La República del Chapare[1]

Raúl Prada Alcoreza

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La República del Chapare no es una república reconocida oficialmente, sino que se trata de una república subyacente, que se encuentra dentro de la República de Bolivia, que se denomina constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”. La relación entre la república subyacente y la republica oficial, reconocida en el orden mundial, es de dominación; la República del Chapare domina a la República de Bolivia. El “gobierno progresista” del denominado constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”, que de Estado Plurinacional solo tiene el nombre, pues se ha mantenido la estructura institucional del Estado-nación, está al servicio de la República del Chapare. Un numero significativos de proyectos se han concentrado en el Chapare, incluso sin justificación técnica, como el caso de la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo-Bulo, que se encuentra lejos de la fuente de energía, el gas, y lejos de los mercados, sobre todo el de Brasil. 

Infraestructura de la ficción económica

Según la propaganda del gobierno la Planta de Amoniaco y Urea es “el proyecto más grande en la historia de Bolivia”; se construyó con una inversión de $us 953 millones, recursos que fueron otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de un empréstito. Las obras de construcción del complejo petroquímico, a cargo de la coreana Samsung Engineering Co. Ltd., se iniciaron en noviembre de 2012. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. La planta de Bulo Bulo produciría 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada. El fertilizante tendrá como principal mercado al Estado de Mato Grosso de Brasil. Otros compradores de urea son Argentina, Paraguay y Perú. Entre el 85% y 90% de la producción se destinará al mercado externo y el restante 10% a 15% será comercializado en el país. Para la exportación del fertilizante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió 500 contenedores para trasladar el producto en camiones desde Bulo Bulo hasta Montero, en Santa Cruz. Desde esta ciudad, el fertilizante será transportado en 250 vagones de ferrocarril hasta la frontera con Argentina y Brasil[2].

A un mes después de la inauguración de la Planta de Urea y Amoniaco en Bulo Bulo, nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Medios de comunicación intentaron visitar la planta de urea, sin embargo, el personal restringió el ingreso, argumentando que se debe solicitar una autorización por vía “regular”. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que, desde su inauguración, el 14 de septiembre de 2017, no observaron la salida de camiones con containers de la planta. Observadores que frecuentan el acceso principal a la planta, sobre la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, dicen que desde el 14 de septiembre no vio salir camiones del lugar. Uno de ellos dice: “Desde que se ha inaugurado no he visto salir ningún tráiler con containers, a no ser que sea de noche”. Mientras tanto, el secretario general del municipio de Entre Ríos, Vicente Rojas, explicó que desconoce si se estaría transportando el fertilizante a través de camiones. “No tengo idea. Es más información de ellos (Gobierno y YPFB)”. Según la información que las autoridades le proporcionaron en el acto de inauguración, la planta funcionará comercialmente recién en un mes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchéz, sostuvo, durante su intervención en el acto de puesta en marcha del complejo, que el primer lote del fertilizante se produciría en los siguientes 14 días, debido a los procesos de producción. En aquella oportunidad, Sánchez no brindó mayores detalles sobre la cantidad de la producción inicial de la planta. Del mismo modo, el presidente de YPFB y el presidente Evo Morales evitaron dar declaraciones a la prensa[3].

Tal parece, como en otros casos, que estamos ante un nuevo elefante blanco de magnitud. Costos altos, ubicación desubicada desde la lógica y la geografía económica, con incierta producción, cuyos costos pueden ser altos, de tal manera que no justifiquen su comercialización; esto debido a las improvisaciones, a los negociados y corrosión institucional, fuera de la corrupción que le acompaña, además de los costos del transporte, incrementados por establecer la planta donde no corresponde.

