Raúl Prada Alcoreza

La pregunta es: ¿qué nos dice una ley, la elaboración de la ley, la forma cómo se la elaboró, su composición culminada, su estructura normativas, sus alcances, lo que permite la ley, lo que prohíbe la ley, el tipo de dispositivo en que se convierte, del gobierno responsable de su formulación? Extendiendo la pregunta: ¿Qué nos dice la ley respecto del Estado donde se conforma esta ley y donde ha de formar parte, como dispositivo legal, del sistema de derecho? Se trata de leer, a partir de la ley, encontrando en ella los rasgos, las inscripciones, el perfil dibujado y repetido del gobierno que deja sus huellas, así como del Estado que incrusta en el escrito su “espíritu”. Este método es como la técnica del cazador. Persigue las huellas buscando en ellas el recorrido de su presa. A partir de la forma de las huellas, conmensurar la hendidura, sus características, su tamaño, pondera la morfología del animal, su anatomía, su peso, sus costumbres. Por la frescura de la huella, la distancia dónde se encuentra. De la misma manera, encontremos en la ley elaborada la anatomía del gobierno y la morfología del Estado en cuestión.  

Hablamos de la Ley Minera. Después del conflicto en torno a la Ley, pretendiendo reducir el problema a un solo artículo, el 151, se ha formado una comisión para replantear el texto de la Ley. Según el propio presidente, como la Ley contraviene la Constitución y los contratos de las cooperativas mineras con empresas privados, el contrabando de estos contratos, con complicidad de personeros del gobierno y del ministerio del ramo, la Ley misma no es otra cosa que traición a la patria; se deja todo en foja cero, se comienza de nuevo, no sólo con todos los sectores involucrados en minería, sino con la participación de las organizaciones e instancias comprometidas del pueblo boliviano. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del ministro de gobierno lo único que está en cuestión es el artículo 151, observado por los cooperativistas mineros, pues quieren volver al consenso logrado, entre ejecutivo, sindicatos mineros y cooperativas mineras; consenso donde se les permite asociación con terceros. Este parece ser también el criterio del vicepresidente. No queda claro pues cuáles son los alcances y atributos de la comisión formada, donde reaparecen los que elaboraron la ley; el sindicalismo minero, los cooperativistas mineros, el ejecutivo. Brilla por su ausencia el pueblo boliviano, propietario de los recursos naturales.

Esto es volver a reelaborar la Ley Minera con los mismos responsables de una Ley que contraviene plenamente las disposiciones constitucionales. ¿Se quiere corregir la falta, el delito constitucional, que el propio presidente calificó de traición a la patria?  Tampoco queda clara la posición del gobierno, por lo menos en lo que respecta al presidente, pues el vicepresidente y el ministro de gobierno manifiestan que sólo  se trata del artículo 151, haciendo caso omiso de las vulneraciones a la estructura normativa de la Constitución. Esta contradicción parece no importarles. Lo mismo ocurrió con las leyes fundacionales; el contraste manifiesto con la Constitución no les preocupó en absoluto. Bastaba con afirmar, sin ninguna consideración lógica,  que lo que se hacía, elaboraba, aprobaba y promulgaba, estaba de acorde con la Constitución, para que esto ocurra como por arte de magia, sin importar las evidentes vulneraciones e incumplimientos constitucionales.

Con la Ley Minera vuelve a ocurrirlo mismo. Lo grave es que esta Ley tiene efectos inmediatos, no solamente en lo que respecta a la expansión e intensificación del modelo extractivista, sino en la entrega de los recursos mineros, en condiciones de despojo, a las empresas privadas; entre ellas a las empresas cooperativas, ocultando el paraíso fiscal abierto a las empresas trasnacionales extractivistas. La preguntas que nos hicimos en artículos anteriores es por qué ocurre esto, por qué el gobierno reformista no sólo continua la política privatizadora neoliberal, sino que la intensifica y la extiende. La respuesta que nos dimos es que esto se explica por corrupción a todo nivel. En otras palabras, el poder de las empresas trasnacionales tiene comprometido al gobierno, a los hombres del gobierno. Así como el gobierno tiene cooptadas a las dirigencias sindicales por la prebenda y el clientelismo. Lo grave es que esta corrosión institucional y esta corrupción galopante compromete los recursos naturales de los bolivianos, hace entrega de la propiedad de los bolivianos, en condiciones lamentables, que no se puede calificar de otra manera que como tipifica la propia Constitución, como traición a la patria. 

