Malversación gubernamental

Raúl Prada Alcoreza

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Usar fondos de un lado del presupuesto o de la contabilidad general a otro lado, cambiar el destino definido de un fondo para otro objetivo, es malversación. Por lo tanto, delito tipificado; se trata de un delito financiero. La malversación es el acto de apropiación indebidamente de valores o fondos, que han sido confiados institucionalmente. Es un tipo de fraude financiero. Puede referirse tanto a caudales privados o a erarios públicos, llamado detrimento patrimonial. El desfalco es una “ofensa estatutaria”, por lo que la definición de este delito varía de estatuto a estatuto, dependiendo. Sus compendios distintivos son: la conversión fraudulenta de la propiedad de otros por una persona jurídica, que tiene posesión lícita de ella. En otras palabras, es un acto delictivo contra el patrimonio, esto es, contra el derecho del propietario de controlar la disposición y el uso de su propiedad. El dispositivo de la conversión requiere una interferencia sustancial en los verdaderos derechos de propiedad del dueño o los dueños, el colectivo en cuestión.

El “gobierno progresista” de Bolivia tiene una inclinación compulsiva al manejo discrecional del presupuesto, de los recursos y de los fondos; en este caso, de los fondos de pensiones. Ya antes, se atribuyó la potestad, por cierto inconstitucional, además de no institucional, ni legal, fuera de ilegitima, de comprar bonos con el dinero de los ahorros de los trabajadores y empleados. Se habla de por lo menos 500 millones de dólares. Nadie ha rendido cuenta de esos usos inconsultos y no programados. Por otra parte, estos movimientos dinerarios adquieren una tonalidad grave cuando ya se tiene la información que las reservas internacionales bajaron subrepticiamente de aproximadamente 18 mil millones de dólares a alrededor de 9 mil millones de dólares. ¿Qué ocurrió con la mitad de las reservas internacionales? ¿En qué fueron usadas? Nadie responde ante tamaño movimiento financiero, salvo nebulosas y fragmentadas declaraciones de altos personeros del manejo económico del Estado. Ahora resulta que se usa el dinero de las AFP’s para un Fondo Agropecuario, para cubrir las necesidades financiera de los empresarios, grandes, medianos y pequeños, afectados por la sequía y por las inundaciones. ¿Con qué atribuciones lo hacen? Por cierto, no constitucionales, no institucionales, ni legales, ni legítimas.  Simplemente es una decisión arbitraria de las autoridades.

Encubren esta malversación financiera de fondos los otros aparatos del Estado, el Congreso, de mayoría oficialista; el Órgano Judicial, cooptado íntegramente por el ejecutivo; la Contraloría, encargada de controlar el manejo de la cosa pública.  El delito es compartido por todos; los que toman la decisión arbitraria, los que operan y ejecutan, los que avalan, los que se hacen de la vista gorda, además de los que gritan a voz en cuello su apoyo a semejante manejo discrecional de la cosa pública.

El ahorro de los trabajadores es sueldo o salario diferido, acumulado en años de trabajo; es dinero guardado para los años de la jubilación. Son propietarios de estos recursos trabajadores y empleados, tanto colectivamente como individualmente. Es pues un abuso sin miramientos ese uso discrecional de los fondos de pensiones. Empero, nadie defiende los derechos de los trabajadores, empleados y jubilados, salvo ellos mismos. El gobierno tiene el descaro de decir que está usando estos fondos sin mayores explicaciones, como lo hizo el presidente cuando dijo que se había llegado a un acuerdo con empresarios y el sector agropecuario de Santa Cruz para destinar el 5% del fondo de pensiones a créditos con interés de 7% y 9%.