El ingeniero Saul Escalera dice que, en todo caso, se entraría a la era de la “industrialización del gas natural”, no de la “industrialización en general”. El ingeniero anota que la venta del compuesto de amoniaco y urea es más para las grandes extensiones cultivadas de soya y caña; no así para la producción agrícola campesina, que, mas bien, requiere de compuestos aglutinados en el NPK. María Lohma dice que el campesino compra a U$1 una bolsa de NPK, con la producción compraría a U$0,36, lo que, obviamente, beneficia al campesino. Sin embargo, es esta producción la que falta y no producirá la Planta de Amoniaco y Urea. Para el consumo campesino, en realidad, se necesita otras plantas, otros compuestos derivado del amoniaco y combinados con el nitrógeno, además del potasio. El contrato para la construcción de dicha planta se la adjudicó la Samsung Engineering Co. Ltd. Esta empresa hace subcontratos, lo que no garantiza la buena ejecución del proyecto ni su integridad solvente. Por otra parte, teniendo como antecedente las inconclusiones de sus tareas encomendadas anteriormente, no se ve en perspectiva un buen desenlace en la trama de los tejes y manejes alrededor de la contratación de la construcción de la planta. La intervención de esta empresa trasnacional ha hecho subir el precio de costo de la planta, de U$550 millones de dólares a $us 953 millones; como se puede ver la Planta tiene un sobre precio. Aquél precio de U$550 millones ya tenía un sobreprecio de U$150 millones. Una planta hecha sin estudio del mercado ni evaluación técnica de los costos de producción finales, se mueve en caminos inciertos[4].

No hay todavía mercados asegurados para la producción de la planta. El ingeniero Saúl Escalera comenta sobre la problemática de la falta de mercado asegurado de la planta de urea de Bulo Bulo. En lo que respecta al mercado interno, la producción agrícola, sobre todo, campesina, plantea construir un complejo petroquímico de 8 plantas complementarias, que darían mayor valor agregado al proyecto. La concepción original del proyecto era, mas bien, producir derivados, 6 derivados del amoniaco y 2 derivados de la urea. Se pueden sacar 75 derivados del amoniaco y muchos más de la urea. Por lo tanto, la propuesta consistente es la de construcción, entonces, de 8 plantas. Una inversión de más de U$350 millones, implementando tecnologías limpias[5].

El economista Teófilo Caballero dice que es positivo tener como socio comercial al Brasil, para la producción de gas, pero también de amoniaco y urea. En su evaluación, Teófilo Caballero considera que la Planta de Amoniaco y Urea debió ser construida en la frontera ya que se piensa exportar al Brasil y cree que la distancia podría incidir en los precios[6].

En Chapare, ubicado en el centro de Cochabamba, con una superficie de 12.445 km2, el “gobierno progresista” destinó más de $us 1.100 millones, declarando la pretensión de convertir la región en un nuevo “polo industrial”; siendo, de este modo, una alternativa a la producción de coca, incursionando, mas bien, en la industrialización de frutas. Un recorrido periodístico, en noviembre del año 2014, por el trópico cochabambino evaluó a distintas empresas del Estado, ante el desafío de darle valor agregado a la producción local, a su vez, de generar puestos de trabajo para la Población en Edad de trabajo de una demografía de 262.845 habitantes. De acuerdo con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), del 100% de los emprendimientos estatales que lleva adelante el Gobierno de Juan Evo Morales, más de la mitad se encuentran en el trópico cochabambino[7].

A estas alturas, principios del año 2018, ya se culminó con la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. La inversión ya supera los $us 34,4 millones; en la gestión del ministro Ramón Quintana llegaba a los U$36 millones. De acuerdo a los voceros oficiales, los exportadores de banana, palmito y piña serían los más beneficiados con el aeropuerto debido que podrán reducir el tiempo y los costos de transporte hacia el mercado argentino. La Cámara de Productores Bananeros (CABAN), destacó la obra, haciendo hincapié en la opción del transporte aéreo, que, según ellos, evitaría las contingencias del bloqueo de los caminos; en general, tendrán un mayor margen para abaratar los costos de transporte. Algo que coadyuva a ofrecer mejores precios a los mercados donde la oferta nacional tiene buena demanda. Sin embargo, el aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. La mayor parte del tiempo es una obra desolada como un monumento sin público; se asemeja a una instalación surrealista acogida por el vacío. El aeropuerto internacional de Chimoré, inaugurado en octubre de 2015, explota su capacidad a medias, ya que solo recibe tres frecuencias de pasajeros a la semana. La dirigencia sindical y las autoridades del lugar proyecta utilizar la terminal aérea para exportar sus productos, entre ellos, la coca industrializada. Solo los miércoles, viernes y domingo el aeródromo recibe vuelos de pasajeros, que provienen de Cochabamba. La única aerolínea que llega al lugar es Boliviana de Aviación (BoA)[8]. 

