Los dos cuerpos del caudillo

Raúl Prada Alcoreza

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Hay que distinguir entre el referente imaginario y el referente real, por así decirlo; el “ideológico” y el efectivo, mejor dicho. En el mundo de las representaciones juzgamos a las representaciones; es decir, al referente imaginario y, en consecuencia, castigamos, a la persona, por así decirlo, real. Es la persona la que irá a la cárcel o a la muerte. Éste, quizás, sea el tema crucial, cuando nos preguntamos sobre los desenlaces, no solo de la trama que imaginamos, que forma parte de nuestras narraciones, sino de los procesos, que forman parte del acontecimiento. Nuestro apego a las instituciones, que son, en realidad, nuestras criaturas, convertidas en sagradas arquitecturas de normas, leyes y reglamentos, apoyadas en prácticas habituales, hacen que reduzcamos a las personas a las representaciones e imágenes, que tenemos de ellas. Esto es reduccionismo representativo; no podemos conocer a alguien, tampoco, mucho menos, a nosotros mismos. Si lo hacemos, es por pretensión y presuposición, cuando las mismas, esta pretensión y esta presuposición, son insostenibles.

Juzgamos al cuerpo simbólico, castigamos al cuerpo real. Para esta manera de juzgar, el cuerpo simbólico, el único cuerpo que ve, es el pecador. Puede encontrar en la interpretación de sus actos, del cuerpo simbólico, la narrativa de la perversión; por eso mismo, la justificación de su juzgamiento y castigo. Empero, las representaciones son nada más que eso, imaginarios; no pueden abarcar la complejidad de un cuerpo viviente. Al final, se castiga al cuerpo viviente, sin que hayamos comprendido toda su composición dinámica. Alguien podría preguntase, ¿es eso justo? Otro, menos, apegado al paradigma de justicia, se preguntaría: ¿es esto coherente? Independiente de las respuestas, es esto lo que ocurre, lo no ajustado, lo no coherente.

Como dijimos en otro texto[1], la búsqueda del o la culpable, sobre todo, su captura y su castigo, calma la angustia propia por los pecados del mundo, calma la consciencia culpable propia. Es una catarsis. Sin embargo, no resuelve el problema en cuestión. Por ejemplo, no resuelve el problema de la corrupción; ni mucho menos, el problema que lo contiene, el problema de las dominaciones. Una vez castigado él o la culpable, no desaparece el mal – usando el término metafóricamente -; subsiste, persiste, se renueva, prolifera, se expande. La corrupción reaparece, en otras circunstancias y en otros escenarios y en otros personajes. Es que la corrupción no es un atributo de la persona, como condena fatal, congénita, desde la expulsión del paraíso terrenal, sino forma parte de una red de relaciones y de estructuras de poder. De lo que se trata, como también dijimos, es no quitarle la responsabilidad al protagonista de la corrupción, sino de comprender el funcionamiento de este proceso de deterioro ético, moral e institucional.

Pero, esta duplicidad, entre el cuerpo simbólico del caudillo y el cuerpo real, es también imaginaria; forma parte de la economía política generalizada[2]. En este caso, se trata de una economía política del poder, en su forma simbólica[3]. Se requiere no solo valorizar lo simbólico, en relación no tanto a la desvalorización del cuerpo singular, sino, más bien, de su conversión en materia simbolizante; así como hay una materia significante que porta o sostiene el significado.  Se entiende que esta economía política representativa-burocrática forma parte de la economía política del poder, como tal, como totalidad.  Lo que nos interesa son sus efectos, políticos, sociales, culturales y psicológicos. Como con el cuerpo del rey, el cuerpo del caudillo, sintetiza simbólicamente el poder. Los efectos políticos tienen que ver con la forma de gobierno, no solo presidencialista, sino hasta casi monárquica. Los efectos sociales tienen que ver con que se refuerzan las estructuras patriarcales de las instituciones sociales; los efectos culturales renuevan los mitos religiosos, como los relativos al mesianismo. De los efectos psicológicos interesa remarcar dos: la masa de seguidores se asume como dependiente, algo así como hijos vasallos; el caudillo confunde completamente su cuerpo real con su cuerpo simbólico.

