La burguesía rentista

24.07.2017 18:16

La burguesía rentista

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Suena contradictorio, pues hemos aprendido que la renta la paga la burguesía industrial y la recibe el terrateniente, el propietario de la tierra. No podría haber una burguesía rentista. Sin embargo, en la modernidad tardía se observan fenómenos abigarrados; por ejemplo, una hiper-burguesía de la energía fósil, que controla el mundo institucionalizado, que monopoliza los mercados, que controla los procesos de las cadenas productivas, que es propietaria del mundo institucionalizado; que está vinculada al sistema financiero internacional, mediante el cual invierte especulativamente, no productivamente, logrando super-ganancias[1]. Que controla gobiernos, sean de “derecha” o de “izquierda”, que sostiene tercamente la preservación de la energía fósil, a pesar de sus consecuencias altamente contaminantes y depredadoras, por lo tanto, destructivas, a pesar de contar con la posibilidad de otras formas de energía, llamadas limpias. Esta hiper-burguesía es la propietaria del mundo institucionalizado y controla las reservas de recursos naturales, las cadenas productivas, los mercados, la tecnología empleada, el sistema financiero; hace marchar al mundo bajo su batuta.

 

El capitalismo financiero ha establecido algo así como una renta del capital; se paga por su uso; no solamente por concepto de préstamo, de crédito, si se quiere, también de inversión, sino por el uso mismo del capital. Ciertamente el capital no es tangible como lo es la tierra y ciertamente no es lo mismo hablar de renta de la tierra en comparación de algo parecido a este cobro en lo que respecta al capital. Sin embargo hay algo que comparten; se cobra por su uso sin haber hecho nada para ganar este cobro. Ocurre algo así como que haya propietarios del capital, a quienes se les paga por el uso que se hace del mismo. Es como si el fenómeno de la ganancia ociosa de la renta de la tierra se extendiera por todas partes y adquiriera una figura abstracta, casi metafísica, de renta del capital. De aquí podemos colegir que la hiper-burguesía se beneficia de una especie de renta del capital, de una manera ociosa y especulativa.

 

¿Qué pasa con las burguesías subsidiarias, las burguesías que se encuentran como dependientes y subalternizadas por esta hiper-burguesía? Hablemos de una peculiaridad en las periferias del sistema-mundo capitalista; la peculiaridad de la clase social que se beneficia con la renta hidrocarburífera y de minerales. Aparentemente no podríamos hablar de clase, cuando se trata de que el que recibe la renta es el Estado, no una clase. Sin embargo, el Estado está administrado por personas, estas personas que fungen como funcionarios son las que administran los recursos del Estado; entre éstos, los relativos a la renta de minerales e hidrocarburos. Las decisiones las toman las jerarquías de los mandos, sobre todo, los gobernantes. El Estado tiene un sistema operativo que distribuye sus ingresos; este sistema operativo es el presupuesto. Es donde se decide la proporción del gasto en la estructura de rubros, en la estructura institucional y en la estructura poblacional. Es donde también se decide sobre el destino de la inversión, productiva, social, de infraestructura. La renta hidrocarburífera y de los minerales se distribuye en el conjunto de gastos del Estado. En este transcurrir, cuando circulan los gastos del Estado, aparece una especie de renta aviesa, cuando se “cobra” por administrar los fondos, cuando se “cobra” por gobernar. No vamos a hablar de lo que se acostumbra, de corrupción, que es un término jurídico y moral. Nos interesa comprender el funcionamiento de la maquinaria del poder, sobre todo, cuando genera estos fenómenos de rentas aviesas no contabilizadas ni legalizadas institucionalmente. El término de renta - que abusivamente hemos extendido para señalar los fenómenos que genera el capital financiero, para señalar los fenómenos que generan la renta minera, petrolera y gasífera - parece apropiado, pues adquiere un cariz no denunciativo, sino económico, como efectivamente ocurre.

 

Resulta que esta renta aviesa ha terminado conformando una clase privilegiada, que hemos denominado a tientas, siguiendo los modismos del sentido común, los nuevos ricos; empero, no son solamente tales, sino que llegan a usar sus ganancias como inversiones en la compra de acciones. Al hacerlo no solamente son rentistas, en el sentido tradicional de la palabra, como eran los latifundistas,  sino que al hacerlo, al participar en la compra de acciones, terminan formando parte de la burguesía de la modernidad tardía, que invierte en acciones; al hacerlo, participa de las cadenas productivas y de las inversiones especulativas. Por eso, podemos justificar el uso del término abigarrado de burguesía rentista.