Estas acciones gubernamentales dolosas y por cierto delictivas, financieramente, no solo tienen el contexto abrumador del uso inconsulto de las reservas internacionales; propiedad del pueblo boliviano, no del Estado, no del gobierno de turno, no de los gobernantes, ni de los funcionarios que se ocupan de esas tareas. Sino un contexto aún más avasallador. No se ha rendido cuentas de los Contratos de Operaciones hidrocarburíferas; que efectiva, implican una desnacionalización, al entregar el control técnico a las empresas trasnacionales, además de conculcar la esperada refundación de YPFB. No se han rendido cuentas de sobreprecios en carreteras, en construcciones, como la represa de Misicuni, así como de las inversiones en las empresas públicas, que no funcionan; algunas son espectros, pues solamente tienen la fachada. No se ha rendido cuenta de la corrosión institucional y la corrupción escandalosa en el caso de la empresa china CAMCE, que no ha cumplido ninguno de sus contratos, incluyendo la compra de las barcazas, que nunca llegaron a Bolivia. No se ha rendido cuenta del bochornoso escándalo del Fondo Indígena. La lista es larga, pero estos ejemplos bastan para ilustrarnos sobre los hondos niveles de la disgregación institucional, descohesión legal y normativa, de la inmoralidad galopante, de la forma gubernamental clientelar.

El suceso político-económico es el siguiente: El gobierno popular resolvió disponer el 5%, equivalente a 150 millones de dólares, del Fondo de Pensiones, correspondientes a los ahorros de los trabajadores y empleados, en condición de jubilados. Se dispone de este fondo en calidad de créditos para el “sector agropecuario y productivo del país”. En este tenor, el presidente anunció la otorgación de un crédito para el sector productivo, a un interés del 7%, por un lapso de 10 años. La decisión política fue tomada a la culminación de una reunión entre el mandatario con empresarios privados y productores del país.

La reacción de la Cámara Agropecuaria fue la siguiente: Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), apuntó que esta medida, aprobada por el gobierno, no solo beneficia a los productores de Santa Cruz, sino a todos los productores del país, en especial a los pequeños, que ahora con este fondo tendrán acceso a la tecnología. Por otra parte, Luis Fernando Barbery Paz, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, destacó que estas medidas fortalecen la “articulación público-privado”. Agregó que este fondo permitirá ampliar la frontera agrícola, en consecuencia  incrementar la producción de alimentos para el país, garantizando la seguridad alimentaria[1].

El suceso político-económico, la decisión gubernamental de usar los fondos de pensiones, transfiriéndolos al fondo agropecuario, y la reacción de la burguesía agroindustrial y de los empresarios privados, nos muestra la concomitancia, como dice el presidente de la Federación de Empresarios Privados, la “articulación público-privada”. No hay nada mejor que esta concomitancia para caracterizar al “gobierno progresista”. El gobierno es un operador de la burguesía agroindustrial y de los empresarios privados; por lo menos, de los sectores más connotados, los del oriente de Bolivia. Ciertamente esta no es la única característica del “gobierno progresista”; haciendo el recuento de sus gestiones de gobierno, es un operador de las empresas trasnacionales extractivistas. Además, en lo que respecta a su perfil político, responde a la forma de gubernamentalidad clientelar. Sin describir otras caracterizaciones, quedándonos, por el momento, con estas tres, estamos ante un comportamiento político discrecional, creyente de su impunidad; retórico, en cuanto a las justificaciones de sus actos; corroído por el desajuste de la institucionalidad; embarcado en los circuitos perversos de la corrupción.

Es en este contexto histórico-político e histórico-económico singular que debemos interpretar la decisión gubernamental de usar los fondos de los ahorros de los trabajadores y empleados. En la psicología gubernamental estas decisiones no les parecen onerosas, sino plenamente justificadas. Como son el “gobierno de los movimientos sociales” y responden al “proceso de cambio”, el fin justifica los medios. Este maquiavelismo banal es lo que motiva y anima semejantes acciones financieras.

Se nota en la actitud gubernamental no solamente un desprecio a la Constitución, a la institucionalidad del Estado, macro-institución que ocupan, desprecio a la estructura legal y normativa, sino un desprecio a los trabajadores, empleados, a los jubilados. El desprecio político es rasgo evidente del despotismo. Lo que sorprende es que el pueblo boliviano no reaccione ante semejante vejamen y deja solos a los jubilados en la defensa de sus derechos y de su fondo.