Entonces, ¿qué nos dice la Ley Minera elaborada respecto al perfil del gobierno y del Estado? Un gobierno que legaliza el régimen preponderantemente privado de la minería, es un gobierno que se conduce, en la práctica, no en el discurso, que ha resultado ser palpablemente demagógico, por una política privatista, entreguista y extractivista. El carácter privatista muestra claramente la continuidad de la política neoliberal en minería, a pesar de las puntuales nacionalizaciones. Por el carácter entreguista se muestra como un gobierno subordinado a las estructuras de poder de las empresas trasnacionales. Por su carácter extractivista devela se apego a la colonialidad económica. Estamos ante un gobierno que, a pesar de las poses políticas, la retorica “antiimperialista”, repite las prácticas de la gubernamentalidad dependiente y colonial de los gobiernos anteriores. La gubernamentalidad sigue siendo liberal, con el aditamento que se ejerce esta administración pública bajo un discurso pretendidamente soberano, nacional, popular e indígena.

¿Cómo explicar este contraste de un gobierno que, por un lado, hace aspavientos de un discurso trillado antiimperialista, por el otro lado, efectúa una política minera privatista, entreguista y extractivista? Complicando más los contrastes evidentes, ¿cómo explicar estas conductas duales entre un gobierno que se declara, en los foros internacionales, ser defensor de la madre tierra, y en la practica atenta contra los derechos de los seres de la madre tierra, cono lo hace con la Ley Minera? Al respecto, hemos usado la hipótesis interpretativa de que las llamadas “revoluciones” cuando desembocan en el poder institucional, en la administración del Estado, en la llegada al gobierno, se convierten, inmediatamente en contra-revoluciones, al usar el Estado para defenderse, convirtiéndose en engranaje de estructuras de poder ya establecidas en el mundo, en la región, en el país. Si bien esta hipótesis nos permite tomar en cuenta las historias políticas de las “revoluciones” en el mundo, comprendiendo la trama recurrente de los dramas políticos, de sus paradojas y aporías, no termina de explicar un caso singular, como es la de un gobierno progresista convertido en operador del extractivismo minero, al mejor estilo neoliberal.

La otra hipótesis que hemos usado, para explicar esta conducta ignominiosa, es que la elaboración secreta, entre amigos, de la Ley Minera, se debe a la intervención de un factor perverso, la economía política del chantaje; economía política paralela, que contiene como prácticas de concomitancia y complicidad las formas proliferantes de corrosión institucional y de corrupción. Hemos dicho que detrás de este cohecho se encuentran las empresas trasnacionales, empresas que cuentan en su haber con un manejo, de larga data, de estas prácticas de coerción, además de contar con presupuesto especial para hacerlo.

Ambas hipótesis, la trama dramática de los procesos políticos, el diagrama de poder de la corrupción, ayudan a entender el funcionamiento del juego de fuerzas en los campos de poder, en el campo político, concretamente. Sin embargo, falta explicarse cómo se ha llegado a esta situación, cómo se ha caído en las redes de estructuras de poder establecidas.  Vamos a proponer una tercera hipótesis interpretativa de este acontecer complicado de los juegos de fuerzas.