 

Este fenómeno del aburguesamiento de altos dignatarios de Estado, se da con asombroso esparcimiento en las administraciones gubernamentales. Las denuncias de corrupción de dignatarios de Estado solo alcanzan a vislumbrar la puta del iceberg; los dignatarios presos son mucho menos, un fragmento de la punta del iceberg.  El fenómeno no se detiene ni con estas denuncias ni con llevar a la cárcel a unos cuantos dignatarios, expresidentes de Estado; tampoco se detendría si se llevaría, hipotéticamente, a todos los dignatarios de estado a la cárcel. Parece formar parte no solo del funcionamiento del sistema-mundo capitalista, sino del aburguesamiento de la jerarquía de la burocracia de Estado.

 

La hipótesis es la siguiente: paradójicamente las nacionalizaciones han ocasionado la formación de una burguesía rentista. A esta burguesía le interesa que el sistema-mundo funcione como funciona, pues la misma se reproduce, en parte, a partir del flujo de la renta aviesa, que se convierte, en alguna proporción, como inversión especulativa en compra de acciones. Por lo tanto, esta burguesía rentista forma parte de la burguesía mundial. Esta burguesía rentista puede pronunciar un discurso “antiimperialista”; empero, lo que importa no es el discurso, sino su vinculación efectiva con las máquinas económicas del sistema-mundo capitalista. Es más, la burguesía rentista es la más interesada en preservar y prolongar el uso de la energía fósil; por lo tanto, comparte el mismo interés con la hiper-burguesía de la energía fósil.

 

El tema es éste, también el problema; el substrato relacional del sistema-mundo capitalista es éste; no aparece en el plano de intensidad discursivo e ideológico. No aparece obviamente en las pedradas discursivas que se disparan mutuamente los estratos inter-burgueses del mundo. La concomitancia en mantener, prologar y promocionar la energía fósil entre la hiper-burguesía mundial y las burguesías rentistas de los países periféricos, incluso de las potencias emergentes, las hace, efectivamente formar parte de lo mismo,  del sistema-mundo capitalista extractivista.

 

¿En qué queda la pelea entre “gobiernos progresistas” y gobiernos del imperio? Como hemos optado por evitar términos que juzgan comportamientos, tratando, mas bien, observar pragmáticamente los fenómenos atingentes de la actualidad, en el sistema-mundo, en el espaciamiento de su geopolítica, en las regiones, países y localidades,  diremos que se trata de competencias inter-burguesas por la apropiación del excedente, producido mundialmente, buscando una participación mayor en el reparto. Se puede entender entonces, desde otra perspectiva, esta pragmática, lo que llamamos lo límites y las contradicciones de los “gobiernos progresistas”, sus conservadurismos-progresistas o progresismos-conservadores. No es que “traicionan” o que su “traición” es inherente a la clase social de donde emergen o es la contradicción congénita de programas políticos reformistas, como cree la “izquierda” radical; sino que los gobernantes y la jerarquía de la estructura de poder llegan a formar parte de la burguesía mundial; es más, se trata de una burguesía subsidiaria de la hiper-burguesía de la energía fósil. Mucho menos sostenible es el discurso populista que acusa de sus propias incongruencias a la “conspiración” de “derecha” y del “imperialismo”.  Se trata simplemente de la estratificación de la burguesía conformada en el sistema-mundo capitalista y de sus competencias inter-burguesas.

 

Puede que todo esto, este aburguesamiento y la reproducción diferencial de la burguesía mundial, se dé sin consciencia de clase, por así decirlo, usando este concepto marxista. En realidad, la burguesía no actúa con consciencia de clase; por eso, actúa competitivamente, de una manera despiadada con respecto a sus competidoras. Por eso también no puede resolver el problema matricial de la crisis del capitalismo contemporáneo, que es crisis de sobreproducción, administrada y diferida como crisis financieras. Problema resoluble racionalmente; por ejemplo, como darse cuotas de producción industrial para no saturar el mercado. Cada estrato burgués, cada burgués, se comporta egoístamente, no como clase social. Solo teóricamente se habla, en este caso, de consciencia de clase.