En la localidad de Ivirgarzama, se encuentra la primera planta de leche de la empresa estatal Lácteos Bolivia (LACTEOSBOL), que desde 2011 ya opera produciendo yogur y dos variedades de queso. Rocío Cacasaca, jefa de planta de Lacteosbol-Ivirgarzama, en una entrevista, sustentó que la capacidad de producción es de 7.000 litros de yogur al día (de un litro y de 160 ml) y de 500 kilos/día de queso (fresco y maduro); que, por el momento, todo va destinado al desayuno escolar. En cuanto a la recolección de la materia prima, hay ocho puntos de acopio, en los que 130 productores venden a Bs 3,35 el litro de leche. Uno de ellos es Lorenzo Rodríguez, un ganadero que tiene 50 vacas lecheras, expuso que desde que opera la planta, su producción aumentó en 30 litros, lo que le incentiva a realizar más inversiones ya que tiene asegurada la compra y puede proyectar su oferta.

Camino a Villa Tunari (Villa 14), se encuentra la procesadora de cítricos, construida en 2.000 m2, donde 21 personas trabajan para producir jugos de manzana, maracuyá y naranja. La potencia instalada le permite a la planta requerir entre 20.000 y 30.000 unidades de fruta para procesar entre 8.000 y 10.000 litros de jugo. Julio Puma, encargado de la planta, indicó que desde 2010 los productores de frutas cuentan con una alternativa para mejorar sus precios. Puma precisó que en el lugar se fabrican jugos y mermeladas, que los primeros están destinados al subsidio infantil y al desayuno escolar. Cada dos semanas se fabrican unas 160.000 unidades de jugo de 160 ml; en cuanto al subsidio infantil, a Santa Cruz se le hace llegar entre 3.000 y 4.000 unidades, a Cochabamba entre 1.000 y 2.000 y a Oruro unas 500. En Villa Sacta, Luis Eduardo Cruz, encargado en el control de las obras de la nueva planta procesadora de cítricos, destacó que se está invirtiendo unos $us 2,8 millones. La factoría tendrá una superficie cubierta de una hectárea, con una capacidad para procesar 10 toneladas de fruta por hora. En el lugar trabajan 38 personas de forma directa y se subcontratan a otras 20.

El economista Rafael Peña dice que para que una zona se constituya en un polo industrial, debe contar con energía; teniendo en cuenta este requisito, en 2010 el gobierno inauguró la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, que en la actualidad inyecta 104,2 megavatios (MW) adicionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN), suficientes para cubrir la demanda actual de energía del país, que oscila entre 900 y 1.100 MW. La inversión realizada es de $us 86 millones. Para ENDE Andina, la planta es estratégica y de importancia nacional; garantiza el suministro de energía eléctrica en el SIN. Siguiendo con la línea de dotar de energía a los proyectos estatales, YPFB Chaco inauguró oficialmente la perforación del pozo San Miguel X-1 (SMG-X1), con el objetivo de que la reserva potencial de gas del nuevo campo de exploración garantice la demanda de la planta amoníaco y urea.

A unas tres horas de Bulo Bulo, se encuentra Villa Tunari; al ingreso del pueblo se levanta PAPELBOL, la fábrica de papeles. Lastimosamente esta empresa ha sido señalada como afectada por el circuito expansivo de las redes opacas de la corrupción, sobre todo, en lo que respecta a la adquisición de maquinaria por parte de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport; la empresa está en proceso de ser rematada. Con una inversión de $us 28,5 millones, la empresa estatal produce tres variedades de papel: de impresión y escritura, kraft y periódico, en base a celulosa virgen importada de Brasil y Argentina. La factoría genera 160 puestos de trabajo en forma directa y 5.000 de manera indirecta[9].

