Improvisaciones gubernamentales

Raúl Prada Alcoreza

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Ante una crisis económica, ciertamente, es indispensable buscar salidas y soluciones. Sobre todo, teniendo en cuenta que las salidas y soluciones, en pleno sentido de la palabra, éstas derivan del conocimiento adecuado de la estructura de la crisis; mejor si se trata de un conocimiento de las dinámicas de la crisis. Las soluciones responden a la estructura de la problemática y se encuentran las salidas cuando las soluciones encontradas inciden efectivamente en la problemática en cuestión. Esta actitud rigurosa es la aconsejable ante la crisis económica; de ninguna manera improvisaciones dadas al calor de reuniones entre gobierno empresarios privados, agroindustriales, y otras entidades productivas, afectadas por la crisis. 

Gonzalo Colque, director de la Fundación TIERRA, a propósito del uso del Fondo de Pensiones para apoyar a los agroindustriales, agropecuarios, empresarios grandes, medianos y pequeños del agro, escribe:

En agosto del año pasado, la Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA) y la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA), enviaron una carta abierta al Presidente Evo Morales señalando que la mora del sector agropecuario ascendía a 474 millones de dólares. Preocupados, pidieron la creación de un fondo especial de reactivación económica para que los agropecuarios honren sus deudas con las casas comerciales. En respuesta a similares demandas de los productores, el gobierno aprobó el 2 de agosto de 2016 el Decreto Supremo 2858 para autorizar la reprogramación de deudas con el sistema financiero pero esta medida fue inútil. El propio presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Rodas, se encargó de aclarar que en realidad el 97% de las deudas de los agropecuarios no era con las entidades financieras privadas sino con los proveedores de insumos agrícolas, maquinarias, pesticidas y semillas.

Antes de echar mano al fondo de pensiones, el gobierno y los agroempresarios barajaron diferentes opciones de salvataje. El pedido empresarial de reprogramación de la deuda con casas comerciales fue rechazado por el gobierno nacional y calificado de inviable debido a que este tipo de créditos comerciales están fuera del alcance de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el ente regulador del sistema financiero. El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) también desestimó refinanciar la deuda agropecuaria. Por su parte las casas comerciales interesadas en proteger sus intereses, sugirieron la creación de un fondo para la compra de deudas agroempresariales con bajos intereses y a largo plazo[1].

La problemática de la crisis agropecuaria y agroindustrial, problemática singularizada por la crisis económica mundial, regional y nacional, requiere la atención integral de los procesos concurrentes, tanto económicos, políticos, sociales y, sobre todo, ecológicos. Para comenzar no se puede aceptar que el costo de la crisis se transfiera a los ecosistemas, en términos comunes, a la naturaleza. Ésta no es ninguna solución ni salida. Lo que se hace es continuar con la destrucción de los ecosistemas, mediante la llamada estrategia de la ampliación de la frontera agrícola. No se puede beneficiar con esta destrucción a unos cuantos, en el lapso de una coyuntura, difiriendo las consecuencias de los costos ecológicos para después, incluso en el mismo periodo al que pertenece la coyuntura.

En segundo lugar, la solución financiera, la transferencia de fondos, el pago de deudas adquiridas, no es tampoco solución. Lo que se hace es pagar deudas contraídas, alivianar la carga de los empresarios y productores; empero, no resolver el problema que los tiene arrinconados. Si la crisis, en parte viene por la restricción de los mercados y los vaivenes de los precios de los productos; el recurso financiero no es una solución, solo es un flujo cuantitativo monetario. Menos se resuelve este problema ampliando la frontera agrícola, bajo la estrategia de una agricultura y agropecuaria extensiva. Si la solución tiene que ver con los mercados; tanto gobierno y empresarios y productores deberían dilucidar una estrategia de expansión a los mercados, consensuada, apoyada estatalmente. Esta estrategia requiere un conocimiento adecuado de los mercados, teniendo en cuenta sus características diferenciales locales, nacionales y regionales, además de considerar la particularidad de cada rubro. Esto requiere esfuerzos investigativos; de ninguna manera, acomodarse a lo que es una mera descripción general observando el comportamiento de los datos. La estadística es un instrumento de medida y conmensuración, orienta sobre las magnitudes. Nunca sustituye al conocimiento de las realidades concretas. Este apego fetichista a la aritmética de una estadística, todavía elemental, es una de las causas de la desinformación y el desconocimiento, al momento de tomar decisiones y actuar.