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de la economía política de la renta aviesa, comúnmente llamada corrupción

 

Astrid Puentes Riaño[2] hace una descripción sugerente de lo que denominamos renta aviesa, que ella denomina, como se conoce comúnmente, corrupción. Analiza uno de los casos más sobresalientes y escandalosos de la historia reciente, el caso Odebrecht. Vamos a comenzar con su análisis y descripción en el artículo Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés público o sólo el dinero? En el artículo mencionado Astrid Puentes escribe:

 

La represa Belo Monte, proyecto involucrado en el caso Odebrecht,

ha dañado a comunidades indígenas de Brasil. | Crédito: Crédito:

Amazon Watch / Maíra Irigaray.

 

 

La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público.

Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias.

Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique.

Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público.

Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes.

Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes:

 

  1. Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros.

 

  1. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos.

 

 

  1. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país.

 

  1. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores.

 

 

  1. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte.

 

  1. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima.

 

 

  1. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito.

 

 

En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas.

 

Obras de construcción de la represa Belo Monte, en la Amazonía

brasileña. | Crédito: Programa de Aceleração do Crescimento/Creative Commons.

 

 

Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas.

Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados.

Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados.

Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados.

El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo.

Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público.

Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños.

Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad[3].

 

 

Wálter Vásquez, en un artículo titulado Cuatro constructoras de Lava Jato participaron en 7 obras en Bolivia, escribe, a propósito del tema en cuestión, lo siguiente:

 

Cuatro de las cinco grandes constructoras brasileñas implicadas en el mayor caso de pago de sobornos de la región, la llamada Operación Lava Jato, participaron en al menos siete proyectos de infraestructura —seis de ellos estratégicos— en Bolivia.

El 11 de diciembre de 2016, una investigación del Grupo de Diarios de América, un consorcio de 11 periódicos tradicionales de la región (ninguno de Bolivia), reveló que el escándalo de los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones se extiende a 16 obras de por lo menos seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.

El caso, destapado en el gigante sudamericano en 2015 y conocido como Operación Lava Jato (“Lavadero de autos”), da cuenta de que desde 2003 todos esos proyectos estaban a cargo de Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht.

Solo la última de ellas pagó unos $us 788 millones en coimas en 12 países de América Latina y África, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados el 21 de diciembre del año pasado.

La acciones ilícitas de Odebrecht motivaron el inicio de investigaciones en varios países del mundo y acuerdos de cooperación entre fiscales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Las corruptelas únicamente de Odebrecht implican directa e indirectamente a varios presidentes y expresidentes, como los argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el ecuatoriano Rafael Correa, los peruanos Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y otros de República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Angola y Mozambique.

Ante esta ola de seguimientos judiciales en varios países de América Latina, las autoridades bolivianas —hasta donde se conoce— no han iniciado ninguna pesquisa para determinar si las adjudicaciones otorgadas a Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht en el periodo 2003-2016 —que abarcan las gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales— fueron otorgadas de forma legal.

Una revisión de notas publicadas entre 2013 y 2016 por las agencias internacionales EFE y AFP da cuenta de que Odebrecht, la principal acusada de establecer una red multinacional de sobornos, se adjudicó en el país al menos un proyecto de envergadura.

El 1 de febrero de 2005 ganó la puja para construir la carretera de 102 kilómetros (km) El Carmen-Arroyo, que con una inversión de $us 75 millones vinculó aún más Santa Cruz con Brasil y hoy forma parte del llamado “Corredor Vial Interoceánico”. Esta obra fue inaugurada el 15 de enero de 2009 por Lula y Morales.

Ese mismo día se entregó también la ruta de 139 km Roboré-El Carmen, que fue ejecutada por Camargo Correa con una inversión de $us 94,9 millones.

Ambos proyectos fueron financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), actual Banco de Desarrollo de América Latina. Otra obra en la que intervino Camargo fue la pavimentación de San José-Roboré, de 138 km.

Queiroz Galvao, por su parte, tendió en 2004 el puente “Alfonso Gumucio” para reemplazar a otro que quedó destruido en diciembre de 2003 por la crecida del río Chapare, en Cochabamba. La plataforma, clave para el transporte de carga al Pacífico, requirió de una inversión de $us 5,3 millones que fueron financiados por la CAF.