La economía política simbólica del poder, como dijimos, exalta el símbolo y absorbe la materia simbolizante, que es el cuerpo real del caudillo. Entonces, en consecuencia, todos los actos del caudillo, como en el caso del rey, se vuelven no solamente públicos sino políticos. Por cierto, que este fenómeno no solo pasa con el caudillo; pasa con el rey, también con los artistas, en el sistema-mundo hiper-moderno. En el caso del caudillo cobra sus propias formas particulares; no es rey, por lo tanto, no accede al trono por herencia y descendencia; no es artista, por lo tanto, no llega a la fama por sus obras, actuaciones, representaciones. El caudillo llega al poder porque se convierte en la convocatoria del mito; el caudillo llega a la fama porque la fama, de alguna manera, lo esperaba; es la fama, mejor dicho, el arjé, el arquetipo, del mito. El mito lo esperaba para encarnarse en él.

¿Cuál cuerpo comete los delitos atribuidos por los que juzgan? ¿El simbólico o el real? Obviamente el real, porque los delitos solo se los comete prácticamente, efectivamente, concretamente; sin embargo, se juzga al cuerpo simbólico. De todas maneras, cuando se juzga al cuerpo simbólico, se juzga al poder, al Estado, aunque sea en su condición simbólica; el efecto es que también se juzga al poder real, al Estado, en su condición institucional, al mapa institucional del poder. Entonces, si se castiga, si se condena, se define una pena, también debería serlo para el poder real, para el Estado, para la malla institucional del poder. Sin embargo, los juzgadores se quedan con la condena al cuerpo simbólico, descargándosela al cuerpo real; empero, se trata del cuerpo real singular del caudillo, no del mapa institucional del poder. Entonces, castigan al cuerpo real, que comete los delitos, empero, empujado por la impunidad ilusoria del cuerpo simbólico. No se castiga, ni se condena, ni se le otorga una pena, al campo político del poder real, a la malla institucional del poder. Con esto se ha hecho una catarsis, se ha calmado las consciencias culpables, que castigan al señalado culpable, al culpabilizado, que es el cuerpo simbólico, que ha usado al cuerpo real, para cometer los delitos.

La inconsecuencia del juicio, del acto de juzgar, ya sea institucional, ya sea público, ya sea político, es notorio. No se juzga a la causa del problema, a la causa de los delitos; al aparato, a la estructura, que sostiene el cometido de los delitos; sino al chivo expiatorio, que no deja de ser chivo expiatorio a pesar de ser el gran responsable. Se condena al visible culpable, que en este caso es el caudillo o, algún subalterno o grupos de entornos. El tema en cuestión, develado por una denuncia, puesto en evidencia por los indicios, encubierto por los cómplices directos o indirectos; los indirectos son los que defienden al acusado, sin haberse pasado el trabajo de averiguar de qué se trata. Se lo defiende por amor a la camiseta, por lealtad al caudillo. El tema en cuestión convertido en escándalo y, en consecuencia, en comedia del día, mediatizado, repetido en conversaciones y en rumores numerosos, termina convertido en una niebla tupida; termina convertido por los partidarios del caudillo en una cortina de humo.

Concluya como concluya el escándalo, se juzgue o se encubra al caudillo y a sus entornos, se descubra o se disuelva el problema administrativo, político, ético y moral, lo cierto es que se ha atacado a un recorte del espaciamiento del problema en cuestión; la corrosión institucional y la corrupción transversal. Los juzgadores no están dispuestos a ir más lejos, no están dispuestos a llegar a la médula del problema; mucho menos, los señalados por sus actos delictivos; así como también toda la gama de complicidades, comprendiendo, asombrosamente, al órgano judicial y a los ministerios, sobretodo de transparencia y de gobierno. No están dispuestos a juzgar, mejor dicho, comprender y conocer el funcionamiento de estas redes de corrosión y corrupción, íntimamente vinculados a las estructuras de poder, a las mallas institucionales. Funcionan como complemento paralelo de lo institucional.

No se trata de exculpar a nadie, ni mucho menos, de ninguna manera. La responsabilidad está en los que actúan, los que perpetran estos actos delincuenciales. Tampoco se trata de culpabilizar, para de esa forma tranquilizar las conciencias culpables, y llevar al cadalso al condenado. Se trata de comprender, a cabalidad, el funcionamiento de la maquinaria de la economía política del chantaje[4]. La solución no se encuentra en estas formas de juzgamiento, de castigo, de condena y de pena; la solución es posible con el desmantelamiento de las redes y circuitos de la corrupción, vinculados y sostenidos por las redes y mallas de los circuitos clientelares; sostenidos, a su vez, por las relaciones de dominación y estructuras de poder.