La inclinación subjetiva por la corrosión

Esos circuitos paralelos, que bordean y atraviesan las instituciones, están ahí, circulando, funcionando, dando lugar a la corrosión y al desvío, también esperando el momento, como agazapados. Al final se toma la decisión, alguien la toma, una persona, un grupo de personas, de influencia, de decisión. El punto de inflexión, el punto, mas bien, de caída, se da en el momento propicio. ¿Debilidad? ¿Ruptura ética y moral? ¿Cálculo “pragmático” y oportunista? ¿Qué es lo que lleva a la persona o al grupo de personas, que después tejen una red, a dar el primer paso? ¿La creencia que pueden controlarlo, que pueden controlar este desliz? Lo cierto que el primer paso dado es el gran salto a la órbita gravitatoria de la economía política del chantaje. Una vez dado ya no se sale con facilidad de este circuito paralelo.  La “lógica” de la gestión ya no es la de la normativa institucional, ésta queda como pantalla, esta “lógica” administrativa queda sustituida por la “lógica” de la maximización del beneficio aprovechando las oportunidades. Esta maximización del beneficio opta por procedimientos extremadamente “pragmáticos”, si así podemos hablar, pues no se hace problemas ante el obstáculo de las disposiciones normativas y administrativas. Como dice la sabiduría popular, hecha la ley, hecha la trampa. Menos se hace problemas ante dilemas morales; estos desaparecen en el empirismo del corrupto.

El tema es cómo resuelve el corrupto el tema de las justificaciones públicas, pues estas opciones paralelas, afectan notoriamente el desempeño de la gestión pública, ocasionando el deterioro de la misma, afectando la calidad de los resultados y de las obras o convirtiéndolas en resultados miserables y en obras fantasmas. Las justificaciones públicas optan por la ficción, por la impostura, recurriendo a la propaganda y publicidad desmesuradas. Mientras el discurso trata de convencer, incluso al que lo emite, que se está en lo mismo, que se continúa con el proceso de cambio, que, si hay contingencias, se debe a tensiones creativas, no hay contradicciones, la práctica efectiva, ya atrapada en las redes de la economía política del chantaje, se incrementa, convirtiéndose en un campo determinante, el campo corrosivo de las corrupciones múltiples. Es cuando la institucionalidad acaba completamente tomada por las mallas corrosivas de este diagrama de poder paralelo.

La Ley Minera, tal como se la ha aprobado en la Cámara de diputados, es un síntoma alarmante del grado al que se ha llegado en el avance de la economía política del chantaje. Pues estamos ante una Ley no solamente entreguista y extractivista, la continuidad escandalosa de las políticas neoliberales en minería, sino ante un dispositivo calificado por la Constitución como traición a la patria. Si se ha llegado a esto se ha ido muy lejos.

Estamos hablando de toda la institucionalidad corroída, de la estructura administrativa y normativa puesta al servicio de la ganancia de esta economía política del chantaje. Estamos hablando de personas de poder que han perdido toda medida de las proporciones y las consecuencias. La desconexión con la “realidad” es demasiado grande, casi absoluta, a tal punto que se cree que se puede hacer de todo, hacer cualquier cosa, por más comprometedora que sea, en la medida que se preserve el poder y se imponga la impunidad. Esta psicología es egocéntrica; empuja a las personas involucradas a creerse intocables. No es solamente el dinero, los montos de dinero, por más grandes que sean, lo que explica esta conducta. No es el factor cuantitativo el que puede explicar este comportamiento, es un factor cualitativo y subjetivo. Hablamos de subjetividades demandantes de reconocimiento, cuya demanda de serlo es desesperada; estas subjetividades cuando disponen de poder se expresan desmesuradamente. La demanda de reconocimiento se transforma en la manifestación abierta y ostentosa de despotismo. Estos personajes son generalmente tiranos, pues, de este modo, tratan de ocultar sus profundas vulnerabilidades y carencias.

Por eso, recogiendo lo que dijimos, la Ley Minera se convierte en una radiografía del gobierno, de la situación del Estado, de las subjetividades de los gobernantes y funcionarios de alto rango. La Ley Minera es el síntoma, la intensidad de la sintomatología, de hasta donde ha llegado la descomposición del gobierno, la corrosión del Estado, el derrumbe ético y moral de los gobernantes.