Deficiencias. La constructora Queiroz Galvao, a su vez, se adjudicó en 2003 la construcción de la carretera Potosí-Tarija, de 433 km. El proyecto se comenzó a ejecutar en 2004, se interrumpió en septiembre de 2007 y se reanudó en diciembre de ese mismo año, luego de que la compañía se comprometiera a reparar con sus propios recursos 93 km de la vía que fueron observados por deficiencias técnicas (rajaduras).

Sin embargo, la brasileña no terminó la obra y en 2009 la cedió sin licitación a su coterránea OAS, que la concluyó en julio de 2013. La vía tuvo un costo total de $us 226 millones, de los que 188 millones correspondían a un crédito del Banco do Brasil y el saldo a recursos de la CAF.

OAS, asimismo, se adjudicó en agosto de 2008 la construcción de toda la polémica ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La obra de 306 km, que contaba con el auspicio de Lula, fue paralizada ante el rechazo de sectores indígenas a que el Tramo II de la ruta atravesara el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los trazos I yIII continuaron a cargo de la empresa hasta abril de 2012, cuando el Gobierno decidió anular el contrato por incumplimiento de plazos.

Esta carretera se debía construir con una inversión total de $us 415 millones, de los que 83 millones debían ser financiados por el Estado boliviano y 332 millones por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que también comprometió los $us 3.600 millones que estaban destinados a los 16 proyectos impulsados por las cinco principales implicadas en Lava Jato en seis países de la región.

En marzo de 2012, el expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic declaró que las adjudicaciones de obras a OAS en Bolivia se daban como un “pago” del “aporte que habría hecho esta empresa a las campañas políticas de Lula (da Silva) y Evo (Morales)”.

Ese mismo mes, el líder del opositor Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, denunció al embajador brasileño Marcel Biato que el entonces presidente de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Luis Sánchez pagó ilegalmente en 2009 un total de $us 7,5 millones a OAS, antes de firmar el contrato para la carretera por el TIPNIS. Entre otras obras que ejecutó OAS está la carretera Potosí-Uyuni, de 199,8 km y $us 108,1 millones, que fue entregada en 2012.

Durante el periodo de revisión de notas se pudo notar que las cuatro constructoras brasileñas participaron también en otras licitaciones para la construcción de carreteras, puentes y otros.

En 2007, Odebrecht, por ejemplo, expresó a las autoridades bolivianas, a través de su filial Braskem, su interés en invertir $us 1.500 millones para la construcción en Bolivia de dos plantas de polietileno y una de etileno, además de centrales hidroeléctricas en las cuencas amazónicas de Beni. La compañía suscribió también a fines de ese mismo año convenios para estudiar la formación de un complejo petroquímico para industrializar el gas[4].

 

 

 

Economía política de la renta aviesa y economía política generalizada

 

Ante la pregunta de cómo funciona la economía política de la renta aviesa, podemos comenzar a lanzar algunas apreciaciones, hipótesis interpretativas, que nos dejan estas primeras descripciones expuestas. La pregunta que se hace Astrid Puentes es sugerente: Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias. Esta parece la cuestión; el objeto de los contratos no parece estribar en las obras, sino en lo que llamamos la obtención de la renta aviesa. Renta que vuelve a ingresar a la dinámica económica, a través de compras suntuarias o lo que hemos señalado como compras de acciones. La economía-nacional, la economía-regional y la economía-mundo funcionan también con estas circulaciones dinerarias, cuyo itinerario pasa por la renta aviesa.

 

Las denuncias hechas por corrupción de altos funcionarios del Estado, se concentran en las anomalías en la adjudicación, en los altos montos de los proyectos y contratos, en las obras incumplidas. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta cómo funciona la economía-mundo. La economía-mundo requiere accionar los procesos productivos, los procesos circulatorios y de distribución, los procesos de consumo; lo hace mediante los circuitos financieros, que se alimentan de las circulaciones dinerarias. Sabemos desde Karl Marx que la economía política separa valor de cambio del valor de uso, valorizando el valor abstracto, desvalorizando el valor concreto. Desde la ampliación de la crítica de la economía política a la crítica de la economía política generalizada, no debería sorprendernos que la economía política de la renta aviesa separe la valorización de renta aviesa de la valorización de las obras comprometidas, desvalorizando las obras concretas y valorizando la renta aviesa. Esta diferenciación y valorización sería congruente con la economía política generalizada.

