desterritorialización de la fábrica contemporánea desbordaron estructuras y modos anteriores de organización del trabajo asalariado, rompieron solidaridades y quebraron los lazos protectores institucionalizados en los llamados “Treinta Gloriosos” (1945-1975), cuya variante nacional fue el llamado “milagro mexicano”. Entre sus resultados están la fragmentación del mundo laboral y la precarización del trabajo asalariado.

 

A la violencia de un proceso que destruye las normas que habían brindado relativas estabilidad, seguridad y protección en la relación salarial (en especial en la gran industria y la administración pública), y que aparece como un retorno mucho más cruel y refinado a las formas clásicas de explotación del trabajo del siglo XIX, responde ese movimiento autónomo –y hasta hoy incontrolado- de éxodo del trabajo vivo en las nuevas oleadas migratorias. Los datos registran que entre 2000 y 2005 México se convirtió en el principal expulsor de migrantes del mundo, seguido de China y la India, y que 96% de los municipios mexicanos tenían algún tipo de vínculo con la migración.[19]

 

La continuada confiscación de derechos laborales universales (empleo, salario mínimo, limitación legal de la jornada laboral, derechos de pensión y jubilación, protección de la salud, reglamentación del trabajo femenino, prohibición del trabajo infantil) está acompañada de la expansión vertiginosa de los circuitos informales del trabajo asalariado, la proletarización informal y precaria de poblaciones campesinas y la exclusión de cientos de miles de jóvenes del sistema de educación pública y del mercado laboral.

 

El nuevo modo de dominación, así fundado, es incompatible con la República, considerada ésta en su sentido clásico desde la antigüedad romana y recuperado en la modernidad por Maquiavelo, Jean Bodin o James Harrington: una comunidad políticamente constituida y regulada por la ley, cuya base consiste en garantizar educación, justicia e ingreso básico para todos los libres e iguales.

 

En el torbellino de la nueva expansión del capital y del despojo universal de bienes comunes que le es concomitante, han terminado por desintegrarse en México los fundamentos materiales y sociales de una comunidad estatal conformada en la historia. El desamparo en todos los ciclos de la vida humana, el saqueo de bienes naturales y del patrimonio cultural, el desmantelamiento del sistema de educación pública, la expansión descontrolada de los cárteles de la droga (hoy verdaderas empresas transnacionales), la sustracción de porciones enteras del territorio nacional de la jurisdicción estatal, la fragmentación del país en un mosaico de señoríos territoriales controlados por caciques y bandas armadas del narcotráfico –todos entrelazados-, la nueva autonomía de caciques sindicales, el surgimiento de cuerpos de seguridad privados (incluidos los que hoy protegen a las compañías extranjeras), el resurgimiento de la Iglesia como un poder autónomo, la conversión del ejército en una suerte de policía nacional encargada de regular las disputas internas del narcotráfico, la presencia de órganos de inteligencia de Estados Unidos en el territorio nacional (DEA, FBI, CIA, Pentágono), el fraude y la impunidad como reglas de vida cotidiana, la ausencia de tribunales imparciales y confiables de impartición de justicia, catástrofes ecológicas y una espiral de violencia cotidiana que ha significado en los últimos seis años casi 100 mil muertos son algunas de sus manifestaciones más evidentes.

 

En estas coordenadas los mercados clandestinos de la droga, entrelazados con circuitos financieros y redes de complicidad en órganos de la administración pública, gobiernos locales y el ejército, han expandido ya sus negocios más allá del tráfico de drogas: trata de migrantes, tráfico de órganos, trata de personas, tala clandestina de bosques, ordeña de gas natural y aun robos de petróleo en los ductos de Pemex se han incorporado en los negocios de los cárteles. Esos mercados paralelos, que nutren sus bandas armadas con miles de jóvenes excluidos del sistema educativo y del mercado laboral, recurren también hoy a una nueva forma de leva que es el reclutamiento forzoso de migrantes.[20]

 