La cortina de humo

El tema es concreto: La empresa china, CAMC Engineering, firma contratos de “mega-proyectos”, suscritos con el Estado. Dicha empresa tiene adjudicaciones para la construcción de la Planta Industrializadora de Azúcar de San Buenaventura, por el valor de 168 millones de dólares; el proyecto múltiple Miscuni, por el valor 61 millones de dólares; el proyecto ferrovía Montero-Bulo Bulo, por el valor de 722 millones de bolivianos; la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio, por el valor de 178 millones de dólares;  la asignación para la provisión de equipos petroleros, por el valor de 60 millones de dólares; además de la construcción de 3 plantas de zinc; por el valor de 500 millones de dólares. Estos contratos millonarios los monopoliza esta única empresa, beneficiada por las adjudicaciones; la forma de adjudicación es dudosa, pues se trata de invitaciones directas, después de haberse declarado las licitaciones desiertas; además de ser la única empresa adjudicada. Esto ya, de por sí, es delito, de acuerdo a las normas administrativas de bienes, de contratos y de servicios. Estos hechos bastan para iniciar la investigación, no solo judicial, sino institucional, comprendiendo auditorias, además de investigaciones técnicas sobre las condiciones de la empresa y las efectuaciones de los contratos. Sin embargo, tanto el gobierno, seguido o secundado por la “oposición”, se entrabaron en un champa guerra, que el gobierno considera sucia, ¿por qué?, y la oposición considera necesaria y urgente, para esclarecer estos indicios de corrupción gubernamental. La cortina de humo se alimenta con las versiones estrambóticas de los voceros del gobierno, incluso del mismo presidente, por el desvió de los medios de comunicación de la información hacia el escandalo amoroso que involucra al presidente, al hijo del presidente, de su existencia o no.

Se formó una comisión congresal para investigar la presunta corrupción; que se va encargar principalmente de establecer si hubo o no intervención dolosa de “circuitos de influencias” en estos contratos. Este objetivo de la comisión ya está rezagado, pues, el problema principal viene del hecho de la evidencia de contratos adjudicados inciertamente, de manera dudosa, a una sola empresa.  Basta esta evidencia, la existencia de estos contratos, que parecen no sostenerse, por ningún lado, como para iniciar un conjunto de investigaciones. Empero, la cortina de humo ha desviado la mirada del problema fundamental hacia las relaciones amorosas del presidente, a su descendencia, a si la familia de la expareja del presidente tiene vinculaciones con la “derecha”. Esto último, este patético argumento, es introducido por el Vicepresidente, en una presentación jocosa, donde se exhiben cuadros, que pretenden demostrar estas vinculaciones. El tema no es éste, sino por qué el gobierno adjudicó a una sola empresa estos contratos millonarios; contratos, además, que no se cumplen, que, por otra parte, no justifican ni garantizan sus cumplimientos, pues la empresa no reúne los requisitos para hacerlo.  

La corrupción se promueve en redes efectivas, en circuitos contingentes, atravesando cuerpos reales. No corresponde efectivamente tanto a un tema jurídico; si atentaron con tal o cual norma, con tal o cual regulación; pues, incluso se pueden manipular las leyes, usar las normas y las regulaciones, para efectuar los circuitos de la corrupción.  La corrupción comprende diagramas de poder y cartografías de fuerzas que definen campos colaterales, paralelos, incluso transversales, a los campos institucionales. Estos son los planos de intensidad y sus espesores. Lo que han hecho las leyes, las instituciones establecidas para “combatir la corrupción”, nacionales e internacionales, es definir indirectamente espacios de movimiento para el funcionamiento de estas máquinas paralelas de la economía política del chantaje; pues al demarcar jurídicamente, normativamente, regulativamente, límites y procedimientos, paradójicamente también definía espacios permisivos, más acá o más allá de estos límites y procedimientos. Por ejemplo, mientras visiblemente no se demuestre la vulneración de normas, se deja que las prácticas paralelas concurran. Un fenómeno real, como el relativo a la corrupción, que comprende sus propias complejidades singulares, no se lo combate con la pluma de la ley, tampoco, con el fusil de la represión. El desmantelamiento de las maquinarias corrosivas, que funcionan en el lado oscuro de las instituciones, implica el desmantelamiento de las relaciones de dominación y las estructuras de poder.

Más que la corporeidad simbólica, los diagramas de poder de la corrupción, se articulan y combinan con imaginarios delirantes, que son como los sustitutos chabacanos de las promesas de felicidad y de tierras prometidas.  No parece, en este caso, que podamos hablar de duplicidad, de dualismo, como en los dos cuerpos del rey, sino, más bien, de combinaciones de prácticas paralelas y representaciones delirantes, en la economía política del chantaje. En este caso, el de los escenarios y campos de la corrupción, las prácticas paralelas se refugian en el imaginario miserable de la riqueza fácil, imaginario banal.