 

No es tanto como dice Astrid Puentes que las obras son como la excusa para la coima, sino, mas bien, se parece más a como el valor abstracto se valoriza en detrimento del valor de uso.  La renta aviesa se valoriza en detrimento de las obras, que son el referente de esta economía política de la renta aviesa. Esta economía política sui generis funciona en base al acopio de la renta aviesa, dejando como en la sombra las obras. Las obras son como el sostén olvidado de la misma renta aviesa. Lo que importa entonces es el acopio de la renta aviesa, no las obras.

 

Se puede decir que, de la misma manera que ocurre con la fuerza de trabajo, la que recibe un salario calculado pos su valor de cambio, que corresponde al monto de las mercancías comprables para satisfacer sus necesidades y la de su familia, la población usuaria de las obras recibe algo así como el valor de cambio de las necesidades o servicios que tienen que cubrir el usufructúo de las obras. Así mismo, en el proceso de producción, la fuerza de trabajo es usada como valor de uso, cualidad que no ingresa en el cálculo económico; de la misma manera, se puede decir que la población usuaria es aprovechada como valor de uso mentado, en este caso, como referente cualitativo de las necesidades de servicio de la población, cualidad que tampoco entra en el cálculo económico. Según la crítica de la economía política marxista, la plusvalía se genera por el tiempo de trabajo socialmente necesario no pagado; de la misma manera, se puede decir que no solamente la renta aviesa, sino también la super-ganancia de las empresas involucradas, se generan por las expectativas no satisfechas por esta economía política aviesa y por la economía política generalizada, de la que se beneficia la hiper-burguesía mundial.  Así como el proletariado es considerado como la población de donde se obtiene la fuerza de trabajo, de la misma manera, se puede decir, que la población de usuarios es considerada como la población a la que se le ofrecen las obras, que entran en las dinámicas perversas de la economía política generalizada. Es la población que contiene las necesidades que se proponen supuestamente satisfacer los proyectos y las obras

 

Estamos entonces ante una economía política de la renta aviesa, que forma parte de la economía política generalizada. Aunque se trate de una economía política marginal, por así decirlo, juega un papel en la apropiación del excedente producido mundialmente. Sin embargo, no olvidemos que, en lo que respecta a lo abigarrado del fenómeno en cuestión, se trata de una renta. ¿Qué cobra esta renta? Se trata de la posesión de las funciones administrativas del Estado; se cobra esta posesión, que facilita, por su ubicación en la maquinaria estatal, el acceso rápido a los servicios que presta; esta vez, a las empresas privadas, sobre todo las trasnacionales, bajo control de la hiper-burguesía mundial.

 

En consecuencia, considerando las conformaciones abigarradas, las configuraciones saturadas,  las estructuras barrocas, del sistema-mundo capitalista, en la etapa de dominancia del capitalismo financiero, en el ciclo largo del capitalismo vigente, la burguesía rentista juega su papel en la compulsa por la apropiación del excedente, producido mundialmente. La renta aviesa, conjuntamente con el capitalismo financiero y especulativo, participa en la compulsa por la apropiación del excedente, del que no contribuyeron en la producción del mismo, como lo hace la burguesía industrial, el proletariado explotado, los pueblos esquilmados, los ecosistemas destruidos. Se trata de tres burguesías parásitas que, sin embargo, se han convertido en dominantes en la etapa decadente del sistema-mundo capitalista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] Astrid Puentes es una de las dos Codirectoras Ejecutivas de AIDA y responsable de los esfuerzos legales y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y trabaja con AIDA desde 2003 y, desde las oficinas de CEMDA en Ciudad de México, desde 2004. Cuenta con amplia experiencia en litigio en interés público, especialmente con respecto a la relación entre derechos humanos y ambiente. Ella tiene un LL.M. (Maestría en Derecho) en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, y obtuvo su Licenciatura en Derecho en la Universidad de los Andes, Colombia. Astrid es parte de la Junta Directiva de EarthRights International desde 2014 y de la Junta Internacional de International Rivers.

[4] Leer de Wálter Vásquez Cuatro constructoras de Lava Jato participaron en 7 obras en Bolivia. La Razón.

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/financiero/constructoras-Lava-Jato-participaron-Bolivia-financiero_0_2673932633.html.

 

 

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