En los intersticios y vacíos que abre la desintegración estatal en curso, la ausencia estatal está siendo también ocupada, sin embargo, por nuevas formas de organización autónoma y apropiación de espacios de los grupos subalternos: los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno en territorio zapatista, las policías comunitarias en Guerrero, la organización de autodefensa del pueblo de Cherán contra la tala clandestina de sus bosques y la organización de las comunidades indígenas para la defensa del territorio de Wirikuta frente a la explotación de las mineras canadienses son algunas de las múltiples formas de organización autónoma para la conservación de la vida, la naturaleza y la seguridad diseminadas por todo el territorio nacional. “No teníamos autoridad, no teníamos seguridad, estábamos como huerfanitos y fue por eso que surgió lo de las rondas comunitarias”, dijo uno de los comuneros de Cherán explicando las razones de su levantamiento y las formas de autodefensa que fueron inventando en el camino para la protección de sus vidas y sus bosques.[21]

 

En medio de este paisaje el retorno del PRI a la dirección del aparato estatal, esperanza para millones de mexicanos de un restablecimiento del orden, la seguridad y la paz, aparece como un fantasma espectral. El PRI, símbolo petrificado de la “revolución institucionalizada”, fue desbordado desde hace mucho tiempo por los circuitos legales y metalegales de los negocios y las finanzas. Tras el desengaño de estas añoranzas largo será el camino hacia una imaginada comunidad de libres e iguales, en la que el mercado y el dinero sean simples instrumentos de trabajo y no rectores impersonales e inhumanos de las relaciones humanas.

 

 

Epílogo. Trabajo vivo, historia y mundos de la vida

 

Un violento proceso de expansión universal de la relación de capital está en curso. Este proceso origina y expande nuevas modalidades y ámbitos de la dominación del capital sobre el trabajo, la vida humana y sus relaciones con la naturaleza; y por ende nuevas formas materiales e institucionales de la violencia inherente a esa dominación. Significa además una ampliación ilimitada de lo que se ha dado en llamar la “zona gris”: esos ámbitos de las relaciones sociales donde la regulación por la ley, antigua conquista civilizatoria, es sustituida por la ausencia de ley y la consiguiente regulación por la violencia y el cohecho. Las mil caras del trabajo clandestino, el tráfico de órganos humanos, la trata de migrantes y los mercados paralelos de drogas y de armas son algunos ejemplos.[22]

 

Pero en la violencia y el dinamismo de este proceso histórico se extienden también las formas y contenidos de la organización e insubordinación del trabajo viviente, en sus múltiples y variadas formas de existencia y desde sus mundos de la vida concretos. Los hilos de ese entramado son los de la experiencia acumulada y transmitida por las sucesivas generaciones. Los diseños que van apareciendo en ese tejido dándole sentido y significado los bordan las insubordinaciones presentes. Éstas retoman y renuevan la experiencia y, enriqueciéndola, la transmiten.

 

En la proletarización informal y precaria de poblaciones campesinas, en los éxodos migratorios y en la exclusión de millones de seres humanos de los circuitos formales del trabajo asalariado un nuevo y abigarrado tejido social urbano se está conformando. A este proceso corresponden, como tendencia, nuevas formas de rebelión social urbana contra el despojo y la exclusión, como las de los estudiantes mexicanos frente a la reducción de la matrícula en el sistema de universidades públicas, la de los estudiantes chilenos contra el sistema privado de educación superior y la del movimiento estudiantil mexicano organizado en el Yo soy 132: un nuevo movimiento estudiantil que irrumpió en México en la coyuntura de la sucesión presidencial de 2012 repudiando la represión de los pueblos de Atenco en 2006 por el candidato presidencial del PRI y demandando el fin del monopolio de la información y de los medios de comunicación por las grandes corporaciones televisivas mexicanas.

 

En México este proceso está significando también una remodelación de las identidades indígenas y campesinas: ese fenómeno nuevo apuntado por Armando Bartra contenido en las migraciones, en la “urbanización de la indianidad” y la “transterritorialidad” de las comunidades indígenas (cuyos miembros participan a la vez en dos o más espacios sociales), que obliga incluso a redefinir los conceptos de autonomía y territorio.[23]

 

De otra parte, la defensa de la autonomía y de los territorios de las comunidades indígenas de México, Bolivia y Ecuador; las guerras del agua y del gas en Bolivia; la rebelión de los mapuche y la insubordinación de los pueblos indígenas de la Amazonia entera contra la privatización de tierras, bosques y aguas, han sido parte del nuevo ciclo de rebeliones abierto en toda América Latina por el despojo organizado de bienes naturales comunes. En medio de la catástrofe ecológica que acompaña a esta mutación histórica, lo que otorga una nueva universalidad a estas rebeliones es que, en la defensa de sus comunidades y territorios, está también contenida la afirmación de la vida humana frente a la racionalidad inherentemente depredadora del proceso-capital.