Realidad: La economía efectiva

Como se puede ver, este mapa descalabrado de inversiones que se evaporan, pues no terminan de consolidarse, precisamente debido a las improvisaciones y los desatinos compulsivos de los que deciden políticas económicas en beneficio de una región, circunscrita en la provincia de la producción de la coca excedentaria, no puede ser el sostén de la economía de lo que hemos denominado República del Chapare. La economía efectiva del Chapare, la que mueve las dinámicas de la región es, indudablemente, la economía de la coca. Mayarí Castillo Gallardo, en La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia, escribe:

El Chapare boliviano es una zona tropical que comprende alrededor de 12 445 km², ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba. Su importancia para la economía regional y nacional deriva de que en esta zona se produce intensivamente hoja de coca, parte de ella destinada a la producción de cocaína. Esto ha transformado la región en una de las zonas económicamente más dinámicas, insertándola en un entramado de relaciones internacionales que han modificado su estructura productiva, su organización social y política a partir de la década de los setenta. Los habitantes del Chapare, campesinos minifundistas migrantes del altiplano o ex mineros provenientes de las minas de estaño, dedican una parte sustantiva de sus predios al cultivo de la hoja de coca. En el marco de una colonización realizada sin sustantivo apoyo estatal, los campesinos se radicaron en la zona en precarias condiciones, recurriendo a la acción colectiva organizada a través de sindicatos para el mejoramiento de la calidad de vida en el trópico. A pesar de ello y aun estando insertos –de manera directa o indirecta- en el suntuoso negocio del narcotráfico, la situación de pobreza y exclusión de los productores no mejoró sustantivamente. Si bien la economía de la coca es un negocio de carácter ilegal y por ello, con condiciones de intercambio supuestamente distintas a las establecidas en la economía formal, podemos ver en ella patrones similares a aquellos que han marcado la relación económica entre centro–periferia en América Latina. Si analizamos con detención las cifras, veremos que “se estima que del valor económico financiero generado por la economía coca - cocaína, el 80% beneficia a los países consumidores, alrededor de 15% a los países comercializadores, y sólo del 2% al 4% permanece en los países productores” (Lanza, 1999: 69). Pero ¿por qué se produce esto? Esta pregunta nos conduce a reflexionar y discutir los elementos estructurales que han hecho que las economías latinoamericanas establezcan patrones de intercambio desigual con los países desarrollados, discusión que abordaremos de manera más acabada en el primer capítulo. La hipótesis que guía este trabajo de investigación es que la economía de la coca establece relaciones complementarias con la economía de carácter legal de los países periféricos, reforzando los patrones de desarrollo desigual a través de una estructura de intercambio difícil de analizar. La economía de la coca posee directa relación con el problema de la pobreza rural de las zonas productoras de la hoja de coca en tanto establece en estos enclaves economías extravertidas, en las cuales los beneficios del circuito de la cocaína son apropiados por agentes situados fuera de este espacio[10].

Algunos apuntes sobre la investigación de Mayarí Castillo Gallardo sobre La economía de la coca, investigación cuyo resumen publica CLACSO. En primer lugar, que la economía del Chapare no es lo que presentamos a partir de las descripciones informativas de los medios de comunicación, mucho menos lo que transmite como propaganda y publicita el “gobierno progresista”; por lo tanto, tampoco esa infraestructura y logística descuajeringada, que se le antoja “base de la industrialización”. La economía del Chapare se estructura sobre la base de la economía de la coca, economía que participa de los circuitos de la economía política de la cocaína.