En tercer lugar, la seguridad alimentaria, más aún, la soberanía alimentaria, no son categorías para uso retorico político, sino son términos que exigen un entendimiento de lo que implica las complementariedades entre población, bienes alimenticios, accesibilidad a los mismos, estructura productiva, ecosistemas. Pero, esto, la comprensión de las estructuras categoriales de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, es algo que brilla por su ausencia en el gobierno y en los funcionarios a cargo de estos temas.

En cuarto lugar, no se puede engañar a la población con argumentos no solo retóricos sino manipuladores. No se puede decir que no hay riesgo en el uso de los fondos de pensiones, presentando el uso del 5% del Fondo de pensiones, para obtener en diez años, el beneficio de un interés al 7%. Esta es una manera de embaucar a la opinión pública, sin tocar las condiciones económicas que pueden garantizar que esto ocurra. Por eso, el autor citado se pregunta:

¿Por qué la banca privada no se interesa en el negocio agropecuario? Si fuera cierto que el agro ofrece una oportunidad de oro de alta rentabilidad; es de esperar que los bancos financien generosamente al sector, flexibilizando requisitos para préstamos y comprando las deudas de las casas comerciales. Sin embargo esto no sucedió porque a fin de cuentas los banqueros saben cómo y dónde lucrar. Usualmente se dice que los créditos para el agro son de alto riesgo, algo muy cierto, pero es igualmente cierto que el agronegocio es una actividad económica altamente especulativa, opera con bajo perfil público y reporta oficialmente utilidades muy bajas.

Para ilustrar lo dicho comparemos “YPFB Refinación” con las principales empresas del agronegocio (agroindustria y productores primarios) establecidas en Santa Cruz. El 2015, mientras el gigante estatal reportó 8,6 mil millones de bolivianos en ingresos y una utilidad neta de 504 millones de bolivianos; nueve empresas del agronegocio movieron juntos ingresos de similar tamaño (8 mil millones de bolivianos) pero la utilidad neta apenas alcanzó 51,7 millones de bolivianos. En otras palabras, la rentabilidad económica de la empresa estatal es casi diez veces mayor con respecto al grupo agroempresarial. La baja rentabilidad económica en realidad se explica por las prácticas ocultas de expatriación de la mayor parte de las ganancias por parte de las compañías transnacionales.  

Si la rentabilidad es baja en el sector agroindustrial y agropecuario, sin adentrarse a las particularidades diferenciales, no hay pues condiciones económicas para garantizar la devolución del préstamo, la cancelación del crédito. Esta es una muestra más de las innumerables improvisaciones del gobierno, de sus apresuramientos, de la forma irresponsable de asumir los problemas que tiene que atender. Ahora no vamos a hacer una lista, ni siquiera corta e ilustrativa de estos comportamientos gubernamentales. Lo que interesa es interpretar esta actitud discrecional económicamente, esta conducta demagógica y arbitraria políticamente, del llamado “gobierno progresista”.

El gobierno, el partido oficialista, los órganos del Estado copados, la masa elocuente de llunk’us, están abocados a conseguir una consecutiva reelección del presidente, a pesar de que perdieron en el referendo sobre la reforma constitucional para habilitar al presidente a una nueva relección, que, por cierto, es inconstitucional. En este forcejeo no institucional, inconstitucional, ilegal y hasta grotesco, en su obsesiva y delirante compulsión por la continuidad, requieren rearmar las alianzas políticas, incluyendo a estratos sociales con influencia económica. Otra vez, el fin justifica los medios. No importa si no es legal, ni legítimo, lo que se hace con respecto a lo que no es otra cosa que malversación financiera[2]. Lo que importa es lograr una composición de alianzas que pueda solventar semejante delirio político. Entonces, tanto el procedimiento económico de transferencia financiera como el procedimiento político de composición de alianzas, marchan paralelamente, reforzándose. La improvisación económica va junto al delirio político del círculo vicioso del poder.