 

En qué modos de organización y métodos de lucha por sus derechos y por la vida llegará por fin a condensarse la resistencia; cómo se combinarán y entrelazarán los enfrentamientos urbanos, territoriales, laborales, agrarios, indígenas y de antiguas y persistentes matrices civilizatorias, sólo la experiencia de la nueva dominación en turbulenta gestación e inseguro equilibrio podrá terminar de revelarlo. El secreto de esta historia no está en los flujos de la riqueza donde se cristaliza el trabajo pasado, sino en el incesante movimiento donde vive, cambia y se afirma en su ser el trabajo presente.#

 

 

Ciudad de México, 20 septiembre 2012.

 

 

 

Referencias

 

 

ALTVATER, Elmar y Birgit Mahnkopf, La globalización de la inseguridad. Trabajo en negro, dinero sucio y política informal, Buenos Aires, Paidós, 2008.

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL, Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, Madrid, 2010.

 

BARREDA, Andrés (comp.), Voces del agua. Privatización o gestión colectiva: respuestas a la crisis capitalista del agua, México, Itaca, 2006.

 

BARTRA, Armando. El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital, México, Itaca/UAM/UACM, 2008.

 

BASAVE, Kundhardt. Los grupos de capital financiero en México, 1974-1995, México, El Caballito/UNAM, 1996.

 

DAVIS, Mike. Génocides tropicaux. Catastrophes naturelles et famines coloniales aux origines du sous-développement, París, La Découverte, 2003.

 

DELGADO WISE, Raúl y Oscar Mañán, “Migración México-Estados Unidos e integración económica” en Política y cultura núm.23, México, UAM Xochimilco, primavera 2005, ps.9-23.

 

GILLY, Adolfo y Rhina Roux, “Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo de los cuatro elementos” en Enrique Arceo y Eduardo Basualdo (comps.), Los condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación, Buenos Aires, CLACSO, 2009, ps.

 

HARVEY, David. El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004.

 

HARVEY, David. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Madrid, Akal, 2009.

 

LÓPEZ BARCENAS, Francisco y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. La legislación minera en México, México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, 2011.

 

KIKERI, Sunita y Aishetu Fatima Kolo, Privatization: Trends and Recent Developments, World Bank Policy Research Working Paper 3765, noviembre 2005.

 

MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, México, Siglo XXI, 10ª, 1978.

 

MORERA, Carlos. El capital financiero en México y la globalización. Límites y contradicciones, México, Era/UNAM, 1998.

 

NAVA ESCUDERO, César. Estudios ambientales, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009.

 

POLANYI, Karl. La gran transformación, México, Juan Pablos, 2000.

 

OLINTO, Pedro, et.al., Land Market Liberalization and the Access to Land by the Rural Poor: Panel Data Evidence of the Impact of the Mexico Ejido Reform, Basis Working Paper, World Bank, 2002.

 

RANDALL Laura (ed.), Reformando la reforma agraria mexicana, México, UAM Xochimilco, 1999.

 

ROUX, Rhina. “Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de época” en Herramienta núm.38, Buenos Aires, junio 2008, ps.61-74.

 

ROUX, Rhina. “Ausencia de ley. El desmoronamiento del Estado mexicano” en Jaime Osorio (coord.), Violencia y crisis del Estado. Estudios sobre México, México, UAM Xochimilco, 2011.

 

SANCHEZ RUBIO, David, et.al, Nuevos colonialismos del capital. Propiedad intelectual, biodiversidad y derechos de los pueblos, Barcelona, Icaria, 2004.

 

TELLEZ, Luis. Nueva legislación de tierras, bosques y aguas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

 

THOMPSON, E. P. Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995.