En segundo lugar, si bien la investigación describe la situación de los primeros periodos de la economía de la coca en el Chapare, no describe lo que ocurre después del lapso que toma en cuenta la investigación. Si bien el Chapare en los periodos que toma en cuenta la investigación, se basa en la producción familiar y es productora de materia prima, participando, según la investigadora, en la generación de desigualdades de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, estructurada en la distribución jerárquica de centros y periferias, ésta ya no es la situación actual. La producción de clorhidrato de cocaína es parte de la industrialización de la coca in situ. En consecuencia, los términos de intercambio se han modificado, quedando parte de las super-ganancias, que se transferían a los centros de consumo, en Bolivia. ¿En cuánto habría cambiado la relación, que establecía Lanza y recoge Mayarí Castillo, que era de entre 15% y 20% para la periferia y 85%-80% para el centro? Esto es difícil conmensurar, dada la falta de información adecuada. Aunque se puede sugerir como hipótesis prospectiva, basada en estimaciones provisorias, de que es probable que, en el caso de Bolivia, se retenga hasta un 40%, incluso más, de uno de los negocios más rentables del mundo. ¿A qué se debe el cambio de situación, respecto al reparto de los términos de intercambio? Primero, ciertamente, a la industrialización de la coca en el lugar o en las proximidades colaterales o un poco más lejanas del Chapare. Después, a la hegemonía de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, en lo que respecta al conglomerado de organizaciones sociales y sindicales afines al “gobierno progresista”. Hegemonía que le otorga incidencia preponderante en el gobierno, en sus políticas, en sus actividades y ejecuciones cruciales, tanto jurídicas, políticas y económicas. La preponderancia del Chapare ha ocasionado que el gobierno abrogue la ley que resguardaba al TIPNIS y obstaculizaba la ampliación de la frontera agrícola del cultivo de la hoja de coca. Así también, como hemos visto, ha logrado concentrar la mitad de los proyectos desplegados por el gobierno en el Chapare. Por otra parte, el gobierno ha promulgado una ley que amplía el cultivo de la coca excedentaria en el Chapare, en detrimento de la zona tradicional de cultivo de coca de los Yungas. Estamos ante un gobierno, como hemos dicho, al servicio de la República subyacente del Chapare.

Se puede decir, que lo que se ha descrito como inversiones, construcción de plantas industriales, que no dan pie con bola, es, mas bien, la máscara ficticia, que encubre el funcionamiento efectivo de otra economía. Como hemos hecho notar en otros ensayos, no nos colocamos en el papel de jueces, ni pretendemos juzgar nada, que es otro juego de poder; tampoco nos colocamos en la pose hipócrita de los organismos internacionales que dicen luchar contra el narcotráfico, cuando lo que hacen efectivamente es contener, controlar, participar en el gran negocio. El sistema financiero internacional es el dispositivo global del blanqueo. Lo que anotamos es que se trata del lado oscuro de la economía-mundo, el cual cada vez más tiene mayor incidencia en la economía-mundo en conjunto, arrinconando, atravesando, en algunos casos controlando el lado luminoso de la economía-mundo. Teniendo en cuenta que industrialización quiere decir transformación de la materia prima, producción de productos donde se da lugar la valorización del valor, entonces, la producción de cocaína, es producción industrial. Solo la doble moral del sistema-mundo jurídico y policial denomina a esta producción “narcotráfico”, por lo tanto, circuito de cultivo-producción-distribución-consumo de droga, cuando lo que ocurre es análogo, simétricamente, a lo que acaece en el lado luminoso de la economía.

En consecuencia, durante los periodos de gestión del “gobierno progresista”, se ha dado lugar a un cambio estructural en los términos de intercambio, en lo que respecta a la economía de la coca-cocaína; lo que no ha ocurrido con las materias primas que concurren en el lado luminoso de la economía. Donde, la economía dirigida se ha estancado en el modelo primario-exportador. Esta es una paradoja insólita que se da en la composición integral de la economía-mundo, en la parte que corresponde al lado oscuro de la economía-mundo. El proyecto de “industrialización” del “gobierno progresista” se ha realizado en el ámbito de expansión de la economía de la coca-cocaina.