Obviamente, lo que acabamos de exponer, no es la única explicación posible; la interpretación de la conducta gubernamental requiere de la comprensión del funcionamiento de la maquinaria del poder, en su singularidad boliviana, en la coyuntura y en el contexto de la crisis económica. Una conducta política, como la que nos ocupa, no solo responde a estrategias políticas, sino también a habitus políticos, así como a estructuras de poder, también a estructuras económicas, así como estructuras clientelares, en este caso. Si tenemos en cuenta la genealogía de los habitus políticos, que requiere de una larga duración, podemos conjeturar que la improvisación política tiene su historia en la historia política boliviana. Si atendemos a las estructuras de poder, podemos suponer que las mismas tienen, mas bien, larga duración, y no, lo que pretende el ideólogo del “gobierno progresista”, que hubieran cambiado desde la promulgación de la Constitución. Si consideramos las estructuras económicas del país, que corresponden a lo que hemos denominado modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, podemos interpretar que la conducta política del gobierno, no solo es desesperada, sino que deriva de una consciencia dependiente. Si observamos la estructura clientelar, podemos adivinar que cuando un gobierno popular pierde la capacidad de convocatoria, mantiene su sostenibilidad del poder con la expansión del clientelaje, no solo en lo que respecta a los sectores populares sino también en lo que se relaciona con los sectores privilegiados, ahora en dificultades.

Gonzalo Colque continúa el análisis desmontando los argumentos del gobierno para justificar el uso del Fondo de Pensiones para alimentar al Fondo Agropecuario:

Otras supuestas ventajas de financiar a los agroempresarios endeudados con aportes de los trabajadores no soportan una mínima evaluación. Se dice que el ‘crédito blando’ será destinado para los pequeños y medianos productores, sin embargo, los mayores endeudados que necesitan el rescate son los grandes. En el caso de las deudas contraídas con empresas afiliadas a APIA y APRISA, solo 30 por ciento productores concentrarían el 60 por ciento de los montos adeudados. Es decir, más de la mitad de la deuda está en muy pocas manos y la otra mitad está desperdigada entre miles y miles de productores, incluyendo a los 12 mil afiliados a la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO). Los datos de tenencia de la tierra reafirman que en la “zona de expansión agroindustrial” más del 60 por ciento de las tierras saneadas pertenecen a propietarios que en promedio poseen legalmente más 325 hectáreas por cabeza. Este grupo dominante espera el salvataje. En simple, los mayores beneficiarios serán los grandes productores endeudados y, por supuesto, las casas comerciales.

La mayor parte de la deuda es responsabilidad de los grandes empresarios, no de los medianos ni de los pequeños. Salvar financiera mente al estrato latifundista y agroindustrial privilegiado y dominante, no es salvar de la crisis al aparato productivo agropecuario, agrícola y agroindustrial del país. Esta es una manera de presentar la situación, ocultando la estructura agraria diferencial y jerárquica.  ¿Qué clase de “gobierno progresista” es éste? Por cierto, no es socialista, por donde se lo vea, como pretende demagógicamente; tampoco es comunitario; pues de estas estrategias financieras está ausente la comunidad indígena y la comunidad campesina. Tampoco es popular, pues no contempla la reforma agraria.

No se trata, ahora, de cortar los pescuezos de la burguesía agroindustrial y agropecuaria, en el periodo político correspondiente a un gobierno como el que comentamos; que podemos llamarlo bondadosamente reformista, a pesar de sus atribuladas contradicciones. Tampoco es tarea nuestra, pues nuestras proyecciones tienen que ver con los autogobiernos y las autogestiones. Sino reflexionar sobre las alternativas sensatas que tiene un gobierno reformista, respondiendo a la pregunta de por qué no opta por ellas, entrampándose, mas bien, en improvisaciones constructoras de calamidades.